Noemi Viviana Cruz Pelcastre
Expediente 849/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 23/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Noemi Viviana Cruz Pelcastre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el uno de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 233 a 251), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el uno de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 233 a 251), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 849/2016-I, promovido por Noemí Viviana Cruz Pelcastre, por su propio derecho, contra las autoridades y respecto de los actos que más adelante se precisan, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y recibido en este juzgado el mismo día, Noemí Viviana Cruz Pelcastre, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y respecto del acto siguiente: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: .- AUTORIDADES ORDENADORAS: I. Al C. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. II. Al C. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. III. Al C. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. IV. Al C. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. V. Al C. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. VI. Al C. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. B).- AUTORIDADES EJECUTORAS: I. A la C. Procuradora General de Justicia en el Estado de Tlaxcala. ll. Al C. Subprocurador de Operaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. III. Inspector General encargado del Departamento de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala. IV. Inspector Jefe en turno de lo Guardia Uno de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala. V. Inspector Jefe en turno de la Guardia Dos de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala. VI. Inspector General del Departamento de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, región sur con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. VIII. Inspector Jefe del Primer Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, región sur con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. VIII. Inspector Jefe del Segundo Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, región sur con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. IX. Inspector Jefe del Grupo de lo Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, región sur con sede en San Pablo del Monte, Tlaxcala. X. Inspector Jefe del Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, región sur con sede en Zacatelco, Tlaxcala. XI. Inspector Jefe del Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, región sur con sede en Chiautempan, Tlaxcala. XII. Inspector General del Departamento de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, especializado en lo Investigación del Combate del delito de Secuestro con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. XII. Inspector Jefe de lo Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, especializado en la Investigación del Combate del Delito de Secuestro con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. XIV. Inspector Jefe de lo Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, especializado para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. XV. Inspector Jefe de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, especializado en la Investigación de los delitos de Trata de Personas, de Genero y Violencia Intrafamiliar con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. XVI. Inspector Jefe del Primer Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, especializado en la Investigación de Homicidios Dolosos con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. XVII. Inspector Jefe del Segundo Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, especializado en lo Investigación de Homicidios Dolosos con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. XVIII. Inspector Jefe del Primer Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, especializado en la Procuración de Justicia para Adolecentes con sede en Tlaxcala, Tlaxcala. XIX. Inspector General del Departamento de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, región norte con sede en Apizaco, Tlaxcala. XX. Inspector Jefe del Primer Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, región norte con sede en Apizaco, Tlaxcala. XXl. Inspector Jefe del Segundo Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, región norte con sede en Apizaco, Tlaxcala. XII. Inspector Jefe del Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, región norte con sede en Huamantla, Tlaxcala. XXIII. Inspector Jefe del Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, región norte con sede en Tlaxco, Tlaxcala. XXIV. Inspector Jefe del Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, región norte con sede en Calpulalpan, Tlaxcala. XXV. Inspector Jefe del Primer Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, adscrito a la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. XXV. Inspector Jefe del Segundo Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, adscrito o lo Caso de Justicia del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. XXVII. Inspector Jefe del Primer Grupo de la Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, adscrito a la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. XXVIII. Inspector Jefe del Segundo Grupo de lo Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, adscrito a la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. 