Nora Cecilia Meraz Rodríguez
Expediente 30/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 40 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Nora Cecilia Meraz Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal, de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con el cual informa que la parte quejosa acudió por el cheque puesto a su disposición; lo anterior, sin necesidad de dictar mayor proveído, toda vez que el veinticuatro de marzo del año en curso se tuvo por consentido el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del expediente en que se actúa. Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, en su caso, presentara recurso de inconformidad contra el proveído de veinticuatro de febrero del presente año, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que haya presentado escrito alguno al respecto; por ende, se tiene por consentido tal cumplimiento. Ahora bien, dado que el juicio en que se actúa se encuentra debidamente integrado y no existe actuación alguna por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en auto de catorce de febrero del año en curso, para que pronunciara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado al fallo protector emitido en este expediente, sin que dentro de tal temporalidad haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a determinar si en el presente caso la ejecutoria de amparo está cumplida o no, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea negativo, el efecto será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y cumplir, por su parte, lo que la misma exija. Al respecto, se considera necesario mencionar que en sentencia de diez de marzo de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Nora Cecilia Meraz Rodríguez, para los efectos siguientes: "(...) Por todo lo anterior, como se adelantó, resulta fundado lo alegado por la quejosa, por lo que se concede el amparo solicitado, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad capital. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo, al concederse la protección constitucional, se realiza para efecto de que: La Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Oficina de Recaudación de Rentas, con sede en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá cobrarle al impetrante únicamente el 5% (cinco por ciento), de la tarifa total que señala el artículo impugnado, es decir, sólo deberá pagar la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción traslativa de dominio de propiedad inmueble, respecto de los conceptos contenidos en el comprobante fiscal con número de operación 5545295, expedido a su favor por la caja de Recaudación de Rentas de Ciudad Juárez el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, visible a foja 9 (nueve) de autos; y Devolver a la amparista la parte que cubrió en exceso por tal concepto. Lo anterior, toda vez que la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta integralmente a la contribución, por lo cual la quejosa no puede ver totalmente desincorporada de su esfera de obligaciones, la de pagar por el servicio recibido, sino sólo en la parte que resulta desproporcionada o excesiva. Es importante enfatizar que se consideró prudente que la autoridad registral le deberá cobrar al contribuyente por el servicio solicitado, el 5% de la tarifa inicialmente establecida $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), ya que el numeral 13, del Capítulo IV, de la Tabla para el cobro de Derechos para el ejercicio Fiscal 2021, prevé un estímulo fiscal de hasta el 95% por ciento de la tarifa ordinaria, por dicho servicio. Motivo que pone en evidencia que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, es capaz de llevar a cabo una inscripción con solamente el 5% de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado. Lo anterior tiene sustento por identidad de razonamientos, en la jurisprudencia 2a./J. 26/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, materia Constitucional, Administrativa, Novena Época, registro 165028, página 1032, que establece: "ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN. Los estímulos fiscales, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas actividades o usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, respetando los principios de justicia fiscal que les sean aplicables cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución, como sucede en el impuesto sobre la renta en el que el estímulo puede revestir la forma de deducción que el contribuyente podrá efectuar sobre sus ingresos gravables una vez cumplidos los requisitos previstos para tal efecto". Además, destaca que la presente sentencia, es exclusivamente por lo que respecta al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, y por el acto de aplicación que dio origen al presente juicio, pues lo que se consideró violatorio de los principios proporcionalidad y equidad tributaria, fue la tarifa aplicable a dicho ejercicio fiscal (.)" Sentencia que causó ejecutoria el cuatro de abril de dos mil veintidós, al no haber sido recurrida por las partes, por lo que en esa fecha se requirió su cumplimiento a la autoridad obligada al mismo. Previos requerimientos de veinticinco de abril, treinta y uno de mayo, quince y veintiocho de junio, once de julio, tres, nueve y veinticuatro de agosto, veintidós de septiembre, dieciocho de octubre, quince de noviembre, siete y veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, así como dieciséis de enero y dos de febrero del año actual, el trece del citado mes y año, se recibió en este órgano jurisdiccional el oficio SH-DJR-313/2023, de trece de los actuales, firmado por el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en representación de Recaudación de Rentas de Gobierno del Estado, al que adjuntó copia del cheque 1156374 de nueve de febrero del año en curso, girado a favor de la impetrante de amparo Nora Cecilia Meraz Rodríguez, por la cantidad de $6,750.00 (seis mil setecientos cincuenta pesos), moneda nacional, a cargo de la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, con el cual por acuerdo de catorce de febrero del año actual, se dio vista al impetrante de amparo para que dentro del lapso de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que a esta fecha haya realizado pronunciamiento alguno, no obstante que el auto indicado se le notificó el diecisiete de febrero del año actual. Por tanto, al haberse expedido el cheque indicado, con el cual se dio vista a la parte quejosa el catorce de febrero último, enterándosele el diecisiete siguiente, sin que a este día haya realizado pronunciamiento alguno; en términos del artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable indicada se declara cumplida la ejecutoria de amparo, asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado, sin que se advierta exceso o defecto en el mismo. Hágase del conocimiento de la quejosa que contra la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que dispone de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Se autoriza al secretario firmar los oficios correspondientes. Notifíquese, personalmente a la agraviada
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el licenciado Ignacio Jeovany López Sandoval, Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, quien actúa en representación de Recaudación de Rentas en el Municipio de Juárez, al que adjunta copia del cheque número 1156374, por la cantidad de $6,750.00 (seis mil setecientos cincuenta pesos), moneda nacional, a cargo de Banorte (Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte) y, comunica se encuentra a disposición del quejoso en la Oficina del Departamento Jurídico Fiscal de la Secretaría de Hacienda con sede en esta ciudad, ubicada en el Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos de la Colonia San Antonio, en el Edificio Administrativo Armando B Chávez, del Gobierno del Estado de Chihuahua, Oficina de Bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, en un horario de 9:00 a 3:00 de lunes a viernes. Por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que si lo estima necesario, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio, apercibida que de no hacerlo, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad indicada. Lo anterior, en apego a lo dispuesto por la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, página 243, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Por otra parte, en cuanto a la solicitud del oficiante de realizar la cancelación de la multa impuesta en este juicio, dígasele que en el presente asunto, no se ha impuesto multa alguna. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
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