Nolly Alvarez Morales

Expediente 1629/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1629/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/10/2019

Partes del expediente

  • Nolly Alvarez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 8.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el tres de octubre del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por NOLLY ALVAREZ MORALES, transcurrió del quince al veintiuno de octubre del año que transcurre, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Acúsese de recibo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, del oficio 2710-VIII, así como de los anexos adjuntos al mismo, para los efectos legales conducentes. En mérito de lo anterior, dese aviso a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, a efecto de que proceda realizar la competencia relativa en el SISE-OCC (Sistema Integral de Seguimiento de Expediente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito).

  2. Principal

    MESA 10.VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos; agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias relativas al expediente laboral 326/2010 de su índice; sin que resulte necesario proveer sobre su contenido, en virtud de que por auto de veintisiete de septiembre del presente año, se realizó pronunciamiento al respecto. No obstante lo anterior, y tomando en consideración que se encuentra pendiente de pagar las sumas a diversos quejosos relacionados con el expediente laboral 326/2010 del índice de la autoridad oficiante; con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Balancán, Tabasco, (como órgano colegiado) integrado por sus Síndicos y Regidores del citado ayuntamiento, así como a los servidores públicos de dicha dependencia municipal que a continuación se señalan: Presidente Municipal Saúl Plancarte Torres. Síndico de Hacienda Guadalupe Espinoza Martínez. Tercer Regidor Marco Antonio Gómez Jiménez. Cuarta Regidora María Eugenia Martínez Aréchiga. Quinto Regidor Pedro Montuy Nahuatl. Sexto Regidor Nazaret González Abreu. Séptimo Regidor Ramón Silván Morales. Octavo Regidor Minerva Rocío Zacarias Zacarías. Noveno Regidor José Rony Bautista Pérez. Décimo Regidor Bella Aurora Cabrales Salazar. Décimo Primer Regidor Salvador Hernández París.Álvarez Décimo Segundo Regidor Elisbeti Balan Ehuan. Secretario Jorge Alberto Lezama Suárez. Director de Administración Fernando Palacios Hernández. Contralor Municipal Javier Álvarez Osorio Director de Finanzas José Dolores Zacarías Mix Director de Programación José Manuel Pérez Méndez. Para que dentro del término de TRES DÍAS, remitan copia certificada de las constancias con las que acrediten en el ámbito de sus funciones y atribuciones, que están realizando el pago total del laudo condenatorio emitido en el expediente laboral 326/2010, respecto de los quejosos Nelly del Socorro Abreu Díaz y otros, por las siguientes cantidades: NO. ORDEN QUEJOSO CANTIDAD 1 NELLY DEL SOCORRO ABREU DÍAZ $1,018,802.38 2 JAIME ALONSO DE LA CRUZ $904,072.08 3 ARACELI ACOSTA ARCOS $700,074.44 4 ARTURO KURI PEREZ $844,578.96 5 AURORA PRUDENCIO ALVAREZ $289,588.60 6 BELEN CASTAÑÓN FÉLIX $563,965.64 