Noemí López Navarrete
Expediente 1415/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1415/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Noemí López Navarrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1415/2017-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el trece de marzo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1415/2017-II-B, promovido Noemí López Navarrete, por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la quejosa Noemí López Navarrete, presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. La demanda fue turnada el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue prevenida mediante auto de seis de septiembre pasado. Subsanada, fue desechada por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Inconforme con el desechamiento, la quejosa presentó recurso de queja. La queja fue radicada en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con el expediente 328/2017. Por ejecutoria dictada el diecinueve de enero del año en curso, el tribunal revisor declaró fundada la queja y ordenó la admisión de la demanda de amparo (fojas 41 a 66). En cumplimiento de la ejecutoria, la demanda fue admitida a trámite por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (fojas 67 a 70); se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado. Seguida la secuela procesal, por auto de veintiséis de febrero actual, se fijaron las once horas con doce minutos del nueve de marzo de este año, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual tiene ejecución material en Morelos. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto reclamado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: La fecha señalada en acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, para el desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en el juicio 01/531/17, esto es, el quince de noviembre de dos mil diecisiete, a las diez horas. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s). Si bien al rendir el informe justificado (fojas 82 y 83), el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, negó el acto reclamado, éste es cierto. La certeza del acto reclamado, se corrobora con el acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio 01/531/17, que la autoridad responsable aportó como apoyo del informe justificado, y de cuya lectura se desprende que, para el desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en el juicio 01/531/17, señaló las diez horas del quince de noviembre de dos mil diecisiete. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio oficioso y preferente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El amparo deviene improcedente contra el acto reclamado, ya que sobrevino la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado. La citada porción legal dice en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que originan la queja. La aludida regla general se funda en estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. La quejosa presentó la demanda de amparo el cinco de septiembre de dos mil diecisiete. A la luz de las constancias exhibidas por la autoridad responsable con el informe justificado (las cuales ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles), ciertamente a la instauración del juicio de amparo, el acto reclamado existía y tenía efectos en el juicio de origen; sin embargo, esos efectos cesaron con posterioridad, como se verá a continuación. El acto reclamado fue de naturaleza positiva, pues consistió en la fecha señalada en actuación de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, para el desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en el juicio 01/531/17, esto es, el quince de noviembre de dos mil diecisiete, a las diez horas. Como se dijo, a la fecha de instauración del juicio de amparo, la determinación combatida estaba vigente y, por tanto, es inconcuso que afectaba la esfera jurídica de la quejosa. Sin embargo, los efectos de ese acto positivo, cesaron precisamente el quince de noviembre de dos mil diecisiete, aun cuando la audiencia no fue desahogada en su totalidad en tal fecha (fojas 88 a 94). La causa de la cesación, es que la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de ley, combatida por la quejosa, fue superada procesalmente por la acción del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de comenzar el desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en esa fecha, y llevarlo hasta la etapa de admisión de pruebas. En mérito de lo dicho en el párrafo que antecede, es necesario precisar cuáles son las fases del juicio burocrático en Morelos, mismas que se desprenden del artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dice: "Artículo 115.- El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores." A la luz del precepto transcrito, por regla general, el procedimiento laboral se limita a una única audiencia, que a su vez, tiene estas etapas: 1) De conciliación; 2) De contestación a la demanda; 3) De admisión [o desechamiento] de pruebas; 4) De desahogo de pruebas; 5) De formulación de alegatos; y 6) De dictado de laudo. Se dice por "regla general", en virtud de que el propio artículo 115 prevé como caso de excepción, la necesidad de "diligencias posteriores"; verbigracia, que la naturaleza de una prueba amerite preparación especial y, en consecuencia, no pueda desahogarse en la aludida audiencia, caso en que el desahogo de pruebas vendrá a constituir una sub-etapa del procedimiento. En el caso concreto, el Tribunal se pronunció sobre la admisión o desechamiento de las pruebas y señaló fechas para el desahogo de las que estimó que procedía hacerlo. El desahogo de la audiencia de ley hasta la etapa de admisión de pruebas, ocurrido el quince de noviembre de dos mil diecisiete, actualiza la causa de improcedencia en estudio, se insiste, aun cuando no haya sido desahogada en su totalidad. Como quedó apuntado, la audiencia a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se compone de distintas etapas. Si bien el Tribunal la desahogó hasta la admisión o desechamiento de las pruebas, no puede considerarse que la cesación solo tendrá lugar hasta que la audiencia de ley se desahogue en su totalidad, porque su desahogo en los términos que ocurrió, dio lugar a una situación en el juicio laboral, que a la presentación de la demanda de amparo no existía y que pasó a regir en ése en sustitución de la que en un momento imperó por la emisión del acto positivo reclamado y cuya causa generadora, no fue la actuación de quince de noviembre de dos mil diecisiete, sino una diversa, que fue la que la parte quejosa reclamó por estimar inconstitucional. Luego, es inconcuso que la determinación de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, que ciertamente en su momento fijó la data para celebrar la audiencia de ley en el juicio burocrático y que la parte quejosa estimó contraria a derecho, ya no tiene más efectos en el procedimiento, de ahí que a nada práctico llevaría examinar su constitucionalidad, pues a la luz de los artículos 1º y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el amparo protege a las personas contra normas, actos u omisiones de los poderes públicos o particulares asimilados a autoridades responsables, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica. La procedencia de la cesación de efectos fundada en la sustitución procesal del acto reclamado, que opera aun cuando sus efectos no sean necesariamente favorables al quejoso, sino por el solo hecho de que sea un nuevo acto el que rija, neutralizando el originalmente reclamado, se apoya en esta jurisprudencia: Tesis: III.2o.C. J/22 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 176051 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Febrero de 2006 Pag. 1579 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgador, que la fecha combatida por la quejosa para el desahogo de la audiencia de ley en el juicio burocrático, no se ajustó al plazo de quince días siguientes a la recepción de la demanda, en que debe fijarse, esto de conformidad con el artículo 117 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; y que, consecuentemente, sería posible otorgar el amparo contra el acto reclamado; tan es así que al diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en que el tribunal colegiado resolvió la queja 328/2017, la fecha reclamada por el quejoso había sido rebasada, pero dicho tribunal consideró que la causa en que este juzgador fundó el desechamiento, no era manifiesta e indudable. Sin embargo, conceder el amparo sería perjudicial para la quejosa, porque el desahogó de la audiencia de ley en el juicio burocrático, comenzó el quince de noviembre de dos mil diecisiete y fue desahogada hasta la etapa de pruebas; de tal suerte que otorgar el amparo, implicaría la insubsistencia de lo actuado el quince de noviembre de dos mil diecisiete, retrocediendo el procedimiento y prolongando su substanciación, lo que de hecho sería contrario a la obligación de este tribunal de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, consignada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Asimismo, conviene destacar que, en observancia del principio de universalidad, el criterio aplicado en la resolución de este juicio, respecto a la superación procesal del acto reclamado, fue empleado al resolver el amparo 1440/2017 del índice de este juzgado. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, con fundamento en esta porción legal y en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, procede sobreseer en el juicio de amparo. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y de las manifestaciones en torno al acto reclamado, aun de las que planteen la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo y resulta irrelevante constatar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido del fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se sustentan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Noemí López Navarrete, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las causas expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy trece de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente y Tercer Arbitro y la Secretaria General del TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa el Presidente y Tercer Arbitro y la Secretaria General del TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual rinde su informe justificado; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y, por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, por tratarse de su residencia oficial. En relación con la documental que ofrece las responsables, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. ISA*
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