Noemi Vargas Vargas

Expediente 447/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
447/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Noemi Vargas Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto ha causado estado; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído. En mérito de lo expuesto, y toda vez que es innecesario seguir conservando las copias certificadas relativas al expediente laboral ********************, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, que obra por separado en un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen. Finalmente, tratándose de los oficios girados a las autoridades responsables y/o tercero interesado que se encuentren haciendo uso de sus periodos vacacionales o porque las dependencias se encuentren cerradas por cualquier otro motivo (COVID-19, entre otros), haga entrega de las comunicaciones una vez que éstas reanuden el servicio al público. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado; con el mismo y con las constancias que remite, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de la responsable las documentales que acompaña, con las mismas se ordena formar el primer tomo de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta, cuando así lo soliciten. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, en razón de los párrafos que anteceden. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia de mérito, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese a todas las partes, incluidas las responsables, en términos de la jurisprudencia 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS".

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se aprecia que mediante oficio SEADS/1171/2021, se comunicó a la suscrita que en sesión ordinaria de veinte de octubre del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó mi adscripción como titular de este juzgado a partir del dieciséis de noviembre del presente año, en sustitución del Juez ***. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes por el término de tres días siguientes a aquél en que les surta efectos la notificación de este proveído, para que de ser el caso hagan valer lo que conforme a derecho corresponda. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época, visible en la página 312, con número de registro 164217, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En diverso contexto, del estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, ha sido omisa en rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificada del oficio por el que se requirió el mismo. Tal circunstancia implica, en principio, que en términos de lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo deban considerarse presuntivamente ciertos los actos reclamados y, por tanto, de no surtirse causas de improcedencia, se proceda al estudio de su constitucionalidad. Empero, también debe considerarse que de conformidad con el tercer párrafo del artículo 75 de la ley en cita, el Juez de Distrito está obligado a recabar de oficio las pruebas que hubiesen sido rendidas ante las autoridades responsables, que no obren en autos y que se estimen necesarias para la correcta resolución del asunto, a pesar de que las autoridades designadas omitieran rendir su informe justificado, ya que independientemente de que la conclusión sobre la existencia del acto reclamado se funde en una presunción no desvirtuada o en la expresa confesión de la responsable, de cualquier manera pueden y deben recabarse pruebas oficiosamente, en virtud de que resulta inaceptable suponer que el acto reclamado, atribuido a las autoridades responsables, no se apoyara en algún dato o prueba. No se desconoce que al hacerlo, se deja a las autoridades responsables en condición de subsanar la omisión de rendir informe justificado, pues al ser requeridas por la remisión de las constancias podrían negar la existencia del acto reclamado, lo que llevaría, en su caso, a decretar el sobreseimiento, sin embargo, ese inconveniente debe ceder en interés de la parte quejosa y en congruencia con el espíritu tutelar del juicio constitucional, porque desde cualquier punto de vista resulta preferible aquella solución a la de resolver el juicio sin haber tenido a la vista las pruebas en que el acto o actos reclamados se fundó. Además, resulta importante destacar que ello no impide imponer a las autoridades responsables la multa que prevé el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, por las conductas omisas en que ya han incurrido, al momento de resolver la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75, de la Ley de la materia y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efecto la notificación del presente proveído, remita copia certificada de todo lo actuado a partir del laudo dictado en el expediente laboral 896/2013 de su índice; con apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los artículo transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Tiene aplicación al caso la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a la autoridad responsable.

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