Noemi Aurora Ledesma Loperena
Expediente 1233/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1233/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Noemi Aurora Ledesma Loperena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA I. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la anterior Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo el seis de marzo de dos mil diecinueve, firmada el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo anterior, se declara que la expresada resolución que en su primero punto resolutivo, sobresee en el presente juicio de amparo, y en el segundo punto resolutivo NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN en el presente juicio de amparo; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; notificado que sea este acuerdo, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto décimo del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no existen documentos originales, ni se tramitó el incidente de suspensión por no haberlo solicitado; asimismo, en virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto décimo, éste debe ser depurado, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto vigésimo primero del capítulo quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto décimo séptimo del capítulo cuarto del propio acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto vigésimo primero capitulo quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo primero del capítulo tercero del acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental. Asimismo, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de garantías. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1233/2018-I, promovido por NOEMÍ AURORA LEDESMA LOPERENA. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito que se presentó el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, NOEMÍ AURORA LEDESMA LOPERENA, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo, del Ministerio Público del Fuero Común y del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, ambos con sede en esta ciudad, consistentes en el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación número E2/58/2017, y la audiencia de control judicial celebrada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, en el expedientillo 243/2018, respectivamente. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y finalmente, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal es legalmente competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, pues se reclaman actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial donde este Juzgador Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar los actos que por esta vía se reclaman. Del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo, del Ministerio Público del Fuero Común: El acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación número E2/58/2017, en el que no accedió a la devolución del vehículo de la marca "Ford", tipo "Mondeo", placas YZA-9788, del Estado de Yucatán a Noemí Aurora Ledesma Loperena, y a dictar el no ejercicio de la acción penal a su favor. Del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, ambos con sede en esta Ciudad: La audiencia de control judicial celebrada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, en el expedientillo 243/2018, en la que reiteró las negativas acordadas por la fiscalía responsable en el párrafo anterior. TERCERO. ACTOS EXISTENTES. El Juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado, quien actúa en funciones de Juez Control, y el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo, del Ministerio Público del Fuero Común, en sus informes justificados aceptaron, la existencia de los actos que respectivamente se les reclamaron. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias conducentes de la carpeta de investigación número E2/58/2017, que la Fiscalía responsable acompañó a su informe, así como del contenido del disco versátil digital (DVD), que el Juez responsable remitió como justificación a su informe, el cual contiene la audiencia de control reclamada de fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho; los cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO ATRIBUIDO AL FISCAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ROBO, DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, CONSISTENTE EN EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Ahora bien, previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe examinarse lo relativo a la procedencia del juicio de garantías, ya que su estudio es preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, este órgano de control constitucional considera que, en relación al acto consistente en el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo, del Ministerio Público del Fuero Común, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, cuyos preceptos a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [...]" La disposición transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendidos como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos contemplados en el precepto 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la citada ley, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del último de los preceptos reproducidos se desprende que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, que se contará desde el día hábil siguiente al en que: a. