Nohemí Carmona Peláez

Expediente 1417/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1417/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2021

Partes del expediente

  • Nohemí Carmona Peláez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de quince de diciembre de la presente anualidad, en el cual se desechó demanda de amparo, sin que se hubiese hecho valer en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido acuerdo. Devolución de documentos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena devolver los documentos que adjuntó la quejosa con el escrito de demanda, para lo cual, se le concede un plazo de noventa días hábiles, para recogerlos, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos Archivo. Por tanto, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso b), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese de forma electrónica

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Registro de demanda. Con la demanda de amparo, que se presentó en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el catorce del mes en curso y que se turnó a este órgano jurisdiccional el mismo día, que promovió *******, por propio derecho, contra actos del Director Financiero del Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1417/2021. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Desechamiento. Una vez que se analizó el escrito de demanda que promovió la parte quejosa, se tiene que reclamó del Director Financiero del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, y otras autoridades, lo siguiente: "La emisión del oficio DF/4611/2021 de 05 de noviembre de 2021 y DA/2845/2021 de 03 de diciembre de 2021, respectivamente, en la que aplican normas 20.9.10.21.1.6, 21.1.9, del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos, de la Secretaría de Educación Pública, indicándome la improcedencia de la reexpedición de cheques cancelados en los años 2015, 2016 y 2017, a mi favor como concubina del extinto ******, descritos en la certificación de cheques 0476/2018 de 10 de agosto de 2018, hecha por la Jefa de la Oficina de Cheques cancelados y Jefa del Departamento de Pago de nómina, ambas del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado." Ahora, en el capítulo de antecedentes de su escrito de demanda, manifestó que su concubino *******, en vida laboró para el Instituto de Educación Pública de Oaxaca. Asimismo, refirió que por cuestiones de salud y dificultades para el traslado, no pudo cobrar diversos cheques, descritos en la "certificación de cheques cancelados", con folio 0476/2018 de diez de agosto de dos mil dieciocho. Sin embargo, el siete de septiembre de dos mil dieciocho, las autoridades responsables adscritas al Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, devolvieron a la ahora quejosa, los cheques 29522191 y 3952245, sin que le dieran a conocer la improcedencia de su reexpedición. Por ello, el catorce de octubre de dos mil veintiuno, presentó escrito de petición al Director del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, solicitando el motivo de la cancelación de dichos documentos, solicitando además, la reexpedición a su favor, para su cobro. En contestación a lo anterior, recibió vía correo electrónico, el oficio DF/4611/2021, signado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, donde se le hizo de su conocimiento la improcedencia de la reexpedición de los aludidos cheques. De igual manera, manifestó que el ocho de diciembre de la anualidad en curso, recibió el diverso oficio DA/2845/2021, por el cual se le hizo de su conocimiento, los trámites y requisitos para la expedición de una hoja única de servicios a favor de su extinto concubino, sin hacer mención de la reexpedición de cheques solicitada. En tales condiciones, se advierte que la presente demanda de amparo indirecto, es notoriamente improcedente, al actualizarse la causal prevista por los numerales 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refieren: LEY DE AMPARO "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." CONSTITUCIÓN FEDERAL. "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: [.] I.- Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales." Hecho lo anterior, resulta conveniente indicar que las relaciones jurídicas de acuerdo a la teoría general del derecho se clasifican como de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Es importante destacar, que la nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora, para definir el concepto de autoridad responsable, es necesario analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación. Por ello, debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo de analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. Como fundamento a lo expuesto, se cita la tesis número 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." De igual manera, se tiene que los parámetros que deben satisfacerse para considerar qué actos son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, son los siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos, no se requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. e) Conforme al segundo párrafo de la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo, los particulares también serán considerados autoridades cuando dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o emita el acto que al realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas; pero que para realizar esos actos u omisiones estén determinados por una norma general. Como ilustrativa, se cita la jurisprudencia número 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En tales condiciones, se tiene que los actos reclamados al Director Financiero y Director Administrativo, ambos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, no son actos de autoridad a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo; pues la improcedencia de la reexpedición de los cheques a que hace alusión la parte quejosa, para poder efectuar su cobro, es derivado de la existencia de una relación laboral entre el extinto concubino de la quejosa y el Instituto de Educación Pública de Oaxaca. Por tanto lo reclamado, son hechos derivados de la existencia de esa relación laboral, y no de un acto de imperio, atendiendo a su