Noemi Mendoza Gasca
Expediente 406/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 406/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Noemi Mendoza Gasca
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio de la magistrada supernumeraria de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por el cual acusa recibo del oficio 7581/2021, al que se adjuntaron los tomos de pruebas exhibidos en autos (vía devolución); de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
Firme desechamiento. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto dictado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en el que este Tribunal desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de constancias. Finalmente, al ser innecesaria su retención, devuélvanse las constancias que remitieron las autoridades responsables, con motivo del presente juicio de amparo.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta suscrito electrónicamente por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número 279/2021 (origen 155), deducido del juicio de amparo en que se actúa, advirtiéndose de las constancias que anexa que el uno de julio del año en curso, notificó a la quejosa *******, por medio del lista el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Dese de baja la referida comunicación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Recepción de incompetencia. Agréguese el oficio que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que adjunta la demanda de amparo promovida por ****, así como lo siguiente: -Escrito de presentación de demanda de amparo. -Un legajo de diversas constancias. -Copia certificada del oficio 1204, -Escrito de contestación de vista. -Toca ****, en cuatro tomos. En ese orden, de la demanda de amparo se desprende que ****, reclama la resolución de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada por la magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en el toca ****, en la que revocó la interlocutoria que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones de doce de enero de dos mil veintiuno, emitida en la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario ****. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 406/2021-6; acúsese recibo vía interconexión. Desechamiento de demanda. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: En efecto, de lo expuesto por el tribunal colegiado, así como, del análisis integral de la demanda y de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en la segunda sección del juicio especial civil sucesorio intestamentario número ****, ocurrió lo siguiente: ****, así como ****, **** y ****, de apellidos ****, presentaron inventario, y agregaron avalúo y título de cada uno de los inmuebles inventariados, lo que se puso a la vista de todos los herederos. Mediante acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, el juez de origen tuvo por exhibiendo el inventario y avalúo correspondiente, asimismo se ordenó dar vista al coheredero ****. En escrito de catorce de febrero de dos mil veinte, ****, así como ****, **** y ****, de apellidos ****, informaron sobre diversos bienes encontrados a nombre del de cujus; por lo que en auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, el juez natural las tuvo ampliando inventario y avalúo, respecto a los bienes que conformaban la masa hereditaria; asimismo se ordenó dar vista al coheredero ****. Posteriormente, mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veinte, ****, promovió incidente de nulidad de actuaciones, a partir de lo actuado el trece de junio de dos mil diecinueve; el cual fue resuelto el catorce de julio de dos mil veinte, declarando improcedente dicho incidente. En acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, tuvo a la mandataria judicial de la albacea de la sucesión a bienes de ****, rindiendo su cuenta de administración general y ordenó dar vista a los interesados para que manifestaran lo que a su interés conviniera. El veintiuno de octubre de dos mil veinte, se hizo constar que feneció el término de cinco días otorgado a ****, para oponerse al inventario y avalúo presentado por la albacea de la sucesión. Inconforme con dicha determinación, ****, promovió incidente de nulidad de actuaciones, el cual fue resuelto el doce de enero de dos mil veintiuno, declarándolo improcedente. En contra de la resolución incidental, interpuso recurso de apelación, del cual conoció la sala responsable, registrándolo con el número de toca ****; en el que el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, resolvió revocar la determinación apelada, y en su lugar, declarar procedente el incidente de nulidad planteado, para el efecto de que la a quo emita los proveídos necesarios para que se practique en términos de ley la vista ordenada en auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dentro de la segunda etapa del juicio sucesorio (acto reclamado). De lo anteriormente narrado, se desprende que el acto reclamado consistente en la resolución de segunda instancia que revocó la de primera instancia, para el efecto de declarar fundado el incidente de nulidad de actuaciones, planteado por ****, para que el juez ordenara que se practicara en términos de ley la vista ordenada en auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, constituye un acto meramente intraprocesal, que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, aunado a que no se trata de la resolución que concluye la segunda etapa del juicio sucesorio. Sobre esa línea de pensamiento, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con el diverso 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. En esa medida, habrá de resaltarse que el acto reclamado en la presente instancia no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, el acto reclamado, consistente en la resolución de veintitrés de abril de dos mil veintiuno que determinó declarar procedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado en el juicio de origen, para el efecto de que el juez ordenara que se practicara en términos de ley la vista ordenada en auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, no pueden estimarse como de imposible reparación, ya que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. Tampoco tal determinación reclamada impide a la quejosa el ejercicio de algún derecho dentro del juicio, sino que se insiste, únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente puede llegar a trascender al nuevo resultado del fallo. De ahí que el acto reclamado solo trastoca derechos del orden procesal, cuya afectación es susceptible de remediarse en caso de obtener una sentencia favorable, supuesto en el que dicha infracción no trascendería al resultado del veredicto. Por otro