Noemin Martinez Aguilar

Expediente 329/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
329/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
15/05/2018

Partes del expediente

  • Noemin Martinez Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Razón: En quince de mayo de dos mil dieciocho el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de mayo de dos mil dieciocho Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veinticinco de abril del año que transcurre, se sobreseyó fuera de audiencia, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado y anexo de cuenta. Como lo solicita la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de la materia, ténganse como delegada de su parte a la persona que menciona. Ahora bien, del informe justificado y del anexo de mérito, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, los actos que hizo consistir en: ".IV.- ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA.. a) La abierta y notoria dilación y/o la paralización total del procedimiento laboral número 1172/2014, tendiente a la ejecución del laudo; b) La paralización total del expediente laboral 1172/2014, que se configura al inexistir resolución incidental de liquidación, no obstante haber transcurrido en exceso el término señalado por la Ley Federal del Trabajo; e) La inexistencia de progreso legal normal en el desarrollo del procedimiento 1172/2014, no obstante haber transcurrido en exceso los términos fijados en la Ley Federal del Trabajo; d) La detención de la responsable para emitir la resolución incidental de liquidación en autos del expediente 1172/2014, y notificar a las partes el mismo, no obstante haberse turnado a la emisión de la misma desde el 20 de febrero del año 2018; e) La omisión de la Junta responsable de emitir la resolución incidental de liquidación en autos del expediente 1172/2014.". Al respecto, de las constancias enviadas por el Presidente de la Junta responsable, en su informe de ley, así como del anexo que acompañó al mismo, a los que se les concede valor conforme a lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde al numeral 2° del último de los ordenamientos citados, se aprecia que el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se emitió resolución interlocutoria de liquidación dentro del juicio laboral 1172/2014, mismo que se notificó a la parte actora, aquí quejosa, el veintitrés de abril del año en curso. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que el Tribunal laboral responsable demostró haber dictado la resolución incidental de liquidación respectiva dentro de los autos del juicio laboral de origen, cuya omisión se reclama en esta instancia constitucional; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto omisivo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Noemín Martínez Aguilar, contra actos de la Junta Especial No. 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de mérito; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 329/2018-IV, y fórmese el expediente de amparo respectivo. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del ordenamiento legal en cita. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de la Materia. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64, de la Ley en cita, en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente, en términos del numeral 251, de la citada legislación. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexó a su escrito de demanda; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 5°, fracción III de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado en este juicio al Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que no se encuentra en ninguna de las hipótesis a que se refiere el citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de su demanda, y toda vez que el presente asunto es materia laboral, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Cruz Rodríguez Galván, Amalia Galarza Torres, José Omar Rodríguez Rodríguez y Jessica Celeste Govea Z, contando únicamente los dos primeros con sus cédulas profesionales números 2638090 y 4644863, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese.

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