Noemí Yerania Valdez Zuñiga

Expediente 769/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
769/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Noemí Yerania Valdez Zuñiga
  • agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que las partes están notificadas de la sentencia y del proveído en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer en su contra; en consecuencia, remítanse a la superioridad el expediente en que se actúa, escrito de agravios y fotocopia del mismo, para la sustanciación del aludido medio impugnativo; fórmese el cuadernillo correspondiente. Notifíquese.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado Carlos Israel Badilla Navarrete, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/CIBN/sob

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos fotocopia del escrito signado por la representante social de la adscripción y de la misiva de expresión de agravios, respecto a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada; por tanto, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase la misiva exhibida y previa constancia de esto último, dentro del término de tres días, contado a partir de que se integre debidamente el expediente, remítanse los autos a la superioridad para su substanciación, acompañándole el escrito original de expresión de agravios y fotocopia correspondiente. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por el juzgado auxiliar, mediante el cual remite los autos originales del presente juicio e informa que se emitió sentencia en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Noemí Yerania Valdez Zúñiga, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expresadas en el sexto considerando de esta sentencia, para los efectos ahí precisados." En consecuencia, previa su descarga del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrese el fallo correspondiente. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Notifíquese personalmente a las partes el presente acuerdo, al igual que la sentencia dictada en el cuaderno auxiliar, remitiendo copia simple de la citada resolución a la autoridad responsable. Vistos, para resolver, los autos relativos al juicio de amparo 769/2023, promovido por Noemí Yerania Valdez Zúñiga, por conducto de su defensora pública federal, en contra de los actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Noemí Yerania Valdez Zúñiga, por conducto de su defensora pública federal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto reclamado que a continuación se transcriben: "III- Autoridades responsables. a) C. Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California. En calidad de autoridad responsable ordenadora. IV.-Acto reclamado. LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA IMPUESTA EN PERJUICIO DE NOEMÍ YERANIA VALDEZ ZÚÑIGA EN AUDIENCIA DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2023 EN LA CAUSA PENAL 639/2023, TRASGREDIÉNDOSE EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL DE LA QUEJOSA PORQUE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECLARÓ INCONVENCIONAL LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA" SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés,1 registró la demanda bajo el expediente 769/2023, de su índice; la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención conducente a la Agente del Ministerio Público de la Federación -quien formuló el alegato ministerial 114/2013-; y, señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintisiete de julio del año en curso.2 TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio SECNO/STCCNO/877/2023, de treinta de agosto de dos mil veintitrés, el Secretario Técnico de Ponencia, actuando en suplencia por ausencia del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la referida Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyara en el dictado de sentencias al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. CUARTO. Envío de expediente. El Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, en cumplimiento a dicha comunicación remitió los autos originales del juicio de amparo 769/2023, de su estadística. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, se avocó al conocimiento del 1 Fojas 11 a 13 del juicio de amparo. 2 Foja 31 ídem.. aludido juicio de amparo y lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el asunto 466/2023, con fundamento en el citado oficio SECNO/STCCNO/877/2023. Establecido lo anterior, se procede a dictar la sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio SECNO/STCCNO/877/2023, de treinta de agosto de dos mil veintitrés, el Secretario Técnico de Ponencia, actuando en suplencia por ausencia del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la referida Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyara en el dictado de sentencias al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama un acto de una autoridad ubicada en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción el Juzgado Federal auxiliado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda constitucional, en relación con el informe justificado, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se concluye que el acto impugnado es el siguiente: Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana: ? La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la quejosa en audiencia de trece de junio de dos mil veintitrés, en la causa penal 639/2023. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado3 . Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que la citada autoridad allegó al juicio constitucional, consistentes en el registro de audio y video de la resolución impugnada, contenidas en un disco versátil digital, el cual se tiene a la vista para resolver; documental que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de 3 Foja 16. Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. Cobra aplicación la jurisprudencia 2264 , que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 43/20135 , de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios 4 Emitida por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182. 5 Sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a foja 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materias Común y Penal, Décima Época, Registro 2004362. digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. En razón de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 22/91, cuyos rubro y texto dicen6 : 6 Emitida por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1991, Materia Común, Octava Época, Registro 205800. "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Justificación para no transcribir conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 2a./J. 58/20107 , que reza: ''CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la 7 Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, Registro 164618. demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de fondo. En su único motivo de disenso, la parte quejosa argumenta que la determinación de que subsiste la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra es inconvencional, según lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Tzompaxtle Tecpile y otros vs México". Al respecto, indica que la citada Corte Interamericana estableció que el ordinal 19 constitucional, en lo referente a la prisión preventiva oficiosa, es inconvencional porque en el mismo no