7 CARLOS ENRIQUE BAÑOS CAMARA $591,051.28 8 CARLOS JIMENEZ PEREZ $616,378.44 9 CARMITA BAÑOS VIDAL $673,095.76 10 CARMITA ESTEBAN RUIZ $673,095.76 11 ELENA LOPEZ GUERRA $294,641.40 12 ELISA GARAY LARA $275,756.56 13 LUIS MANUEL BOLIVAR ALVAREZ $776,192.96 14 EVARISTO CASTILLO PIEDRA $878,744.88 15 FREDI DE LA CRUZ HERNANDEZ $878,744.88 16 GABRIELA PEREZ SANCHEZ $561,077.12 17 GARDENIA CHAN SUÁREZ $632,862.84 18 GLORIA LAINES CASTILLO $351,611.72 19 GUADALUPE MUÑOZ CARBALLO $754,565.92 20 HECTOR NAHUATH AVENDAÑO $821,080.00 21 HUMBERTO MENDOZA DÍAZ $455,338.46 22 IDELFONSA CONCEPCION ALMEIDA $616,378.44 23 JAIME ALBERTO MARTINEZ GUIDO $555,756.56 24 JUANA HERRERA BELTRAN JIMENEZ $275,756.56 25 LAURA HIDALGO CHAN $701,454.96 26 LEYDY MACARIO RODRIGUEZ $621,683.88 27 LUCRECIA GARCIA BENITEZ $275,756.56 28 MARIA DE LA CRUZ GUZMAN MENDOZA $344,032.52 29 MARIA DEL ROCIO POSADA PRIETO $350,932.12 30 MARIA ELENA MOHA MOSQUEDA $616,378.64 31 MARIANO PRUDENCIO MARTINEZ $448,625.48 32 MARTHA AMERICA JIMENEZ TORRES $636,084.36 33 NANCY JOCABET GUTIERREZ CRUZ $873,629.12 34 ROMANITA GUZMAN MENDOZA $344,032.52 35 ROSA ELENA MORENO QUE $853,481.08 36 SANDY LARIZA FARIAS FUENTES $679,285.80 37 SANTA DEL CARMEN MENDOZA LOPEZ $365,885.88 38 SARA CABRALES SALAZAR $714,718.56 39 SARA NIETO ORAMAS $450,330.80 40 ULDA VALENZUELA LANDERO $853,481.08 41 VICTOR BERSAIN MOGUEL MARIN $853,481.08 42 WENCESLAO COOP RUIZ $416,856.00 43 ERALIA CHAN LOPEZ $616,378.44 44 ERNESTO ALONSO NAZUL CAMARA $647,895.28 45 JOSEFINA DEL CARMEN ALAMILLA TAJ $673,095.72 46 MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES $686,296.56 47 JOSEFINA CRUZ GARCIA $252,892.64 48 SAMUEL GUERRA MISS $864,028.80 De igual forma y con apoyo en los referidos numerales de la Ley de la materia, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del mismo término otorgado a las autoridades municipales, informe si las cantidades mencionadas con anterioridad son las que actualmente se adeudan a los citados actores aquí quejosos. En el entendido, que de no cumplir las autoridades vinculadas y laboral responsable, se les impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación y vigente a partir del uno de febrero del mismo año, al tenor de la parte conducente de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". De igual forma se apercibe al aludido Titular de la autoridad responsable que en caso de persistir con el desacato a la determinación judicial dictada en el presente expediente en el plazo de tres días decretado con anterioridad, será denunciado ante el Ministerio Público de la Federación por el delito establecido en el artículo 267, fracción I, de la ley de la materia, el cual se transcribe a continuación: ".Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; [...] Lo anterior con independencia de que se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo. Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, registro 2007918, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Debido a la voluminosidad que integran las constancias certificadas que remitió la autoridad responsable, manéjense por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional.

