Nohemi Araceli Canseco Balderas
Expediente 289/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Nohemi Araceli Canseco Balderas
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Atento a su contenido se advierte que dicho órgano jurisdiccional no insiste en declinar la competencia para conocer del juicio amparo 298/2023, de su índice, formado con motivo de la demanda presentada por Nohemí Araceli Canseco Balderas, apoderada legal de Antonio Ramos Gómez Pérez, por lo que se avocó a su conocimiento; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, toda vez que se trata de un expediente en el que no se aceptó la competencia para conocer del asunto; por lo que se establece como fecha probable el ocho de noviembre de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a través del cual remite el original del juicio de amparo ********************/2023, del índice de ese órgano de control constitucional, promovido por ********************, contra autoridades y por los actos que señala en su escrito de demanda. Ahora, de las constancias que integran el aludido juicio de amparo se advierte que en proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, la juez federal declinó la competencia para su conocimiento a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en turno, por razón de territorio, al considerar el acto reclamado es de carácter omisivo con efectos positivos, por lo que lleva aparejado un principio de ejecución. El juzgador precisó que la parte quejosa reclamó en el escrito de demanda lo siguiente: Por lo que precisó que la omisión de dar contestación a la solicitud realizada el siete de septiembre de dos mil veintidós, para la liberación de hipoteca del bien inmueble conocido como casa ******************** de la calle ********************, hoy ******************** de la avenida ******************** ******************** de la ciudad de ********************, ********************, constituye un acto omisivo con efectos positivos, puesto que mientras las autoridades responsables continúen con la abstención que se les impugna vía amparo, provocarían eventualmente una afectación a la esfera de los derechos de la parte quejosa (como lo es el acceso a la justicia) que indicó trascender a la materialidad y que conlleva un principio de ejecución. La autoridad declinante consideró que ello es así porque la quejosa señaló como autoridades responsables a la Directora Ejecutiva de la Coordinación Regional Golfo Bajío, Coordinadora Regional Golfo Bajío y Titular del Departamento de Liberación de Garantías y Entrega de Documentos Soporte adscrito a la Coordinación Regional Golfo Bajío, todos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, residentes en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, a las que le reclama la omisión de dar contestación a la solicitud referida, misma que refiere en apariencia es un acto puramente de carácter negativo, pero con efectos positivos. El homólogo federal indicó que la abstención reclamada a las autoridades responsables, sí puede producir efectos positivos, lo que se robustece desde la óptica de los efectos que produciría una eventual concesión del amparo solicitado, lo cual obligaría a que las responsables, de ser procedente, le den trámite a la liberación de la hipoteca del bien inmueble referido, lo que se traduce en un acto con efectos de ejecución material. Por lo que arribó a la conclusión de que la ejecución del acto se llevaría a cabo en esta ciudad de Boca del Río, Veracruz, por ser el lugar de residencia de las autoridades responsables, quienes darían contestación y trámite a la petición presentada por la quejosa Sin embargo, contrario a lo argumentado por la Juez declinante, el suscrito no comparte tal criterio de acuerdo con lo que a continuación se expondrá. En primer lugar, es de señalarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción efectuada se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito o empiece a ejecutarse en uno y continúe en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, y se atenderá al criterio de prevención en el conocimiento de la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. De lo anterior se obtiene que los actos reclamados que ameritan ejecución material, fija la competencia del juzgador de amparo tomando como referencia el o los lugares donde debieran o pudieran materializarse o haberse ejecutado. También es manifiesta la intención del legislador en el sentido de facilitar al quejoso el acceso al servicio de administración de justicia por permitirle que, cuando el acto pueda ejecutarse en más de un lugar, opte por presentar la demanda ante cualquiera de los jueces de Distrito que ejerzan jurisdicción sobre los mismos; y todavía con mayor amplitud, al posibilitar que la instancia de amparo se entable ante cualquier juzgador de amparo si el acto no requiere ejecución material. Esto es, el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece en su tercer párrafo que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Al respecto, es importante destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora bien, antes de determinar la naturaleza del acto reclamado en la demanda relativa, resulta esencial mencionar que el acto de autoridad es la manifestación externa y unilateral de la voluntad del Estado, ejecutada por un órgano competente, que se realiza con la intención de producir consecuencias jurídicas y suele clasificarse, según su naturaleza y efectos que produce, en positivos, negativos y omisiones. Los de carácter positivo son aquellos que se traducen en un "hacer" o en la ejecución de una determinación, en tanto que los negativos se caracterizan porque la autoridad se rehúsa a hacer o conceder al quejoso su petición, mientras que las omisiones son aquellas que se materializan en una abstención de "hacer" de la autoridad responsable. De igual forma, es pertinente señalar que la teoría general acerca de la naturaleza de los actos administrativos reconoce los actos positivos y negativos. Esta diferencia es importante para determinar