Nolberto Osmel Lahera Nuñez

Expediente 379/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
379/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
25/09/2019

Partes del expediente

  • Lazaro Reibel Perez Gotay
  • Nolberto Osmel Lahera Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Por recibido el oficio de la Jefa de Departamento Jurídico Zona Sur del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, en ausencia de la autoridad que corresponda; en atención a su contenido, única y exclusivamente agréguese a los autos, para que obre como constancia, ya que en proveído de cuatro de los corrientes, causó ejecutoria la sentencia en que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió la resolución que puso fin al juicio de amparo en que se actúa, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. De conformidad con el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expediente será susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido se acuerda: Se provee sin mayor pronunciamiento en virtud que el dieciséis de agosto del año en curso, se sobreseyó y negó el amparo a la parte quejosa en el presente juicio.

  4. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con treinta minutos del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido por el licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 379/2019, promovido por Nolberto Osmel Lahera Núñez, Patricia Stevenson Álvarez, Arién Suárez Trujillo, Lázaro Reibel Pérez Gotay, Yunier Consuegra Sagarra, Henry Moreno Padrón, Yaima Valdés Cedeño, e Yuniesky Álvarez Pérez, contras actos de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. De inicio, el Secretario hace constar que obran agregados al presente sumario: 1.- Escritos iniciales de demanda y sus anexos. 2.- Constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Publico de la Federación. 3.- Los informes justificados de las autoridades responsables. 4.- Razón actuarial y sobre devuelto por la Administración Postal que refiere la imposibilidad de entregar los oficios 6340 y 6336, de cuatro de abril del año en curso, girados a las autoridades responsables Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México y Encargado de la Estación de la Policía Federal, con sede en esta ciudad, con el fin de emplazarlas al presente juicio y requerirle su respectivo informe justificado, y acuerdos de nueve de abril y siete de junio ambos de la presente anualidad, en la que se dio vista a la parte quejosa de la inexistencia de tales autoridades, sin que contestara la misma (fojas 44 y 67). La autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, no rindió informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente emplazada al presente juicio, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos (foja 38). Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, dado que la parte quejosa no contestó la vista ordenada en los referidos acuerdos, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretados y se tienen por inexistentes a las autoridades señaladas con antelación, ya que este órgano jurisdiccional no se encuentra facultado para llamar a la controversia constitucional a autoridades no señaladas directamente como responsables por el impetrante del amparo. En consecuencia, no se hará pronunciamiento alguno en lo que concierne a ellas al resolver el presente juicio. Asimismo, en lo referente a la autoridad omisa, tómese en consideración tal circunstancia al momento de resolver el presente asunto. Por su parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. A continuación se abre el diverso de alegatos, en el que el Secretario hace constar que ninguna parte formuló los de su intención; ante ese escenario, se cierra el citado período. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, el Juez procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 379/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el cuatro de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Nolberto Osmel Lahera Núñez, Patricia Stevenson Álvarez, Arién Suárez Trujillo, Lázaro Reibel Pérez Gotay, Yunier Consuegra Sagarra, Henry Moreno Padrón, Yaima Valdés Cedeño, e Yuniesky Álvarez Pérez, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el expediente 379/2019, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que se reclama un acto de autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: * La orden de deportación, expulsión y detención. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Secretaría de Gobernación y Comisionado General de la Policía Federal, ambos con sede en la Ciudad de México, negaron la existencia de la totalidad de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dichas potestades en la emisión y ejecución de los referidos actos reclamados; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellos, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número veinte, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. CUARTO. Presunción de la existencia del acto reclamado. La Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, no rindió su informe justificado que le fue solicitado mediante oficio 6339, aun cuando en autos obra constancia de su legal emplazamiento (foja 38); por lo tanto, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos atribuidos a dicha autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 8/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, página 26, Tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). QUINTO.- Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna que en el caso se actualice, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 231, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento ochenta y nueve, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro siguiente: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SEXTO. Estudio de fondo. Este juzgador considera que debe negarse la protección Constitucional solicitada. Para ilustrar este aserto, primeramente, es necesario transcribir el contenido del artículo 117, primer y tercer párrafos, de la Ley de Amparo, que literalmente reza: Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. De ello, se colige que, en los casos en los que la autoridad responsable no rinde su informe con justificación, debe presumirse cierto el acto reclamado siempre que no exista en el sumario prueba alguna que desvirtúe tal presunción, mas, quedará a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando no sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Es importante destacar que la presunción a que se hace referencia, se limita a la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, de conformidad con el criterio 2a./J. 7/94, de la Octava Época, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79, Julio de 1994, página 17, con número de registro 206350, cuyo rubro reza: INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. Y el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis publicada en la página 248, del Tomo XIII, enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, intitulado: INFORME JUSTIFICADO. EL NO RENDIRLO NO DETERMINA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. En esa tesitura, debe decirse que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificada para tal efecto, no es suficiente para determinar que el acto reclamado sea inconstitucional, pues ese incumplimiento solamente presume cierto el acto que se reclama, pero deja a cargo de la parte quejosa la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad, cuando este no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Luego, si la carga de la prueba de los hechos que determinan la legalidad del acto reclamado, correspondía a la parte quejosa, y ésta se abstuvo de ofrecer prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, debe negársele el amparo solicitado; máxime, porque hay constancia de que tiene nacionalidad extranjera y que ingreso al país sin justificar su legal estancia. Apoya este argumento, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis publicada en la página 301, del Tomo XIII, marzo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro establece: ACTO RECLAMADO. LA CARGA DE LA PRUEBA DE INCONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDE AL QUEJOSO. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Nolberto Osmel Lahera Núñez, Patricia Stevenson Álvarez, Arién Suárez Trujillo, Lázaro Reibel Pérez Gotay, Yunier Consuegra Sagarra, Henry Moreno Padrón, Yaima Valdés Cedeño, e Yuniesky Álvarez Pérez, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades señaladas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Nolberto Osmel Lahera Núñez, Patricia Stevenson Álvarez, Arién Suárez Trujillo, Lázaro Reibel Pérez Gotay, Yunier Consuegra Sagarra, Henry Moreno Padrón, Yaima Valdés Cedeño, e Yuniesky Álvarez Pérez, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a la autoridad señalada en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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