Nohemí Núñez Barajas
Expediente 3640/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3640/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/01/2019
Partes del expediente
- Nohemí Núñez Barajas
- Celia Verónica Núñez Barajas
Actuaciones
- Principal
Remite constancias. Visto el contenido del oficio signado por el Síndico Municipal de Zapotlanejo, Jalisco, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que tiene y que le fueron solicitadas en autos, además, informa la imposibilidad de remitir los documentos denominados recibos de nómina; por tanto, agréguense a los autos para que obren como correspondan, y con el contenido de las constancias dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, que dice: Visto el ocurso suscrito por las quejosas **, ambas de apellidos **, mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho; al respecto, agréguese a los autos de conformidad con los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y téngasele a la parte quejosa dando cumplimiento, dentro del término concedido, al requerimiento decretado en autos. II. Se provee demanda. En razón de lo anterior, vista nuevamente la demanda de amparo tramitada por Celia Verónica y Nohemí, ambas de apellidos Núñez Barajas, contra actos de autoridades; al respecto se provee: III. Se desecha demanda. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de trato, por los siguientes razonamientos: En efecto, en el presente juicio de amparo debe desecharse, puesto que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII y 107 fracciones V, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. Así pues, debe indicarse que la parte quejosa en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad como acto reclamado, señala la sentencia interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se resolvió la planilla de liquidación de sentencia referente a las costas condenadas en su perjuicio, emitido en los autos del juicio civil ordinario */2017 del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Chapala, Jalisco. Dicha manifestación hace prueba en su contra, toda vez que la realizó de forma espontánea y bajo protesta de decir verdad, por lo que eso lleva implícita la afirmación de que dicha actuación existe. Al respecto tiene aplicación, por analogía, la tesis siguiente: "Novena Época Registro: 203516 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Enero de 1996 Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C. J/5 Página: 124 COPIAS FOTOSTATICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE. No es válido negar el carácter de prueba a las copias fotostáticas simples de documentos, puesto que no debe pasar inadvertido que conforme a diversas legislaciones, tales instrumentos admiten ser considerados como medios de convicción. Así el Código Federal de Procedimientos Civiles previene, en su artículo 93, que: "La ley reconoce como medios de prueba: ... VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia..." El artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece a su vez que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse, entre otros elementos probatorios, "... de cualquier cosa..." Dentro de estas disposiciones es admisible considerar comprendidas a las copias fotostáticas simples de documentos, cuya fuerza probatoria mayor o menor, dependerá del caso concreto y de las circunstancias especiales en que aparezcan aportadas al juicio. De este modo, la copia fotostática simple de un documento hace prueba plena en contra de su oferente, porque cabe considerar que la aportación de tal probanza al juicio lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su original. Esto es así porque las partes aportan pruebas con el objeto de que el juzgador verifique las afirmaciones producidas por aquéllas en los escritos que fijan la litis; por tanto, si se aporta determinado medio de convicción, es porque el oferente lo considera adecuado para servir de instrumento de verificación a sus afirmaciones. No es concebible que el oferente presente una prueba para demostrar la veracidad de sus asertos y que, al mismo tiempo, sostenga que tal elemento de convicción, por falso o inauténtico, carece de confiabilidad para acreditar sus aseveraciones. En cambio la propia copia fotostática simple no tendría plena eficacia probatoria respecto a la contraparte del oferente, porque contra ésta ya no operaría la misma razón y habría que tener en cuenta, además, que ni siquiera tendría la fuerza probatoria que producen los documentos simples, por carecer de uno de los elementos constitutivos de éstos, como es la firma autógrafa de quien lo suscribe y, en este caso, la mayor o menor convicción que produciría, dependería de la fuerza probatoria que proporcionaran otras probanzas que se relacionaran con su autenticidad." Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, previene que el juicio de amparo será improcedente: ".Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior se colige que en atención al principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, su procedencia está condicionada a que si contra el acto reclamado existe algún medio de defensa legal previsto en forma expresa en la misma ley que lo fundó o el procedimiento del que emanó, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la legislación procesal civil local lo contenga para que esté a disposición del interesado y pueda ejercitarlo o, en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de que se trata para la procedencia del amparo. Ahora bien, el artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que rige el juicio natural, es del tenor literal siguiente: "Artículo 145. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y del escrito en que se haga la liquidación, se correrá traslado por tres días a la contraria para que manifieste lo que a su derecho convenga; después de transcurrido éste término, con o sin la contestación de aquél, el juez resolverá lo conducente. Esta resolución será apelable en el sólo efecto devolutivo. Las partes acompañarán y ofrecerán sus pruebas con sus respectivos escritos, siendo admisible únicamente la prueba documental, salvo lo dispuesto en el artículo 147 de este código." Del precepto reproducido se observa que la resolución que decida una planilla de costas, es apelable en el efecto devolutivo. En consecuencia, se determina que contra la resolución reclamada, procede el recurso de apelación que prevé el artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, medio de defensa que debieron agotar las inconformes previamente a comparecer a la instancia constitucional, y con el cual pudo obtener la nulificación, revocación o modificación del acto reclamado. Por lo tanto, la parte quejosa al omitir agotar el recurso de apelación contra la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho; se estima que en el caso se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis del texto y rubro siguientes: "Época: Octava Época Registro: 208764 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV-2, Febrero de 1995 Materia(s): Común Tesis: I.8o.C.15 K Página: 513 RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías." También es atendible a lo razonado, la diversa tesis de jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." También se considera atendible la diversa jurisprudencia que a continuación se trascribe: "Época: Séptima Época Registro: 394942 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 986 Página: 678 RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, se considera aplicable la Jurisprudencia, cuyo epígrafe y sinopsis disponen: "Época: Novena Época Registro: 175974 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/259 Página: 1654 DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Máxime que no se encuentra en algún caso de excepción establecido por la ley de la materia, acorde a lo establecido en la tesis de jurisprudencia de texto y rubro: "Época: Novena Época Registro: 1003740 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 1861 Página: 2106 DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En ese orden de ideas, hasta lo aquí considerado se concluye que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo y, por ende, acorde a lo dispuesto por el diverso 63, fracción V de la ley en cita, se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Celia Verónica y Nohemí, ambas de apellidos Núñez Barajas, contra el acto reclamado al Juez Primero de lo Civil de Chapala, Jalisco. Es por lo que, como se adelantó en párrafos precedentes, se desecha la presente demanda de amparo, al no haberse agotado el recurso de apelación previsto por el artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en contra de la sentencia interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho.
- Principal
Vistas las piezas postales de cuenta, mediante las cuales se devuelven los oficios 50519/2018 y 50520/2018, dirigido a las autoridades responsables Delegado Federal en la Ciudad de México y Jefe de Departamento de la Subdirección de Control y Verificación Migratoria, ambos del Instituto Nacional de Migración, con el que se ordenó notificarles el proveído de dieciocho de julio de dos mil dieciocho. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, reexpídanse los citados oficios a las autoridades señaladas en el domicilio correcto. Difiérase audiencia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia incidental señalada para el día de hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
- Principal
Por este medio se emplaza al juicio de amparo en que se actúa a la parte tercera interesada (tres), y se le notifica el auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho y proveído de doce de diciembre siguiente, que por su orden dicen en lo conducente: Visto el contenido de la comparecencia de cuenta, de cuyo contenido se advierte que promovente Antonia Mendoza Vázquez, manifiesta su interés legal de ratificar el contenido y firma del escrito registrado con el número de promoción 2927/2018, de ocho de octubre, en cumplimiento del requerimiento de nueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 73 a 75). Radicación de demanda y creación de expediente. Vista nuevamente la demanda de amparo promovida por Antonia Mendoza Vázquez y Juan Maldonado Padilla, contra actos de autoridad; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como en los numerales 1, 2, 107, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la citada demanda; por tanto, fórmese expediente; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado. Señalamiento de audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan, para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, las NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Consideraciones respecto de las notificaciones a la autoridad responsable. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Requerimiento de informe justificado. De conformidad con los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, PÍDASE A LA AUTORIDAD RINDA SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN, dentro del término de QUINCE DÍAS. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; además, de las consecuencias que prevé el referido artículo 117. Intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 5, fracción IV, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Tercero Interesado. Se reserva el pronunciamiento relativo al reconocimiento de tercero interesado, hasta en tanto obre en autos los informes justificados. Notificación electrónica. De conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que pueden optar por la modalidad de notificación electrónica, relativa a las resoluciones y acuerdos que así establezca la propia ley de la materia, previa acreditación de la obtención en autos de la firma electrónica (FIEL), para lo cual podrá acceder a la siguiente dirección electrónica: www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, y realizar los siguientes pasos: Registrar usuario. Acceder al apartado "Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito", para ubicar el órgano jurisdiccional en el cual se requiere