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado. b. El quejoso tenga conocimiento del acto o su ejecución. c. Se haya ostentado sabedor de los mismos. Hipótesis que son excluyentes entre sí, no guardan orden de prelación y deben aplicarse en función de su idoneidad al caso concreto, atendiendo a la posición del quejoso respecto del acto reclamado, pues aun cuando los tres supuestos constituyen el punto de partida para el cómputo de presentación de la demanda, es posible que se actualicen en forma simultánea y, entonces, debe estarse a lo más favorable al gobernado. Al respecto, conviene traer a colación el contenido de los preceptos 82 y 93 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. Artículo 93. Cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje. Serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones de este Código. Del primer precepto transcrito se advierte las formas de las notificaciones y, precisa en lo que aquí interesa, que en el domicilio que éste establezca para tal efecto, se realizaran conforme a determinadas reglas, entre ellas por cédula de notificación, la cual surtirá efectos el día en que se practicó. Por su parte, el segundo numeral transcrito, establece que cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje. Con base en lo expuesto, se concluye que en la especie cobra aplicación la primera hipótesis del normativo 17 de la Ley de Amparo; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro de los quince días siguientes al en que hubiere surtido efectos, conforme a la ley del acto. En el caso, debe tomarse como tal, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, fecha en que se notificó al ahora quejoso, por medio de cédula de notificación que se entendió con una persona que se encontraba en el domicilio que señaló, el acto reclamado. Por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del uno al veintidós de octubre de dos mil dieciocho, tomando en cuenta que los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de octubre del año próximo pasado, por ser sábados y domingos fueron inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la ley de la materia. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, es evidente que en esa fecha ya había transcurrido en demasía el plazo de quince días previsto en el párrafo primero del precepto 17 de la Ley de Amparo. En tal virtud, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el juicio, en contra del acto reclamado señalado con antelación, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. QUINTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA ALEGADAS. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, respecto del acto reclamado consistente en la audiencia de control judicial celebrada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, en el expedientillo 243/2018, atribuida al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o que aparezcan del juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio constitucional, tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." La tercero interesada, "Financiera Dinero Inmediato", Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, hace valer que respecto al acto reclamado citado con antelación, resulta improcedente el juicio de amparo, porque considera que la quejosa no tiene legitimación (fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo) y que se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77, fracción II, de la invocada ley, en virtud de que considera que si se otorgara el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado, en modo alguno se podría vincular a la responsable al cumplimiento del fallo protector, para que lleve a cabo los actos necesarios y cese la omisión reclamada, esto es, devolver el vehículo que reclama la quejosa, ya que no tiene la propiedad del mismo. Son infundadas las causales de improcedencia que hace valer la tercero interesada, las cuales serán analizadas en su conjunto, por estar vinculadas entre sí. Se afirma lo anterior, en virtud de que la aquí quejosa comparece a este juicio constitucional en su calidad de imputada y posesionaria del bien mueble, consistente en un vehículo de la marca "Ford", tipo "Mondeo", placas YZA-9788, del Estado de Yucatán, tan es así, que presentó un escrito ante la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo, del Ministerio Público del Fuero Común, y le contestó, que no accedía a su devolución, e interpuso el medio de control judicial ante el Juez responsable en contra de lo anterior, lo que es materia de estudio del presente juicio de amparo, por ende, los argumentos de la tercero interesada, se encuentran íntimamente vinculados con el fondo del asunto, lo que se será analizado en el considerando subsecuente. Encuentra aplicación a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse" . Así la cosas, no advirtiéndose una causal de improcedencia que se actualice en relación al acto reclamado consistente en la audiencia de control judicial celebrada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, en el expedientillo 243/2018, atribuida al del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, por tanto, procede el estudio de la constitucionalidad del citado acto reclamado. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados los conceptos de violación expresados por la quejosa NOEMÍ AURORA LEDESMA LOPERENA, como se explicará en líneas sucesivas. En primer lugar, para una mejor compresión del asunto, es necesario relatar algunos antecedentes de la determinación reclamada, los cuales se obtienen de las constancias remitidas por la fiscal responsable y de la audiencia celebrada el nueve de octubre de dos mil dieciocho. I.