Noemi Campos Gerardo

Expediente 225/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
225/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • Noemi Campos Gerardo

Actuaciones

  1. Principal

    visto el estado de autos y certificación que antecede, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, se declara que la misma causa ejecutoria con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del arábigo 214 de la Ley de Amparo, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"), agréguese a los presentes autos los cuadernos del incidente de suspensión y archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 225/2020-2. RESULTANDO Primero. Demanda. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado el día hábil siguiente a este Juzgado, Noemí Campos Gerardo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad y otra autoridad, que hizo consistir en: IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL, CON RESIDENCIAEN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA de esta autoridad reclamo LA FALTA DE LLAMAMIENTO A JUICIO, EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO, ORDEN DE REMATE YIO ADJUDICACIÓN Y TODAS LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES dentro del expediente 123/2019 toda vez que nunca fui notificado de alguna demanda en mi contra (o por lo menos no de una forma que se ajuste a derecho toda vez que no me enteré) o de algún procedimiento llevado a cabo sobre la que es mi propiedad, por lo cual me fueron negados los derechos consagrados en los artículos 14, 16, 133 y otros de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 114, 116, 117 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Baja California, lo que me coloca en un estado de absoluta indefensión [.]. 2.- Del SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE MEXICALI, reclamo LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO Y/O ILEGAL EMPLAZAMIENTO V NOTIFICACIONES SUBSECUENTES toda vez que nunca fui notificado de alguna demanda en mi contra o de algún procedimiento llevado a cabo sobre la que es mi propiedad, por lo cual me fueron negados los derechos consagrados en los artículos 14, 16, 133 y otros de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 114, 116, 117 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, lo que me coloca en un estado de absoluta indefensión [.]." Segundo. Trámite. Mediante auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda, se registró en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como juicio de amparo 225/2020-2; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación la participación que legalmente le corresponde y se señaló día y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional; asimismo, en su momento, se le reconoció el carácter de tercero interesado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), ordenándose su legal emplazamiento. Por otro lado, con motivo de la suspensión de labores que prevaleció en este órgano jurisdiccional dada la contingencia sanitaria generada con motivo del virus Covid-19, no fue posible llevar a cabo la audiencia constitucional en la hora y fecha señaladas en el auto admisorio; no obstante, por acuerdo de dieciocho de agosto del año que transcurre, se reanudó el procedimiento en el presente juicio, por lo que se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia citada, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, tiene competencia constitucional y legal para resolver el presente juicio de amparo, con base en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que los actos de reclamo derivan de autoridades que tienen su domicilio dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en que consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama la falta de llamamiento, ilegal emplazamiento, orden de remate y/o adjudicación y todas las actuaciones subsecuentes en el juicio 123/2019, del índice de las responsables; lo anterior, respecto del bien inmueble identificado como Lote 17, Manzana 12, fraccionamiento Residencial Sevilla, clave catastral YC-012-017 y folio real 285093. Tercero. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados, ya que así lo manifestó la Juez y Actuaria adscritas al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad. Lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe con justificación, consistentes en copia certificada del juicio ordinario civil 123/2019, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en contra de Francisca Guadalupe Morales González; constancias a las que se les confiere valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documentos públicos, en virtud de que fueron expedidos por servidor público con motivo de sus funciones. Cuarto. Causas de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del arábigo 62 de la Ley de Amparo; ya que al actualizarse alguna causal de improcedencia se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En acatamiento a dicho precepto, el suscrito juzgador considera que en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con el penúltimo párrafo de la fracción I, del precepto 5 de la propia ley y el diverso arábigo 107, fracción I, de la Constitución Federal; en virtud de que la parte quejosa no demuestra tener interés jurídico para pedir la protección constitucional en contra de los actos reclamados. Los numerales y porciones en cita prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa" El primer precepto trascrito prevé que es improcedente el juicio de amparo cuando los actos que se reclaman de las autoridades responsables no afecten los intereses del peticionario de amparo; y, el segundo, dispone que sólo podrán promoverlo aquellos gobernados que resientan perjuicio en su esfera jurídica con motivo de una ley, acto u omisión, vulnere sus derechos fundamentales que se consagran en el artículo primero constitucional, y con ello se produzca una afectación en su esfera jurídica. Asimismo, del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Más aún, el interés jurídico no depende de la existencia del acto reclamado, ni de los vicios que se atribuyan a éste, ni de la conveniencia económica o personal que tenga el quejoso en que ese acto no subsista, sino de que el