Nora Edith Simón Mireles
Expediente 869/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 869/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Nora Edith Simón Mireles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, ********************, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, para los efectos legales conducentes. En el entendido que el fallo protector se emitió para los efectos de que la responsable realizara lo siguiente: "De inmediato, las autoridades responsables, en el correspondiente ámbito de su competencia, inicien con el procedimiento administrativo para la enajenación onerosa del predio denominado "********************", ubicado en el municipio de ********************, ********************, registrada con el número ********************y se emita la determinación que en derecho proceda; lo que deberán acreditar fehacientemente antes este juzgado." En tal virtud, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se les apercibe que, en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se le conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. Finalmente, agréguese a los presentes autos para que obren como legalmente corresponda los oficios signados por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos del "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, mediante el cual informa que el veintiséis de abril del año en curso se entregó al personal de este juzgado las piezas postales relativas a los oficios 7458/2023 a 7462/2023. Así como el diverso oficio suscrito por la Directora de Amparos y Ejecutorias en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario, Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Subdirector de Terrenos Nacionales y Jefe de Departamento de Titulación; con el que rinde su informe de ley. Sin que hubiera lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en razón lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de ********************, ante la Secretaria Sofía Stael Chan Nahuat, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 869/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por********************, contra el acto de la Jueza Segunda Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El dos de marzo de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por********************, en la que señaló como autoridad responsable a la Jueza Segunda Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En providencia de quince de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó su alegato ministerial. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama un acto omisivo de autoridad jurisdiccional, con consecuencias de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS Jueza Segunda Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado Mérida, Yucatán La omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, por medio del cual solicitó se decretara la prescripción del derecho para ejecutar la sentencia. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a la Jueza Segunda Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues no obstante que refirió su inexistencia, a continuación señaló que ya emitió el acuerdo correspondiente a la promoción cuya omisión de proveer se reclamó en este juicio (foja 11). Manifestaciones que evidencian la certeza de la omisión que se le reclama y, por ende, desvirtúa la negativa expresada. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, julio de 1994, visible a página 391, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. (...)." Certeza que se corrobora con las pruebas documentales públicas que remitió dicha responsable; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda En el particular, la acción constitucional puede ser promovida en cualquier momento, ya que la afectación de la omisión reclamada, se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez actualizado, sino hasta que cese esa omisión. QUINTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por la autoridad responsable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que en consecuencia, conforme al numeral 63, fracción V de la indicada legislación, se debe sobreseer en el juicio de amparo. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veintiuno de marzo de este año, se dictó un acuerdo en el juicio ejecutivo mercantil ********************, en el cual, atendiendo al escrito presentado por la parte aquí quejosa el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, declaró que ha operado la prescripción de la acción para pedir la ejecución de la sentencia. En consecuencia, si el acto combatido en esta vía constitucional se hizo consistir en la omisión de proveer lo conducente respecto a su solicitud y, durante la tramitación de este expediente, la responsable subsanó esa omisión, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues las cosas se encontraran en el estado en que estaban hasta antes de la aludida violación, como si se hubiera concedido el emparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que obste a lo anterior que no se haya emplazado al tercero interesado ********************, pues el sentido de la presente determinación no le depara agravio alguno. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente en la jurisprudencia 2a./J. 81/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 1223 y registro: 2017707, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." Además, no es obstáculo para sobreseer en el presente sumario, que no haya transcurrido el término de ocho días a las partes, a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado, pues en el caso, como se dijo, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por********************, contra el acto de la autoridad responsable, por el motivo expuesto en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte tercera interesada ****, el acuerdo de 29 de marzo de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: V. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 115/2022-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el acto reclamado al Fiscal Investigador asignado a la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en ********************, y de otra autoridad. PRIMERO. Demanda de amparo El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto reclamado al Fiscal Investigador de la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público consistente en el cierre de registro y de partida del predio número ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************, ordenado en la carpeta de investigación ********************, y su ejecución, que atribuye a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En auto de veinti******************** de octubre de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 2559/2022-VI-B, y se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó pedimento; y a ********************, tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. Finalmente, el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 115/2022-V, y se turnó para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracciones I, inciso f), y II de la Ley de Amparo; 4******************** y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] TERCERO. Certeza de los actos reclamados El Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado y la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con la fotocopia certificada de la carpeta de investigación de origen y las constancias remitidas por la autoridad registral; documentales que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuentan con valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. CUARTO. Causas de improcedencia y oportunidad para presentar la demanda La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En el caso del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la ley de la materia, su estudio es de orden público y, por ende, se hace obligatorio aun de oficio, en cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, la autoridad responsable Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, en su informe justificado señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XIV en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa presentó su demanda fuera del plazo de quince días que establece de la Ley de la materia, ya que el acto reclamado surtió sus efectos al momento en el que el Registro Público de la Propiedad realizó el cierre de registro de la conscripción vigente de propiedad, esto es el veintiséis de julio de dos mil dieci********************, y que desde esa fecha el quejoso debió promover su demanda de amparo, por lo que la presentación de la demanda de amparo es extemporánea. Este resolutor desestima la causa de improcedencia invocada, pues la autoridad responsable parte de la base que para el plazo para la presentación de la demanda de amparo, deberá computarse a partir de que surte efectos el acto reclamado, esto es, a partir de que se publicó en el Registro Público el cierre de registro de inscripción reclamado, pues en su opinión a partir de esa fecha el quejoso estuvo en aptitud de tener acceso a la información registral en el Sistema Manual de Información; lo cual se estima incorrecto. En efecto, para el cómputo de los plazos para la presentación de la demanda debe estarse a lo que disponen los artículos 17 y 1******************** de la Ley de Amparo, los cuales establecen los plazos para ejercer la acción de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, y (3) el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos. Como se ve, entre los supuestos relativos a la forma en que se computarán los plazos para promover la demanda, se alude a cuando surte efectos la notificación del acto reclamado, y no cuando surte efectos el acto de autoridad, como incorrectamente señala el fiscal investigador responsable. Establecido lo anterior, el acto reclamado en este juicio de amparo, es el acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieci********************, dictado en la carpeta de investigación ********************, en el que se decretó el cierre de registro de un predio, por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el caso, para el cómputo del aludido plazo debe considerarse la tercera hipótesis que establece el artículo 1******************** de la Ley de Amparo, esto es, a partir de que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado, lo cual ocurrió el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, sin prueba en contrario, habida cuenta que de las constancias que conforman este juicio, concretamente de las remitidas por las responsables, no se advierte constancia alguna relativa a la notificación del acto reclamado a la parte quejosa ni alguna otra que evidencie que haya tenido conocimiento del acto que impugna en esta instancia constitucional. En ese sentido, el plazo para presentar la demanda de amparo trascurrió del veinticinco de octubre al diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 19 de la Ley de Amparo, deben descontarse los sábados y domingos, y los días del treinta y uno de octubre al dos de noviembre pasado, al ser días inhábiles. En el caso particular, la demanda de amparo se presentó el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por lo que la acción de amparo se ejerció dentro del plazo legal. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el presente asunto no se actualiza la causal de improcedencia señalada, ni se advierte oficiosamente alguna otra que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado Para entender la problemática planteada en el presente asunto, es necesario conocer el origen del acto reclamado, el cual se obtiene de las constancias del expediente natural, de las cuales se advierten los hechos relevantes siguientes: Carpeta de investigación. El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se dio inicio a la carpeta de investigación ********************, con motivo de la querella formulada por ********************, en la que manifestó que respecto de su predio número ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************, se realizó una escritura de compraventa en fecha doce de agosto de dos mil quince, entre ******************** y el querellante, que fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad, operación que desconoce al no haber realizado ni participado en dicha venta; y de aquel acto jurídico, derivaron tres compraventas posteriores, en fechas treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, celebrada entre ******************** y ********************y ********************; en fecha trece de julio de dos mil diecisiete, realizada entre éstos últimos y ********************; y en fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, celebrada entre ******************** y ********************. Cierre de registro de predio. Por escrito de nueve de mayo de dos mil dieci********************, la asesora jurídica del querellante, solicitó como providencia precautoria, el cierre de partida o registro del predio objeto de la carpeta de investigación, a efecto de que no se siga causando un perjuicio al patrimonio de la víctima. » Ante ello, por acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieci********************, la autoridad ministerial decretó el cierre de partida del predio número ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************, al restar relacionado con los hechos investigados; asimismo, ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad a fin de que realice la anotación marginal respectiva. Anotación registral. Por oficio de treinta y uno de agosto de dos mil dieci********************, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, informó a la autoridad investigadora que el veintiséis de julio de dos mil dieci******************** quedó cerrado el registro de la inscripción vigente de propiedad del predio ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SEXTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado El análisis se realizará a luz de los conceptos de violación expuestos en la demanda, por lo cual es innecesaria su trascripción; simultáneamente, en caso de existir alguna violación que no se haya hecho valer en esos conceptos, pero se haya actualizado, será abordada en suplencia de la queja deficiente, como lo prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El quejoso alega que el acto reclamado vulnera sus derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo considera, ya que el fiscal responsable decretó el cierre de registro de un predio que refiere es de su propiedad al ser un tercero adquirente de buena fe, sin que dicho acto se encuentre debidamente fundado ni motivado. Aunado, señala que la autoridad responsable ministerial debió someter su petición a control judicial para obtener la autorización de un juez de control acorde al Código Nacional de Procedimientos Penales, pues constituye una afectación al derecho de propiedad y posesión. Atendiendo a la causa de pedir, es fundado lo alegado por el quejoso. En efecto, el artículo 16, primer párrafo, de la Norma Suprema, reconoce los derechos de seguridad y legalidad, a efecto de salvaguardar los bienes jurídicos del gobernado, frente al acto de autoridad. Establece que todo acto de autoridad debe precisar los siguientes requisitos: 1. Que el acto de autoridad se exprese por escrito; 2. Que provenga de autoridad competente; y, 3. Que se funde y motive la causa legal de su determinación. Respecto a la fundamentación y motivación, consiste en que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, el fundamento legal y las razones que los motivan; es decir, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar apoyado en las disposiciones legales aplicables, y expresar las razones que así lo justifiquen. Ahora, para cumplir con el derecho de seguridad jurídica previstos en el citado precepto constitucional, el acto de molestia debe contener, además, todos los requisitos establecidos por las leyes aplicables y sus reglamentos para su emisión, pues solo de ese modo el acto autoritario será válido y dará certeza jurídica al gobernado que resiente en su esfera jurídica tal afectación, respecto de la competencia de la autoridad emisora, el objeto o fin del acto, circunstancias de modo, tiempo y lugar y en su caso, el motivo de la imposición de sanciones administrativas. Además, debe diferenciarse la transgresión al artículo 16 Constitucional pues puede darse en diversas formas, producto de la falta de fundamentación y motivación; la indebida o incorrecta fundamentación y motivación. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando en el acto de autoridad, se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, se habla de indebida fundamentación y motivación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa. Se habla de incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación, significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Al respecto, es aplicable por analogía, la jurisprudencia I.6o.C. J/52, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." Establecido el contenido de los derechos fundamentales que se alegan vulnerados, del análisis del acuerdo reclamado se advierte que éste carece de fundamento legal. En efecto, el cierre del registro en relación con el predio número ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************, que ordenó el Fiscal Investigador de la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público del Fuero Común responsable, carece de motivación y fundamentación, pues aun cuando de conformidad al artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está facultado para conducir la investigación y ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión; sin embargo, en el acuerdo que pronunció para ordenar aquella medida, omitió exponer las razones por las que consideró que era menester impedir el registro del tablaje en cuestión. Se sostiene lo anterior, ya que se limitó a exponer que: "es de Acceder a su petición realizada por la promovente, por lo que gírese oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Estado de Yucatán, a fin de que se sirva realizar el cierre de partida correspondiente al predio marcado con el número 270 ******************** de la calle ******************** ******************** de la Colonia ******************** de la Ciudad de ********************, toda vez que esto se encuentra directamente relacionado con los hechos que se investigan en la carpeta de investigación marcada ********************". Asimismo, omitió citar el fundamento legal que le permitiera adoptar una medida de ese rango, pues aun cuando en el propio acuerdo citó diversos dispositivos constitucionales y legales, sin embargo, ninguno de ellos le otorgan la facultad que se atribuyó: "Fundamento legal