4. ACTO RECLAMADO. De todas y cada una de las autoridades señaladas con anterioridad en el cuerpo de la presente demanda las señaladas del inciso I al VI, del apartado de las autoridades ordenadoras, le reclamo la infundada e improcedente y sobre toda violatoria de garantías la ORDEN DE BÚSQUEDA, APRENSIÓN, (sic) DETENCIÓN Y/O PRESENTACIÓN, decretada al parecer en mi contra, y por las autoridades señaladas en los incisos I al XXVIII del apartado de autoridades ejecutoras reclamo a la vez a todas las autoridades la consecuencia de tales actos, como es la detención y privación de mi libertad personal de cual actualmente gozo, atentando en violarme las garantías constitucionales que otorga a favor del quejoso la Constitución Policía de los Estados unidos Mexicanos" El veintidós de julio de dos mil dieciséis (fojas 9 a 13), se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar al agente del Ministerio Público adscrito la intervención legal que le corresponde y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede. COMPETENCIA El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte reclamado el siguiente acto: La orden de búsqueda, aprehensión detención y/o presentación, dictada en contra del quejoso. Su ejecución. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ante todo, resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de amparo es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto, tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." Precisado lo anterior, debe tenerse por inexistente la orden de búsqueda, aprehensión detención y/o presentación, dictada en contra del quejoso; y su ejecución; que se atribuye a la autoridad responsable (ver tabla); dado que así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado, sin que la parte quejosa hubiera aportado medios de convicción -testimonios o escritos- tendentes a desvirtuar la negativa de la referida autoridad. AUTORIDAD RESPONSABLE EXISTENCIA FOJA Juez Segundo Penal del Distrito Guridi y Alcocer, Tlaxcala, en auxilio de las labores del Juzgado Primero del mismo Distrito Judicial, por encontraste en guardia por periodo vacacional. Negó 78 Juez Segundo Penal del Distrito Guridi y Alcocer, Tlaxcala. Negó 79 Juez Segundo Penal del Distrito Sánchez Piedras, Tlaxcala, en auxilio de las labores del Juzgado Primero del mismo Distrito Judicial, por encontrarse de guardia por periodo vacacional. Negó 90 En efecto, la parte quejosa omitió aportar pruebas tendentes a desvirtuar dicha negativa, donde constara fehacientemente que se hubiere librado alguna orden de búsqueda, aprehensión, detención y/o presentación, dictada en su contra; de ahí que no es posible tener por ciertos los actos reclamados ante su omisión de aportar pruebas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sustentar tal afirmación, toda vez que, la carga de la prueba ante la negativa del acto reclamado corresponde a la parte quejosa. Sustentan lo anterior, por identidad de razón jurídica, los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." (Quinta Época, Registro: 324127, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXIX, Materia(s): Común, Página: 6673.) "AMPARO IMPROCEDENTE. Si la autoridad responsable, en su informe con justificación, niega el acto reclamado, que se hace consistir en que la misma trata de privar de su libertad al ocurrente, tal acto debe estimarse inexistente, si no aparece que el mismo se hubiera realizado y si el quejoso no aporta prueba alguna conducente a dejarlo establecido; operándose, en consecuencia, la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Quinta Época, Registro: 308576, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXII, Materia(s): Común, Página: 2070.) Asimismo, es relevante, en lo conducente, la tesis que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquéllas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De igual forma, cobran relevancia, las jurisprudencias emitidas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Son ciertos los actos reclamados a las diversas autoridades responsables Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez, Piedras, Procuradora General de Justicia del Estado, Inspector Jefe Encargado del Departamento de Policía de Investigación, en el Estado de Tlaxcala, Oficial Encargado del Noveno Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Apizaco e Inspector General Región Norte del Departamento de Policía de Investigación con sede en Apizaco, todos del Estado de Tlaxcala (fojas 91, 82, 52, 67, 68 y 69), en virtud de que al rendir su respectivo informe justificado aceptaron los actos que se les atribuyen; por tanto, se tiene plenamente probada su existencia. Lo anterior se corrobora con las documentales remitidas por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala consistente en el duplicado de la causa penal 138/2016 de su índice (fojas 92 a 173); asimismo con la copia certificada de la orden de búsqueda, aprehensión y detención librada el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en el proceso penal 138/2016 de su índice, en contra de la quejosa Noemí Viviana Cruz Pelcastre y/o Nohemí Viviana Cruz Pelcastre y otra, como probables responsable del delito de fraude y robo calificado, ilícito previsto y sancionado por los artículos 321 fracción II, 328 fracción II y 338 fracción IV, del Código Penal vigente en el Estado anterior a la última reforma, cometido en agravio de Fernando Sánchez Cervantes, la cual fue remitida por la Procuradora General de Justicia del Estado, en apoyo a su informe justificado (fojas 83 a 89). Por otro lado, las siguientes autoridades responsables al momento de rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado (ver tabla): AUTORIDAD RESPONSABLE EXISTENCIA FOJA Subprocurador de Operaciones en el Estado NEGÓ 51 Inspector Jefe del Veintiunavo Grupo de Guardia de Oficiales del Departamento de Policía de Investigación NEGÓ 53 Inspector Jefe del Veintidosavo Grupo de Guardia de Oficiales del Departamento de Policía de Investigación NEGÓ 54 Inspector General de la Primera Región del Departamento de Policía de Investigación NEGÓ 55 Oficial Encargado del Primero Grupo del Departamento de Policía de Investigación; Oficial Encargado del Segundo Grupo del Departamento de Policía de Investigación NEGÓ 56 Oficial Encargado del Segundo Grupo del Departamento de Policía de Investigación NEGÓ 57 Oficial Encargado del