  3. Principal

    MESA 8. NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, CONFORME LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. "...Villahermosa, Tabasco, tres de octubre de dos mil diecinueve. Visto; se tiene por recibido el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, remite los autos originales del juicio de amparo 1590/2019-VIII, promovido por Nolly Álvarez Morales, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco y otras autoridades. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto; por lo que fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional bajo el número 1629/2019-8. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO Ahora bien, el acto reclamado por el promovente lo hace consistir en: "La OMISIÓN del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA, TABASCO, de cumplir con el laudo de 05 DE ABRIL DEL AÑO 2013 y resoluciones de fechas 25 de noviembre de 2014 y de 4 de septiembre de 2017, que son inapelables dictadas por el TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, dentro del expediente laboral número 197/2006." (sic) En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de garantías, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la omisión de cumplir con el laudo de cinco de abril de dos mil trece, relativo al expediente laboral 197/2006, que le atribuye al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Macuspana, Tabasco y otras autoridades. Ahora, en el diverso juicio de amparo 964/2019-9, del índice de este órgano jurisdiccional, se reclamó la omisión de continuar con la ejecución de laudo de cinco de abril de dos mil trece, relativo al expediente laboral 197/2006, que le atribuye al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Macuspana, Tabasco y otras autoridades. En ese sentido, se obtiene que la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo por las mismas autoridades responsables y mismos actos reclamados; por tanto, se advierte que la determinación combatida en el caso concreto, ya fue analizada en el juicio de amparo 964/2019-9, del índice de este Juzgado, toda vez que se dictó sentencia el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección a Nolly Álvarez Morales; determinación que causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables en auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, y se toma en consideración para proveer en el presente juicio. Sirve de apoyo la Jurisprudencia VI.1o.PJ/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 1199 del Tomo XV, correspondiente a marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187526, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". En consecuencia, extráigase copia de las constancias como son la papeleta, demanda, auto de admisión, sentencia y acuerdo de que causó ejecutoria de aquél juicio y procédase a su certificación para ser agregadas al presente. En ese contexto después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, con base en las razones que a continuación se exponen. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XI, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;.". La causa de improcedencia relativa a la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se refiere a los casos donde el acto reclamado guarda vinculación estrecha con éste, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa con el mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales. Por tanto, para que se configure la citada causa de improcedencia, se requiere la existencia de dos elementos, a saber: a) Que un juicio de amparo previo haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. b) Que los actos impugnados hayan sido materia de una ejecutoria en ese (otro) juicio de amparo. Así, la eficacia del efecto de la cosa juzgada impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos recursos o juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la afectación en diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico pues, precisamente, ese contenido es la vinculación que rige la resolución de ambos juicios o, en su caso, la influencia del primero para que se resuelva sobre el segundo. En resumidas cuentas, la figura de la cosa juzgada se actualiza en los casos donde el acto reclamado, si bien no es aquel que fue materia de resolución definitiva en diverso juicio de amparo, sí guarda vinculación estrecha con el nuevo, por cuanto se trata de actuaciones derivadas del mismo expediente de origen, con el mismo fin jurídico y con efectos materiales iguales, por lo que aquél influye en el segundo juicio de amparo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 30/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala del más alto Tribunal, visible en la página 651, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia Civil, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 52/2011,(*) de rubro: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES.", consideró que el deber del juzgador de analizar de oficio la cosa juzgada se justifica de manera central, a partir de la inmutabilidad y autoridad de las sentencias ejecutoriadas, ya que debe privilegiarse la certeza jurídica, frente al derecho de oposición de las partes; y porque la necesidad de la certeza es imperiosa en todo sistema jurídico, de tal suerte que lo decidido en la sentencia ejecutoriada es el derecho frente al caso resuelto, que no podrá volver a ser controvertido, evitándose con ello, la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Ahora bien, este criterio es aplicable, en lo conducente y de manera analógica, respecto de la institución de cosa juzgada refleja, en cuanto a que el análisis de oficio de ésta, debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia. Pues al margen de las diferencias de una y otra, lo relevante es que ambas obligan al tribunal que conoce del juicio posterior a no resolver lo que ya fue definido en un juicio previo, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias sobre una misma cuestión, sobre la base de que debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes." Máxime que la fracción XI del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se refiere a la existencia de una sentencia ejecutoria y consigna la imposibilidad jurídica de someter nuevamente a análisis la constitucionalidad de los actos reclamados en un juicio anterior, consagrando así el respeto a la autoridad de la cosa juzgada que envuelve la ejecutoria pronunciada en un primer juicio de amparo y evitando resoluciones contradictorias; pues asumir una posición contraria implicaría que el aquí impetrante de garantías pudiera válidamente promover una cadena interminable de juicios de amparos, en total detrimento no sólo de la impartición de justicia de las autoridades de instancia, que además de decidir tienen facultad de ejecutar lo resuelto, sino también con repercusión en la Justicia Federal que emplearía más recursos y material humano en analizar algo ya juzgado por la misma instancia Federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Es aplicable la tesis con número de registro 354110, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3414, del Tomo LXVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de contenido: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con número de registro 2005580, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2306, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, de contenido: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse." Conforme a lo anterior, resulta claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, y en esa virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Nolly Álvarez Morales, por su manifiesta e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, de Mayo de 1998, página 890, con número de registro 196196, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce..."

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