en los numerales 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 127, 129 párrafo III, 130, 131, 212, 215, 216 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor." En ese sentido, no basta mencionar dogmáticamente que un predio pudiera ser objeto de la comisión de un delito para ordenar la aplicación y ejecución de medidas de protección, sino que es menester expresar cuál es la necesidad de la providencia, así como las razones particulares, causas inmediatas o circunstancias especiales que justifiquen su imposición, citando, además, el dispositivo legal que permita adoptar esa postura, ya que los preceptos constitucionales y legales mencionados en el acuerdo ministerial que se analiza, no prevén dicha posibilidad. Ello se explica, porque el precepto 21 de la Constitución Federal prevé las facultades del Ministerio Público para investigar delitos, en tanto que los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales regulan el objeto del código (artículo 2), la competencia genérica del Ministerio Público para conducir la investigación y su obligación de proceder objetiva y oportunamente a investigar ante la noticia criminosa (artículos 127, 129, párrafo tercero, 212 y 216), la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad (artículo 130), así como la obligación de las personas o servidores públicos de suministrar información al Ministerio público con motivo de la investigación de un hecho delictivo concreto (artículo 215). Sin que obste en contrario, la circunstancia atinente a que también se haya invocado el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el mismo relaciona de manera enunciativa las obligaciones del Ministerio Público en el proceso penal acusatorio, pero no lo faculta expresa y directamente a dictar una medida como la que se reclama en la especie. En esas consideraciones, el acuerdo ministerial reclamado infringe el derecho fundamental de legalidad que en favor del aquí quejoso protege el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, ante lo fundado de los conceptos de violación, debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, contra el acto reclamado al Fiscal Investigador asignado a la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en ********************, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. Concesión que se hace extensiva, por razones de accesoriedad, respecto del acto atribuido a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, (autoridad responsable ejecutora), al ser consecuencia del mandato ministerial que se estimó ilegal. Similar criterio sostuvo, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el amparo en revisión 215/201********************, al resolver un asunto análogo. SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese contexto, la protección de la Justicia Federal solicitada es para los efectos siguientes: La autoridad ministerial responsable deje insubsistente el acuerdo que emitió el veinticuatro de julio de dos mil dieci********************, en la carpeta de investigación ********************, y notifique de inmediato a la autoridad ejecutora; sin menoscabo de que, en el ejercicio de sus atribuciones ministeriales, proceda conforme a derecho. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 76 y 77de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra el acto reclamado al Fiscal Investigador asignado a la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en ********************, consistente en el acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieci********************, dictado en la carpeta de investigación ********************, que decretó el cierre de registro de un predio, así como su ejecución que atribuye a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. [...]
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de marzo de dos mil veintitrés. Cumplimiento de prevención. Agréguese el escrito signado por la quejosa********************, con el que cumple con la prevención que le fuera hecha en proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés y proporciona el domicilio donde puede ser emplazado el tercero interesado; por tanto, téngase por cumplida la prevención de mérito. Precisión del acto reclamado. De la lectura de la demanda de amparo se obtiene que la parte promovente reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, lo siguiente: La omisión de acordar el escrito presentado en fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés dentro del juicio ejecutivo mercantil ******************** de su índice. Admisión. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 33, fracción IV, 37, 108, 112, 115, 116, 117 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud que se trata de un acto omisivo; se admite la demanda. Solicitud de informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. Apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción ll, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad de $3,112.2 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la ley de la materia. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS; ello, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Sin que haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Incidente de suspensión. No se apertura el incidente de suspensión relativo, porque la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado. Vista al Ministerio Público. Dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Tercero Interesado. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a ********************. Por ende, se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado, para que se constituya en el predio señalado por la parte quejosa en su escrito aclaratorio y emplace al citado tercero interesado, entregándole copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, y copia autorizada del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con tal carácter, si así conviniere a sus intereses, debiendo prevenirle para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese; y, personalmente al tercero interesado. Así lo acordó y firma, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria Gabriela Montañez Escalante, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
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