Noemi Dominguez Camacho

Expediente 612/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
612/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Noemi Dominguez Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene recibido el oficio de cuenta y anexo, misiva signada por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la sentencia pronunciada en el conflicto competencial penal 41/2023, derivado del juicio de amparo 191/2023, del índice del Juzgado Noveno de Distrito, con residencia en Iguala, y juicio de amparo 612/2023 de la estadística de este juzgado. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y toda vez que de la ejecutoria de mérito se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se declara al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de Los Bravo, legalmente competente para conocer y resolver de la demanda de amparo 612/2023 de su índice. SEGUNDO. Se ordena enviar testimonio a los Jueces de Distrito contendientes, remitiendo los autos del juicio de amparo al declarado competente para conocer del mismo". Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, y toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causas de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del juicio; con fundamento en los artículos 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Fiscal General del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. INCIDENTE. Tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión que se solicita, con apoyo en el artículo 128 de la ley de la materia. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la citada ley, se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Es importante destacar que si bien, el artículo 124 de la Ley de Amparo, dispone que las audiencias constitucionales serán públicas, aquellas no están supeditadas para su desahogo, a que deban comparecer las partes. De ahí que pueda llevarse a cabo aún sin su asistencia. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 del citado cuerpo de leyes, se pide informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir de su legal notificación. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido por los artículos 117, párrafos primero y cuarto, 63 fracciones IV y V, 64 y 75, todos de la Ley de Amparo vigente, remitiendo a este juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo. - En orden. - Completas y legibles. Asimismo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para el efecto de que informen a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emana el acto que reclama la quejosa, se han promovido diversos juicios de amparo, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de que no rindan su informe justificado o lo hagan sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se les impondrá por conducto de la persona física que ostente el cargo de Titular, una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, con arreglo en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al igual, se les hace saber que si omiten manifestar si han cesado los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto citado en el párrafo que antecede. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las demás partes procesales para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, se hace saber a las autoridades responsables que en caso que deseen incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx, y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, respecto al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la substanciación del recurso referido, tomando en consideración que cumplió su objetivo, es decir, suplió al expediente principal durante la secuela del citado recurso, desglósense las actuaciones originales e intégrense a los autos del juicio principal, y remítase el citado cuaderno al archivo, mismo, que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses; ello, al carecer de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el 20 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio.

  2. Incidental

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.Visto lo de cuenta, y en cumplimiento a lo ordenado en auto de esta misma fecha dictado en el juicio principal 612/2023-g, promovido por Noemí Domínguez Camacho, por propio derecho, contra actos de la Fiscal General del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, y otras autoridades responsables, se forma por duplicado el incidente de suspensión solicitado. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020 Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. INFORME PREVIO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas por separado del informe justificado que, en su caso, formulen en el cuaderno principal, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo y requiriéndoles que en el mismo se precise la naturaleza, modalidades y características de los actos atribuidos al aquí quejoso, así como los preceptos legales aplicables y la fecha en que fue emitida la conducta reclamada. Se hace saber a las autoridades responsables que la falta de la rendición oportuna de su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se les impondrá por conducto de la persona física que ostente el cargo de Jefe o Director de la respectiva autoridad, una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 260 fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental en este asunto. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Antes de determinar si es procedente conceder o no la suspensión provisional que se solicita, es menester señalar de manera específica los actos que en la especie se reclaman, ello, con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa. En congruencia con lo anterior, se advierte que la medida cautelar se solicita contra los actos que a continuación se transcriben: "LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA UORIDAD SE RECLAME. A. De las Responsables ordenadoras y ejecutoras, se reclama girar en mi contra, sin estar debidamente fundada ni motivada, una ORDEN DE INTROMISIÓN A MI DOMICILIO, a pesar de que la que suscribe, no he cometido acto ni omisión que la Ley considere como Delito. Ni tampoco se encuentran en mi domicilio objetos o instrumentos ilícitos que difieran lugar a la intromisión de las autoridades de manera legal, con lo que se vulneran en mi perjuicio mis derechos humanos. B. El ilegal aseguramiento de vehículos de nuestra propiedad, que nuestros padres han adquirido producto de su trabajo de toda la vida y que dio origen a la carpeta de investigación 12020910400011290423. C. De las Responsabilidades Ordenadoras y Ejecutoras, les reclamo la ilegal orden de búsqueda, localización y presentación de la directo quejosa NOEMÍ DOMÍNGUEZ CAMACHO, con la intención de ponerme a disposición de una investigación sin motivo ni fundamento y mucho menos sustentada en datos de prueba que hagan presumir siquiera de manera probable mi participación en hechos con apariencia de delito". Asimismo, es de precisarse que la parte quejosa solicita la medida cautelar, para el efecto siguiente: "para los efectos de las cosas (sic) permanezcan en el estado que actualmente se encuentran, esto es, que se abstengan de entrometerse a nuestros domicilios (padres) y causar actos e molestia, sino cuentan con una investigación justificada por autoridad competente, así como, no se lleven (sic) actos destinados a privarme de la libertad personal." Aunado a lo anterior, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el impetrante del amparo, en lo que interesa dijo: "1.- Es el caso que el día veinte de abril del presente año, elementos vestidos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero y también con uniformes del Ejército Mexicano, se presentaron en la bodega de nuestra propiedad (de mis padres), ubicada en la colonia Tierra Blanca, s/n, en Ciudad Altamirano, Estado de Guerrero, lo cuales ingresaron sin autorización ni mandamiento judicial, nunca mostraron documento que los facultara para tal efecto, inclusive rodearon con carros unos patrullas y otros particulares todo el inmueble por la parte de afuera, ahí golpearon a trabajadores de la bodega. 2.- Inicialmente llegaron con indicando que tenían reporte de vehículo robado por lo que, tenían que revisar todos los vehículos, a mi hermano Noé Domínguez Camacho, lo bajaron del vehículo que tripulaba en ese momento de manera agresiva, revisando el vehículo. Ahí permanecieron toda la noche con vehículos rodeando el predio de la bodega, hasta el día siguiente, revisaron todos los vehículos que estaban ahí. No encontraron nada como vehículos con reporte de robo, ni armas de fuego y tampoco droga. Entraron y nunca mostraron algún documento que les autorizara para entrar. De lo anterior se cuenta con algunos videos, los cuales se aportarán en la etapa correspondiente. 3.- Entraron el treinta de abril del presente año, sin orden judicial a revisar los restaurant de Mariscos propiedad de mis padres Noé Domínguez Guadarrama y Eleunim Camacho Goicochea, ubicados en Avenida Lázaro Cárdenas, colonia Linda Vista, en Ciudad Altamirano, c.p. 40660 y el segundo en Carretera Altamirano-Coyuca, sin, en Ciudad Altamirano, Estado de Guerrero, en donde, sin autorización de autoridad facultada para ello, procedieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero y elementos del Ejército Mexicano, a ingresar y revisar los inmuebles donde se ubican los restaurant. Nunca mostraron documento alguno que les permitiera revisar los inmuebles. 4.- El día veintinueve de abril del presente año, procedieron sin orden judicial que los facultara para ello, a llevarse todos los vehículos que estaban en la bodega para la Fiscalía de Guerrero, en Chilpancingo. De manera arbitraria y abuso de autoridad se han conducido los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, como del Ejercito Mexicano. 5.- De igual manera, el mismos treinta de abril del año en curso, ingresaron a nuestro domicilio particular ubicado en calle Cutzamala, número 103, colonia Río Balsas, c.p. 40660, en Ciudad Altamirano, esto como los anteriores allanamientos que hicieron, tanto a la bodega como a los restaurantes de manera violenta, procediendo a revisar todos los inmuebles. De esto contamos con videos de como ilegalmente allanaron sin autorización nuestros domicilios. Mismos que se aportaran más adelante." Precisado lo anterior, este juzgado se pronunciará únicamente respecto del efecto para el que fue solicitada la suspensión, ello en estricta relación con los actos reclamados en esta instancia. Es aplicable a la anterior determinación, por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia 2ª./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." Expuesto lo anterior, es momento de verificar la procedencia de la medida cautelar que se solicita, y con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional considera que, lo procedente es negar la suspensión provisional que se solicita respecto de los actos reclamados identificados con los incisos a) y b), consistentes en la orden de intromisión a los domicilios del impetrante, y el aseguramiento de vehículos de su propiedad, y que dio origen a la carpeta de investigación 12020910400011290423, toda vez que se trata de un actos consumados, pues así se aprecia de las manifestaciones que vierte la parte quejosa en el escrito de demanda, es así, pues de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad vertió, y que en lo que interesa quedaron transcritos con antelación, es decir, la intromisión a su domicilio y aseguramiento de vehículos, que según su dicho, son de su propiedad, por lo que, de conceder la medida suspensional pedida respecto a dichos actos, se estaría dando efectos