Sexto Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en San Pablo del Monte NEGÓ 58 Inspector Jefe del Quinto Grupo del Departamento de Policía e Investigación con sede en Zacatelco NEGÓ 59 Oficial encargado del Cuarto Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en San Ana Chiautempan. NEGÓ 60 Inspector General del Departamento de Policía de Investigación Especializado en la Investigación del Combate del Delito del Secuestro. NEGÓ 61 Inspector Jefe del Departamento de Policía de Investigación Especializado en la Investigación del Combate del Delito del Secuestro NEGÓ 62 Oficial Encargado del Diecisieteavo Grupo de Vehículos Robados y Recuperados del Departamento de Policía de Investigación NEGÓ 63 Oficial Encargado del Dieciochavo Grupo de Violaciones y Trata de Personas del Departamento de Policía de Investigación. NEGÓ 64 Oficial encargado del Quinceavo Grupo de Homicidios del Departamento de Policía de Investigación NEGÓ 65 Oficial encargado del Dieciseisavo Grupo de Homicidios del Departamento de Policía de Investigación NEGÓ 66 Oficial encargado del Catorceavo Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Apizaco NEGÓ 70 Oficial encargado del Onceavo Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Huamantla NEGÓ 71 Oficial encargado del Doceavo Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Calpulalpan. NEGÓ 72 Oficial encargado del Decimo Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Tlaxco NEGÓ 73 Oficial Encargado del Séptimo Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Apizaco NEGÓ 74 Inspector Jefe del Octavo Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Apizaco NEGÓ 75 Oficial encargado del Primer Grupo del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala NEGÓ 76 Oficial encargado del Segundo Grupo del Departamento de Policía de Investigación NEGÓ 77 Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada en atención a la aceptación hecha por la autoridad ordenadora Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala; por lo que resulta inminente la ejecución de la orden de captura reclamada ESTUDIO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA -FUNDADA- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse de manera preferente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. En el caso, se advierte de oficio, que respecto de la orden de búsqueda, aprehensión y detención librada veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en contra de la quejosa Noemí Viviana Cruz Pelcastre y/o Noemí Viviana Cruz Pelcastre y otra, en la causa penal 138/2016 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)." De acuerdo con la interpretación que al respecto ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal causa de improcedencia se actualiza cuando concurren cuatro circunstancias, a saber: 1) que el acto emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, 2) que posteriormente a la presentación de la demanda se dicte una resolución que modifique la situación en la que se encontraba el inculpado, 3) que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto sin afectar la nueva situación y, 4) que exista independencia jurídica y procesal entre la resolución reclamada y la que la sustituyó, de modo que la última pueda subsistir con independencia de la constitucionalidad o no del acto reclamado. Por ende, si el acto cuya constitucionalidad se cuestiona se modifica por virtud de un nuevo acto que, además, es autónomo del anterior, entonces el juicio de amparo resultará improcedente, en tanto las violaciones que se hubieren cometido en el acto reclamado ya no podrían ser reparadas sin afectar la nueva situación jurídica que se encuentra definida por un acto procesal que sustituyó al anterior; esto es, se tratará de violaciones que, dado el cambio de situación jurídica, estarán consumadas de manera irreparable. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si se reclama en amparo una orden de aprehensión y durante la secuela del juicio se advierte que ésta se sustituyó procesalmente por un auto de libertad por falta de elementos para procesar, no podrá decidirse sobre la constitucionalidad de aquella sin afectar la nueva situación jurídica, como se corrobora con las consideraciones vertidas al fallar, en sesión del nueve de mayo de dos mil siete, la contradicción de tesis 143/2006-PS, donde sostuvo: "(.) Como quedó expuesto en el considerando que antecede, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a determinar si cuando en el juicio de amparo se reclama la orden de aprehensión y con posterioridad se dicta auto de libertad por falta de elementos o de méritos para procesar, qué causa de improcedencia de las previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo se actualiza, la contenida en la fracción X (cambio de situación jurídica), o bien, la establecida en la fracción XVI (cesación de los efectos del acto reclamado). Los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: (Se transcriben). De conformidad con dichos preceptos, una vez que el Agente del Ministerio Público tiene conocimiento de la comisión de un delito, a través de la denuncia o querella, inicia la averiguación previa, en donde lleva a cabo diligencias con la finalidad de acreditar el cuerpo del delito del ilícito o ilícitos respectivos y la probable responsabilidad del sujeto o sujetos activos. La averiguación previa, puede culminar, entre otras, con la determinación de ejercicio de la acción penal, que puede ser con detenido, o bien, sin detenido. Cuando el ejercicio de la acción penal es sin detenido, el Agente del Ministerio Público solicita al órgano jurisdiccional correspondiente, de ser el caso, el libramiento de la orden de aprehensión con fundamento en el artículo 16 de la Constitución General de la República, el cual, en la parte que interesa, dice lo siguiente: (lo transcribe). Cumplidos los requisitos previstos en el dispositivo reproducido y los que establecen los ordenamientos legales correspondientes, el