lado, no se soslaya la dilación en impartición de justicia, esto es, que la reposición del procedimiento pudiera afectar en perjuicio del inconforme, el derecho para la protección de sus derechos humanos, reconocidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar la determinación reclamada, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Apoya lo anterior la jurisprudencia 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Luego, se tiene que la resolución reclamada, de modo alguno produce vulneración de imposible reparación a la parte quejosa, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos reconocidos en la Carta Magna o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que como se refirió, no acontece en el caso. Sin que pase inadvertido a la anterior determinación, el criterio sostenido en la jurisprudencia 2ª./J.87/2016 con registro 20012245, localizable en la página 1180, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, tomo II, de rubro: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."; ello en virtud de que el citado criterio sustenta que el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento -como en el caso- implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en este, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa procesal no resulta evidente, clara y fehaciente la causa de improcedencia, pues se requieren de demás constancias para llegar a esa determinación. Sin embargo, en el presente asunto, este juzgador cuenta con las constancias que sirvieron de apoyo para dictar el acto reclamado, dado que fueron remitidas por el tribunal colegiado que se declaró legalmente incompetente. De ahí que existen datos bastantes de los que se advierte claramente que, efectivamente, sí se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, dado que la reposición del procedimiento únicamente se ordenó para que el juez notificará en términos de ley la vista ordenada en auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte. Por lo que, las consecuencias de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo reconocido a la aquí quejosa ni impide el ejercicio de algún derecho dentro del procedimiento, por lo que acorde al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicita la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Finalmente, cabe señalar que la resolución reclamada no constituye la que culmine con la segunda sección del procedimiento sucesorio, que haga procedente el presente juicio de amparo, por lo que, se reitera la actualización de la causa de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la tesis aislada I.3o.C.439 C del Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente". También, resulta aplicable, la tesis aislada VII.2o.C.70 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "JUICIO SUCESORIO. EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITE PARCIALMENTE EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN SUSTANTIVA CONTRA LA CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PUES NO DA POR CONCLUIDA NINGUNA DE LAS ETAPAS QUE CONFORMAN AQUÉL. Los juicios sucesorios están conformados por cuatro etapas procesales: I. Sucesión; II. Inventarios y avalúos; III. Administración; y, IV. Partición y adjudicación; en ellas, se deciden por separado y mediante una resolución especial las actuaciones y derechos deducidos hasta ese momento procesal, dichas resoluciones, adquieren firmeza plena para las partes que intervienen en esos procedimientos; por ende, al emitirse el auto respectivo no es posible cuestionar aspectos ya decididos en etapas previas. En este sentido, debe señalarse que las violaciones procesales acontecidas durante las tres primeras fases son impugnables en amparo indirecto, en tanto que la última en la vía directa. Por lo que para impugnar las violaciones procesales acontecidas en dichas etapas, debe esperarse a la emisión del auto que da por concluida la sección respectiva; esto es así, pues de impugnarse cada violación procesal se retardaría injustificadamente todo el juicio. En esas condiciones, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra las violaciones cometidas durante un juicio sucesorio deben analizarse dos supuestos: el primero, encaminado a analizar si el acto reclamado vulnera derechos sustantivos y, el segundo, el momento procesal en el que se ejercita la vía constitucional. Lo anterior, ya que si el acto reclamado no vulnera derechos sustantivos debe estarse a la espera de que se emita el auto que finaliza la etapa procesal respectiva (principio de definitividad). En congruencia con lo anterior, el auto mediante el cual se admite parcialmente el escrito inicial de un juicio sucesorio y no por el resto de su contenido, no constituye una violación sustantiva, pues si bien impide el ejercicio de algunas acciones, lo cierto es que esas cuestiones son de carácter meramente procesal que no vulneran de forma actual ni material la vida, el patrimonio, la libertad o algún otro derecho de tal naturaleza; en consecuencia, resulta improcedente el juicio constitucional, pues dicha actuación no da por concluida ninguna de las etapas que conforman el juicio sucesorio". Por tanto, al reclamarse actos dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Notificación a la parte quejosa del presente proveído por medio de exhorto. En razón de que el domicilio de la quejosa se encuentra en la calle ****; esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado; por tanto, con apoyo en el artículo 27 de la Ley de Amparo, en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía S.I.S.E. al Juzgado de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído a la quejosa ****, asimismo, le requiera para que señale un domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el momento de la diligencia , o en su caso, en el término de tres días, las subsecuentes notificaciones se le practicarán por medio de lista, en términos del artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, incluso sin ulterior acuerdo, se le harán las notificaciones subsecuentes por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, aun las que sean de carácter personal. Se solicita atentamente al juez exhortado devuelva las constancias de diligenciación por la misma vía. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, en razón de que de la certificación de cuanta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, se tienen por autorizados en términos restringidos del citado numeral, a las restantes personas que indica, en razón de que no se encuentran en ese supuesto. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles; lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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