restitutorios, lo que es propio de la sentencia de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia II.3o. J/37 visible en la página 51, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo 60, diciembre de 1992, con registro 217665, que textualmente dice: "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si estos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Así como la diversa tesis 1871, visible a página 3016, segunda parte, salas y tesis comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: "SUSPENSION, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al en que tenían antes de la violación constitucional, lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo". Lo anterior, aunado a que respecto del aseguramiento de los vehículos que refiere son de su propiedad, hasta esta etapa procesal no se encuentra acreditada, ni siquiera de forma indiciaria dicha propiedad, es decir, no acredita su interés jurídico o suspensional, al no exhibir documento alguno con el que demuestre la propiedad o posesión de los bienes muebles en conflicto; razón por la cual, al no evidenciar el interés suspensional a fin de que se suspenda el acto reclamado en comento, se resuelve en sentido negativo. Lo anterior, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia visible a página 262, Tomo IX-Enero, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SUSPENSION PROVISIONAL, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERES JURIDICO.- El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aún en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto reclamado en contra del cual se pide, no puede desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar." En otro orden, respecto del último de los actos reclamados consistente en la orden privativa de su libertad, con motivo del dictado de orden de búsqueda, localización y presentación de la directa quejosa, y con apoyo en los artículos 124, 128, 130, 136 y 166 de la Ley de Amparo, se otorga la suspensión provisional a Noemí Domínguez Camacho, solicitada para el efecto de que, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir que la quejosa no sea detenida y/o privada de la libertad personal, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, quedando la parte quejosa a disposición de este juzgado por lo que respecta a su libertad personal, y a disposición de la autoridad ordenadora por lo que se refiere a la continuación del procedimiento que en caso se instruya. Bajo esas condiciones, la suspensión que se concede contra orden de búsqueda, localización y presentación, y surte sus efectos desde luego, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos, si el quejoso dentro del plazo de cinco días contados a partir de la legal notificación de este proveído como lo establece el artículo 136 de la ley en comento, no otorga garantía por la cantidad de $5000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, y a entera satisfacción de este Juzgado, suma que se fija como medida de aseguramiento con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 168, de la ley de la materia y se determina de manera discrecional acorde con lo dispuesto por el numeral 132 del citado cuerpo normativo, en atención a que en este momento procesal no se cuenta con mayores datos para determinar la naturaleza, modalidad y característica del delito imputado a la aquí quejosa, ni su situación económica y la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia; sin embargo, se estima que es económicamente activa al no hacer manifestación en contrario. Apoya lo anterior, el criterio de Jurisprudencia emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro: 188725, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001 Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 66/2001, página 434, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad." [Énfasis añadido] De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL" De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión.(Novena Época, Registro: 198729, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 16/97, Página: 226). REQUISITOS DEL DEPÓSITO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 879 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el dos de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que inserte la leyenda siguiente: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Adicionalmente, en los términos del numeral 883 del citado Acuerdo General, en el mismo instrumento de depósito, también deberá insertarse la leyenda que dice: "El depósito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos.", en el entendido de que las leyendas anteriores deberán insertarse en espacios que no alteren la demás información que deba contener el documento respectivo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 899, fracción II, del aludido Acuerdo General, en caso de que las garantías se constituyan mediante billetes o certificados de depósito, deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijan; asimismo, de ser el caso de la parte quejosa. Además, es necesario precisar que en el documento en que se consigne la garantía requerida en autos, además de proporcionar la información requerida en el mismo, deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo del directo quejoso; el concepto deberá decir: Para garantizar la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo, y precisando como autoridad: Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo de los Bravo, ya que de no estar requisitado el documento valioso de que se trate en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin que se tenga exhibida la garantía requerida con las consecuencias legales que conlleve. Por otro lado, con apoyo en el artículo 166, fracción II, de la ley de la materia, también se impone al impetrante como medida de aseguramiento la prevista