Noemi Mckinney López
Expediente 82/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 39 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 20/10/2022
Partes del expediente
- Noemi Mckinney López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d) del mismo ordenamiento legal, en contra del proveído de seis de enero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. Ahora, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS: Tijuana, Baja California, seis de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y anexos remitidos por la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, de autos se obtiene que la quejosa Noemí Mckinney López, promovió demanda de amparo, contra actos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con residencia en estaciudad, y otras autoridades, consistente en el recibo factura, número 9201437761, relativo al consumo de agua durante el periodo del cinco de diciembre de dos mil diecinueve al siete de enero de dos mil veinte, respecto de la cuenta 5503222, por un monto de $22,625.00 pesos moneda nacional (veintidós mil seiscientos veinticinco). Luego, de las constancias que hoy se agregan, remitidas por la autoridad responsable, a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales se obtiene que la aquí quejosa Noemí Mckinney López, - el diez de septiembre de dos mil veinte, celebraron convenio y realizó el pago de la cantidad adeudada en dos exhibiciones, y que actualmente solamente un diverso adeudo correspondiente al periodo comprendido del cinco de noviembre al doce de diciembre de dos mil veintiuno, con lo cual la autoridad responsable tuvo por cubierto en su totalidad la cantidad adeudada. Por tanto, se estima que en el presente caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXII, pues aun cuando subsiste la 9201437761, con fecha de vencimiento veinticinco de enero de dos mil veinte, reclamada, ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia de aquella, como a continuación se verá. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar lasviolaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando, subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia de aquel, se actualiza cuando se advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Circunstancia que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento ochenta y nueve, tomo XXIV, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de dos mil seis, Novena Época, registro 173858, de rubro: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS." Ahora bien, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es pertinente destacar que de las constancias que integran el juicio de origen, se advierten los hechos siguientes: 1. La autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con residencia en esta ciudad, el nueve de enero de dos mil veinte, expidió el recibo 9201437761, relativo al periodo de consumo de agua comprendido del cinco de diciembre de dos mil diecinueve al siete de enero de dos mil veinte, respecto de la cuenta 5503222, por un monto de $22,625.00 pesos moneda nacional (veintidós mil seiscientos veinticinco). 2. Asimismo, del historial de pagos remitidos por la autoridad responsable, se advierte que la Víctor Manuelquejosa celebró con la autoridad responsable convenio de pago y en dos exhibiciones liquidó el adeudo que tenía ante la responsable por el servicio por consumo de agua potable, lo cual aconteció el diez de septiembre de dos mil veinte; en razón de lo anterior, la autoridad responsable tuvo por cubierto el monto adeudado. Entonces, aunque subsiste la existencia del recibo 9201437761, con fecha de vencimiento veinticinco de enero de dos mil veinte, en atención a las situaciones fácticas antes descritas, debe concluirse que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en su esfera jurídica ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual aquellos se actualizaron con motivo del convenio de que dio fin a la controversia administrativa, por lo que en caso de que se determinara que dicha determinación es inconstitucional, ningún efecto jurídico -ni prácticotendría la respectiva sentencia concesoria. Esto es así, porque la eventual concesión de la protección constitucional tendría por efecto que se emitiera una nueva factura, empero dicho procedimiento carecería de razón, pues el acuerdo de voluntades modificó el acto reclamado sin dejar huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa, lo que impide que ese acto y sus efectos trasciendan a esta última y que, por ende, el fallo protector, en su caso, cumpla con su finalidad. En tales condiciones, al estar probado que aun cuando subsiste el acto reclamado, ya no puede surtirefecto por haber desaparecido su objeto, porque se tuvo por cubierto el monto contenido en dicho recibo y actualmente existe una factura diversa que ampara un periodo posterior, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, lo procedente se sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite Gabriel Moreno Mafud Notario Público Número Dos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se le tiene dando parcial cumplimiento al proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, y al efecto informa que la escritura pública 17,7772, volumen 1915 de veintisiete de noviembre de dos mil nueve, relativa al contrato de compraventa celebrado por la aquí quejosa Noemí Mckinney López, se encuentra en el Archivo General de Notarias. Por tanto, requiérase nuevamente a Gabriel Moreno Mafud Notario Público Número Dos, con residencia en esta ciudad, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe sí dentro de sus facultades se encuentra solicitar el citado protocolo ante el Archivo General de Notarias, para que este le sea remitido y, en caso afirmativo, lo requiera y en su caso, lo informe ante este órgano jurisdiccional, para así requerir al perito oficial Ildefonso Serrano Gallardo, a efecto de que se constituya en sus instalaciones y recabe las muestras respectivas de las firmas plasmadas en el citado instrumento notarial para la práctica y el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía a fin de corroborar su autenticidad, o bien, manifieste la imposibilidad que tuviera para ello. Apercibido que, de no hacerlo así en el plazo indicado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con residencia en esta ciudad, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el estado actual que guarda la cuenta 5503222, con clave catastral TC-625119, domicilio calle San Alfredo 11344-19, Colonia Lomas de San Martín, de esta ciudad, a nombre de la aquí quejosa Noemí Mckinney López, en relación con el recibo número 9201437761, con fecha de vencimiento veinticinco de enero de dos mil veinte, materia del acto reclamado; lo anterior con la finalidad de constatar sí se actualiza alguna causal de improcedencia contenida en el artículo 61de la Ley de Amparo, apercibido que, de no hacerlo así en el plazo indicado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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