Nora Cynthia Márquez Hernández

Expediente 331/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
331/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Licenciada Diana Edith Torres, Asesora Jurídica de la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas del Delito
  • Nora Cynthia Márquez Hernández
  • Miguel González Tovar, Representante legal de la víctima
  • Licenciada Yoshiko Adriana de la Cruz Molina, Asesora Jurídica de la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas del Delito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurarse este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se negó la protección constitucional, se ordena previo acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. Asimismo, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 331/2020-V-A, promovido por Nora Cynthia Márquez Hernández, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de agosto del dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en eta ciudad, y turnado a este Juzgado, el día siguiente, Nora Cynthia Márquez Hernández, demando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, a quienes le reprocha lo siguiente: "IV.- Acto o actos reclamados: De la autoridad señalada en el presente, se reclama en el ámbito de sus atribuciones, la resolución emitida dentro del toca penal radicado bajo el número 18/2020, en fecha 30 de julio del presente año 2020, misma fecha en la que se me es notificada dicha resolución, en la cual se REVOCA y se ordena la reposición respecto a audiencia celebrada en fecha 18 de febrero del año 2020, dentro de la causa penal radicada bajo el número 3807/2019, en la cual se concede a la suscrita un mecanismo alternativo de solución al conflicto señalado por el artículo 17 de nuestra carta magna, consistente en la suspensión condicional del proceso. Así mismo, reclamo de la autoridad señalada como responsable la privación de mis derechos, toda vez, que de la resolución manifestada en el punto que antecede, tal y como se demuestra en constancias emitidas por la señalada autoridad, no se me brindo el derecho de ser escuchada en juicio, toda vez, que de las constancias referidas dicha oportunidad se le atribuye únicamente a los apelantes. Por último, reclamo de la autoridad señalada anteriormente como responsable la falta de reconocimiento en mi derecho a un debido proceso, puesto que, en la resolución mencionada en el primer párrafo del presente no cumple con los lineamientos establecidos en su resolución, por lo que, no solo se vuelve incongruente su resolución si no que de igual manera viola mis derechos constitucionales. Señalando que por dichos actos se violan las garantías del quejoso contempladas en el artículo 1, 14, 17, 20 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veintiuno de agosto del dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 331/2020-V-B, se solicitaron a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver el juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados son atribuidos a autoridades con sede en esa ciudad, lugar en donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la fijación del acto que se reclama, de la siguiente manera: Según se desprende de la integridad de la demanda de amparo, se colige como acto reclamado: De la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, la resolución de treinta de julio del dos mil veinte, emitida en el toca penal 18/2020, mediante la cual revocó y ordenó la reposición del procedimiento respecto de la audiencia celebrada el dieciocho de febrero del dos mil veinte, dentro de la causa penal 3807/2019, en la cual se concedió a la quejosa un mecanismo alternativo, consistente en la suspensión condicional del proceso. Para la fijación de los actos se atiende a la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del siguiente rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Las autoridades responsables, Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado y Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, convinieron en la existencia del acto materia de reclamo, relativo a la resolución de treinta de julio del dos mil veinte, dictada en el toca penal 18/2020, mediante la cual revocó y ordenó la reposición del procedimiento respecto de la audiencia celebrada el dieciocho de febrero del dos mil veinte, dentro de la causa penal 3807/2019, en la cual se concedió a la quejosa un mecanismo alternativo, consistente en la suspensión condicional del proceso. De los informes de las autoridades se aprecia que la causa penal 3807/2019, fue instruida en contra de la aquí quejosa, por el delito de violencia familiar, previsto sin prejuzgar por el artículo 192, y el diverso de lesiones calificadas, previsto por el numeral 129, fracción II, en relación con el 130, 131 y 136, fracción II, incisos a) y b), del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometidos en agravio del menor de iniciales M.G.M., representado por su padre Miguel Angel González Tovar, por hechos ocurridos los días catorce y quince de agosto dos mil diecinueve, en el domicilio