Noemí Suárez Espinoza
Expediente 1024/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/03/2021
Partes del expediente
- Noemí Suárez Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, a quien en su caso podría agraviarle dicha resolución, no recurrió el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico, así como relevancia documental por el cual se deba conservar. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que lo sobreseyó fuera de audiencia; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso a) del Acuerdo General Conjunto de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
2) ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISOS B) y/o C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 18 DE FEBRERO DE 2021, QUE DICE(N): Reanudación de plazos procesales. se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, a partir del dieciocho siguiente, con las precisiones que ahí se indican, y dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron; el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Además, atendiendo a la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia P/J. 14/2017 1 de los artículos 19 de la Ley de Amparo vigente y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se colige que en los días señalados como inhábiles, pero laborables, como fueron los días 29 de enero, 16 y 17 de febrero de 2021, existió impedimento legal para que este órgano de control constitucional emitiera resoluciones en el presente juicio de amparo, porque en esos días no es factible, por disposición legal expresa, que se practiquen actuaciones, salvo los casos de tramitación urgente, porque de lo contrario, se incurriría en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que ameritaría su reposición, considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio. Por tanto, a la luz del derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica de los justiciables y atento a su mayor beneficio, en términos de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta el día de hoy se procede a emitir el acuerdo relativo a los juicios y promociones recibidas entre el 29 de enero, 16 y 17 de febrero de 2021, en los términos siguientes: Petición. La autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, da cumplimiento al auto de catorce de enero del año en curso y remite diversas constancias de notificación. Fundamentación. Artículo 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Prueba(s). Se tienen por recibidas las constancias de notificación, mismas que se tomaran en consideración al dictarse el presente auto. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable manifiesta y acredita lo siguiente: a) Que el tres de agosto del dos mil veinte, acordó el escrito presentado en el buzón electrónico con código de recepción 98H7A79; por lo que señalo fecha para el desahogo de los presuntos beneficiarios; y, que el veintiséis de noviembre del dos mil veinte, señalo de nueva cuenta las trece horas con treinta minutos del once de febrero del año en curso, a fin de que tenga verificativo el desahogo de la audiencia en la que se escuchara los presuntos beneficiarios, por lo que dichos autos se le notificaron al aquí quejoso el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno. Consecuentemente, el acto reclamado cesó en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la autoridad responsable han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse acordado el escrito del que se duele el impetrante del amparo. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
La autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por sí y en representación de la junta, realiza lo siguiente: 1. Rinde su informe justificado. 2. Adjunta copias certificadas de diversas constancias con las que justifica su informe. 3. Informa las fechas en que no laboró la junta. Informe justificado. Se tiene por rendido el informe justificado, y se ordena dar vista a las partes junto con las constancias que se acompañan, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, se toma conocimiento de las fechas en que la junta responsable no laboró; para los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento. La autoridad responsable omitió remitir copia certificada de las constancias de notificación a las partes del acuerdo dictado el tres de agosto y veintiséis de noviembre de dos mil veinte en el juicio laboral ********************. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y, Presidenta adscrita a la misma, para que en el término de tres días remitan copia certificada de las constancias de notificación a las partes del acuerdo dictado el tres de agosto y veintiséis de noviembre de dos mil veinte en el juicio laboral ********************, ya que son indispensables para resolver el presente juicio de amparo. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades requeridas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización.
- Principal
Del estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encontraba prevista para celebrarse el veintiuno de diciembre de dos mil veinte; sin embargo, no fue posible llevarla a cabo, habida cuenta que por Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la circular CAP/3/2020 relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus conocido como covid-19, se determinó la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, con excepción de los órganos jurisdiccionales que se encuentran de guardia y exclusivamente para la atención de asuntos urgentes. Que en la circular SECNO/1/2021, se determinó levantar la suspensión de los plazos y términos a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, con las precisiones que ahí se indican, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, en consecuencia, se procede a proveer lo conducente en este asunto. Reanudación de plazos procesales. Con fundamento en la circular SECNO/1/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, de ocho de enero de dos mil veintiuno, se levanta la suspensión de los plazos y términos con efectos desde el doce de enero de dos mil veintiuno, y dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron; el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Audiencia constitucional. En consecuencia, como no fue posible celebrar la audiencia constitucional en la fecha inicialmente fijada, con motivo de la suspensión de labores decretada en los diversos Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus conocido como covid-19, con fundamento en los artículo 117 y 124 de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con diez minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno para su celebración.
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