consultar la notificación. Entrar al apartado de "Expediente Electrónico", escribir el número de expediente del órgano previamente seleccionado y acceder al panel condensado de dicho expediente. Oprimir la opción "ver detalle" y ahí aparecerá un desplegado informando si existe o no, una notificación pendiente. Requerimiento a las partes para que informen causales de sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes, el deber de informar de inmediato a este juzgado, sobre el conocimiento que tengan de alguna causa de sobreseimiento, y de ser el caso, y estar en posibilidad, acompañar las constancias que la acrediten. Asimismo se les hace saber lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la parte que tenga conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá multa relativa a la cantidad que resulte equivalente de treinta a trescientos unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las pruebas documentales que anexa, así como por ofrecidas la presuncional en su doble aspecto, y la instrumental de actuaciones, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de constancias. Ahora bien, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de velar por la debida integración de los juicios constitucionales que aquí se tramitan; con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la ley de la materia y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primero de los ordenamientos citados, requiérase al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince con sede en Guadalajara, Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este Juzgado de Distrito, copias certificadas completas y legibles de todo lo actuado en el procedimiento 654/2013, de su índice, toda vez que dichas constancias se estiman necesarias para la resolución del fondo de las cuestiones aquí planteadas. En la inteligencia de que, de tener algún impedimento legal para allegar el documento que se le requiere; o bien, que el mismo se encuentre ante otra autoridad diversa, deberá hacerle de su conocimiento el requerimiento de marras, debiendo acreditar dicho acto con el acuse de recibo correspondiente. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior sin causa justificada en el lapso indicado, se le impondrá, una multa correspondiente a la cantidad que resulte equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente. Representante Común. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Antonia Mendoza Vázquez. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se ordena tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Cotejo y compulsa. Asimismo, de conformidad con los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena al Secretario realice el cotejo de las documentales que en copia certificada fueron adjuntadas al escrito inicial de demanda, para ser agregadas al incidente de suspensión. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J. 19/2012, visible en la página cuatrocientos uno, del Libro VI, Marzo de dos mil doce, Tomo uno, del Semanario Judicial de la Federación, que por rubro dice: "CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010)." Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional protegerá los datos personales, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente. ACUERDO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto los contenidos de los oficios de cuenta, que suscriben la Magistrada Titular y Secretario de Acuerdos "B" ambos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Quince y el Encargado del Área de Jurídico del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco y como Encargado de la Oficina Registral de Guadalajara, mediante los cuales, rinden informe con justificación, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, como lo solicita con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, téngasele como delegados a las personas que indica y como domicilio procesal el que señalan. Con fundamento en el referido arábigo 117 de la ley en cita, se ordena dar vista a las partes con los informes justificados de mérito; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal se advierte que el pasado veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se reservó a tener como terceros interesados a los señalados en la demanda de amparo por el quejoso y toda vez que ya ocurrió lo anterior, y del informe de la Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito Quince, se desprende que ******, así como, les reviste el carácter de terceros interesados dentro del presente juicio de amparo y no así el *****, toda vez que les reviste carácter de autoridades responsables; al respecto, se provee: Sin que se tenga como tercero interesado a la persona moral denominada ****toda vez que la autoridad agraria responsable no emitió resolución respecto de dicho fraccionamiento dentro del juicio agrario de origen bajo el número de expediente 654/2013. Con apoyo en los artículos 5, fracción III, inciso b), 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a ***** córrasele traslado, por medio de oficio de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Así mismo, a los ********, los cuales deberán ser emplazados al presente juicio de amparo, con los insertos necesarios, de conformidad con el arábigo 26, fracción I, inciso b), del citado ordenamiento legal. En el entendido de que, si a dicho funcionario no le es posible practicar la diligencia de que se trata en el lugar indicado, estará facultado para indagar por cualesquier medio legal su domicilio correcto y realizarla sin ulterior acuerdo una vez obtenido el dato respectivo; lo anterior en términos de los artículos 24, 26, fracción I, inciso b), y 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Tomando en consideración que dichos informes no se rindieron con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo a la fecha señalada para la audiencia constitucional, se difiere la misma y se fijan nuevamente para su verificativo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
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