ubicado en Calle Ignacio Zaragoza, aun costado del domicilio marcado con el número 1110, en esta ciudad. Circunstancia que se confirma al verificar las constancias anexadas por la potestad judicial a dicho informe, las cuales son reconocidas como medio de convicción por el numeral 93, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la ley de la materia y, adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los diversos 129, 130, 197 y 202, de la codificación invocada, según lo establecido por el artículo 2º de la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por un fedatario público en el uso de sus atribuciones, de donde se desprende que la responsable dentro de la autos del toca penal 18/2020, dictó resolución de treinta de julio del dos mil veinte, mediante la cual revocó el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos con residencia en esta ciudad, en la causa penal 3807/2020, instruida en contra de la aquí quejosa, siendo lo anterior, lo que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Deviene aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2153 del Semanario Judicial de la Federación, Parte XCIX, cuyo rubro y texto son: "COPIAS EXPEDIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, VALOR DE LAS. Las constancias ofrecidas por el quejoso y expedidas por la autoridad responsable, hacen prueba plena, de acuerdo con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por referirse a hechos legalmente afirmados por la autoridad de quien proceden." CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, debe analizarse la procedencia de este juicio, lo aleguen o no las partes, por ser esa cuestión de orden público y de estudio preferente conforme al artículo 62, de la Ley de Amparo. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualizan causas de improcedencia en el asunto de mérito, y al no haberlas invocado las partes, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. QUINTO. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Mayo de 2010, Registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, se precisa que la disconforme Nora Cynthia Márquez Hernández, sustancialmente aduce lo siguiente: 1. Que el Tribunal de Alzada, viola en perjuicio de la quejosa los artículos 1, 14, 17, 20 y 23 Constitucional, porque no se le reconocen sus derechos establecidos en el artículo 1 y 14 Constitucional, porque no se le dio oportunidad alguna de manifestar lo que a su derecho conviene, ya que en la resolución combatida la responsable solo se enfoca en los agravios del apelante sin tomar en cuenta las manifestaciones de la quejosa para reponer el procedimiento del juicio donde ya se le había otorgado un mecanismo alternativo de solución, esto es, el consistente en la suspensión condicional del proceso, violentando con lo anterior su derecho establecido en el artículo 20 Constitucional 2. Que la responsable con su actuar vulnera el derecho de la parte quejosa establecido en el artículo 17 Constitucional, al tomar en cuenta en la resolución combatida, solo las partes específicas de un articulado y no darle valor textual a lo establecido en el mismo, ordenando privarla mediante su resolución de revocación del derecho que le acoge a la terminación de un conflicto, valiéndose de los mecanismos alternativos de solución de controversia, siendo los que establece la legislación procesal penal, los cuales al momento de sancionarla el Juez de Primera Instancia dio cabal cumplimiento a los requisitos establecidos para su procedencia; que la responsable es omisa en dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo que señala y en el que basa su resolución, para establecer la escucha del menor, siendo dicha autoridad quien omite la escucha señalada para poder estar en aptitud de emitir su resolución. 3. Que con la determinación de la responsable se viola el contenido del artículo 23 Constitucional, porque se pretende que se le juzgue por segunda ocasión, en un concepto en el cual ya se emitió resolución al respecto puesto que de llevarse a cabo la reposición ordenada se estaría en el supuesto de que nuevamente se llevaría a cabo la audiencia y se sancionaría nuevamente la salida alterna a la que se encuentra sujeta actualmente, por lo tanto se le estaría juzgando por segunda ocasión en base a los mismos hechos. SEXTO. Se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. Ahora bien, los conceptos de violación que señala la impetrante del amparo y los cuales fueron reseñados en el considerando que precede, con los números 1, 2 y 3, se estudiaran en su conjunto dada su estrecha relación, mismos que se consideran infundados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en el Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 2018, registro 2011406, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Cabe precisar que previo al estudio de fondo de la litis en el presente juicio de amparo, y del análisis del artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte el derecho de defensa en favor de la víctima u ofendido del delito, el cual comprende el derecho a recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución; y cuando lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal, de coadyuvar con el agente del Ministerio Público, a ofrecer pruebas, tanto en la etapa de investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias que correspondan, así como a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos previstos en la ley. Lo anterior con el fin de acreditar tanto el delito como la responsabilidad penal del inculpado y, por ende, que se le garantice su derecho a la reparación del daño; es decir, el legislador le reconoció a la víctima u ofendido la calidad de parte activa dentro del procedimiento penal, el cual incluye la etapa de averiguación previa, como la del proceso judicial. En ese sentido, acorde con los preceptos mencionados, en relación con los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, interpretados bajo el principio pro persona, reconocido en el párrafo segundo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento de la víctima u ofendido del delito como parte, no es simplemente en atención a que es uno de los sujetos que interviene en el proceso penal, sino por la posición que guarda frente a todas las etapas procedimentales, lo que de suyo implica que debe reconocérsele y garantizársele su derecho a ser oído durante todas las etapas del proceso penal respectivo; de ahí que tiene derecho a que se le dé intervención directa y activa durante todas las etapas del procedimiento penal, puesto que ello ha sido elevado a la categoría de derecho fundamental por la propia la Constitución, así como por los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. En consecuencia, si el legislador, atento a los principios y derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente, otorgó a la víctima u ofendido del delito el carácter de parte, tanto en la etapa de investigación, como en el proceso penal, quien tiene la oportunidad de comparecer a todas las audiencias a fin de defender sus intereses, es evidente que existe la obligación del juzgador para llamarlo al procedimiento penal, puesto que ese carácter lo tiene reconocido desde la etapa de investigación y, solamente de esa manera, se le garantiza el derecho a intervenir dentro del proceso, ya sea para ofrecer pruebas en coadyuvancia con el agente del Ministerio Público, objetar las ofrecidas por la defensa del inculpado, formular alegatos e, inclusive, a interponer los recursos que establece la ley adjetiva de la materia, además de garantizársele su derecho a ser informado de las prerrogativas que en su favor establece la Constitución, y del desarrollo del procedimiento penal, lo que es acorde con los derechos de defensa y acceso a la justicia, contenidos en los artículos 17 y 20, apartado B, constitucionales. En ese sentido, fue correcto que la Sala responsable al advertir una violación procesal en perjuicio de la víctima menor de edad de iniciales J.M.G.M., ordenara la reposición de la audiencia de dieciocho de febrero del dos mil veinte, emitida en los autos de la causa penal 3807/2019; pues es importante precisar que, al verse afectados derechos fundamentales de una de las partes, es obligación del Tribunal de Alzada, realizar una revisión incluso oficiosa de la sentencia de primera instancia. En el caso, como acertadamente lo sostuvo la responsable, en la audiencia motivo del recurso de apelación, se aplicó inexactamente la ley, por ende, hubo violación a las formalidades esenciales del procedimiento, traduciéndose ello, en la violación a los derechos fundamentales de la víctima, quien es un niño, al no habérsele respetado su derecho a ser escuchado en la audiencia de fecha dieciocho de febrero del dos mil veinte, emitida por el Juez en los autos de la causa penal 3807/2019, instruida en contra de la aquí quejosa. Ello al omitir, el juzgado de primer grado, lo previsto en el artículo 12 de la Convención de los Derechos Humanos del Niño, en el sentido de que no realizó alguna providencia para garantizar que el niño víctima menor de edad de iniciales J.M.G.M., estuviera en posibilidad de decidir si quería o no, participar en la audiencia de dieciocho de febrero del dos mil veinte, emitida en los autos de la causa penal 3807/2019, lo cual trascendió al fallo; trastocando además el equilibrio procesal entre las partes. Apoya lo anterior, lo dispuesto en la tesis XX.1o.P.C.5 P (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, Décima Época, registro: 2014860, página: 3229 , del rubro y texto: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. AL TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE PARTE ACTIVA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL, EL JUEZ, A FIN DE RESPETARLE SUS DERECHOS DE DEFENSA Y ACCESO A LA JUSTICIA, DEBE LLAMARLO A ÉSTE PARA QUE INTERVENGA DIRECTAMENTE EN TODAS SUS ETAPAS. Del análisis de los artículos 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 173, fracción XIX, de la Ley de Amparo, se advierte el derecho de defensa en favor de la víctima u ofendido del delito, el cual comprende el derecho a recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución; y cuando lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal, de coadyuvar con el agente del Ministerio Público, a ofrecer pruebas, tanto en la averiguación previa como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias que correspondan, así como a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos previstos en la ley. Lo anterior con el fin de acreditar tanto el delito como la responsabilidad penal del inculpado y, por ende, que se le garantice su derecho a la reparación del daño; es decir, el legislador le reconoció a la víctima u ofendido la calidad de parte activa dentro del procedimiento penal, el cual incluye la etapa de averiguación previa, como la del proceso judicial. En ese sentido, acorde con los preceptos mencionados, en relación con los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, interpretados bajo el principio pro persona, reconocido en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Federal, el reconocimiento de la víctima u ofendido del delito como parte, no es simplemente en atención a que es uno de los sujetos que interviene en el proceso penal, sino por la posición que guarda frente a todas las etapas procedimentales, lo que de suyo implica que debe reconocérsele y garantizársele su derecho a ser oído durante todas las etapas del proceso penal respectivo; de ahí que tiene derecho a que se le dé intervención directa y activa durante todas las etapas del procedimiento, puesto que ello ha sido elevado a la categoría de derecho fundamental por el Poder Revisor de la Constitución, así como por los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. En consecuencia, si el legislador, atento a los principios y derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente, otorgó a la víctima u ofendido del delito el carácter de parte, tanto en la averiguación previa, como en el proceso penal, quien tiene la oportunidad de comparecer a todas las audiencias a fin de defender sus intereses, es evidente que existe la obligación del juzgador para llamarlo al procedimiento penal, puesto que ese carácter lo tiene reconocido desde la etapa de averiguación previa y, solamente de esa manera, se le garantiza el derecho a intervenir dentro del proceso, ya sea para ofrecer pruebas en coadyuvancia con el agente del Ministerio Público, objetar las ofrecidas por la defensa del inculpado, formular alegatos e, inclusive, a interponer los recursos que establece la ley adjetiva de la materia, además de garantizársele su derecho a ser informado de las prerrogativas que en su favor establece la Constitución, y del desarrollo del procedimiento penal, lo que es acorde con los derechos de defensa y acceso a la justicia, contenidos en los artículos 17 y 20, apartado B, constitucionales." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 382, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materias(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a./J. 13/2015 (10a.), Décima Época, Registro digital: 2009009, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO DE LOS MENORES A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA NO PUEDE ESTAR PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN RAZÓN DE SU EDAD. De conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los menores de edad tienen derecho de expresar libremente su opinión en todos los asuntos que los afectan. Ahora bien, su participación en un procedimiento jurisdiccional no puede estar predeterminada por una regla fija en razón de su edad, ni aun cuando esté prevista en ley. Atendiendo al principio de autonomía progresiva, la edad biológica no guarda necesaria correlación con la madurez y la posibilidad de formarse un juicio o criterio propio. De ahí que no puede partirse de parámetros cronológicos específicos para establecer una generalización de cuándo los menores de edad deben participar en procedimientos jurisdiccionales, pues es el juzgador quien deberá tomar en consideración las condiciones específicas del niño o niña, así como su interés superior, para acordar su intervención, siempre con una actitud orientada a favorecer la eficacia de su derecho de participación." Lo resaltado es propio de este Juzgado. De ahí que, no pueda estimarse como lo pretende la quejosa que, al haberse ordenado la reposición del procedimiento se afectan sus derechos fundamentales, pues como se dijo, dicha reposición obedeció a la violación de derechos fundamentales que hubo contra la víctima menor de edad de iniciales J.M.G.M, atinente, a que el juez de primer grado, no realizó alguna providencia para garantizar que el niño víctima le fuera respetado su derecho a ser escuchado en la audiencia de fecha dieciocho de febrero del dos mil veinte, emitida por el Juez en los autos de la causa penal 3807/2019, instruida en contra de la aquí quejosa. Además, respecto a lo que la quejosa refiere en relación a que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, esto se entiende cuando el primer juicio es válido y no inconstitucional o nulo, porque en este caso hay que volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, por lo que quedaría expedita la jurisdicción del Juez competente para hacer la reposición del proceso. En efecto, a fin de que una sentencia adquiera autoridad de cosa juzgada, es menester que el Juez haya decidido la cuestión sustancial litigiosa, de manera que no sólo no pueda ser discutida de nuevo en el mismo proceso, sino en ningún otro futuro (non bis in idem), derivando la imposibilidad de abrir la discusión en el nuevo proceso, sea porque las partes han consentido el pronunciamiento de primera instancia, sea por haberse agotado los recursos ordinarios y extraordinarios cuando ellos procedan, estableciéndose de este modo la irrevocabilidad de la sentencia. Así, en el caso el fallo dictado en favor del inculpada aquí quejosa, por el Juez de instrucción, no lo consiente el representante legal de la víctima, quien lo recurrió en apelación por ello no adquiere autoridad de cosa juzgada, ni engendró la excepción conforme a la cual nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos delictivos, por lo que, no puede considerarse que la reposición del procedimiento a que ordene el tribunal de alzada contra el inculpado, infrinja la disposición contenida en el artículo 23 constitucional. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Volumen LXIII, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, registro: 260113, página: 45, del rubro y texto: "NON BIS IN IDEM. Si bien la Constitución previene que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, esto se entiende cuando el primer juicio es válido y no anticonstitucional y nulo, porque en este caso hay que volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, quedando expedita la jurisdicción del Juez competente para hacer la reposición del proceso." Así como la diversa tesis, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en el Volumen 139-144, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro: 251211, página 105, del contenido siguiente: "NON BIS IN IDEM. LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA FUNDADA EN EL ARTICULO 23 CONSTITUCIONAL, NO OPERA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN APELACIÓN QUE, REVOCANDO LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DE PRIMERA INSTANCIA, ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. A fin de que una sentencia adquiera autoridad de cosa juzgada, es menester que el Juez haya decidido la cuestión sustancial litigiosa, de manera que no sólo no pueda ser discutida de nuevo en el mismo proceso, sino en ningún otro futuro (non bis in idem), derivando la imposibilidad de abrir la discusión en el nuevo proceso, sea porque las partes han consentido el pronunciamiento de primera instancia, sea por haberse agotado los recursos ordinarios y extraordinarios cuando ellos procedan, estableciéndose de este modo la irrevocabilidad de la sentencia. Así, en el caso en el que el fallo absolutorio dictado en favor del inculpado por el Juez de instrucción, no lo consiente el Ministerio Público, quien lo recurre en apelación no adquiere autoridad de cosa juzgada, ni engendra la excepción conforme a la cual nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos delictivos, por lo que no puede considerarse que la reposición del procedimiento a partir del auto de formal prisión que ordene el tribunal de alzada contra el inculpado, infrinja la disposición contenida en el artículo 23 constitucional." En las relatadas circunstancias, se estima correcta la determinación de la responsable, y ante ello resultan infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, por ende, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que se solicita. Negativa que debe hacerse extensiva al acto de ejecución, materia de reclamo al Juez de Control ello en virtud de no haberse combatido por vicios propios. Tiene aplicación con lo anterior la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 8ª Época, Tomo I, 1ª Parte-1, Enero a Junio 1988, página 357, que dispone: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo anteriormente expuesto, y además con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales; se, R E S U E L V E ÚNICO. De conformidad con lo expuesto en el considerando último de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Nora Cynthia Márquez Hernández, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, precisadas en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario que autoriza las actuaciones y da fe, hasta el día de hoy dieciséis de junio dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado permitieron concluir esta sentencia, asimismo, atendiendo la suspensión de plazos y términos que se han realizado en los órganos jurisdiccionales con motivo de la pandemia que actualmente se vive. Doy Fe. dieciséis de junio de dos mil veintiuno

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de dieciséis de junio e dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte tercero interesado el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

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