Nora Angélica Mendoza Pale y Otros.

Expediente 1149/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1149/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Nora Angélica Mendoza Pale y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ... transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que CAUSÓ ESTADO para los efectos legales procedentes... archívese este asunto como concluido... se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    La parte quejosa cumple con la prevención efectuada... se concluye que este juicio de amparo es improcedente, debido a que lo que se reclama son actos administrativos, que pueden modificarse o anularse a través del juicio contencioso administrativo, previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, por lo que la promovente, antes de acudir al amparo, debió agotar dicha instancia... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención efectuada en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós; al respecto, este órgano jurisdiccional emite el siguiente pronunciamiento: DESECHAMIENTO DE DEMANDA PROPUESTA DEMOSTRATIVA Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que la parte promovente, antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley; ya que dada su naturaleza extraordinaria, el juicio de amparo solamente procede excepcionalmente contra actos revisados a través de los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos, salvo los casos de excepción expresamente previstos. En atención a ello, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por otra parte, el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, dispone: "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: I. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento administrativo; en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; III. Actos que dicte, ordene, ejecute a trate de ejecutar, de manera unilateral la autoridad, respecto de contratos administrativos u otros acuerdos de voluntad de la misma naturaleza que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad, en términos de este Código; V. Resoluciones dictadas, con motivo de los recursos de revocación a que se refieren la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VI. Resoluciones favorables a los particulares que causen lesión al interés público, cuya nulidad demande la autoridad; VII. Resoluciones definitivas dictadas en el recurso de revocación del presente Código o las previstas en la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VIII. Actos administrativos dictados por la Administración Pública en los supuestos a que se refieren los artículos 1, párrafo primero, y 2, fracciones II y XVI, del presente Código, que afecten derechos de particulares o de autoridades; IX. Actas circunstanciadas que decidan la remoción de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado; . Actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; XI. Incumplimiento de contratos administrativos celebrados por la Administración Pública estatal o municipal y los organismos autónomos; y XII. Los demás actos y resoluciones que señale la ley." Asimismo, es preciso destacar lo establecido en el artículo 296 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, el cual establece: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ ARTÍCULO 296 (REFORMADO, G. O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) "Artículo 296. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda, se dictará acuerdo sobre su admisión. En el mismo acuerdo se admitirán, desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo. Tratándose de la suspensión deberá resolverse dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda". De lo expuesto y citado se observa que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto reclamado en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, no son mayores que los previstos en la Ley de Amparo. Por otra parte, existe criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Tal criterio se encuentra plasmado en la tesis siguiente: Registro digital: 2020596 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 126/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 326 Tipo: Jurisprudencia "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada". HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: a) La sesión de cabildo trece de octubre de dos mil veintidós, celebrada por el Cabildo del Ayuntamiento de Tlaltela, Veracruz, mediante la cual se autorizó y avaló la construcción de la sucursal del Banco Bienestar. Cabe destacar que inicialmente se señalaron como actos reclamados los siguientes: 1. La autorización de construcción de una sucursal del banco denominado del Bienestar en el terreno que ocupa la biblioteca municipal de Tlaltetela, Veracruz. 2. El impedimento para que los niños lleven a cabo sus talleres de baile y esparcimiento en el área verde de la biblioteca municipal de Tlaltetela, Veracruz, así como el impedimento total a los estudiantes del Centro de Estudios de la Universidad Autónoma Popular de Veracruz. 3. La destrucción total del área verde frontal de la biblioteca municipal del citado lugar, así como el bloqueo total de la entrada principal de está. Cabe destacar que los actos señalados anteriormente son una consecuencia directa de la sesión de cabildo de trece de octubre de dos mil veintidós celebrada por el Cabildo del Ayuntamiento de Tlaltela, Veracruz, por lo cual deberá tenerse como actos derivados de la citada sesión. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye que este juicio de amparo es improcedente, debido a que lo que se reclama son actos administrativos, que pueden modificarse o anularse a través del juicio contencioso administrativo, previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, por lo que la promovente, antes de acudir al amparo, debió agotar dicha instancia. Lo anterior, sin que se advierta algún supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Máxime que en su escrito de aclaración de demanda, acordado mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, la parte promovente manifestó que la sesión de cabildo de trece de octubre de dos mil veintidós, contraviene disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, es decir reclama cuestiones de legalidad. Por lo precisado anteriormente, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA.

  4. Principal

    La parte promovente pretende cumplir con la prevención efectuada... requiérasele, para que dentro del término de CINCO DÍAS... bajo protesta de decir verdad... Precise la fecha en la que tuvo conocimiento de la sesión de cabildo de trece de octubre de dos mil veintidós, celebrada por el Cabildo del Ayuntamiento de Tlaltela, Veracruz, mediante la cual se autorizó y avaló la construcción de la sucursal del Banco Bienestar... queda subsistente el apercibimiento decretado en autos y en caso de incumplimiento, se tendrá por presentado el escrito aclaratorio como inicialmente lo presentó...

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