Nolberto Radilla Fierro

Expediente 452/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
452/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Nolberto Radilla Fierro

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, conforme al artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º., se declara que dicha resolución ha causado estado, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Claudia Esperanza Aburto Tinoco, Secretaria con quien actúa y da fe.-

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese el oficio 1013/2020 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de octubre del año en curso, remite copia certificada del laudo de fecha veinte de octubre del año en curso, así como las notificaciones que recayeron al mismo. Atento a lo anterior, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante escrito presentado el cinco de agosto del año en curso, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán y turnado el día siete de ese mismo mes y año a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, ..., apoderados de..., contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otra autoridad, consistente en: "La omisión de la responsable de elaborar el proyecto de laudo, emitir el laudo y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario número 1B-2466/2016.", admitiéndose a trámite por auto de diez de agosto del año en curso. Ahora bien, al rendir su informe justificado, el Presidente y Actuario adscritos a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, aceptaron la existencia del acto reclamado, en razón a que en dicha Junta se encuentra en trámite el juicio ordinario laboral 1B-2466/2016. Sin embargo, del propio informe justificado, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable con el oficio de cuenta, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Así, el motivo de improcedencia invocado se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del pleno goce de los derechos fundamentales que le fuera afectados por el acto de autoridad. Bajo ese contexto, para que se actualice la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de la Materia. De ahí que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto sino es necesario que, aun sin hacer lo anterior, destruya todos los efectos del acto, en forma total e incondicional de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ello es así, puesto que la razón que justifica la causa de improcedencia en comento, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no exista huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, en el caso el acto reclamado se hizo consistir en: "La omisión de la responsable de elaborar el proyecto de laudo, emitir el laudo y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario número 1B-2466/2016." Sin embargo, el Presidente y Actuario adscritos a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, el veinte de octubre de dos mil veinte, emitió el laudo respectivo, mismo que notificó a las partes dentro del juicio ordinario laboral 1B-2466/2016. Lo que se acredita con las constancias remitidas en el oficio de cuenta. Por tanto, si en el presente juicio de amparo, el quejoso antes mencionado reclamó omisión de dictar el laudo y la notificación a las partes del mismo, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo este contexto, si el agraviado se duele de la omisión de laudo por parte de la autoridad responsable y éste ya fue emitido, entonces se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivo el amparo; y con ello se le restituya en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra el acto consistente en la omisión de emitir el laudo, pues si bien ha quedado demostrado la existencia de dicho acto, lo cierto es que ya no se generarán consecuencias que afecten la esfera jurídico del accionante constitucional. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de fecha veinticuatro de septiembre del año en curso, se reservó el emplazamiento del tercero interesado ..., hasta en tanto obraran en autos los informes justificados, lo que al efecto aconteció, por tanto, provéase lo conducente. Ahora bien, tomando en consideración lo acordado en párrafos procedentes y a fin de no retardar la prosecución del presente juicio, pues tal resolución le beneficia al referido tercero interesado, se hace innecesario su emplazamiento. Sustenta lo anterior, en lo que en ella interesa la tesis XIX.1o.P.T.20 P, consultable en la página 2428, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese el oficio 197/2020 signado por el Presidente y Actuario adscritos a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que les fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga; asimismo informa que emitió laudo el veinte del presente mes y año, el cual se encuentra en período de engrose y recolección de firmas, mismo que remite como complemento a su informe Ahora bien, por resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a las aludidas autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente auto y de no existir inconveniente legal o material que tuviera para ello, remita copias debidamente certificadas del aludido laudo y de las notificaciones realizadas a las partes respecto del mismo, en el juicio laboral 1B-2466/2016, o bien manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello; esto, con fundamento en el artículo 75 tercer párrafo de la Ley de Amparo y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la mencionada ley; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, al momento de emitirse la resolución respectiva, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Notifíquese.

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