se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver; tampoco se propone ponderar a través de un análisis la necesidad de la medida frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación de la libertad personal, sino que se limita a establecer preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleve a cabo un estudio de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Por ello se ordenó al Estado Mexicano adecuar su ordenamiento jurídico respecto de dicho tópico. Por lo tanto, argumenta que la autoridad responsable estaba obligada a sujetar sus actos a los principios de legalidad, pro persona y seguridad jurídica al momento de emitir tal determinación, por lo que al haber inobservado el criterio de dicho Tribunal, el cual resultaba de aplicación obligatoria para los Juzgadores de este país, vulneró sus derechos fundamentales. Los reseñados argumentos son esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Es menester destacar que de la constancia de audio y video en análisis, se advierte que en audiencia de trece de junio de dos mil veintitrés, el Juez de control responsable vinculó a proceso a Noemí Yerania Valdez Zúñiga por el hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado por el ordinal 83, fracción II, en relación con los diversos 11, inciso b), y 8, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos8 , y en consecuencia, a petición de la fiscalía, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al estimar que del propio contenido del artículo 19 de la Ley Fundamental9 , en 8 Artículo 8.- No se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la Ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta Ley. Artículo 11.- Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: (.) b).- Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38" Super y Comando, y las de calibres superiores. Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: (.) II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley". 9 Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un relación con los numerales 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales10 y 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos11 se apreciaba que en el ilícito materia de la vinculación resultaba procedente en los términos impuestos.12 Sin embargo, se considera que dicha determinación, en los términos impuestos, es incorrecta por las razones que a continuación se exponen. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.)13 estableció auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. 10 Artículo 167. Causas de procedencia (.) El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. 11 Artículo 92.- Los delitos previstos en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III; 83 Quat, fracción II; 84, y 85 Bis, fracción III de esta Ley, tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa. 12 Minuto 14:08:42. 13 Registro digital: 2006225. Décima Época. Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 204. "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. Indicó que la fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona y, en cumplimiento de ese mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y, (iii) De ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. Al respecto, destaca que el siete de noviembre de dos cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos". mil veintidós, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso "Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México", donde condenó al estado Mexicano por la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Determinó, sustancialmente, que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) Esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional; y, c) La decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Indicó que esas consideraciones, en torno a los elementos que deben tomar en cuenta las autoridades a la hora de restringir la libertad personal de una persona investigada por un delito, deben estar contempladas en los ordenamientos jurídicos de los Estados, y deben también ser aplicadas de manera efectiva y de buena fe por parte de los operadores de la justicia. En cuanto al primer elemento enunciado, señaló que para que se cumplan los requisitos para restringir el derecho a la libertad personal a través de una medida cautelar como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese ilícito. Respecto del segundo punto, -sostuvo- la Corte ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de libertad; que la prisión preventiva como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, debe aplicarse excepcionalmente al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, quien goza del derecho a la presunción de inocencia; y que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena. En consecuencia, -dijo- la propia Corte ha subrayado que la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. Por ello, refirió, corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: a) La finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) Que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) Que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) Que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. En ese tenor, estimó que la medida sólo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ello, pues las medidas privativas de la libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales, siempre que tengan un propósito cautelar, es decir, que sean un medio para la neutralización de riesgos procesales, en particular, la norma se refiere a la finalidad relacionada con la comparecencia al proceso. También, sostuvo, que la gravedad del delito que se le imputa no es, por sí misma, justificación suficiente de la prisión preventiva; que la propia Corte ha resuelto en otros casos la exigencia de acreditar los elementos que son constitutivos de las finalidades legítimas, pues el peligro de fuga no puede medirse únicamente sobre la base de la gravedad de la posible pena a imponer, sino que debe evaluarse con referencia a una serie de otros factores relevantes susceptibles de confirmar la existencia de un peligro de fuga, como por ejemplo aquellos relacionados con el hogar, ocupación, bienes, lazos familiares y todo tipo de vínculos con el país en el que está siendo procesado. Que el peligro de que el acusado obstaculice la conducción adecuada de los procedimientos no se puede inferir in abstracto, sino que tiene que estar respaldado por evidencia objetiva, por ejemplo, el riesgo de presión sobre testigos o la pertenencia a una organización criminal o una pandilla. En relación con la exigencia, la propia Corte encuentra que, al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal. Por lo que toca al tercer punto, -adujo- la Corte ha considerado que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente (artículo 8.1) que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violatoria del artículo 7.3 de la Convención. Asimismo, indicó, para que se respete la presunción de inocencia (artículo 8.2) al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención, pues proceder de otro modo equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del derecho, ampliamente reconocidos, entre ellos, el derecho a la presunción de inocencia. También refirió que esa prisión debe estar sometida a revisión periódica, en el entendido de que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón; que