Nohemi Morin Alvarado
Expediente 1193/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Nohemi Morin Alvarado
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Nohemí Morín Alvarado, contra actos del Fiscal General del Estado, como Titular de la Fiscalía General del Estado y otra autoridad, con copias y anexo que se acompaña; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 1193/2022-III. En ese sentido, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la promovente del amparo refiere, bajo protesta de decir verdad, que: a) Las autoridades que señala como responsables conocen de la Carpeta de Investigación CDI/FGE/I/D01/31893/2020. b) Que el uno de septiembre del año en curso, presentó un escrito ante la diversa autoridad que señala como responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación mesa 5, mediante el cual realizó diversas manifestaciones, sin que haya obtenido respuesta alguna. Situación que constituye la omisión que por esta vía se combate. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109 y 258 del Código Nacional de procedimientos Penales; dispositivos que en lo conducente establecen: Ley de Amparo. (...) Del precepto constitucional transcrito se advierte que la víctima u ofendido del delito, carácter que en el caso ostenta la promovente, dentro de la carpeta de origen que se refiere, tiene derecho a impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Por su parte, los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previenen (...) Acorde con dichos precepto legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Por tanto, si como se ha visto, en el caso, el acto reclamado consiste precisamente en la omisión por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación mesa 5, con sede en esta ciudad, al no emitir la respuesta respectiva a la petición que le fue presentada por escrito el uno de septiembre del año en curso, y mediante la cual solicitó se le informara respecto a las actuaciones pendientes a fin de estar en posibilidad de peticionar la audiencia inicial; es claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258, en relación con la fracción XXI, del transcrito artículo 109, e incluso, del diverso numeral 133, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del juez de control para ejercer las atribuciones que ese código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Tales consideraciones fueron ya dilucidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017 de su índice, en las que se adoptó y justificó un criterio similar. De igual forma, dichas consideraciones dieron paso a la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) visible en la página 945 del libro 57, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2018, de la Décima Época, con registro digital 2017641, que dice: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. (...) Así como a la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) también de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en la página 943 del libro 57, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2018, Décima Época, con registro digital 2017640, que dispone: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. (...) A cuyas consideraciones se remite este tribunal federal, a fin de evitar repeticiones innecesarias. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, la quejosa debió hacer valer su derecho de impugnar la omisión de la autoridad designada como responsable, ante el juez de control correspondiente, pues al derivar la omisión de que se duele de la etapa de investigación, corresponde su análisis al citado juzgador, quien tiene competencia legal para realizar sus atribuciones precisamente desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Además, debe decirse que no es óbice para arribar a la anterior conclusión, la eventual posibilidad de que la omisión reclamada se considere como de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Al respecto, ilustra por su contenido la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Tribunal en Pleno, visible en la página 8 del libro 55, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de 2018, Décima Época, con registro digital 2017117, que dice: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. (...) Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, consultable en la página 350 del libro 1, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de diciembre de 2013, Décima Época, con registro digital 2005039, que dispone: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. (...) Aún más, debe decirse que existe jurisprudencia firme a través de la cual se estableció que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, el amparo indirecto se torna improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Por tanto, se estima que la omisión reclamada no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la aquí parte promovente, en virtud de que son planteamientos meramente procesales que inciden en los plazos y términos en que debe desarrollarse un procedimiento ordinario, en atención a la legislación de la materia; por lo que no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación y que afecten derechos sustantivos, sino que éstas, por afectar derechos adjetivos o procesales, son reparables a través de los medios ordinarios de defensa. Aunado a que el tiempo que ha transcurrido entre la fecha en que se presentó el líbelo de referencia y aquella en que se presentó la demanda de amparo que nos ocupa, no se considera excesivo para su debido atención. Lo anteriormente determinado encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 478 del libro 17, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de abril de 2015, Décima Época, con registro digital 2008883, que dispone: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). (...) Asimismo, se cita la diversa jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10) emitida también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en la página 480 del libro 17, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de abril de 2015, Décima Época, con registro digital 2008884, que estatuye: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. (...) Por su parte debe recodarse también que existe el criterio de que si bien es cierto que la institución del Ministerio Público, actualmente Fiscalía, goza de la característica de unidad y que el titular de dicha institución es el Fiscal General de Justicia en el Estado, también lo es que cada funcionario es responsable de sus actos, por lo que no puede legalmente atribuirse al titular de la Fiscalía General de Justicia, responsabilidad por la actuación, en el caso, omisiones de todos los servidores públicos que laboren en dicha dependencia. Al respecto se cita el criterio orientador contenido en la tesis VI.3o.23 P del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 775 del tomo V del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de 1997, Novena Época, con registro digital 198584, que dispone lo siguiente: PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA. NO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS ACTOS QUE EMITEN LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. (...) Máxime que, como se dijo, el escrito de petición que se acompaña, únicamente fue dirigido a la representación social Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación mesa 5. Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, 107, fracción V y 217, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente este acuerdo a la promovente en el domicilio que para tal efecto señala, teniéndose por autorizado en términos amplios del artículo 12 del ordenamiento legal en cita, al licenciado José Luis Arias Castillo, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Por último, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE ESTA FECHA MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Nohemí Morín Alvarado, contra actos del Fiscal General del Estado, como Titular de la Fiscalía General del Estado y otra autoridad, con copias y anexo que se acompaña; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 1193/2022-III. En ese sentido, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la promovente del amparo refiere, bajo protesta de decir verdad, que: a) Las autoridades que señala como responsables conocen de la Carpeta de Investigación CDI/FGE/I/D01/31893/2020. b) Que el uno de septiembre del año en curso, presentó un escrito ante la diversa autoridad que señala como responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación mesa 5, mediante el cual realizó diversas manifestaciones, sin que haya obtenido respuesta alguna. Situación que constituye la omisión que por esta vía se combate. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109 y 258 del Código Nacional de procedimientos Penales; dispositivos que en lo conducente establecen: Ley de Amparo. (...) Del precepto constitucional transcrito se advierte que la víctima u ofendido del delito, carácter que en el caso ostenta la promovente, dentro de la carpeta de origen que se refiere, tiene derecho a impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Por su parte, los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previenen (...) Acorde con dichos precepto legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Por tanto, si como se ha visto, en el caso, el acto reclamado consiste precisamente en la omisión por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación mesa 5, con sede en esta ciudad, al no emitir la respuesta respectiva a la petición que le fue presentada por escrito el uno de septiembre del año en curso, y mediante la cual solicitó se le informara respecto a las actuaciones pendientes a fin de estar en posibilidad de peticionar la audiencia inicial; es claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258, en relación con la fracción XXI, del transcrito artículo 109, e incluso, del diverso numeral 133, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del juez de control para ejercer las atribuciones que ese código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Tales consideraciones fueron ya dilucidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017 de su índice, en las que se adoptó y justificó un criterio similar. De igual forma, dichas consideraciones dieron paso a la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) visible en la página 945 del libro 57, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2018, de la Décima Época, con registro digital 2017641, que dice: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. (...) Así como a la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) también de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en la página 943 del libro 57, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2018, Décima Época, con registro digital 2017640, que dispone: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. (...) A cuyas consideraciones se remite este tribunal federal, a fin de evitar repeticiones innecesarias. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, la quejosa debió hacer valer su derecho de impugnar la omisión de la autoridad designada como responsable, ante el juez de control correspondiente, pues al derivar la omisión de que se duele de la etapa de investigación, corresponde su análisis al citado juzgador, quien tiene competencia legal para realizar sus atribuciones precisamente desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Además, debe decirse que no es óbice para arribar a la anterior conclusión, la eventual posibilidad de que la omisión reclamada se considere como de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Al respecto, ilustra por su contenido la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Tribunal en Pleno, visible en la página 8 del libro 55, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de 2018, Décima Época, con registro digital 2017117, que dice: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. (...) Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, consultable en la página 350 del libro 1, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de diciembre de 2013, Décima Época, con registro digital 2005039, que dispone: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. (...) Aún más, debe decirse que existe jurisprudencia firme a través de la cual se estableció que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, el amparo indirecto se torna improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Por tanto, se estima que la omisión reclamada no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la aquí parte promovente, en virtud de que son planteamientos meramente procesales que inciden en los plazos y términos en que debe desarrollarse un procedimiento ordinario, en atención a la legislación de la materia; por lo que no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación y que afecten derechos sustantivos, sino que éstas, por afectar derechos adjetivos o procesales, son reparables a través de los medios ordinarios de defensa. Aunado a que el tiempo que ha transcurrido entre la fecha en que se presentó el líbelo de referencia y aquella en que se presentó la demanda de amparo que nos ocupa, no se considera excesivo para su debido atención. Lo anteriormente determinado encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 478 del libro 17, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de abril de 2015, Décima Época, con registro digital 2008883, que dispone: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). (...) Asimismo, se cita la diversa jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10) emitida también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en la página 480 del libro 17, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de abril de 2015, Décima Época, con registro digital 2008884, que estatuye: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. (...) Por su parte debe recodarse también que existe el criterio de que si bien es cierto que la institución del Ministerio Público, actualmente Fiscalía, goza de la característica de unidad y que el titular de dicha institución es el Fiscal General de Justicia en el Estado, también lo es que cada funcionario es responsable de sus actos, por lo que no puede legalmente atribuirse al titular de la Fiscalía General de Justicia, responsabilidad por la actuación, en el caso, omisiones de todos los servidores públicos que laboren en dicha dependencia. Al respecto se cita el criterio orientador contenido en la tesis VI.3o.23 P del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 775 del tomo V del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de 1997, Novena Época, con registro digital 198584, que dispone lo siguiente: PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA. NO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS ACTOS QUE EMITEN LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. (...) Máxime que, como se dijo, el escrito de petición que se acompaña, únicamente fue dirigido a la representación social Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación mesa 5. Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, 107, fracción V y 217, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente este acuerdo a la promovente en el domicilio que para tal efecto señala, teniéndose por autorizado en términos amplios del artículo 12 del ordenamiento legal en cita, al licenciado José Luis Arias Castillo, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Por último, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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