Nohemi Martinez Niño

Expediente 90/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
90/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Nohemi Martinez Niño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    CUENTA. En veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Juez, con la certificación que antecede y el estado que guardan los autos del juicio de amparo 90/2023. CONSTE. Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de abril de dos mil veintitrés. VISTO, para resolver el cumplimiento de la sentencia, relativo al juicio de amparo 90/2023. RESULTANDO PRIMERO. Gilberto Cervantes Vázquez, por conducto de su apoderara legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, en esta ciudad. SEGUNDO. Seguido el procedimiento en sus etapas, el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia correspondiente en la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia de Unión a la parte quejosa. TERCERO. Por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia emitida en autos y en esa misma fecha se requirió de cumplimiento a la autoridad responsable involucrada en la restitución de los derechos fundamentales trasgredidos. Luego, la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio recibido el trece de abril de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de los escritos de trece de enero, seis de junio y dieciocho de agosto del dos mil veintidós y sus proveídos, dictados en el expediente laboral 100/E02/2020; con lo cual se dio vista a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para determinar si la sentencia de amparo quedó cumplida o no, atento a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Consideraciones Previas. Es importante establecer, que conforme al contenido del artículo 196 de la ley de la materia, el Juez de Distrito, transcurrido el plazo concedido a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, deberá dictar resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En la inteligencia, que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Hay exceso, cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo; en tanto, hay defecto cuando la autoridad cumple parcialmente lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le impuso en la resolución de cuya ejecución se trata. De esta manera, es obligación del órgano de control constitucional vigilar el cumplimiento del fallo protector y exigir el mismo por parte de la autoridad responsable y habido sea, hacer la declaratoria correspondiente. Asimismo, debe tenerse presente lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." TERCERO. Lineamientos y efectos de la ejecutoria. En la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, se establecieron los lineamientos siguientes: "Acordar los escritos de trece de enero, seis de junio y dieciocho de agosto del dos mil veintidós y desplegar la actividad procesal correspondiente en el juicio laboral 100/E02/2020." CUARTO. Análisis del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Al respecto el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, en esta ciudad, mediante oficio recibido el trece de abril de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de los escritos de trece de enero, seis de junio y dieciocho de agosto del dos mil veintidós y sus proveídos, dictados en el expediente laboral 100/E02/2020, de su índice. Las documentales descritas las cuales obran glosadas en los presentes autos, merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que fueron expedidas y certificadas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Consecuentemente, se procede a realizar un análisis de dichas constancias, frente a los actos que la autoridad responsable debía realizar para estar en aptitud de determinar si en el caso la ejecutoria cuyo cumplimiento se estudió se encuentra o no cumplida. Sobre ese tópico, debe señalarse el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, faculta al órgano judicial de amparo para emitir una declaración en el sentido de una sentencia protectora no podía cumplirse, por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de remitir los autos al superior, como lo establecía, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se advierte de la tesis aislada CXII/2013, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o bien materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pormenorizado en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo". Por otra parte, el artículo 214 de la Ley de Amparo? establece ningún juicio de amparo puede archivarse sin cumplirse la sentencia protectora, a menos que no existiera materia para la ejecución y así lo determinara el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. De lo anterior, se concluye la ley prevé dos figuras diversas que podía llegar a actualizarse cuando se presentaba un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo: 1) La imposibilidad material o jurídica; y 2) La inexistencia de materia para su ejecución. El primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no estaban en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significaba que la ejecutoria careciera de efectos o dejara de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se buscaba una alternativa al cumplimiento original. En cambio, la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó su concesión, en otras palabras, no existía materia alguna en la que pudiera impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. En el caso a estudio, se concedió la protección constitucional para que se acordaran los escritos de trece de enero, seis de junio y dieciocho de agosto de dos mil veintidós, lo cual en la especie sucedió de la siguiente manera: Mediante escrito de trece de enero, la aquí quejosa solicitó en esencia se señalara fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Darlinda Guadalupe Hinojosa Hernández, al cual recayó proveído de seis de abril del dos mil veintidós, en el cual se le dijo que se estuviera a lo dispuesto en el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Posteriormente mediante ocurso de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, la representante legal de la quejosa ocurrió