promovente del amparo acredite que lo reclamado en el juicio de amparo le afecta su esfera jurídica, entendido esto como el derecho legítimamente tutelado en su favor por la legislación. En suma, el interés jurídico es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho y se refiere a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto afectado en sus derechos puede acudir al juicio de amparo. Esto es así, porque para que la acción constitucional proceda no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, porque un interés "simple", como suele llamársele a aquél que, sin contar con respaldo legal, puede tener todo gobernado, sino que es necesario e indispensable que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley, lo que debe ser demostrado plenamente, no inferirse a base de presunciones. Como al efecto se sostiene en la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 206338, del rubro "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Por lo que, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. De lo contrario, el juez de amparo no puede ocuparse del estudio de un acto de autoridad del cual no se cuenta con la certeza de que afecte la esfera jurídica del quejoso. Caso concreto En el caso, la quejosa reclama en esencia la falta de llamamiento, orden de remate y/o adjudicación y todas las actuaciones subsecuentes en el juicio 123/2019, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad; lo anterior, respecto del bien inmueble identificado como Lote 17, Manzana 12, fraccionamiento Residencial Sevilla, clave catastral YC-012-017 y folio real 285093. Para acreditar su interés jurídico, la quejosa anexó a su escrito de demanda, los documentos siguientes: Copia simple de hoja de inscripción de contrato de compraventa bajo la partida 5371713, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Mexicali, celebrado entre Promotora de Casas y Edificios, Sociedad Anónima de Capital Variable, como vendedor, y la quejosa Noemí Campos Gerardo, como compradora, respecto del bien inmueble descrito. Lecturas de consumo de agua expedidos por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y registros de movimientos, cargos, abonos e historial de consumo ante la Comisión Federal de Electricidad, respecto de dicho inmueble, en los que aparece el nombre de la quejosa. Ahora, de las constancias remitidas por el juez responsable, consistente en copia certificada de todo lo actuado en el expediente 123/2019, se desprende en lo que interesa que el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), demandó en la vía ordinaria civil a Francisca Guadalupe Morales González, el vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria y otras prestaciones, respecto de la vivienda ubicada en avenida Quecholac número 4676, del fraccionamiento Valle de Puebla Séptima Sección de esta ciudad. Por tanto, sin prejuzgar sobre el acreditamiento o no, por parte de la accionante, de la propiedad del bien inmueble que refiere en su demanda de amparo, es indiscutible que en el caso, no demostró que el bien raíz que es materia del juicio natural sea el mismo del que aduce tener la propiedad, ya que de la sola descripción de ambos inmuebles se advierte que no existe identidad alguna. Se afirma lo anterior, pues de la demanda de amparo y anexos que adjuntó la quejosa a la misma, se observa que los actos reclamados van encaminados a proteger la propiedad del bien inmueble identificado como Lote 17, Manzana 12, fraccionamiento Residencial Sevilla, clave catastral YC-012-017 y folio real 285093; sin embargo, del juicio natural se advierte que el bien raíz materia de éste lo es la vivienda ubicada en avenida Quecholac número 4676, del fraccionamiento Valle de Puebla Séptima Sección de esta ciudad. Bajo ese orden de ideas, no existen elementos que permitan considerar que la parte quejosa cubre los requisitos para estimar que tiene interés jurídico en este asunto, puesto que, como se indicó, no demostró que el inmueble cuya propiedad dice tener es el mismo que es materia del juicio ordinario civil 123/2019, o que alguno de los predios se encuentre inmerso en el otro o que exista traslape de dichos terrenos, ya que no ofreció prueba idónea alguna, para demostrar que existe identidad entre los inmuebles, pues incluso se advierte que son fraccionamientos diversos. En virtud de los anteriores razonamientos, se concluye que no quedó demostrado fehacientemente el interés jurídico de la promovente en el presente juicio, al no existir identidad entre el predio a que se refiere en su demanda y el que es materia del juicio natural. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia VI.2o. J/340, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESION DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable." Así, no obstante que haya sido admitida la demanda tomando en cuenta que la quejosa se ostentó como persona extraña a juicio, en la especie no demostró que los actos reclamados le causan perjuicio, por lo que es evidente que, hasta este momento, no puede considerarse que se hubiere afectado su esfera jurídica en relación con lo actuado en el juicio ordinario civil 123/2019, del índice de las responsables. Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia examinada, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, así como el 63, fracción V de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y además con apoyo en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, 77, 78, 80, 155, 192 y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Noemi Campos Gerardo, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el último considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    AUTO. Mexicali, Baja California, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra en proyecto para sentencia; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, agréguese únicamente para constancia el escrito firmado por ***************, en su carácter de apoderada legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), parte tercero interesado en el presente juicio; lo anterior, en virtud de que el veinticuatro de septiembre del año en curso, se llevó a cabo la audiencia constitucional. Cúmplase.

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