órgano jurisdiccional está en condiciones de librar la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público, en contra de la cual el inculpado puede promover el juicio de amparo indirecto, reclamando, precisamente, el libramiento de la orden de aprehensión de mérito. Ahora bien, durante la tramitación del juicio de amparo, puede suceder, como aconteció en los asuntos que fueron sometidos a consideración de los Tribunales Colegiados, que el órgano jurisdiccional emita auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar. En relación al auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, por ejemplo, el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece: (Lo transcribe). De esta manera, puede establecerse que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, no pone fin al proceso penal, en virtud de que el Ministerio Público puede allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado, reanudándose así, el proceso penal. La consideración anterior, se encuentra plasmada en la jurisprudencia emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice lo siguiente: "AUTO DE LIBERTAD BAJO RESERVA DE LEY POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. NO ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL, POR LO QUE NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA." (Lo transcribe). Ante este panorama, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo lo constituye la orden de aprehensión y, posteriormente, se dicta auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de situación jurídica. Así es, el texto de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, disponía: (Lo transcribe). La fracción de mérito, fue modificada mediante Decreto de veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro y que entró en vigor a partir del dieciocho de marzo del mismo año, para quedar como sigue: (Lo transcribe). Asimismo, se adicionó un segundo párrafo a esa fracción, a través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor el primero de febrero siguiente. El párrafo aludido, dice lo siguiente: (Lo transcribe). La diferencia entre las dos primeras redacciones, según se advierte, radica en que originalmente se aludía a actos emanados de un procedimiento judicial y, posteriormente, se hizo extensiva tal hipótesis a procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. En el segundo párrafo que fue adicionado, se establecieron excepciones para la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, siendo los casos cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16, 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, limitándose la aplicación de la causa de improcedencia, al dictado de la sentencia de primera instancia, única hipótesis en la que se consideran irreparablemente consumadas las violaciones planteadas. Los cambios que experimentó la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, permitieron distinguir entre una regla general y una excepción, para efectos de la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. De esta manera, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los requisitos a que alude la tesis que es del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." (Lo transcribe). En cuanto a la excepción a la causa de improcedencia de que se trata, como quedó expuesto anteriormente, se circunscribió a los casos en que por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16, 19 ó 20 constitucionales, limitándose la aplicación de la causa de improcedencia, al dictado de la sentencia de primera instancia, única hipótesis en la que se consideran irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas. Por otra parte, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, se reformó el segundo párrafo de referencia, reforma que entró en vigor el día siguiente de su publicación, para quedar como sigue: (Lo transcribe). Como puede advertirse, en este segundo párrafo se eliminó lo relativo a cuando en vía de amparo indirecto se reclamen violaciones al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como caso de excepción, para la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se establecía en la redacción anterior. En la exposición de motivos que dio origen a la reforma en comento, se dijo lo siguiente: (Lo transcribe). No obstante que en la exposición de motivos anterior, se proponía derogar el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, como quedó apuntado con antelación, ello no sucedió así, entre otras cosas, porque las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Primera Sección, de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, emitió el dictamen correspondiente, en el que propuso modificaciones y adecuaciones, que en el caso específico, son las siguientes: (Lo transcribe). Así las cosas, debe destacarse que si bien la finalidad de la reforma de mérito era de que en el juicio de amparo, en el que se señalaba como acto reclamado la orden de aprehensión y con posterioridad se dictaba el auto de formal prisión, no rigiera la excepción a la regla consistente en la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, lo cierto es que todas las violaciones al artículo 16 constitucional, que se alegaran en el juicio de garantías, quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que dicho dispositivo fue suprimido. De acuerdo a lo relatado, el cambio de situación jurídica puede verificarse en procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio (regla general), con las salvedades establecidas en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, esto es, únicamente cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Federal (excepción). Lo anterior, motivó que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. En el caso concreto, tomando en cuenta la última reforma mencionada, es de considerarse que cuando en un juicio de amparo se señala como acto reclamado la orden de aprehensión librada por el Juez de la causa y, con