en el párrafo primero del numeral 162 de la misma ley, consistente en la obligación de comparecer ante la autoridad responsable de la causa para la continuación del procedimiento o de la indagatoria, según sea el caso, y de no hacerlo dejará de surtir efectos la suspensión concedida, medida que será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto; lo cual en términos del propio tramite del juicio de amparo en la vía indirecta, ocurre cuando las autoridades señaladas como responsables rindan su informe previo, dentro del término de cuarenta y ocho horas, en el cual manifiesten, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye. Cobra aplicación el caso concreto la jurisprudencia de la Novena Época, registro 170432 de la Primera Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, materia penal, Tesis: 1a./J. 149/2007, Página: 371, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." En la inteligencia de que la medida decretada no surtirá efectos, si el delito o delitos por los que se haya girado orden de búsqueda, localización y presentación de la directa quejosa -aquí incidentista-, se encuentra comprendida dentro de aquellos que tienen origen en hechos que la ley señale como delitos de los que el artículo 70 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, establece como graves, o de aquellos que el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional, contempla como de prisión preventiva oficiosa o en los casos en que la prisión preventiva (justificada) sea solicitada por el Agente del Ministerio Público, y determinada por el Juez, tratándose de las circunstancias que refiere la primera parte del segundo párrafo del normativo Constitucional en cita, en cuyo caso, este mandamiento no impide que sea privado de su libertad, y la suspensión sólo producirá el efecto que, una vez ejecutada dicha orden, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que el quejoso sea recluido o detenido, en cuanto a su libertad personal; quedando a disposición de la autoridad ordenadora, por lo que hace a la continuación del procedimiento que en su caso, se le instruya sin perjuicio de la facultad de las responsabilidades ordenadoras para decretar su soltura en los casos en que legalmente proceda La medida cautelar que se concede tampoco impedirá que se detenga al quejoso, por órdenes de autoridades distintas de las señaladas como responsables o dictadas con posterioridad a la presentación de la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Israel Raúl Ramírez Juárez, Jesús Montiel Jaime y Jorge Alfonso Espino Santillán, por estar acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Cinthya Monserrat Ortiz Gines, Rubén Alberto León Ramírez y Juan Francisco Sánchez Valdez, por no contar con el anterior requisito. Por otra parte, con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se le autoriza consultar el expediente electrónico que corresponde al presente sumario, así como recibir citas y notificaciones electrónicas, ello, a través de los usuarios "********************" y "********************" corresponden a ********************y********************respectivamente; usuario que fue verificado en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)". EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE A LA ANALISTA JURÍDICA ENCARGADA DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES [SISE 2.0)", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción que realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, ante ello, dicho quejoso deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. De igual manera, se tiene a la promovente designando como medios de contacto electrónicos para establecer comunicación con este Juzgado, en caso de ser necesario, los correos ********************, ******************** y ********************, sin que sea el caso autorizar notificaciones por esa vía, en razón de lo acordado en párrafos que anteceden. En mérito de lo anterior, se instruye al Actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente asunto, privilegie la notificación a la parte quejosa vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y si por causa atribuible al sistema citado, no le es posible realizar la notificación correspondiente, levante la razón que corresponde. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que admitió el conflicto competencial suscitado entre éste Juzgado Séptimo de Distrito de esta ciudad, y el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Iguala, mismo que registró en su estadística como conflicto competencial 41/2023, de lo que éste órgano de control constitucional toma nota y queda a la espera de lo que la superioridad resuelva.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual solicita se informe a ese órgano jurisdiccional el estado procesal que guardan el juicio de amparo 612/2023, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Atento a lo anterior, y con apoyo en la certificación de cuenta, gírese nuevo oficio al Juez Noveno de Distrito oficiante, mediante el cual se haga del conocimiento que en auto de veintiséis de junio del año en curso, este órgano jurisdiccional planteó el conflicto competencial, a fin de que sea el Tribunal de alzada quien determine a qué Juzgado corresponde conocer respecto de la demanda interpuesta por Noemí Domínguez Camacho; determinación que se ordenó notificar al Juzgado Noveno de Distrito referido, a través del oficio 18205/2023, de veintiséis de junio del presente año. No obstante a lo anterior, se instruye al Actuario Judicial que corresponde realizar las notificaciones del asunto que nos ocupa, para que a la brevedad realice el envío del oficio 18205/2023, de veintiséis de junio del año en curso, y agregue en autos del expediente electrónico e impreso la constancia que así lo acredite

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