Nohemí Valdez Zúñiga
Expediente 1115/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/01/2021
Partes del expediente
- Nohemí Valdez Zúñiga
- Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el estado. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que su trámite se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, ello con motivo de la circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, al haberse aprobado por la Comisión Especial el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En ese contexto, con fundamento en la fracción II, puntos 1 y 2 de la diversa Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación al punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia COVID-19", se levanta la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanuda el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. Por otra parte, vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que no se interpuso recurso de inconformidad en contra del auto de uno de diciembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por cumplida la sentencia emitida dentro del juicio en que se actúa; en consecuencia, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este asunto, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, el resto de las actuaciones se destruirán por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que su trámite se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, ello con motivo de la circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, al haberse aprobado por la Comisión Especial el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En ese contexto, con fundamento en la fracción II, puntos 1 y 2 de la diversa Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación al punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia COVID-19", se levanta la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanuda el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías de cuenta, presentada en línea, en la que aparece como quejosa ********************; fórmese expediente impreso y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1115/2020-II. Cabe precisar que a la fecha en que se actúa se encuentra vigente la suspensión de labores de conformidad con la Circular CAP/3/2020, en la que se señaló que se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones l, ll, lll y lV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, el cual refiere que únicamente se atenderán asuntos urgentes o casos nuevos bajo el régimen de juicio en línea (como en el caso que ahora se somete a la potestad de este Juzgado). Ahora, del análisis integral del ocurso de mérito, se advierte que procede desecharlo de plano, en virtud de que carece de firma electrónica de quien aduce ser la parte agraviada, ello con fundamento en los considerandos sexto y séptimo, así como en el artículo 3°, fracciones I y V, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico, pues es requisito indispensable que los documentos enviados en línea, cuenten con firma electrónica que regule el Poder Judicial de la Federación, por ser el medio de ingreso idóneo para enviar demandas y promociones; para ello, deberá contar con los permisos necesarios, ya que con ello se genera la certeza y efectos jurídicos de una firma autógrafa. Ello tiene razón de ser, pues si un documento es presentado ante el tribunal sin firma del interesado, carece del signo gráfico de la voluntad del promovente, por lo que, no puede considerarse a éste como válido, al tratarse de un acto inexistente, requisito que no podría ser subsanable, pues alude a la manifestación de voluntad de quien lo presenta. Luego, si quien aduce ser la quejosa [********************] no externó su voluntad personal mediante su firma electrónica y evidencia criptográfica, se incumplen los requisitos para la promoción de expediente en línea, a que se refiere el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en torno a la integración y trámite del expediente electrónico y se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, al no existir voluntad expresa de ejercer la acción constitucional. Por ello, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda electrónica relativa al amparo indirecto que nos ocupa. En sus aspectos estrictamente conducentes, se cita la jurisprudencia P./J.8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2019715, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 65, abril de 2019, tomo I, página 79, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA ATRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Cabe decir que los artículos 16, 17 y 42 del Acuerdo General 12/2020 (que regula la integración y tramitación de expediente electrónico), prevén los requisitos necesarios para el registro en el Portal de Servicios en Línea, el cual es personalísimo y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Asimismo, dichos ordinales 17 y 42, señalan los casos en que podrá exentarse de la obligación de firma electrónica, concretamente aquellos relacionados con actos mencionados en el numeral 15 de la Ley de Amparo [que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, o incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales]. Luego, si en la demanda de cuenta no se reclaman actos de los referidos por el dispositivo 15 de la Ley de Amparo, es improcedente prevenir o aclarar la demanda; pues no se trata de requisitos de forma por subsanar, sino de la falta de voluntad mediante firma autógrafa de quien pretende instar juicio biinstancial. Dado que el desechamiento de demanda tuvo su origen en la falta de firma de quien aparentemente la promueve, no puede tenerse por hecha, y por lo mismo no es posible atender a la designación de autorizados legales y demás información que se pretende en el ocurso de cuenta. Se faculta a la actuaria adscrita para que realice las notificaciones que legalmente procedan. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.
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