en cualquier momento en que parezca que la prisión preventiva no satisface esas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe. Puntualizó que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento, por lo que al realizar esa tarea, deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Añadió que ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar (artículo 8.1), aunque sea en forma mínima, las razones por las cuales considera que la prisión preventiva debe mantenerse. No obstante, lo anterior, aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el período de la privación a la libertad no debe exceder el límite de lo razonable conforme el artículo 7.5 de la Convención. En ese contexto, concluyó, que la norma legal analizada y el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la prisión preventiva oficiosa, resultan inconvencionales, porque no se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, sino únicamente a la concurrencia de los presupuestos materiales; es decir, al hecho punible y a la participación del imputado; tampoco atiende a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Razón por la que, como se encuentra concebida, la prisión preventiva no tiene finalidad cautelar alguna y se transforma en una pena anticipada. Por todo lo antes destacado es que se estima que no es acertada la decisión del Juez de control responsable, en torno a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en términos del segundo párrafo del artículo 19, pues debió atender al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes reseñado. Es decir, la aplicación de la medida de prisión preventiva por el único hecho de que en el artículo 19 de la Constitución Política, así como en los preceptos 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales se contemple, al ser éstos adversos a la Convención Americana de Derechos Humanos, debe atenderse a lo ya establecido por la Corte Interamericana, cuyo criterio es vinculante para este órgano de control constitucional, en el sentido de que esa medida sólo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia, siendo que la gravedad del delito que se le imputa no es, por sí misma, justificación suficiente de la prisión preventiva Ello, se insiste, en atención a que los criterios de dicha Corte son de observancia obligatoria en el País, según lo ha destacado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado al hecho de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la obligación que tienen todas las personas juzgadoras (aun cuando no sean Jueces de control de constitucionalidad y no haya una petición expresa para realizar este tipo de control) de realizar control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio de las normas que deben aplicar, en términos del artículo 1o. de la Constitución Federal, a fin de garantizar los derechos humanos de las personas.14 Por ello, la autoridad responsable, ejerciendo un control de convencionalidad conforme al artículo 1 Constitucional, debió -en el estudio de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar-, ajustarse a los parámetros indicados en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -y más reciente- en el caso "Tzompaxtle Tecpile y otros vs México". En consecuencia, con fundamento en el numeral 77, fracción I, de la ley de la materia, lo procedente es conceder a Noemí Yerania Valdez Zúñiga el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que: ? El juez de control responsable celebre una audiencia en la que, con citación de las partes, deje intocado lo determinado en cuanto a la legalidad de la detención y el auto de vinculación a proceso, que no fueron materia 14 Registro digital: 2024830. Undécima Época. Materias(s): Común. Tesis: 1a./J. 84/2022 (11a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4076. "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. METODOLOGÍA PARA REALIZARLO". de reclamo en este juicio de amparo. ? Subsecuentemente, deberá declarar el cese de la prisión preventiva oficiosa decretada en la audiencia de trece de junio de dos mil veintitrés en la causa penal 639/2023, del índice del Juzgado Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana y, en su lugar, deberá otorgar el uso de la voz a la fiscalía, para que con base en elementos objetivos que contenga su investigación, exponga si existe necesidad cautelar o algún riesgo procesal que se actualice específicamente y que esté justificado respecto de la imputada que amerite la imposición de esa medida cautelar o una distinta. ? Hecho lo cual, resuelva lo que en derecho estime conducente. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Noemí Yerania Valdez Zúñiga, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expresadas en el sexto considerando de esta sentencia, para los efectos ahí precisados. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR 6/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el entonces Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; devuélvase los autos respectivos al lugar de procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de esta resolución en el expediente electrónico auxiliar 466/2023 del índice de este Juzgado de Distrito auxiliar, relativo al juicio de amparo 769/2023 de la estadística del Juzgado de Distrito auxiliado. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Aguilar Rodríguez, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, asistido de Silvana María D'Amico Toscano, Secretaria del órgano jurisdiccional que autoriza hoy dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, por así permitirlo las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el informe con justificación rendido por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días, legalmente computado, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, remite un disco versátil digital (DVD), relativos al procedimiento de origen; con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecido, admitido y desahogado, quedando bajo resguardo de la secretaría de este juzgado, en el entendido de que podrá ser consultado, al formar parte de las constancias justificativas allegadas por la responsable. Téngasele informando que está disponible y se autoriza para su consulta el expediente electrónico de la causa penal 639/2023; por ende, se instruye a la oficial judicial "A" encargada de la actualización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que relacione el citado expediente con este asunto. Por otro lado, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, la responsable informa y hace constar que Gloria Georgina Contreras Flores, es la encargada de la defensa jurídica de la quejosa en el procedimiento penal de origen, lo que se tomará en consideración para la tramitación de este juicio. Notifíquese.Así, lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Alma Rosa Flores Castañón, secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, encargada del despacho por ministerio de ley, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme al oficio CCJ/ST/3253/2023 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, virtud que el titular se encuentra gozando de su periodo vacacional, asistida del licenciado Gilberto Javier Camacho Muñoz, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. ARFC/GJCM/sob

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,757 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano