Noemi Valencia Arredondo

Expediente 586/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
586/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Noemi Valencia Arredondo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    El secretario certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, pues dicho término transcurrió del once al veinticuatro de diciembre del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que en el presente expediente no obran documentos originales dentro del presente sumario. Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 586/2019, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y devuélvanse las constancias remitidas por la autoridad responsable dado que resulta innecesaria su permanencia en este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 586/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Ya que las partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo y se declara cerrado dicho periodo. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Noemí Valencia Arredondo, por conducto de su apoderado jurídico Américo Ortega Campos, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Pacifico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo el expediente 586/2019, posteriormente por auto de veintisiete de mayo del año en curso se previno a la parte promovente (fojas 22-23), y en diverso de cinco de junio de dos mil diecinueve (fojas 32-34), se desechó la demanda, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo. Tercero. Interposición del recurso de queja. Inconforme con dicha determinación Américo Ortega Campos, apoderado jurídico de Noemí Valencia Arredondo, por escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 38-42), en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, interpuso recurso de queja, mismo que por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de quince de agosto de dos mil diecinueve (fojas 48-59), declaró fundada la queja. Cuarto. Admisión y trámite del juicio. En cumplimiento a la anterior determinación, en proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve (fojas 61-64), se admitió la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se emplazó a la autoridad tercera interesada, y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda que dio origen al juicio de amparo de que se trata, debe precisarse que los actos reclamados al Magistrado de la Tercera Ponencia de la Sala Regional Pacifico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, consisten en: El auto de once de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de nulidad 750/18-21-01-9-OT, en el cual la autoridad responsable determinó tener por no presentado el recurso de reclamación intentado en contra del proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, donde se determinó no admitir una prueba ofrecida como superviniente, dado que al momento de la promoción del medio de impugnación, el poder general para pleitos y cobranzas con el que actuaba el apoderado jurídico en representación de la contribuyente había expirado. Tercera. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Ponencia de la Sala Regional Pacifico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que acompañó, consistentes en copias certificadas del juicio de nulidad 750/2018-21-01-9-OT, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Previo a establecer si se actualiza o no una causal de improcedencia, es conveniente relatar los antecedentes destacados del juicio de nulidad de origen. Noemí Valencia Arredondo, por conducto de su apoderado jurídico Américo Ortega Campos, demandó ante la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, la nulidad de la resolución contenida en el oficio 500-37-00-07-02-2016-28876, que atribuyó al Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" (foja 1-25); Mediante proveído de siete de mayo de dos mil dieciocho, el Magistrado de la Tercera Ponencia del mencionado tribunal admitió a trámite la demanda instaurada por Noemí Valencia Arredondo, por conducto de su apoderado jurídico Américo Ortega Campos, y ordenó correr traslado a la autoridad demandada (foja 29-30); Por diverso auto de cinco de julio de la anualidad pasada, la responsable tuvo a la autoridad demandada contestando la demanda (foja 294); El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, la parte actora formuló ampliación de demanda, ante lo cual la responsable la admitió y ordenó correr traslado a la diversa demandada (foja 308); Por diverso acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el magistrado instructor tuvo por contestada la ampliación de demanda y desechó pruebas presentadas por la demandada (foja 495); El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, la responsable tuvo por interpuesto el recurso de reclamación promovido por la autoridad demandada contra el auto de veintitrés de octubre de ese mismo año, donde acordó desechar diversas pruebas presentadas y ordenó correr traslado a la parte actora (foja 517); Mediante interlocutoria de once de enero del año en curso, el Pleno de la Sala declaró infundado el recurso de reclamación, y confirmó el proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (foja 531-534); Luego, el veintisiete de febrero de la presente anualidad, el magistrado responsable determinó desechar las pruebas ofrecidas como supervinientes por la parte actora, bajo el argumento que debió acompañar a la demanda la solicitud de información planteada al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (foja 556); El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, la Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, dictó sentencia definitiva donde determinó sobreseer el asunto por actualizarse una causal de improcedencia planteada por la autoridad demandada (foja 566-572); Por proveído de cuatro de abril del año en curso, se tuvo por no presentado el incidente de nulidad de notificaciones en contra de la notificación de uno de marzo de dos mil diecinueve, practicada por boletín jurisdiccional el diecinueve del mismo mes y año, en virtud de que el poder otorgado a Américo Ortega Campos, tenía una vigencia de un año, el cual venció el quince de marzo de dos mil diecinueve, por lo que el magistrado responsable no admitió el incidente de nulidad de notificaciones ya que ante dicha sede no procede la gestión de negocios (foja 580); En auto de once de abril del año en curso, el actor promovió recurso de reclamación en contra del proveído de veintiséis de febrero del año en curso, sin embargo, el magistrado instructor acordó tenerlo por no presentado en virtud de que el poder otorgado había expirado y ante dicho tribunal no procede la gestión de negocios (foja 594); Luego, el quince de abril del presente año, se tuvo a la parte actora interponiendo demanda de amparo directo en contra de la sentencia definitiva de cuatro de marzo de este año (foja 596); Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo directo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien lo registró bajo el número 234/2019-III (foja 601-602); Luego, el treinta de agosto del año en curso, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo indirecto presentada por la parte quejosa y se requirió a la responsable que rindiera su informe justificado (foja 60-64 del juicio de amparo); Mediante sesión de doce de septiembre del año en curso, el Tribunal Colegiado correspondiente resolvió el amparo directo 234/2019, en cuya ejecutoria declaró infundados e inoperantes los conceptos de violación formulados por la parte quejosa -actora- y determinó negar el amparo solicitado. Una vez descrita la secuela procesal este Juzgado de Distrito, en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la ley en la materia, las cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" La causal prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo será improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo, cuando por el cambio de situación jurídica se deban considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Es decir, en esta instancia constitucional no pueden ser analizados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en virtud de que el cuatro de marzo del año en curso, la autoridad responsable dictó sentencia definitiva dentro del juicio de nulidad 750/18-21-01-4-OT, y con posterioridad, mediante ejecutoria pronunciada el doce de septiembre de dos mil diecinueve dentro del amparo directo 234/2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, determinó negar la protección constitucional a la aquí parte quejosa. Lo anterior, permite sostener que si se le negó el amparo directo a la parte quejosa, significa que quedó firme la sentencia dictada dentro del juicio de nulidad, lo cual trae como consecuencia un cambio de situación jurídica de la gobernada. Para una mejor comprensión del asunto y del criterio empleado, es conveniente plasmar la tesis 2a. CXI/96, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Tomo IV, página 219, de Diciembre de 1996, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199808, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Ahora, del artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, así como de la tesis antes transcrita, se colige que para que la causal de improcedencia respecto del cambio de situación jurídica opere deben concurrir los siguientes supuestos: Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o administrativo; Que con anterioridad o posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica del quejoso, y ese cambio afecte al acto reclamado; Que si se analiza la constitucionalidad del acto reclamado, ésta afecte la nueva situación jurídica del quejoso; y, Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclama y la nueva resolución dictada en el juicio de origen. Por tanto, tenemos que se cumple con el primer punto, al resultar el acto reclamado emanado de un juicio administrativo, en específico del juicio de nulidad 750/2018-21-01-9-OT, seguido ante la autoridad responsable. Respecto del segundo, hay que establecer que dentro del juicio de nulidad se dictó sentencia definitiva el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, posteriormente, en sesión de doce de septiembre del año en curso el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo determinó negar el amparo directo solicitado por la parte aquí quejosa en contra de dicha determinación. Cabe destacar que la presentación de la demanda de amparo indirecto fue el veintitrés de mayo de la presente anualidad, esto es, con anterioridad a la presentación; sin embargo, el punto dos se actualiza si se toma en cuenta que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se emitió una diversa resolución que necesariamente impacta. Ahora, del tercer punto, este Juzgado de Distrito no puede analizar la constitucionalidad del acto reclamado, dado que si lo hace se trastocaría y afectaría la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad, lo cual traería como consecuencia una afectación a la nueva situación jurídica que guarda la quejosa. Finalmente, en lo que concierne al cuarto punto, no existe autonomía respecto del acto aquí reclamado (auto de once de abril de dos mil diecinueve, el cual tiene por no interpuesto el recurso de reclamación en contra del diverso de veintisiete de febrero de este año, por el cual la responsable decidió no admitir una prueba ofrecida como superviniente por la parte actora), en virtud de que hay que entender que dicho acto está ligado a la sentencia definitiva dado que en el hipotético caso que de concederse la protección constitucional, la autoridad responsable no podría dejar insubsistente la resolución dictada en el juicio de nulidad, ni la dictada en el amparo directo, razón por la cual el presente acto reclamado no goza de autonomía ni de independencia respecto de la nueva situación jurídica de la quejosa. De lo anterior, se colige que la parte quejosa reclama el auto de once de abril del año en curso, dictado en el juicio de nulidad de origen, donde la responsable tuvo por no interpuesto el recurso de reclamación; sin