posterioridad, se dicta auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualizará la causa de improcedencia del juicio por cambio de situación jurídica, de conformidad con la regla general que establece la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. La orden de aprehensión, tiene por objeto privar de la libertad, preventivamente, al inculpado, para el efecto de someterlo a la jurisdicción del Juez y para que no evada la acción de la justicia, por lo que en el supuesto de que el órgano jurisdiccional dicte auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se produce un cambio de situación jurídica, en razón de que la detención del inculpado motivada por dicha orden, fue substituida por el auto de referencia, quedando el inculpado en su nueva situación jurídica así como el asunto, supeditados a las facultades que constitucionalmente le han sido conferidas al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa y no a las facultades que le corresponden al órgano jurisdiccional. El cambio de situación jurídica aludida, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la orden de aprehensión, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el dictado del auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar. En estas condiciones, si en el juicio de amparo en que se impugna la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, esto hace que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, en virtud de que su detención motivada por dicha orden, fue sustituida jurídica y procesalmente por el auto de mérito, quedando su nueva situación jurídica así como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa y no a las facultades que le corresponden al órgano jurisdiccional. Es por lo anterior, que no puede analizarse la constitucionalidad de la orden de aprehensión, sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, en razón de que en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de la primera, afectaría al referido auto, atendiendo a la circunstancia de que la concesión del amparo sería para dejar sin efectos la orden de aprehensión de referencia, soslayando que la situación jurídica del quejoso ya no obedece a ello, sino al auto de libertad que deja expeditas las facultades del Agente del Ministerio Público para poder allegarse nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado, reanudándose así, el proceso penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que es del tenor siguiente: "LIBERTAD POR FALTA DE MÉRITOS, EFECTOS DE LA." (La transcribe). Recapitulando, cuando en el juicio de amparo se impugna la orden de aprehensión y con posterioridad a su promoción se dicta auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por haberse presentado un cambio de situación jurídica. No debe soslayarse, que en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, ya que como quedó precisado en su oportunidad, el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, no pone fin al proceso penal, puesto que el Ministerio Público puede allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado, reanudándose así, el proceso penal, siendo de esta manera que los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, requisito necesario para que pueda operar la causa de improcedencia de mérito por cesación de efectos; aspecto que corrobora que en el caso se presenta un cambio de situación jurídica." De la ejecutoria de mérito, emanó la jurisprudencia 95/2007, visible en la página 50 del tomo XXVI, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de 2007, que a letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Cabe destacar además que las premisas argumentativas que derivan de la ejecutoria de mérito, son aplicables por identidad de razones al caso -pues en la causa penal de origen se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de la quejosa- en que en un procedimiento penal se libra una orden de aprehensión y después de impugnarse a través del amparo indirecto que aún se encuentra en trámite, se decreta auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del inculpado, pues se trata del auto dictado en el término constitucional. Precisado lo anterior, conviene reiterar que la quejosa Noemí Viviana Cruz Pelcastre, reclama la orden de búsqueda, aprehensión y detención que se libró el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en la causa penal 138/2016 de su índice como probable responsable del delito de fraude y robo calificado, ilícito previsto y sancionado por los artículos 321 fracción II, 328 fracción II y 338 fracción IV, del Código Penal vigente en el Estado anterior a la última reforma, cometido en agravio de Fernando Sánchez Cervantes. No obstante, del estudio de las constancias remitidas por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, se advierte que el cinco de agosto de dos mil dieciséis, dictó auto de libertad por falta de elementos en favor de la quejosa, al tenor de los puntos resolutivos siguientes: ". RESUELVE: PRIMERO. (.) SEGUNDO. Con esta fecha SE DECRETA AUTO DE LIBERTAD por falta de elementos para procesar, resolución que se dicta a favor de NATALIA PELCASTRE ESPEJEL y NOEMÍ VIVIANA CRUZ PELCASTRE o NOHEMÍ VIVIANA CRUZ PELCASTRE, en la supuesta comisión de los delitos de FRAUDE y ROBO AGRAVADO, que se dijo cometidos en agravio de FERNANDO SÁNCHEZ CERVANTES, ilícito previsto y sancionado con pena privativa de libertad, en los artículos 14, 16, 21, 321 fracción II, 328 fracción II y 338 fracción IV, del Código Penal vigente en el Estado. (.)" En esta tesitura, es claro que se cumplen los requisitos para considerar actualizada la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de Amparo, dado que: El acto reclamado emana de un procedimiento judicial; Con posterioridad a la presentación de la demanda se emitió un acuerdo que cambió la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto reclamado; En consecuencia, no puede decidirse sobre la constitucionalidad de un nuevo acto que, además, es autónomo del anterior, sin afectar la nueva situación jurídica y, por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio constitucional; Finalmente, el nuevo acto es autónomo del que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo subsiste con independencia de que el acto material del amparo resultare o no inconstitucional; de ahí que se considere que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo por cambio de situación jurídica contenida en el citado precepto legal. Pues con lo anterior se pone de manifiesto que la situación jurídica de la quejosa ha variado, ya que la orden de búsqueda, aprehensión y detención girada en su contra fue sustituida por el auto de término señalado; por ende, como quedó señalado, las violaciones que hubieren sido cometidas en la citada orden -si es que las hubo-, se han consumado de modo irreparable, pues su situación jurídica ya no se rige por esa actuación, sino por el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley dictado con posterioridad, ya que se trata de un acto jurídico procesalmente autónomo. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270 del tomo XXVII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 2008, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Con base en las premisas expuestas, resulta indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo respecto de la orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada en la causa penal 138/2016 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, contra Noemí Viviana Cruz Pelcastre y/o Nohemí Viviana Cruz Pelcastre, pues se insiste, la situación jurídica de la referida quejosa ha sido modificada. DECISIÓN En tal virtud, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el punto IV, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de dichos actos, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Asimismo, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto de la orden de aprehensión reclamada al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, por Noemí Viviana Cruz Pelcastre y/o Nohemí Viviana Cruz Pelcastre, se impone sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado en el presente juicio de amparo se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las diversas autoridades Subprocurador de Operaciones en el Estado; Inspector Jefe encargado del Departamento de Policía de Investigación; Inspector Jefe del Veintiunavo Grupo de Guardia de Oficiales del Departamento de Policía de Investigación; Inspector Jefe del Veintidosavo Grupo de Guardia de Oficiales del Departamento de Policía de Investigación; Inspector General de la Primera Región del Departamento de Policía de Investigación; Oficial Encargado del Primer Grupo del Departamento de Policía de Investigación; Oficial Encargado del Segundo Grupo del Departamento de Policía de Investigación; Oficial Encargado del Sexto Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en San Pablo del Monte; Inspector Jefe del Quinto Grupo del Departamento de Policía e Investigación con sede en Zacatelco, Oficial encargado del Cuarto Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en San Ana Chiautempan, Inspector General del Departamento de Policía de Investigación Especializado en la Investigación del Combate del Delito del Secuestro; Inspector Jefe del Departamento de Policía de Investigación Especializado en la Investigación del Combate del Delito del Secuestro; Oficial Encargado del Diecisieteavo Grupo de Vehículos Robados y Recuperados del Departamento de Policía de Investigación; Oficial Encargado del Dieciochavo Grupo de Violaciones y Trata de Personas del Departamento de Policía de Investigación; Oficial encargado del Quinceavo Grupo de Homicidios del Departamento de Policía de Investigación; Oficial encargado del Dieciseisavo Grupo de Homicidios del Departamento de Policía de Investigación; Oficial Encargado del Noveno Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Apizaco; Inspector General Región Norte del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Apizaco; Oficial encargado del Noveno Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Apizaco; Oficial encargado del Catorceavo Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Apizaco; Oficial encargado del Onceavo Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Huamantla; Oficial encargado del Doceavo Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Calpulalpan; Oficial encargado del Decimo Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Tlaxco; Oficial Encargado del Séptimo Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Apizaco; Inspector Jefe del Octavo Grupo del Departamento de Policía de Investigación, con sede en Apizaco; Oficial encargado del Primer Grupo del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala y Oficial encargado del Segundo Grupo del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, Procuradora General de Justicia, todos del Estado de Tlaxcala; dado que no se reclamaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 63, fracciones IV y XVII, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Noemí Viviana Cruz Pelcastre y/o Nohemí Viviana Cruz Pelcastre, por los motivos señalados en el punto VI de esta resolución. Notifíquese.Así lo resolvió Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria con quien actúa y autoriza. Doy fe.
- Principal
Visto el estado procesal de las presentes actuaciones, y en atención a la certificación de cuenta, de los que se advierte que el tercero interesado Fernando Sánchez Cervantes no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 174 a 175) en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de la fecha en que quedara notificado del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le haría por medio de lista. En consecuencia y toda vez que el tercero interesado de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado.
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