Noemí García Cantú
Expediente 122/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/04/2019
Partes del expediente
- Noemí García Cantú
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, once de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley reglamentaria, en contra del auto de ocho de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado estado. En ese orden de ideas, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra totalmente concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese conforme a derecho.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario ante quien actúa y da fe. Juan Pablo.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el oficio 285/2019 firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual rinde su informe justificado; de igual manera, téngase a la autoridad responsable cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del invocado precepto legal, pues remite copia certificada de la constancia necesaria para apoyar su informe; en consecuencia, agréguense a sus autos para que obren como correspondan. Ahora bien, de dicho informe se observa que la autoridad responsable comunica que si era cierto el acto reclamado consistente en la omisión de remitir los autos del expediente administrativo laboral 120/E06/2018, a su homologo con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ya que dicha autoridad responsable en proveído de treinta de julio de dos mil dieciocho, se declaró incompetente para conocer dicho asunto; sin embargo, el seis del mes y año en curso, se pronunció respecto a tal situación, remitiendo para tal efecto copia certificada con la que sustentó su dicho. En ese sentido, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por la quejosa Noemí García Cantú, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de ley de la materia, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la quejosa Noemí García Cantú, se hace consistir en la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, de remitir los autos del expediente administrativo laboral 120/E06/2018, a su homologo con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ya que dicha autoridad responsable en proveído de treinta de julio de dos mil dieciocho, se declaró incompetente para conocer dicho asunto. Consecuentemente, según se advierte del propio informe justificado rendido por la autoridad responsable y de la constancia que en copia certificada adjuntó, que el seis del mes y año en curso, se dictó auto en el citado asunto, en el que acordó respecto a tal situación reclamada por la parte agraviada en esta contienda constitucional. Constancias a las que, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado atribuido a la autoridad señalada como responsable, al haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico a la quejosa Noemí García Cantú, el auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este juzgado a recibir la notificación de referencia de manera personal.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, once de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Noemí García Cantú, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno que para ese efecto se lleva en este juzgado, bajo el número 122/2019-I. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la misma. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Sin que sea necesaria la apertura del incidente de suspensión por no haber solicitud expresa al respecto. En términos del artículo 117 de la ley de la materia, pídase el informe justificado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, en esta ciudad, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa por la cantidad de $8,449 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, moneda nacional) equivalente a cien veces el valor inicial diario de la unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, requiérase a las partes para que informen oportunamente a este juzgado, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento, como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de $2,534.00 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos, moneda nacional) equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, con sustento en el numeral 251 de la citada legislación, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con veintitrés minutos del ocho de marzo de dos mil diecinueve. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo, y únicamente se le faculta para imponerse de los autos y recibir notificaciones a Gabriel Alfonso Álvarez Narváez e Ilse Marlene Chavira Hernández, hasta en tanto demuestren ante este juzgado contar con cédula profesional que los acredite como licenciados en derecho, pues no aparecen registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese.
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