- Mediante escrito de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, ratificado el diecinueve siguiente, ante la Agencia Especial Número de la Fiscalía General del Estado, Josué Sandoval Cantón, en su carácter de apoderado de "Financiera Dinero Inmediato", Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, interpuso denuncia por robo de diversos vehículos automotores, entre ellos, un vehículo de la marca "Ford", tipo "Mondeo", placas YZA-9788, del Estado de Yucatán, exhibiendo las facturas endosadas a nombre de la citada empresa. II. Derivado de lo anterior, se inició la carpeta de investigación E2/58/20107, por hechos delictivos posiblemente delictuosos que podrían constituir robo de vehículo contra quien resulte responsable. III.- Acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual, la Secretaría de Seguridad Pública puso a disposición de la autoridad investigadora el vehículo de la marca "Ford", tipo "Mondeo", placas YZA-9788, del Estado de Yucatán, lo anterior, con motivo de un trámite de reemplacamiento; sin embargo, toda vez que dicho vehículo tenía reporte de robo, se procedió a su retención. IV.- Acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, en el que la autoridad investigadora decretó, entre otros, el aseguramiento del vehículo "Ford", tipo "Mondeo", placas YZA-9788, del Estado de Yucatán. V.- Declaración en carácter de imputada de Noemí Aurora Ledesma Loperena, ante la autoridad investigadora, con fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete (foja 162 a 169). VI.- Mediante escrito de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, la citada Ledesma Loperena, compareció ante la autoridad investigadora y le expuso que con motivo de un préstamo que realizó a la empresa "Dinero Inmediato", empeño su vehículo de la marca "Ford", tipo "Mondeo", placas YZA-9788, del Estado de Yucatán, el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, ante dicha empresa, por la cantidad de $10,000.00, dejando la factura número 32933 V, que ampara dicho vehículo, la cual no se encontraba endosada a favor de su esposo por el anterior propietario, por lo que en la parte posterior de ella, la endosó. VII.- Escrito de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual, Noemí Aurora Ledesma Loperena, solicitó la devolución del vehículo en cuestión y que se dicte el no ejercicio de la acción penal a su favor en la indagatoria ya señalada. VIII. Entrevistas a Juan Carlos Arias Lozano y Evangelina González Viveros, en el que ambos manifestaron que Noemí Aurora Ledesma Loperena, desde el año dos mil quince, es la posesionaria del vehículo "Ford", tipo "Mondeo", placas YZA-9788, del Estado de Yucatán. IX.- Acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, realizado por la autoridad investigadora, en el que no accedió a la devolución del vehículo en comento, en atención a la solicitud Ledesma Loperena, en virtud de que no acreditó con documento oficial su matrimonio, con Daniel Ángel Inurria Farias, esto, para darle certeza jurídica a las comparecencias de Inurria Farias en relación a dicho matrimonio; asimismo, no se accedió a la solicitud de decretar el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria, en virtud de que la autoridad investigadora necesitaba allegarse de la comparecencia de Elsa Joana Carrasco Ortega, a fin de que declarara en relación a los hechos por los que se inició la aludida carpeta de investigación. X. En contra de lo anterior, Noemí Aurora Ledesma Loperena, solicitó el control judicial de dicha determinación, lo cual le correspondió conocer al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio del Estado, quien mediante audiencia de nueve de octubre de dos mil dieciocho, señaló que en virtud de que se contraponen datos de pruebas entre las partes (Noemí Aurora Ledesma Loperena y la parte denunciante "Financiera Dinero Inmediato", Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada), le impedía pronunciarse en relación a la devolución del vehículo en cuestión, por lo que ameritaba mayor investigación de la fiscalía, por ende, no podía pronunciarse en relación a la devolución del automotor y a la solicitud de ejercicio o no de la acción penal. Resolución que constituye el acto reclamado. En primer término, se realiza la precisión que la audiencia videograbada de nueve de octubre de dos mil dieciocho, que contiene el acto reclamado materia de estudio, cumplió con los requisitos de los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que el Juez de Control expuso los motivos y fundamentos para no acceder a la pretensión de la ahora quejosa, respecto a la entrega de un automotor y el pronunciamiento en relación al ejercicio o no de la acción penal en la indagatoria de origen. En efecto, en la audiencia pública realizada dentro del expedientillo 243/2018, del índice del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio del Estado, la aquí quejosa, por conducto de su defensor, expuso los motivos de disenso en relación con su solicitud de entrega de un automotor y el ejercicio o no de la acción penal en la indagatoria de origen (02:13:21). Pues manifestó que su representada, en cuanto a la devolución del vehículo en comento, ante el Ministerio Público, acreditó con documento oficial el matrimonio de Noemí Aurora Ledesma Loperena con Daniel Ángel Inuria Farías, a fin de acreditar el vínculo matrimonial entre ellos, lo cual, a criterio de la fiscalía, es precisamente lo que hacía que no