Noma Angélica Medina Arce

Expediente 859/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
859/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/06/2019

Partes del expediente

  • Noma Angélica Medina Arce
  • Juan Manuel García Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de cinco de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo.(II)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.(II)

  3. Principal

    Se notifica por lista a los quejosos, proveído de cinco de junio dos mil diecinueve...Como se expuso inicialmente los promoventes reclaman del agente del Ministerio Público Número Cuatro de la Fiscalía General del Estado, la omisión de dar respuesta al escrito presentado el veinte de mayo de dos mil diecinueve -anexo al escrito de demanda-, por el cual le solicitó estableciera las medidas tutelares que les atañen en su carácter de víctimas por el presunto delito de lesiones culposas y daño culposo en las cosas cometido en su agravio, en la carpeta de investigación ..., así como el acceso a ésta. Asimismo, los promoventes manifestaron como antecedes del acto reclamado, el hecho de tránsito ocurrido el cinco de abril del año en curso, y el escrito al que ha sido omiso proveer el agente investigador presentado el veinte de mayo de esa anualidad, por lo que se trata de una investigación que se tramita por la legislación que conforma el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Dicho sistema, se originó por la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Federal, con la finalidad de introducir un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país. Mediante esa reforma se pretendió transformar el sistema de justicia penal mixto-inquisitivo a un sistema de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. De igual forma, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expidió el Código Nacional, el cual entraría en vigor a nivel federal y local sin que pudiera exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, conforme a lo previsto en el artículo segundo transitorio, párrafo primero: "ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016". Esta legislación regula el sistema procesal penal acusatorio y oral. En consecuencia, si el acto reclamado se origina del ilícito cometido en agravio de los promoventes ocurrido el cinco de abril del presente año, integrándose la carpeta de investigación .... a cargo del agente del Ministerio Público Número Cuatro de la Fiscalía General del Estado, es inconcuso que se rige bajo los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para evidenciar la improcedencia del juicio de amparo en el particular, por cuestión de método, conviene identificar los siguientes temas: I. La etapa de investigación -inicial y complementaria- en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa; II. La figura del Juez de Control; III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público; IV. El principio de definitividad; y, V. Existencia de un medio de defensa contra las omisiones de la autoridad ministerial en la etapa de investigación. I. La etapa de investigación -inicial y complementaria- en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa. De conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal -acusatorio-, se conforma por las siguientes etapas: i) La de investigación, que comprende las siguientes fases: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; e Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; ii) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, iii) La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Ahora bien, dado que el acto reclamado se relaciona con las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, es preciso hacer algunas consideraciones respecto de dicha fase del procedimiento penal. Para tal efecto, como se advierte de la demanda de amparo en el apartado de antecedentes del acto reclamado, la carpeta de investigación .... se encuentra en la primer fase de investigación inicial, la cual tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en la carpeta de investigación que para el efecto se integre. Ahora bien, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno o estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, conforme a lo que establece el artículo 16 de la Constitución Federal, si el imputado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del Juez de Control en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, quien convocará a una audiencia para verificar la legalidad de la detención y, de ser el caso, formule la imputación correspondiente. Por otra parte, cuando no exista persona detenida, bastará que el Ministerio Público solicite al Juez de Control la celebración de una audiencia para la formulación de la imputación, en la que se le hará saber al indiciado que se desarrolla una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia. Dentro de esta audiencia, generalmente denominada como inicial, el Juez de control se asegurará de que el imputado conoce sus derechos y concederá la palabra al Ministerio Público, quien deberá exponer verbalmente el hecho delictivo imputado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión; la forma de intervención que se atribuye; y el nombre de su acusador. Posteriormente, el Juez se cerciorará de que el imputado comprendió la acusación y le otorgará la oportunidad de contestar, si es su deseo. Adicionalmente, como se desprende del artículo 19 de la Norma Suprema, a petición del Ministerio Público, el Juez de Control podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes y resolverá sobre la vinculación a proceso dentro de la misma audiencia inicial o en su continuación dentro de los plazos constitucionales. Así, el Juez de control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Además, en este acto, el Juez de Control deberá fijar fecha para la audiencia de cierre de la investigación, tomando en consideración la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de la misma. Expuesto lo anterior, debe también señalarse que en la etapa de investigación, el Ministerio Público puede incurrir en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos; esto es, que en la referida etapa -sea en su fase inicial o complementaria-, la autoridad ministerial incumpla su obligación de investigar el delito, al omitir realizar las diligencias y actos conducentes -que deben practicarse de oficio, o que soliciten las partes- para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; conducta omisiva que si carece de justificación legal, desde luego puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. Es precisamente esa conducta omisiva la que es materia de reclamo en el presente juicio de amparo. II. La figura del Juez de Control Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Federal, la figura del Juez de Control, en los siguientes términos: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con Jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre Jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." Como puede observarse, la Norma Suprema prevé que los Jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los Jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. En ese contexto, el Juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien, al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los Jueces de Control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público. El artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran: recibir asesoría jurídica, así como ser informado de sus derechos y del desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público; que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos; recibir atención médica y psicológica; que se le repare el daño; resguardo de su identidad y otros datos personales; solicitar medidas cautelares y providencias; e impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. En este contexto, el papel de la víctima u ofendido en el proceso penal y la protección de sus derechos fundamentales, fueron temas que, en principio, motivaron al Constituyente Permanente a implementar la reforma constitucional que introduciría un nuevo paradigma procesal penal en nuestro país. Así pues, la iniciativa de reforma tuvo por objeto garantizar:  El derecho fundamental al defensor público;  El fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño; y,  El derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal, su desistimiento y actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales. Ahora, la reforma judicial de dos mil ocho, incorporó un derecho importante para las víctimas y los ofendidos por el delito, consistente en impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Así, el hecho de que la autoridad judicial pueda revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, deberá redundar en el mejoramiento de la función ministerial y la mejor protección de los derechos de las víctimas de los delitos. IV. El principio de definitividad Este principio destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, señala, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, en virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En síntesis, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad y suspenda el acto. En este orden de ideas, a continuación se analizará si existe un medio de defensa ordinario para impugnar las omisiones de la autoridad ministerial durante la etapa de investigación, o si debe acudirse directamente al juicio de amparo. V. Existencia de un medio de defensa contra las omisiones de la autoridad ministerial en la etapa de investigación. En principio, conviene citar lo previsto por los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional, que literalmente establecen: De la Constitución. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. "... "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: "... "VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Del Código Nacional. "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido "En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: "... "XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables." Los citados preceptos establecen el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora de los delitos, en los términos previstos en el Código Nacional y demás disposiciones legales aplicables. Por otro lado, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. Además, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia analizada, prevista en el artículo 61, fracción XX, procede desechar de plano la demanda promovida por ........ y ..... Determinación que se sustenta con la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 943, Tomo I, agosto de 2018, Materia Común, Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 945, Tomo I, agosto de 2018, Materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos que afecten en grado predominante derechos fundamentales-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIV, noviembre de 2012 Tomo 2, décima época, página 1587, con el siguiente rubro y texto: DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables"...(II)

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