Nohemi Garcia Moreno
Expediente 302/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Nohemi Garcia Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 302/2016-1A; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la ciudad de Mexicali, el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, y remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el día siguiente, ocurrió en demanda de amparo la parte quejosa contra actos de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. No se transcribirá el acto reclamado por la parte quejosa, en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción en la sentencia, pues no constituye elemento de validez ni requisito formal o material de ésta, y con tal omisión no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad; por el contrario, se observa el principio de expedites en la administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a foja 406, Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Derechos fundamentales. Las quejosas narraron los antecedentes del acto reclamado y consideraron infringidos en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. Tramite. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo en sus términos, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada y se fijó la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se celebró el día de hoy al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aunado a que son actos atribuidos a una autoridad, con residencia en el ámbito territorial en el que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de amparo; lo anterior, partiendo del criterio de considerar la demanda como un todo. Por lo que, del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado en esta vía, consiste en: La omisión de acordar sobre la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 67/2013-VI y acumulado 121/2013-V del índice de la autoridad responsable. Clarificación de los actos reclamados que se realiza con apoyo en la tesis de jurisprudencia P./.J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, perteneciente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, aceptó como cierto el acto reclamado y, al efecto, en apoyo a su informe, remitió copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral burocrático 67/2013-VI y acumulado 121/2013-V de su índice (fojas 16 a 25), las que al tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones, adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. CUARTO. Sobreseimiento. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que se adviertan de oficio o que las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se cita al respecto el criterio jurisprudencial número 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esas condiciones, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Esto es así, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se revela que la parte quejosa reclama la omisión de proveer respecto a la admisión y desahogo de las probanzas aportadas en el juicio laboral burocrático 67/2013-VI y acumulado 121/2013-V del índice de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, de las constancias que integran el presente sumario constitucional, se desprende lo siguiente: Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la ciudad de Mexicali, el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, y remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el día siguiente, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la autoridad responsable (fojas 01 a 06). Mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el tribunal responsable proveyó sobre el desechamiento, admisión y desahogo de los elementos probatorios ofrecidos por las partes en el juicio de origen (fojas 17 a 25). De ahí que, si de las constancias que obran en autos queda demostrado que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, proveyó respecto a la admisión y desahogo de pruebas; pone de relieve que los efectos negativos que producía el acto reclamado a la fecha han cesado y, por ende, dejó de prevalecer la actitud de abstención de la autoridad responsable de mérito; por tanto, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional, produciéndose el resultado que la sentencia protectora asigna, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo que, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia mencionada. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo anterior, resulta innecesario abordar el estudio de los conceptos de violación expresados por la quejosa, tal como lo establece la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal de Justicia, visible en la página 335, Tomo VI, de la obra en cita, del título y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que en el caso haya lugar a realizar un mayor pronunciamiento en relación a las etapas procesales subsecuentes al acto reclamado, pues de lo contrario la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que da origen al juicio de amparo. Máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a. CV/2013 (10a.), estableció que las sentencias de amparo deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, ello en estricta observancia a los principios de congruencia y exhaustividad que deben observarse en las sentencias. Además, de considerar lo contrario, sería abordar un acto reclamado que no fue señalado por la parte quejosa, pues únicamente refiere de manera genérica: "todos y cada uno de los plazos y términos subsecuentes", sin señalar una omisión específica, por lo cual, la concesión -que en su caso se emitiera- no podría tener el efecto de abarcar todas las etapas correspondientes -incluso la fase de ejecución- pues se insiste, que nuestro máximo tribunal en el país ya determinó lo contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, perteneciente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Máxime que el criterio jurisprudencial de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", que establecía la posibilidad de otorgar el amparo por omisiones y dilaciones subsecuentes, fue abandonado por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013. QUINTO. Publicidad de la resolución. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º apartado A), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; conforme al artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información establecido. Finalmente, hágaseles saber que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos personales, en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que pueden contener de conformidad con el artículo 116 de la citada Ley General, y con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por NOHEMÍ GARCÍA MORENO, contra el acto reclamado a la autoridad que quedó precisada en el cuerpo de esta resolución y por lo expuesto en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no ha transcurrido el plazo de ocho días, previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con el cual se dio vista a las partes, en proveído de seis de junio de dos mil dieciséis; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, como nueva fecha para su celebración.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Con vista a las partes agréguese a los autos el informe justificado que remite el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; lo anterior, a efecto de que las partes se impongan con la anticipación debida de su contenido y, en su oportunidad, hágase nueva relación en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental a que hace referencia la autoridad responsable en el referido informe, con la cual se hará relación en la audiencia constitucional respectiva.
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