pudiera devolverle el vehículo a su representada. Siguió señalando, que su representada sí firmó el endoso de la factura del vehículo, pero fue como requisito para que le pudieran otorgar el crédito por "dinero inmediato", así como otros documentos, entre los cuales se encontraba un contrato de compraventa por dicho automotor con dicha empresa, que casualmente resultó la misma cantidad del préstamo, que es de $12,302.60, siendo dicha cantidad inferior al valor real del automotor, esto es, de $72,000.00. Continuó manifestando, que para acreditar la posesión del vehículo a favor de su representada, puso a disposición de la autoridad ministerial, el juego de dos llaves de dicho automotor, así como el "GPS" que fue instalado al momento de otorgarle el préstamo, y las testimoniales de Juan Carlos Arias Lozano y Evangelina González Viveros quienes fueron concordantes al manifestar que les constaba que su representada, es propietaria de dicho vehículo desde el año 2015, siendo la única quien manejaba dicho vehículo automotor, hasta septiembre de 2017, que fue cuando se lo retuvieron al intentar realizar el cambio de placas ante la Secretaría de Seguridad Pública; por lo anterior, solicitó que le fuera devuelto a su representada, en depósito provisional, hasta que se concluyera con la investigación. Siguió señalando el representante de la ahora quejosa, en cuanto a que no se accedía al no ejercicio de la acción penal, que la fiscalía alegó que hacía falta la comparecencia de Johana Carrasco Ortega; sin embargo, contaba con otros datos, como son, la comparecencia de su representada ante dicha carpeta de investigación, donde negó todos los hechos; la tarjeta de presentación del crédito "Efecti-auto"; la caratula de crédito realizada por "Financiera Dinero Inmediato", hacia el esposo de la imputada; el reporte de corridas financieras; la tabla de pagos del crédito realizado a favor de Daniel Arias Inurrias Farías por "Financiera Dinero Inmediato"; la copia a color de la factura original, la cual se encuentra firmada por Johana Carrasco Ortega al momento de recibir la factura original del vehículo; la copia a color de los tres pagos que realizaron a la cuenta 0197811993, de la Institución Bancaria Bancomer, a nombre de "Find a Dinner" S.A. de C.V., Sofom E.N.R, con distintas fechas; siendo que, con todo lo anterior, el Ministerio Público podía resolver que el hecho cometido no constituye delito, o que el hecho no se cometió, porque lo que dice la parte denunciante afirma que sucedió, fue que llegó al patio de su apoderada y se habían robado el vehículo en comento (02:20:44). Por su parte, el fiscal manifestó que efectivamente les corrieron traslado del acta de matrimonio, misma que ya había sido solicitada, pero le fue informado por el Registro Civil que no es un matrimonio que existiera en la ciudad de Mérida ni mucho menos en Yucatán; que es cierto que hacía falta localizar a Johana Carrasco Ortega para su declaración correspondiente, por lo que habían girado oficios correspondientes a diversas dependencias para ubicar el domicilio y compareciera ante la autoridad investigadora y así tener un conocimiento más claro de los hechos. Que en la carpeta de investigación obra un contrato de compraventa del vehículo que celebró Daniel Ángel Inurria Farías como vendedor y "Financiera Dinero Inmediato", por conducto de su apoderado Juan José Jaime Cereda, como comprador, donde se especificó que Inurria Farías es el propietario del vehículo, firmado dicho contrato ante dos testigos; en diversa documental, en una parte señala, "endoso de factura", y otra, "cedo los derechos de la presente factura y propiedad a favor de Juan José Jaime Cereda, por lo que no es posible determinar si sea o no la firma de Daniel Ángel Inurria Farías, pues no se contaba con la comparecencia de esa persona, en donde hiciera en su momento las argumentaciones con respecto a estos documentos (02:23:26). Por su parte, el apoderado de la empresa denunciante manifestó que efectivamente presentó una denuncia, toda vez que en los patios de la empresa no se encontraron diversos vehículos, lo cual ha sido materia de debate, en relación a que si ello constituye o no el delito de robo, razón por la cual no le han devuelto los vehículos propiedad de su representada; que sobre el vehículo en comento, obra en su posesión el original de la factura endosada, no como falsamente quiere hacer creer el abogado de la defensa, que fue entregado en garantía, sino que la literalidad de la factura establece "cedo los derechos de la presente factura a favor de Dinero Inmediato S.A. de C.V., Sofom N.R y la firma de Daniel Ángel Inurria Farías", esposo de la imputada; que esa factura fue entregada a su representada con base al contrato de compraventa del vehículo, que fue celebrado entre el esposo de la imputada y su representada el diecinueve de junio de dos mil quince; que la imputada se considera propietaria porque tiene una factura con fecha posteriormente, esto es una refactura, cuando su marido es el que vendió el vehículo tiempo antes y posterior se presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, para hacer el cambio de propietario; que los supuestos contratos de crédito carecen de valor probatorio, toda vez que no están firmados, simplemente son copias en blanco de corridas financieras de un contrato sin firmas (02:30:21). Con base en las declaraciones anteriores de las partes, el Juez de Control, al momento de resolver, acertadamente expuso lo siguiente (02:39:28): Que uno de los motivos que tuvo el Ministerio Público para no devolver el vehículo, era porque, a su consideración, no se corroboraba el dicho de que tanto la indiciada, aquí quejosa, en esa investigación y la persona que según firmó el documento y la cesión de derechos de la factura, no fueran esposos. Que no obstante, con la documental que exhibió la indiciada, se corroboró la afirmación de la Fiscalía. Asimismo, que ulterior a esos actos de investigación, se apreciaba un contrato de compraventa que genera el conflicto penal, esto es, que existen diversas circunstancias que ponen duda a quién le asiste el derecho sobre el bien, pues había una postura, con un contrato de compraventa y una cesión de derechos de la factura del vehículo, a favor de la empresa denunciante, y por otro lado, existía la comparecencia del esposo de la indiciada, ahora quejosa, donde realizó manifestaciones relacionadas con que en realidad fue un requisito solicitado por esa empresa para hacer un préstamo, es decir, que el requisito fue que se endosara la factura y firmara ese contrato. Por todo lo anterior, el Juez responsable concluyó que le impedía pronunciarse a quién le asistía el derecho para que se entregara el vehículo, en virtud de que la investigación tenía que continuar, toda vez de que existían posturas de ambas partes, por lo que el Ministerio Público debía agotar esa investigación, para determinar si procedía o no el pronunciamiento sobre el ejercicio de la acción penal solicitado por los hechos denunciados, o en su caso, determinar a quién, a través de la investigación, se le podía entregar el vehículo de manera provisional en relación a un derecho de propiedad o de posesión. Lo anterior, ya que se contraponían diversos datos de prueba, pues por un lado, existía un contrato de compraventa y un endoso de factura, y por otro lado, una versión en la que se afirmaba que lo que realmente se trataba ese evento, es de un préstamo. Siendo que el Juez responsable refirió que con base en lo anterior, le impedía acceder a la devolución y ordenar la entrega del vehículo, aún de manera provisional a la parte que promovió el control judicial, pues no existían datos mínimos básicos para poder establecer que en realidad efectivamente se está en una circunstancia de un préstamo, pues el Ministerio Público no dirimió esa circunstancia y eso implica una mayor investigación, por lo que el Ministerio Público debe realizarla de manera exhaustiva, lo que implica no solamente obtener datos de cargo, sino también de descargo. Así las cosas, el Juez de Control, no accedió a la devolución del vehículo, al no existir hasta ese momento, datos que le permitan continuar con la apertura del expedientillo, ya que se advertían derechos contrapuestos que le impedían ordenar bajo control judicial la entrega del vehículo. Ahora bien, en sus conceptos de violación, la quejosa manifestó que los datos de prueba que ofreció en la carpeta de investigación de origen, desvirtuaron las acusaciones en su contra; así como que se le negó la devolución del vehículo en comento, cuando se acreditó que tenía la posesión del mismo, con dos testigos que presentó ante la autoridad investigadora, aunado a que se expusieron las documentales para acreditar que los hechos derivan de un préstamo; y que el Juez responsable, no realizó manifestación alguna en relación al no ejercicio de la acción penal solicitado. A fin de contestar lo anterior, es dable señalar que en atención al sistema de enjuiciamiento que rige al acto reclamado, implica que la autoridad responsable soporte sus razones únicamente sobre los datos que las partes introdujeron en la audiencia mediante el debate, pues del control horizontal de la información surgen los elementos que el órgano jurisdiccional debe considerar para la emisión de la determinación respectiva; en la medida que de acuerdo con los principios (contradicción e inmediación) e instrumentalidad procesal (oralidad) que rigen al sistema penal acusatorio adversarial, el Juez de control no tiene acceso a la carpeta de investigación, sino únicamente las partes intervinientes en el acto procesal respectivo. En adición a lo anterior, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, implica la necesaria igualdad procesal de las partes, de que se respete el derecho de defensa contradictoria, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente; por lo que el juez de control, sólo puede decidir sobre lo que aduzcan las partes, con base en los argumentos jurídicos que hayan expuesto en la audiencia correspondiente. Además, en cuanto la motivación en el sistema de justicia penal que no ocupa, no debe soslayarse el grado de complejidad que implica resolver de manera oral dentro de audiencia, lo que puede generar que las resoluciones no sean tan rigurosas como las emitidas en la modalidad escrita, ya que ésta es la mejor para comunicar de manera objetiva y suficientemente pormenorizada la decisión jurídica y los argumentos que la sostienen, los cuales pueden ser muy amplios y con un alto grado de dificultad. Sin embargo, ello no quiere decir que el órgano judicial al emitir su justificación de manera oral incurra en vaguedad o se extienda a temas no abordados en el debate, pues el objeto de la motivación en las resoluciones judiciales es permitir al ciudadano conocer las razones de la afectación que se le impone y garantizar su revisión a través de las instancias de impugnación correspondientes. En ese orden de ideas, la exigencia constitucional de fundamentación y motivación