Noemi Lugo Leandro
Expediente 620/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/07/2021
Partes del expediente
- Noemi Lugo Leandro
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos fotocopia del exhorto ahí descrito, deducido del juicio de amparo ***, que obra agregado en el exhorto *** del índice administrativo de este tribunal, del que se advierte que dicho juzgado se avocó al conocimiento del juicio de amparo que nos ocupa, el que se tiene aquí como un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón a lo anterior, y toda vez que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, informa que se aceptó el returno planteado para conocer del presente juicio, quedando registrado bajo el número***. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y ARCHÍVESE el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido...
- Principal
Toda vez que, transcurrió el plazo de dos días hábiles concedido a la parte quejosa en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, sin que ésta o sus autorizados acudieran a la puerta de acceso de Ciudad Judicial Federal en Zapopan, Jalisco, se ordena notificar por lista el proveído o resolución de veintiocho de abril de 2021, que en su parte conducente dice: ... 1. Se levanta reserva. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya se recibió físicamente la demanda que promueve Noemí Lugo Leandro; por tanto, se levanta la reserva contenida en el auto que antecede y se ordena proveer lo conducente. 1 BIS. De la actividad jurisdiccional. Se hace saber a las partes que la actividad jurisdiccional en relación con este asunto se sujetará a las reglas establecidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como al diverso 25/2020 del citado Pleno, que reformó el artículo 15 del acuerdo citado en primer término (durante su vigencia), relativo a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial; de igual forma, el citado acuerdo 25/2020 y los diversos 37/2020 y 1/2021, que reformaron el artículo 1, correspondiente a la vigencia del citado Acuerdo 21/2020. 2. Análisis de la cuenta. Vista la cuenta, se recibe la demanda que promueve Noemí Lugo Leandro, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, consistente en: La discusión y aprobación, publicación y referendo del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de manera específica el articulo 180 Quater. La recepción de datos personales (biométricos) de la parte quejosa, y su ingreso al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con base a la aprobación del Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a los artículos 15, fracción XLII Bis, 176 y 180 Bis a 180 Septimus. 3. Incompetencia. Conviene destacar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica; el penúltimo de los numerales en cita, quedó como a continuación se indica: "Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.]" Además, el artículo transitorio Décimo Segundo de dicho Decreto indica que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Derivado de lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 22/2013, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece, el cual en su artículo sexto, establece: "SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones." Por otra parte, es pertinente citar el contenido del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." El precepto legal citado, autoriza al juzgador a remitir de plano la demanda de amparo al juez que considere competente, sin que sea el caso decidir sobre la admisión, ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables la discusión, aprobación, refrendo y publicación del artículo 180 Quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contenido en el decreto publicado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, que establece: "Artículo 180 Quáter. El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto." Así como los artículos 15, fracción XLII Bis, 176, 180 y 180 Bis a 180 Septimus del mismo decreto. Por lo que, de conformidad con la competencia especializada establecida en el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República y lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de materia. Al caso, resulta ilustrativa la jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1746, Décima Época, registro digital 2008591, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA CONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado." En tal virtud, tomando en cuenta que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, se estima que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, ya que es un asunto que por razón de materia debe ser del conocimiento de un homólogo con especialidad en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir a demanda de amparo que se provee, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, por vía de mensajería acelerada, para que resuelva lo que estime procedente, esto es, si acepta la competencia declinada a su favor, conforme a lo dispuesto por el numeral citado, solicitándole el acuse de recibo respectivo. En la inteligencia de que el suscrito Juzgador no se pronuncia con relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda ni a la suspensión de los actos reclamados, pues corresponderá hacerlo al Juez que se considera competente; lo anterior, en acatamiento a lo que establece el artículo 48 de la legislación antes invocada, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuera Aérea nacionales. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. 4. De los autorizados. Se tiene(n) por autorizado(s) en amplios términos a Eduardo M. Ramírez Ornelas, Alejandro Rodríguez Aparicio y Marlen Esmeralda Vázquez Hernández, porque se acreditó está(n) legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciado(s) en derecho o abogado(s), al así haberse constatado en (con) el Sistema Nacional de Registro de Profesionales del Derecho. Se tiene(n) por autorizado(s) en término(s) restringido(s) a las personas que indica, porque así lo solicitó la parte quejosa en su escrito de demanda. Lo anterior de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. 5. Domicilio para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio físico para oír y recibir notificaciones, el aludido en la demanda. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene al promovente proporcionado una dirección de correo electrónico a fin de poder tener contacto con la parte quejosa, en los casos que se considere necesario, lo anterior de conformidad con el artículo 5, fracción I, del citado Acuerdo General 21/2020. 6. Del acceso al expediente electrónico. La parte quejosa no solicitó acceso al expediente vía electrónica en el escrito de demanda. 7. Oposición a la publicación de datos. La parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales en el escrito de demanda. 8. Copias. En obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena la expedición a las partes hasta de en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las que tengan el carácter de reservadas o confidenciales, sin que sea necesario medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues sólo a éstas le serán entregadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Sin embargo, lo anterior acontecerá una vez que se reanuden actividades fuera del esquema contenido en el citado Acuerdo General 21/2020. Ello, sin perjuicio de que podrán descargarlas del expediente electrónico en sus equipos de cómputo, pues al contener la evidencia criptográfica se consideran copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta realicen los trámites necesario a fin de que pueda acceder al expediente (electrónico). 9. De la reproducción digital de constancias. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos conforme a los lineamientos de seguridad que regulan el ingreso a la Ciudad Judicial Federal y de acuerdo con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Esta autorización es limitada, por lo que queda prohibido reproducir o tomar fotografías de las instalaciones de este juzgado, de su personal, del área correspondiente a esta Ciudad Judicial y de las actuaciones que tengan la calidad de confidencial o reservada conforme a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su caso, quedará bajo la más estricta responsabilidad de la parte que las obtenga, el uso y difusión que se dé a las mismas. Sin embargo, lo anterior deberá ajustarse al Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del citado Acuerdo General 21/2020. 10. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del juicio, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. 11. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no hacerlo se publicarán íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla la ley y reglamentos de la materia. De igual forma, siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. Lo anterior de conformidad con los artículos 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y 67, fracción II y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 12. Exhorto al promovente. De conformidad con el artículo 5, fracción I, del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Toda vez que, transcurrió el plazo de dos días hábiles concedido a la parte tercero interesada en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, sin que ésta o sus autorizados acudieran a la puerta de acceso de Ciudad Judicial Federal en Zapopan, Jalisco, se ordena notificar por lista el proveído o resolución de veinte de abril de 2021, que en su parte conducente dice: ... Único. Se sobresee en el juicio de amparo...
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