Nohemi Carmona Pelaez
Expediente 1052/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nohemi Carmona Pelaez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
MESA III ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Otilio Bautista López, autorizado de Nohemí Carmona Pelaez; visto su contenido, al efecto se provee: Toda vez que a la fecha la autoridad responsable Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, nada ha informado acerca de las gestiones que se encuentre realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio. En tal circunstancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la referida autoridad el cumplimiento del fallo protector, y hágasele saber que, dada su resistencia a cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio, pues no obstante los diversos requerimientos que se le han formulado al respecto, mediante proveídos de ocho y veintiocho de marzo, doce de abril, diez de mayo, veintitrés de junio, siete y veintiocho de julio, dieciocho de agosto, trece de septiembre y cuatro de octubre del año en curso, respectivamente, de los cuales quedó legalmente notificado, pues así se advierte de las constancias de notificación que obran en el expediente, se le hará efectivo el apercibimiento con que se le conminó en auto de dieciocho de agosto pasado, esto es, se le impondrá una multa por la cantidad de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), que constituye la Unidad de medida referida. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga. En ese orden, antes de iniciar el procedimiento de inejecución de sentencia, procédase bajo los lineamientos, de la tesis de jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. De rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". En ese orden, dado el incumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de la citada autoridad responsable, con fundamento en el invocado precepto legal 192, párrafo tercero de la Ley de Amparo, nuevamente requiérase al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, quien según información proporcionada por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de esa Institución, y conforme a "los lineamientos para la Nueva Forma de Organización y Administración en las Representaciones Estatales", resulta ser el Encargado del Área de la que está subordinada la autoridad aquí señalada como responsable, a fin que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a su legal notificación, obligue al citado Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de dicho Instituto, para que dentro de igual término cumpla con la sentencia de mérito; asimismo, para que en el mismo plazo remita copia certificada de las determinaciones que dicten y las medidas que adopten al efecto, reiterándole que en la sentencia de amparo se concedió la protección de la Justicia Federal a la quejosa NOHEMÍ CARMONA PELAEZ, para el efecto de que la mencionada autoridad efectuara lo siguiente: "Efectos de la concesión del amparo. 1. El efecto de la concesión del amparo implica, en inaplicación de la normatividad declarada inconstitucional, que el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ordene a quien corresponda, incluso, en coordinación con otras entidades de su propia dependencia, se dejen insubsistentes los descuentos hechos a la peticionaria del amparo, de su pensión de viudez por la aplicación de los artículos 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, así como del artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. 2. De inmediato, suspenda el descuento o ajuste relativo que se esté aplicando a la pensión del quejoso con base en los normativos referidos, así como los derivados del pago indebido; y, 3. Devuelvan a NOHEMI CARMONA PELÁEZ, la peticionaria de amparo, en una sola exhibición, las cantidades que se le hubieren descontado desde la fecha en que se verificó la liquidación de pago." Se apercibe a dicha autoridad que, de no hacerlo, será requerido a su vez, por conducto de su superior jerárquico. Haciéndole de su conocimiento que, de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo, las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Así también, infórmesele que deberá utilizar todos los medios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Apoya lo anterior la tesis P. CLXXV/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor y texto siguientes: INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer". NOTIFÍQUESE.
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MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Otilio Bautista López, autorizado de Nohemí Carmona Pelaez; visto su contenido, toda vez que a la fecha la autoridad responsable Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, nada ha informado acerca de las gestiones que se encuentre realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio. En tal circunstancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la referida autoridad el cumplimiento del fallo protector, y hágasele saber que, dada su resistencia a cumplir con la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio, pues no obstante los diversos requerimientos que se le han formulado al respecto, mediante proveídos de ocho y veintiocho de marzo, doce de abril, diez de mayo, veintitrés de junio, siete y veintiocho de julio, dieciocho de agosto y trece de septiembre del año en curso, respectivamente, de los cuales quedó legalmente notificado, pues así se advierte de las constancias de notificación que obran en el expediente, se le hará efectivo el apercibimiento con que se le conminó en auto de dieciocho de agosto pasado, esto es, se le impondrá una multa por la cantidad de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), que constituye la Unidad de medida referida. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga. En ese orden, antes de iniciar el procedimiento de inejecución de sentencia, procédase bajo los lineamientos, de la tesis de jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. De rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". En ese orden, dado el incumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de la citada autoridad responsable, con fundamento en el invocado precepto legal 192, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, quien según información proporcionada por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de esa Institución, y conforme a "los lineamientos para la Nueva Forma de Organización y Administración en las Representaciones Estatales", resulta ser el Encargado del Área de la que está subordinada la autoridad aquí señalada como responsable, a fin que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a su legal notificación, obligue al citado Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de dicho Instituto, para que dentro de igual término cumpla con la sentencia de mérito; asimismo, para que en el mismo plazo remita copia certificada de las determinaciones que dicten y las medidas que adopten al efecto, haciéndole de su conocimiento que en la sentencia de amparo se concedió la protección de la Justicia Federal a la quejosa NOHEMÍ CARMONA PELAEZ, para el efecto de que la mencionada autoridad efectuara lo siguiente: "Efectos de la concesión del amparo. 1. El efecto de la concesión del amparo implica, en inaplicación de la normatividad declarada inconstitucional, que el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ordene a quien corresponda, incluso, en coordinación con otras entidades de su propia dependencia, se dejen insubsistentes los descuentos hechos a la peticionaria del amparo, de su pensión de viudez por la aplicación de los artículos 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, así como del artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. 2. De inmediato, suspenda el descuento o ajuste relativo que se esté aplicando a la pensión del quejoso con base en los normativos referidos, así como los derivados del pago indebido; y, 3. Devuelvan a NOHEMI CARMONA PELÁEZ, la peticionaria de amparo, en una sola exhibición, las cantidades que se le hubieren descontado desde la fecha en que se verificó la liquidación de pago." Se apercibe a dicha autoridad que, de no hacerlo, será requerido a su vez, por conducto de su superior jerárquico. Haciéndole de su conocimiento que, de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo, las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Así también, infórmesele que deberá utilizar todos los medios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento de la ejecutoria de mérito. ... Finalmente, atento al escrito de la parte quejosa, dígasele que deberá estarse a lo ordenado en este proveído. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, signado por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1" adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación, en suplencia por ausencia del Administrador de dicha dependencia. Atento a su contenido, se le tiene informando que la multa impuesta al C. Cristhian Velasco García en su carácter de Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, quedó registrada en el sistema institucional con que cuenta esa Unidad Recaudadora para llevar un control de los créditos fiscales que son remitidos para su cobro, bajo el número de resolución determinante 17739/2022, misma que se encuentra en proceso de cobro. De lo anterior se toma nota para los fines legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Otilio Bautista López en su carácter de autorizado legal de la quejosa NOHEMÍ CARMONA PELAEZ; sin que por el momento haya lugar a proveer de conformidad su petición, esto es, a realizar nuevo requerimiento a la autoridad responsable a fin de que cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Lo anterior, toda vez que, como consta en autos, con fecha trece de septiembre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector, por lo que una vez que quede notificada dicha autoridad del requerimiento de que se trata, y haya transcurrido el término concedido para ello, se acordará lo procedente. NOTIFÍQUESE.
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