si un acto tiene o no ejecución, tomando en consideración que el artículo 37 de la Ley de Amparo atiende a la naturaleza intrínseca del acto y no a su forma de expresión. En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente, pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. En ese orden de ideas, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico. Cabe decir que la clasificación anterior fue expresada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que pronunció el doce de agosto de dos mil nueve, al resolver la contradicción de tesis número 176/2009. En el caso, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de dar contestación a la solicitud realizada el siete de septiembre de dos mil veintidós, para la liberación de hipoteca del bien inmueble conocido como casa ******************** de la calle ********************, hoy ******************** de la avenida ******************** ******************** de la ciudad de ********************, ********************. Es importante destacar que la quejosa únicamente reclama la omisión aludida, como se desprende de la demanda. Como se aprecia, ese acto reclamado es de naturaleza omisiva; por tanto carece de efectos positivos y, en consecuencia, no es ejecutable, toda vez que la inactividad de las autoridades responsables no tiene algún alcance material que tenga o llegue a producir consecuencia alguna en el mundo fáctico o real, pues si bien esa solicitud, en su caso, conlleva a que las autoridades responsables den contestación a la solicitud de la quejosa; es esto precisamente lo que reclama la quejosa. Bajo ese contexto, el acto reclamado carece de ejecución material, porque se trata de una omisión por parte de las responsables, derivado del escrito que contiene la petición presentada ente ellas por la quejosa; lo que conlleva a la ausencia de ejecución pues lo que se pretende es que las autoridades dejen esa actitud omisiva y procedan a informar, notificar o dar respuesta al escrito que se presentó ante ellas. Sin que pueda tomarse en consideración el lugar donde residan las autoridades responsables, al indicarse ser el lugar en donde se daría contestación a la solicitud de la quejosa, y que es lo que básicamente persigue ésta, o como refiere la autoridad oficiante relativo a los efectos que produciría una eventual concesión del amparo, que obligaría a que las responsables, de ser procedente, le den trámite a la liberación de la hipoteca del bien inmueble referido, pues esos procederes serán, ya sea de manera voluntaria, o para cumplimentar algún mandato judicial, como pudiera ser una sentencia amparadora, si es que llegara a emitirse; por lo que no deben tomarse en cuenta para establecer la competencia de los juzgadores federales, ya que se tratan de actos futuros que, en todo caso, nacerían a la vida jurídica como consecuencia del resultado que tenga el amparo, por eso no puede tomarse en consideración el sentido del acuerdo que llegara a dictar la autoridad, pues este configura un acto completamente distinto que, por no existir, no puede ser materia de análisis y, en el particular, lo que se debe atender es lo originalmente controvertido. En tanto que lo relativo a si la propia omisión vulnera algún derecho de la peticionaria de amparo, corresponde a la materia del fondo del asunto, pero no puede constituir un elemento para la determinación de su naturaleza, en tanto que esa inacción de la autoridad no priva a la interesada, ni le impide, el ejercicio de derecho alguno. Por lo tanto, es de considerar que el presente asunto se ubica en el supuesto del tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, el cual determina que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda, cuando los actos reclamados no tengan ejecución material, como en el presente caso. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, Décima Época, registro 2006529, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". En consecuencia, atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo primigeniamente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Jugados de Distrito, con sede en Xalapa, Veracruz, y correspondiendo conocer de la misma al Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esa ciudad, la competencia para conocer de la demanda, se surte a favor de dicho Juzgado. En tal razón, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el que suscribe, no acepta la competencia planteada; en consecuencia, devuélvase el juicio de amparo, al Juzgado de Distrito declinante, para los efectos legales a que haya lugar. Es de destacarse que en este sentido fue resuelto el conflicto competencial ******************** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene por autorizado en términos amplios, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ********************, por encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho mediante el registro de su cédula en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. AUTORIZACIÓN PARA ACCESAR AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO CON USUARIO Y SE REALICEN NOTIFICCIONES ELECTRÓNICAS De igual forma, de conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se autoriza al citado profesionista el acceso, promoción, tramitación, consulta y notificación del expediente electrónico vía internet, con número de usuario "********************", por lo que se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitarlo para que pueda accesar, promover, tramitar, consultar y notificarse vía internet en el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, para que realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. CORREO ELECTRÓNICO De igual manera, se le tiene como medio de contacto el correo electrónico que proporciona, el cual se tomará en cuenta tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de ******************** de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Notifíquese vía electrónica a la promovente del amparo y por oficio al juzgado oficiante.
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