Nora Amalia Martínez Ayala
Expediente 673/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Nora Amalia Martínez Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES LA DESIGNACIÓN INTERINA COMO JUEZ DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL AL LICENCIADO LUIS ÁVALOS GARCÍA, EN SUSTITUCIÓN DEL JUEZ JAVIER RUBÉN LOZANO MARTÍNEZ, DETERMINACIÓN QUE FUE ACORDADA EN SESIÓN ORDINARIA CELBRADA EL 29 DE MAYO DE0. 2019, POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR UNANIMIDAD DE VOTOS. HA CAUSADO ESTADO, SE ORDENA ARCHIVO.
- Principal
SE AGREGA MANIFESTACIONES DE AUTORIDAD
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 12 DE MARZO DEL 2019. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Monterrey, Nuevo León, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 673/2018, y copia certificada del testimonio pronunciado dentro de la queja 271/2018. En ese sentido, se advierte que el Tribunal de Alzada, resolvió de la siguiente manera: "PRIMERO. Se declara fundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el auto impugnado TERCERO. Se ordena al juez de Distrito que de no actualizarse alguna causal de improcedencia diversa a la analizada, admita a trámite la demanda de amparo promovida por Norma Amalia Martínez Ayala, contra actos de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado" Remítase el acuse respectivo al Tribunal de Alzada, para los efectos legales del caso. En virtud de lo resuelto y en estricto acatamiento a lo ordenado por la superioridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo presentada por la parte quejosa Nora Amalia Martínez Ayala, contra actos de la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León. Sin que sea necesario abrir el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. En términos del artículo 5o, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Además, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados al Director de Prestaciones Sociales y Económicas, Director General y Secretario del Consejo Directivo, y Directora de Administración y Finanzas, todos pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, así como al Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia, gírese oficio a las autoridades antes citadas, con transcripción íntegra del presente proveído, al que deberá adjuntarse copia simple de la demanda, a fin de que queden debidamente emplazadas a este juicio de amparo. Asimismo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copia certificada, legible y completa de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica, en este caso en específico del juicio de nulidad del que derivan los actos reclamados. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibida que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. En el supuesto de tener conocimiento de la existencia de alguna causa notoria de improcedencia, o la promoción de otro juicio de amparo en el mismo procedimiento de origen, las partes deberán comunicarlo y acompañar las constancias relativas, o bien, señalar las conducentes para ser requeridas. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. La parte quejosa ofrece pruebas documentales. La Secretaría deberá hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional conforme lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones que se ordene en este asunto, conforme lo dispone el precepto 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las diez horas con veinte minutos del día veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. En el entendido que la fecha antes señalada obedece a la excesiva carga laboral que en la actualidad impera en este órgano jurisdiccional, lo que impide cumplir con la obligación de celebrar la misma dentro del plazo legal. Lo anterior, aunado a las dificultades que en la práctica se presentan, como lo es, la cantidad elevada de asuntos que se ventilan en el juzgado, por lo que resulta física y humanamente imposible fijar la audiencia dentro del plazo señalado en la ley, además, a fin de respetar en beneficio de la plantilla laboral los derechos laborales, entre ellos, los horarios de su jornada de trabajo. Es aplicable al caso, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 519 del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." No habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, y por oficio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, autoridad responsable, terceros interesados, así como, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
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