Noemi Calderon Navarrete
Expediente 825/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 50 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 25/11/2022
Partes del expediente
- Noemi Calderon Navarrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual interpone recurso de revisión, en contra de la última sentencia dictada en este asunto. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 87, 88 y 89 de la Ley de la materia, agréguese una copia a los autos, distribúyanse copias entre las partes, incluido el Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito y dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre este expediente, remítase el original y copia del oficio de agravios al tribunal colegiado, en turno, para la substanciación y resolución del recurso en cita. Con copia del recurso de revisión y de esta determinación fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, sin que sea necesario agregar alguna otra constancia, en atención a que el expediente se encuentra debidamente digitalizado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0). Infórmese a la superioridad que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado al mismo todas y cada una de las promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, instrúyase a la oficial judicial "A" a efecto de que realice lo movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL DIVERSO DE CUATRO DEL MES Y AÑO EN CURSO, EL CUAL REFIERE: "Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al cual anexa el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 303/2019, así como los autos originales del juicio en que se actúa, atento a su contenido, hágase del conocimiento a las partes y estese a lo resuelto por la superioridad que resolvió en los siguientes términos: "(.) PRIMERO. En la materia de la revisión se CONFIRMA la resolución impugnada. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *********, contra los actos reclamados a que se refieren los considerandos décimo y décimo primero, así como resolutivo segundo de la sentencia de primer grado, artículos 17-K, 18, 134, fracciones I y III, Transitorios primero y segundo, fracción VII, 28 del Código Fiscal de la Federación, el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal, para dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, y sus respectivas Resoluciones Modificadas. (.)" Realícense las anotaciones respectivas, estese a lo resuelto por dicho tribunal y hágase del conocimiento a las demás partes. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal en que se actúa. ANÁLISIS RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Ahora bien, visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que la superioridad negó la concesión del amparo por una parte y por otra confirmó la sentencia dictada por este Juzgado, en ese sentido y del análisis del Décimo considerando de la misma se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "(.) DÉCIMO TERCERO. Revisión electrónica (Artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015). (.) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Resulta aplicable, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, aprobada en sesión privada del 19 de octubre de 2016, que a la letra señala: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Sin que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, se haga extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento; toda vez que dichas disposiciones reglamentarias desarrollan supuestos normativos diversos del procedimiento de fiscalización al que se considera violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa. (.)" De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015 violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: a) Informe si la quejosa Fertilizantes Químicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Todo lo anterior, en el entendido de que: Las autoridades responsables deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Asimismo, remítase copia a las autoridades responsables de la resolución emitida por la superioridad de cuenta, a través del cual resuelve el recurso de revisión interpuesto en autos. Se le informa a la autoridad responsable que el Registro Federal de Contribuyente de la quejosa, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto, es el siguiente: *********** Notifíquese personalmente a la parte quejosa y en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal." NOTIFÍQUESE
- Principal
Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por medio de oficio remítase la copia que solicita. En otro orden de ideas, como lo solicita el oficiante, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura y Declaratoria de cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, publicado este último el siete de julio de dos mil veintiuno, en consecuencia, se autoriza las notificaciones y consulta del presente expediente vía interconexión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***********, todas sociedades anónimas de capital variable, contra los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto y por los motivos expresados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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