Noemí Méndez García
Expediente 918/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/06/2023
Partes del expediente
- Noemí Méndez García
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, Ahora bien, de las constancias exhibidas por la autoridad oficiante -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte, lo siguiente: Mediante resolución de trece de junio de dos mil veintitrés, resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra del proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio de alimentos 164/2019 de su índice, que modificó el auto impugnado y ordenó girar oficio al Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Fondo de Ahorro para el Bienestar de los Trabajadores de la Educación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación Sección 51, a efecto de descontar el pago de la pensión alimenticia definitiva en cumplimiento a la sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés; razón por la cual quedaron a disposición de la parte actora, aquí quejosa, para que realizara las gestiones correspondientes para su entrega. Así, el catorce de junio de dos mil veintitrés, Nohemí Méndez García, aquí quejosa, recibió los referidos oficios, conforme a la firma de recibido que obra en las constancias del juicio de origen. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la promovente del amparo Noemí Méndez García, por conducto de su abogado patrono Tony Méndez García, señaló como actos reclamados: "a. La omisión de ordenar la expedición y remisión de los oficios solicitados por el suscrito, para los efectos de realizar el descuento de pensión alimenticia a favor de la menor GAURY ESPINOSA MÉNDEZ, en cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha tres de marzo de dos mil veintitrés. b. La omisión de emitir sentencia interlocutoria respecto a recurso de reclamación, el cual fue promovido por el suscrito en fecha trece de abril de dos mil veintitrés." De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa Noemí Méndez García, por conducto de su abogado patrono Tony Méndez García, reclama: 1) la omisión de girar los oficios al Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Fondo de Ahorro para el Bienestar de los Trabajadores de la Educación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación Sección 51, a efecto de descontar el pago de la pensión alimenticia definitiva en cumplimiento a la sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés; y, 2) la omisión de resolver el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Luego, el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla mediante resolución de trece de junio de dos mil veintitrés, resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra del proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio de alimentos 164/2019 de su índice, que modificó el auto impugnado y ordenó girar oficio al Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Fondo de Ahorro para el Bienestar de los Trabajadores de la Educación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación Sección 51, a efecto de descontar el pago de la pensión alimenticia definitiva en cumplimiento a la sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés; los cuales fueron entregados a la parte actora el catorce de junio de dos mil veintitrés; lo que se acredita con las constancias recibidas, mismas que se adjuntaron al informe justificado respectivo. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos de los actos reclamados. Esto es así, porque el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés el quejoso promovió vía electrónica el presente juicio de amparo para reclamar: 1) la omisión de girar los oficios al Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Fondo de Ahorro para el Bienestar de los Trabajadores de la Educación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación Sección 51, a efecto de descontar el pago de la pensión alimenticia definitiva en cumplimiento a la sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés; y, 2) la omisión de resolver el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Sin embargo, el trece de junio de dos mil veintitrés, el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra del proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio de alimentos 164/2019 de su índice, que modificó el auto impugnado y ordenó girar oficio al Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Fondo de Ahorro para el Bienestar de los Trabajadores de la Educación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación Sección 51, a efecto de descontar el pago de la pensión alimenticia definitiva en cumplimiento a la sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés; los cuales fueron entregados a la parte actora el catorce de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo (recibida vía electrónica el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés), es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos de los actos reclamados pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del día en que se actúa.. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, por medio del cual remite copia certificada del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio reivindicatorio 508/2020, de su índice. Atento a lo anterior, intégrese sin mayor pronunciamiento, en virtud que mediante proveído de nueve de junio mil veintitrés, se recibieron las mismas constancias del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, con las que dio vista a las partes en términos del artículo 196 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. ... Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procede a realizar el análisis relativo para determinar si se encuentra o no cumplido el fallo protector. De la lectura de las constancias que obran en autos, se advierte que se cumplió con la ejecutoria de amparo el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. El doce de abril de dos mil veintitrés, señaló las nueve horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 2. Posteriormente, fue emplazada la parte demandada, así como se notificó a la parte actora la fecha de audiencia. 3. En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalada para las nueve horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, comparecieron las partes -actora y demandada-; y, toda vez que se encontraban en pláticas conciliatorias, volvió a señalar las doce horas del veintidós de junio de dos mil veintitrés, para la continuación audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del citado juicio laboral. En mérito a lo anterior, se ha logrado el cumplimiento a la sentencia protectora dictada en este juicio, en virtud de que el efecto del amparo fue para dicte auto en el que señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones; emplazar a la parte demandada, y celebrar la audiencia de mérito. Así, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el doce de abril de dos mil veintitrés, señaló las nueve horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; posteriormente, fue emplazada la parte demandada, así como se notificó a la parte actora la fecha de audiencia; y, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalada para las nueve horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la que comparecieron las partes -actora y demandada- y se señaló fecha para su continuación. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. ...
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Ism***imer párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, través del cual, manifiesta que la autoridad responsable ha sido omisa dar cumplimiento al fallo emitido en el presente asunto, en ese sentido, solicita que se le requiera el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, se hace de su conocimiento, que deberá estarse a lo acordado en auto dos de junio de dos mil veintitrés, en el que se precisó que los Magistrados adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla señalaron las diez horas del veintidós de junio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de pago a la demandada Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Puebla, y se les requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con el apercibimiento correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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