Nohemí Elizabeth Hernández Barajas
Expediente 945/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/06/2022
Partes del expediente
- Nohemí Elizabeth Hernández Barajas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "A fin de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal, se concede para que las autoridades responsables Director de Inspección y Vigilancia, Cinthia Verónica Zepeda Cervantes, Inspectora adscrita a la Dirección de Inspección y Vigilancia, Sergio Vargas González, Jefe del Departamento de calificación, adscrito al Departamento de Calificación, todas del Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco, deberán: Dejar insubsistente la orden de visita domiciliaria de inspección y verificación con número de folio DIV:OV/1/502/20/10/2020/01, y, como consecuencia, las actas de visita domiciliaria de inspección y verificación con número de folio DIV: IN/1/502/20/10/2020/01, y de calificación número IN/1/502/20/10/2020/01, de veintidós de octubre de dos mil veinte. No sobra añadir que no escapa a la atención de este resolutor, la circunstancia de que con motivo de la visita domiciliaria de inspección y verificación de que se habla, el Jefe del Departamento de Calificación, adscrito al Departamento de Calificación del Municipio de Guadalajara, Jalisco, impuso como sanción al quejoso la cantidad de $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), para lo cual, fundamentó su decisión en lo establecido en el artículo 75, fracción XIII, inciso 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020, que estatuye: "Artículo 75. Las sanciones administrativas y fiscales por infringir las Leyes, Reglamentos, Disposiciones, Acuerdos y Convenios de carácter Municipal, serán aplicadas con sujeción a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y conforme a la siguiente: (.) XIII. Sanciones por infringir las disposiciones reglamentarias municipales vigentes, referentes al Desarrollo Urbano: (.) 28. Por efectuar construcciones, permanentes en áreas de servidumbre, limitación de dominio o invadiendo la vía pública, además de la demolición de lo construido en esas áreas, por metro cuadrado, se sancionará tanto a la persona propietaria como al directora o directora responsable quienes para estos efectos responden solidariamente, de: $2,580.00 a $5,159.00 (.)" En esa medida, se arriba a la conclusión de que la sanción impuesta al quejoso, se considera una multa excesiva, proscrita por el artículo 22 constitucional; sin embargo, es innecesario realizar mayor pronunciamiento en este tópico, dado que, como se vio, con la concesión del amparo respecto a la orden de visita domiciliaria de inspección y verificación con número de folio DIV:OV/1/502/20/10/2020/01, indefectiblemente, también deben quedar insubsistentes los actos que de ella derivaron, como en el caso, la imposición de esa sanción." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por medio del oficio CJ/DIV/JJ/1479/2022, el Director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, hizo del conocimiento de este órgano de control constitucional que el diecinueve de abril de dos mil veintidós, resolvió cancelar y dar de baja la orden de visita de folio DIV:OV/1/502/20/10/2020/01 y el acta de verificación y/o inspección registrada con el folio DIV:IN/1/502/20/10/2020/01, asimismo, remitió una impresión de pantalla, quedando pendiente dejar insubsistente la calificación de la citada acta de verificación. El Jefe del Departamento de Calificación, adscrito a la Dirección Jurídico Contencioso, del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, mediante el comunicado recibido en oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el veintiocho de abril de dos mil veintidós, informó que canceló la sanción aplicada en el acta de inspección IN/1/502/20/10/2020/01, tal y como se desprende de la impresión que allegó correspondiente a la consulta realizada en el Sistema de Calificación de Multas V4.0; precisando a su vez que en caso de estar pagada, la devolución correspondería a diversa dependencia. El Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, con el oficio TES/LGS/1347/2022, informó que el acta de infracción de referencia se pagó el cinco de marzo de dos mil veintiuno, razón por la cual señaló encontrarse imposibilitado material y jurídicamente para cancelar dicho acto, allegando copia certificada de la impresión del acta de infracción fechada el veintiséis de abril de dos mil veintidós. Por medio del comunicado 1400/2022/T-3826, la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, informó que era diversa dependencia la responsable de acatar lo ordenado con el fallo protector. Mediante el oficio TES/LGS/1726/2022, el Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, allegó copia del Acuerdo de devolución por sentencia definitiva TES/LGS/1725/2022, de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, del que se desprende la orden de devolución a favor de la incoante por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), por lo que ordenó la expedición del correspondiente cheque a favor del impetrante. La citada autoridad responsable por medio de la comunicación TES/LGS/1914/2022, allegó copia certificada del cheque 0006570, fechado el uno de junio de dos mil veintidós, a favor del quejoso y valioso por la cantidad antes señalada. Con lo cual, en proveído de seis de junio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, canceló y dio de baja la orden de visita de folio DIV:OV/1/502/20/10/2020/01, también el acta de verificación y/o inspección registrada con el folio DIV:IN/1/502/20/10/2020/01, asimismo, se devolvió al quejoso la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional). En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Orden de destrucción del incidente de suspensión. Asimismo, procédase a la destrucción del cuaderno original del incidente al haberse negado la suspensión definitiva, en términos del artículo 21, inciso c) del Acuerdo General citado en el párrafo anterior, una vez transcurrido el plazo de tres años. Y en atención a la fracción II, inciso a) del artículo 20 del aludido Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, remítase al legajo correspondiente. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a uno de junio de dos mil veintidós. Autoridad informa gestiones realizadas respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado que signa la Juez Décimo Séptimo Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual remite un legajo certificado, del que se desprende el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el que concede al Banco Santander México, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Santander México, una prórroga a fin de que esté en aptitud de poner a disposición de la parte demandada José Arturo Arnold Ochoa, la cantidad de $425,629.53 (cuatrocientos veinticinco mil seiscientos veintinueve pesos 53/100 moneda nacional), o para que en su caso manifieste imposibilidad legal o material para acatar con lo requisitado por la responsable. Estado de autos. Del análisis del expediente se advierte que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que: El Juez Décimo Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: > Deje insubsistente el acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio mercantil oral 69/2019; y, > En su lugar, con plenitud de jurisdicción, siguiendo los lineamientos trazados en este fallo, dicte uno nuevo, esto es, si en el caso, las cuentas bancarias que fueron motivo de la providencia cautelar, son susceptibles de ponerse a disposición del juzgado a su cargo con motivo de dicho aseguramiento, o, en caso contrario, de manera fundada y motivada justifique su negativa." Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Juez Décimo Séptimo Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que en el plazo improrrogable de cinco días, contados a partir de siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acredite el cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá a la Juez Décimo Séptimo Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/mmed
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