debe encontrar armonía en los aspectos precisados y no exigirse en las resoluciones orales una motivación pormenorizada y minuciosa [como en la escrita], por lo que bastará que el juez exponga las razones suficientes para justificar su decisión y que lo haga sobre bases racionales e idóneas para hacerla aceptable, a partir de la información que le fue proporcionada en el contradictorio. En ese sentido, este Órgano Federal analizará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución reclamada en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, esto es, sólo con base en los aspectos debatidos en la audiencia respectiva, por lo que no se introducirán nuevos temas que no fueron materia de discusión dentro de la aludida audiencia ni se tomarán en consideración los registros de investigación [que fueron remitidos a este juzgado de distrito en atención a que eran necesarios para analizar los actos reclamados específicamente al represente social responsable], en estricto respeto a los principios rectores que rigen en el proceso penal acusatorio y oral. Por otra parte, cabe precisar que la determinación reclamada se emitió a solicitud de la aquí quejosa en una audiencia de tutela de derechos, que encuentra fundamento en el control judicial, figura que en el sistema penal acusatorio se erige como una garantía que vela por la protección de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento y como un mecanismo efectivo que pugna contra la arbitrariedad de las autoridades que intervienen en la investigación de los delitos; respecto el cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, concluyó que su finalidad es que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora. Lo que este Juzgado de Distrito considera que no debe estar reservado a una sola de las partes, pues si bien es cierto que la interpretación del alto tribunal del país partió desde la perspectiva de los derechos de la víctima y ofendido, también es verdad que ello no excluye a otros sujetos procesales del ejercicio de ese mecanismo de control de legalidad, dado que en ese sistema rigen los principios de igualdad ante la ley e igualdad entre las partes, que consisten, el primero, en que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa, así como que las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos y, el segundo, en que se debe garantizar a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. Además, porque el Juez de Control tiene la obligación de respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento, en el periodo que tiene competencia para ejercer sus atribuciones, esto es, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. En ese sentido, debe considerarse que la resolución que aquí se combate sustituye a la determinación ministerial que fue objeto de control judicial, ya que aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las mismas que producía la decisión del Agente del Ministerio Público investigador de negar la devolución del vehículo asegurado a la quejosa y de realizar pronunciamiento en relación al ejercicio o no de la acción penal solicitado, la afectación a la gobernada ahora deriva directamente de la resolución emitida en la audiencia de tutela de derechos, pues los efectos de la determinación ministerial perdieron toda vinculación con la esfera jurídica de la quejosa. Por tales motivos, la autoridad jurisdiccional que tutela los derechos de los intervinientes en el procedimiento tiene la obligación de analizar en su integridad la legalidad de la actuación o de la omisión ministerial combatida mediante ese mecanismo, claro está, siempre a partir de la información que obtenga del debate para la resolución efectiva del asunto sometido a su potestad. Precisiones que resultan indispensables para desentrañar la naturaleza jurídica del acto reclamado y las atribuciones del juez de control en su emisión y, de ese modo, este órgano federal este en posibilidad de analizar su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Bajo este contexto, se estima que la resolución emitida por el Juez de Control responsable en audiencia de tutela de derechos, se encuentra debidamente fundamentada y motivada. Se afirma lo anterior, dado que este Juzgado de Distrito considera correcto que el Juez responsable, luego de declarar cerrado el debate, sin pormenorizar pero con razones suficientes, determinara negar la devolución del vehículo, con base en que no se encontraba debidamente probado a quién le asistía el derecho para que se le entregara el automotor, toda vez de que existían posturas contrapuestas de ambas partes, por lo que el Ministerio Público debía agotar la investigación, para determinar si procedía o no pronunciamiento sobre el ejercicio de la acción penal por los hechos denunciados, o en su caso, determinar a quién, a través de la investigación, se le podía entregar el vehículo de manera provisional en relación a un derecho de propiedad o de posesión, al contraponerse diversos datos de prueba, pues por un lado, existía un contrato de compraventa y un endose de factura, y por otro, existía una versión en la que se afirmaba que lo que realmente se trataba ese evento, es de un préstamo. Con base en los razonamientos anteriores, el Juez de Control, acertadamente, no accedió a la devolución del vehículo, al no existir hasta ese momento, datos que le permitieran continuar con la apertura del expedientillo, al existir derechos contrapuestos, que le impedían ordenar bajo control judicial, la entrega del vehículo y por