naturaleza pública; es decir, no se ejercitó facultad decisoria que le está atribuida en la ley y que constituye una potestad administrativa. En consecuencia, si el reclamo de la parte quejosa, se origina de una relación laboral; es evidente que el acto reclamado, no puede considerarse como de autoridad, para los efectos del juicio de amparo; por lo que en su caso, tendrá que acudir ante los tribunales de trabajo y defender los derechos que estime convenientes. Funda lo anterior, la tesis 2a./J. 9/2013 (10a.), de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, Y NO SE APLIQUE ALGÚN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El referido Instituto, como organismo descentralizado, tiene la atribución de administrar el Fondo Nacional de la Vivienda, integrado con las aportaciones realizadas por los patrones en favor de sus trabajadores y que forman parte del patrimonio de éstos, quienes para disponer de esos recursos deben sujetarse a las modalidades establecidas en las leyes. Por ello, cuando un trabajador le solicita un crédito o la información prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica de ente administrador, en cuanto no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores, de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados. Por tanto, la circunstancia de que tal institución niegue la entrega de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda respecto de los que figura como su administrador, por considerar que aún no se cumplen los supuestos en que esté obligado a su entrega, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos, porque la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del quejoso, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos, es decir, no está de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, ya que no es quien decide con imperio sobre el destino de los recursos de vivienda, sino que ello compete a los órganos de justicia laboral, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Así, las relaciones jurídicas entre el trabajador o sus beneficiarios frente al mencionado Instituto, tratándose del derecho a disponer de los recursos de la subcuenta de vivienda acumulados, se dan bajo un plano de coordinación, a diferencia de cuando aplica el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, caso en el que actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que unilateralmente, con fundamento en el mencionado artículo transitorio, transfiere los fondos citados al Gobierno Federal, lo que presupone el ejercicio de una facultad inexcusable prevista en ley, situándolo en una relación de supra a subordinación con el particular, sin que para ello requiera acudir a los órganos jurisdiccionales." Ahora, respecto a la constitucionalidad reclamada por la parte quejosa al Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, Director General de Personal de la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Educación Pública, lo hace valer respecto a la emisión y promulgación de las normas 20.9.10, 21.1.6 y 21.1.9 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública; las cuales, fueron aplicadas como fundamento para negar la reexpedición a su favor de los cheques cancelados a que alude en su demanda de amparo. Es decir, tales actos los reclama con motivo de un acto concreto de aplicación, el cual atribuyó al Director Financiero y Director Administrativo, ambos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Por tanto, cuando se trata de un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, de ninguna manera se puede desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Es decir, resulta insuficiente que se reclame la inconstitucionalidad de algún precepto legal, para determinar la procedencia del juicio de amparo; pues debe atenderse invariablemente a la naturaleza del acto de aplicación. Sin embargo, dada la improcedencia del acto de aplicación, como se precisó con anterioridad, también resulta improcedente la inconstitucionalidad intentada contra las citadas autoridades responsables. Por lo expuesto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el 1°, fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, se desecha de plano por su notoria improcedencia, la demanda de amparo que promovió Nohemí Carmona Peláez. Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene a la quejosa señalado como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, por encontrarse registrada cédula profesional alguna en su favor, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciada en derecho; y, a los restantes únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo manifestado en forma expresa. Además, como lo solicita se autoriza al usuario "BAULOPDAG", en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet, respecto del expediente electrónico del juicio en que se actúa y se realicen las notificaciones respectivas. En consecuencia, se solicita al Oficial Judicial A, de la adscripción, realice la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE Acceso, consulta y notificación electrónica. Por otra parte, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Asimismo, con la finalidad de que este Juzgado se encuentre en condiciones de impartir una justicia pronta y expedita, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita a las partes para que proporcionen un correo electrónico o un número telefónico; lo anterior, atendiendo a la contingencia sanitaria causada por la enfermedad Covid-19 y para poder entablar comunicación, en caso de ser necesario; sin que ello, implique que las notificaciones se les realice por dicho medio. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Notificación a las partes. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.176/2012 (10a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las autoridades que tengan el carácter de responsables que en este juicio sólo le serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos y gratuidad de los servicios. Por otra parte, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas se hará previa solicitud y autorización previa solicitud y autorización por acuerdo, que se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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