embargo, como se precisó en párrafos anteriores, se dictó sentencia definitiva dentro del juicio de nulidad 750/18-21-01-4-OT, lo cual acarreó un cambio de situación jurídica ulterior a la presentación de la demanda de amparo indirecto y con posterioridad, se negó el amparo directo 234/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. Por analogía resulta aplicable la tesis aislada I.3o.C.342C, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ubicada en la Tomo XVI, de julio de 2002, página 1259, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 186652, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES. SE ACTUALIZA CUANDO EN EL JUICIO CIVIL RELATIVO SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA Y ÉSTA NO SE RECLAMÓ OPORTUNAMENTE EN AMPARO DIRECTO O, HABIÉNDOSE PROMOVIDO, SE NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. En esa hipótesis se actualiza lo dispuesto en el artículo 73, fracción X, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que vuelve inejercitable la acción de garantías, pues si bien todo procedimiento judicial del orden civil ordinariamente se instruye a través de una secuencia o serie ordenada de actos procesales concatenados entre sí por un nexo de causalidad y que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, a través de un juicio de la autoridad, el conflicto o controversia sometido a su decisión, y que esa unidad implica, por regla general, que la validez de los posteriores depende de la de los anteriores, de modo que si se invalida alguno, también quedan sin efectos los que se hayan continuado realizando sobre la base de aquél, lo que significa que por virtud de esa unidad la causa de improcedencia en comento normalmente no opera en esta clase de juicios, ya que regularmente no llegan a crearse situaciones jurídicas distintas y autónomas, mediante la afectación de bienes o derechos en dos o más actos del mismo procedimiento, sino situaciones vinculadas y dependientes entre sí, es inconcuso que los actos procesales sólo preparan el pronunciamiento de una sentencia y ésta es el epílogo y la conclusión de esa serie de actos procesales, por lo que cuando se dicta y queda firme por falta de impugnación o por declararse infundado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y no combatirse mediante el juicio de amparo directo, o al promoverse éste y negarse la protección constitucional, se crea una nueva situación jurídica respecto de la pretensión que se hizo valer en el juicio natural, que implica que dejen de surtir efectos los actos procesales relacionados con la decisión del fondo de la controversia, puesto que dichos actos sólo subsisten hasta el dictado de ese fallo final que es la razón de su existencia y trascendencia, el que adquiere de manera autónoma el carácter de cosa juzgada y, por tanto, es inmutable, es decir, inmodificable e irrevocable, dado que constituye la verdad legal respecto de la litis que dirimió definitivamente. Consecuentemente, esa nueva situación jurídica creada con la sentencia que resolvió el fondo del juicio natural implica que los actos procesales relacionados con ese tópico, reclamados en el juicio de amparo indirecto, deben considerarse irreparablemente consumados, puesto que no puede decidirse sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica creada por virtud de la cosa juzgada; máxime que no puede dejarse sin efectos la sentencia definitiva no señalada como acto reclamado en el juicio de amparo indirecto. Así como la diversa III.3o.C.66K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Tomo XIII, de mayo de 2001, página 1154, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 189700, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. LO CONSTITUYE EL AUTO DEL JUEZ QUE DECLARA EJECUTORIADA UNA SENTENCIA. Si el acuerdo combatido consiste en la determinación del Juez responsable de no admitir el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia definitiva, es obvio que al haberse dictado un auto que declaró ejecutoriada esa resolución, en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, se actualiza un cambio de situación jurídica, puesto que al tener dicha sentencia la calidad de cosa juzgada, esa circunstancia la convierte en irrecurrible e inmutable y, por ende, no es posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación jurídica creada por el nuevo acto. Por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que motiva a su vez el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley, por cambio de situación jurídica, así como cesación del acto reclamado. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Noemí Valencia Arredondo, por conducto de su apoderado jurídico Américo Ortega Campos, por los actos y autoridad precisados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, del estado procesal que guardan los autos se advierte que mediante oficio CCJ/ST/5901/2019, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal informó a este juzgado que se le concedió licencia al juez de este órgano jurisdiccional los días veinte, veintiuno y veintidós de noviembre del presente año, quedando encargada del despacho por Ministerio de Ley la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que en atención a lo previsto en dicho numeral únicamente puede practicar las diligencias, dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil diecinueve, para su verificativo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de noviembre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5901/2019, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de las constancias remitidas por el Titular de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Pacifico Centro del Tribunal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, en complemento a su informe justificado, con el que se dio vista en auto de siete del mes y año actual. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las once horas con cuarenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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