ante la responsable a fin de solicitar entre otras cosas, pronunciamiento derivado del escrito de trece de enero de dos mil veintidós, a lo que la autoridad se pronunció únicamente en cuanto al nuevo domicilio señalado por la parte actora. Por auto de seis de junio de dos mil veintidós la representante legal de la parte actora solicitó de nueva cuenta el desahogo de la prueba testimonial, en virtud de que la autoridad no se había pronunciado respecto a lo solicitado el trece de enero de dos mil veintitrés, respondiendo la responsable mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, no ha lugar a proveer de conformidad con la petición, toda vez que la audiencia de pruebas fue celebrada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno y notificada por conducto del actuario adscrito el cinco de octubre del citado año, transcurriendo aproximadamente tres meses sin que la parte actora se inconformara al respecto, en consecuencia se debe atender al estado procesal que guardan los autos, en especial al auto de trece de enero de dos mil veintidós que desechó el desahogo de la testimonial ofertada por la actora en el juicio de origen. Por esa situación, se puede establecer dejó de subsistir el acto que reclamo el impetrante del juicio de garantías. En ese sentido, si el acto reclamado consistió en la omisión de acordar los escritos de trece de enero, seis de junio y dieciocho de agosto del dos mil veintidós en el juicio laboral 100/E02/2020, en la especie esto sucedió mediante los autos de seis de abril de dos mil veintidós, trece y treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en los cuales la responsable le comunicó a la parte quejosa que por el estado procesal que guardaba el juicio de origen, no era posible admitir el desahogo de la prueba testimonial, pues la audiencia de pruebas fue celebrada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Precisando, todas las actuaciones precisadas en el párrafo que antecede acontecieron previo al dictado de la sentencia de amparo, y posteriormente a la declaración de ejecutoria del mismo. En tal virtud, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo ha quedado sin materia, pues la esencia del acto reclamado ha dejado de existir y, en esa medida, se torna innecesario el pronunciamiento sobre el cumplimiento que dio la autoridad responsable a la sentencia protector. Por lo tanto, es evidente al haberse pronunciado la autoridad responsable respecto a los escritos que motivaron el presente juicio de amparo, incluso previo dictado de la sentencia de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, lo procedente es decretar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo el juicio en que se actúa. QUINTO. Archivo y depuración del presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto, como totalmente concluido. Por otra parte, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se advierte que el presente juicio de amparo es susceptible de DEPURACIÓN; toda vez que se concedió el amparo. Así como también, deberá transferirse, una vez trascurrido el término de tres años, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los libros de gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo. En ese sentido, una vez transcurrido el término de tres años a que refiere el artículo 18 del acuerdo citado en líneas que anteceden, a partir de la fecha en que se dicta el presente proveído, dentro de los siguientes noventa días se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, terminado el proceso de depuración realícense las gestiones conducentes para la transferencia del presente asunto al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. De igual manera, en observancia del artículo 15 del multicitado Acuerdo General, se hace constar que el juicio en el que se actúa no es de relevancia documental; además de que no se encuentra agregado en autos documento original alguno, de los enunciados en el numeral 3, fracción XVIII de dicho Acuerdo. En el entendido que previo a la remisión, se deberá realizar cotejo con el expediente electrónico, debiéndose dejar constancia en autos, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 y 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma la Jueza Rosa María Cortés Torres, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistida de Juan José Bocanegra García, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio enviado por el Presidente la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En tales circunstancias, tomando en consideración con las constancias allegadas por la autoridad responsable, aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, resulta conducente dar vista a la parte quejosa, para dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente a aquél en el cual surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido, de no hacerlo, este Juzgado de Distrito con desahogo de la vista o sin ella, se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector, con base en los elementos existentes en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    1. DECLARACIÓN DE FIRMEZA RESPECTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS. En consecuencia, al haber transcurrido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia en la en la cual se otorgó el amparo solicitado, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. SE REQUIERE SU CUMPLIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables Junta Especial Numero Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado y el actuario adscrito, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS computado a partir de su notificación informe los actos que realice encaminados al cumplimiento del fallo protector, o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello, debiendo remitir las constancias que justifiquen uno u otro extremo,

  4. Principal

    téngase al Presidente de la Junta Especial Numero Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en esta ciudad, rindiendo su informes justificado; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que el diecisiete de los actuales, se resolvió el presente juicio de amparo

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