Nohemi Mgdalena Ruiz Morales

Expediente 1487/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1487/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Nohemi Mgdalena Ruiz Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído de treinta de noviembre pasado, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Consecuentemente, se declara que dicho auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado; por ende, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Número de expediente: 1487/2022 Acuerdo: Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Contenido informe. Dicha autoridad manifiesta que es falso el acto reclamado. Estado de autos. Por otra parte, del estado de autos se advierte que en el presente asunto la parte quejosa atribuyó a la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado lo siguiente: "Se reclama el auto de fechas 04 de Octubre del año 2022, el cual bajo protesta de decir verdad se tuvo conocimiento del mismo el día 25 de Octubre del año en curso, el cual fue notificado por la junta responsable, acto que se reclama por parte de la autoridad responsable al señalar fechas para su desahogo de pruebas para el día 03 de Febrero del año 2023, para el desahogo de pruebas, excediéndose por mucho el término que la Ley señala para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, manifestando A su señoría que solo PROMOVIENDO AMPARO LOGRAMOS LA CELERIDAD DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO YA QUE EL MISMO DATA DEL AÑO 2010, ES DECIR YA LLEVA CASI DOS AÑOS Y NO SE HAN DESAHOGADO LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS, dada la PASIVIDAD de la Junta responsable." Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Para ese fin debe tomarse en cuenta los datos que emanen de la demanda, sus anexos e, incluso, la totalidad de la información del expediente del juicio, derivado preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. En ese tenor, del estudio integral que se efectúa a la demanda, así como de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe, se obtiene que la quejosa reclama el acuerdo de cuatro de octubre del presente año, dictado por la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en el que se fijó el tres de febrero de dos mil veintitrés, para el desahogo de pruebas dentro del juicio laboral 28/2020. Sin embargo, del anexo que la autoridad responsable adjuntó a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen, el cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que dejó sin efecto la fecha de audiencia señalada y, en su lugar fijó el nueve de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes. Causa de improcedencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Marco jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine qua non para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38. Caso concreto. De las constancias que integran este juicio, así como del anexo que la autoridad responsable adjunto a su informe justificado se advierte: 1. Mediante proveído de cuatro de octubre del presente año, dictado en el juicio laboral 28/2020, la responsable señaló el tres de febrero de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes. 2. En contra de dicha determinación, el siete de noviembre del presente año, la parte quejosa promovió el juicio de amparo en que se actúa. 3. Sin embargo, en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dejó sin efecto las fechas que señaló en diverso auto de cuatro de octubre de esta anualidad y, en su lugar fijó el nueve de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que se señaló el nueve de diciembre de este año, para llevar a cabo el desahogo de pruebas en el juicio laboral 28/2020, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. No escapa la atención del suscrito, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva de ese tribunal, por la que se notificó a la parte quejosa el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral 28/2020; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 constitucional. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por Jorge Alberto Pérez Vilet, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido se provee: La parte quejosa solicita que se haga efectivo a las responsables Presidente, Tesorero, Oficial Mayor y Síndico del Municipio de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, toda vez que ya transcurrió el plazo otorgado a dichas autoridades para cumplir con lo ordenado en dicho proveído y las mismas no han dado cumplimiento a lo solicitado. Ahora bien, en acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio signado por el Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de octubre de este año, informó que en la próxima sesión de cabildo se someterá a votación y consideración la solicitud a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, de una partida extraordinaria por la suma de $664,002.54 (seiscientos sesenta y cuatro mil dos pesos 54/100 m.n.), correspondiente a la indemnización decretada a favor de la parte quejosa, para dar cumplimiento a la sentencia dictada en este expediente. Asimismo, la responsable reiteró que la autoridad encargada de liberar el presupuesto es la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. En estas condiciones, dígase a la parte quejosa que hasta este momento, no ha lugar a imponer a las responsables indicadas, la medida de apremio decretada en auto de veinticuatro de octubre de este año, toda vez que el Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, informó las acciones que se encuentra realizando para cumplir con la sentencia dictada por este Juzgado, en virtud de que informó que en la próxima sesión de cabildo se someterá a votación y consideración la solicitud a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, de una partida extraordinaria por la suma de $664,002.54 (seiscientos sesenta y cuatro mil dos pesos 54/100 m.n.), correspondiente a la indemnización decretada a favor de la parte quejosa. Requerimiento a la responsable. Sin perjuicio de lo anterior, requiérase al Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que reciba el oficio con transcripción de este proveído, realice lo siguiente: 1. Informe a este Juzgado el resultado de la sesión de cabildo en la que se sometió a votación y consideración la solicitud a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, de una partida extraordinaria por la suma de $664,002.54 (seiscientos sesenta y cuatro mil dos pesos 54/100 m.n.), correspondiente a la indemnización decretada a favor de la parte quejosa, para dar cumplimiento a la sentencia dictada en este expediente. 2. Remita la petición que realizó el Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con motivo de dicha sesión de cabildo, para liberar la partida económica correspondiente para realizar el pago al quejoso Juan Jesús Castro Sandate. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, y de continuar con sus conductas contumaces y evasivas, se les impondrá una multa de cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, y para el caso de seguir con su conducta contumaz. Asimismo, apercibida a dicha autoridad que en caso de ser omisa ante este requerimiento, se continuará el procedimiento respectivo, que puede culminar con una resolución en la que se aplique lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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