ende, tampoco era factible pronunciarse en relación al ejercicio o no de la acción solicitado. Además, que el Juez responsable señaló que el Ministerio Público tenía que realizar actos de investigación dentro de la carpeta de investigación de origen. Argumentos que se estiman jurídicamente correctos, lo que es posible advertir con solo imponerse de la determinación adoptada por el Juez de control, pues respetó la necesaria igualdad procesal de las partes, en específico respecto a la contradicción, mediante la posibilidad de la quejosa de rechazar las pretensiones de la representación social. Además, decidió sobre los argumentos jurídicos que las partes expusieron en la audiencia, sin desbordar la litis surgida del debate, en la medida que expresó razones suficientes que abarcan el tema en contradicción. Entonces, el Juez de Control responsable atendió a las pretensiones de las partes, en la medida que atendió en lo trascendente la litis integrada del control horizontal de la información, que era precisamente dilucidar si el vehículo debía entregarse o no a la aquí quejosa y pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal en la carpeta de investigación de origen. Justificación que, cabe precisar, no incurrió vaguedad ni desbordó la litis del asunto, pues sí permite a la quejosa conocer las razones de la afectación que se le impuso y garantizar su revisión a través de las instancias de impugnación correspondientes -lo que resultaba indispensable en la medida que la determinación del Juez de Control sustituyó procesalmente a la decisión del ministerio público- y, por otra parte, porque el Juez de Control analizó en su integridad la legalidad del asunto sometido a su potestad. Finalmente, en diverso concepto de violación, la quejosa refiere que el Juez responsable no hizo manifestación alguna respecto al plazo que se le solicitó para resolver sobre el pronunciamiento del ejercicio o no de la acción penal. Es inatendible el concepto de violación anterior, en virtud de que tal planteamiento, si bien lo hizo valer ante el Juez de Control, no fue motivo de la litis planteada ante dicha autoridad, ya que el acto reclamado, -control judicial-, deriva del acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por la Fiscalía responsable, en la que no se accedió a la entrega del vehículo multicitado y tampoco al pronunciamiento del ejercicio de la acción penal de la carpeta de investigación de origen, por lo que tal planteamiento resulta ajeno a la litis inicial, y de ahí, que no es posible atenderlo en este juicio de amparo Consecuente, este Juzgado Federal no vislumbra transgresión alguna de los derechos fundamentales de la parte quejosa reconocidos en el artículo 16 de la Constitución General de la República. Por las consideraciones anteriores, al resultar infundados e inatendibles los conceptos de violación aducidos y no advertir la aplicación de la institución de la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de la Materia, procede negar la protección constitucional, solicitada. SÉPTIMO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por NOEMÍ AURORA LEDESMA LOPERENA, respecto del acto reclamado al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo, del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad, por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente determinación. SEGUNDO.- La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a NOEMÍ AURORA LEDESMA LOPERENA, respecto del acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta Ciudad, consistente la audiencia de control judicial celebrada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, en el expedientillo 243/2018, por los motivos expuestos en la sexta consideración de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando último de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta el día de hoy veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en que las labores del Juzgado permitieron el engrose, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA I. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juez Primero de Control en Turno del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán; de conformidad al artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de la materia, gírese atento oficio a l Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juez Primero de Control en Turno del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, para efectos de hacerle saber la admisión de la demanda que nos ocupa, al que se adjuntará copia simple de ella, e indíquesele que con tal carácter puede comparecer a juicio si a sus intereses conviniere, y comunicándole la fecha y hora de la celebración de la audiencia constitucional precisada en párrafos anteriores. En mérito de lo anterior, se señala el SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE a las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el oficio del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Robo, del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, con anexo que acompaña, en atención al requerimiento efectuado en proveído de tres de enero de dos mil dieciocho, remite copia debidamente certificada de la carpeta de investigación E2-58/2017; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto por el término de tres días y háganse relación de las constancias al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/6276/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. DOY FE.
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