Noemi Adriana Verdin Montes
Expediente 201/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/07/2021
Partes del expediente
- Noemi Adriana Verdin Montes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra de la determinación de veintiuno de junio de dos mil veintiuno que sobreseyó en el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso a), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas con siete minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 201/2021-VII, promovido por Noemí Adriana Verdín Montez, por conducto de su apoderado legal Carla Dalila Macías Barqueño. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido del licenciado Martín Narváez Sosa, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda; auto admisorio de seis de abril de dos mil veintiuno; constancias de notificación de las partes e informe justificado. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendidos el informe justificado de la autoridad responsable que lo suscribe. Abierto el período probatorio, El secretario certifica que la autoridad responsable, ofreció medios probatorios. El Juez acuerda: Con fundamento en lo previsto en el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia naturaleza, las pruebas documentales de mérito. Sin que haya diligencia pendiente por desahogar. Se cierra el período de pruebas. A continuación, se procede a abrir el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes vertió alegatos. El Juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede; y, por precluido el derecho de las partes para hacerlo.. Se declara cerrado el período de alegatos. 07/08/21 11:13:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.44 MARTIN NARVAEZ SOSA Juicio de Amparo Indirecto 201/2021-VII [14] Cerrado el período de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar ni promoción que acordar, se declara cerrada la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 201/2021-VII promovido por Noemí Adriana Verdín Montez, por conducto de su apoderado legal Carla Dalila Macías Barqueño. 8 ANTECEDENTES: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa promovió demanda laboral, la cual fue radicada bajo el número 326/2019, del índice de la Junta Especial Número 61 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede esta ciudad, en la cual se dictó laudo el siete de julio de dos mil diecinueve, sin que a la fecha de interposición de la demanda de amparo, la autoridad responsable haya practicado la diligencia de ejecución en cumplimiento a dicha resolución. Dicha omisión constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: treinta de marzo de dos mil veintiuno (fojas 02 a 03). Admisión sin incidente de suspensión: Seis de Abril de dos mil veintiuno (fojas 05 a 08). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Siete de abril de dos mil veintiuno (foja 10), quien no formulo alegato. Celebración de la audiencia constitucional: Nueve de julio de dos mil veintiuno. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza laboral, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.9 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que la autoridad responsable y el acto reclamado es el siguiente:10 8 Lo que acredita con el poder otorgado por Noemí Adriana Verdín Montez, a favor de Carla Dalila Macías Barqueño (foja 4). 9 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 10 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de contenido: 07/08/21 11:13:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.44 MARTIN NARVAEZ SOSA Juicio de Amparo Indirecto 201/2021-VII [15] Amparo indirecto 201/2021-VII 2. Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. a). La omisión de practicar la diligencia de ejecución de laudo de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente laboral 326/2019, respecto de la demanda laboral promovida por Noemí Adriana Verdín Montez, por conducto de su apoderado legal, contra Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. No Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Fojas 1 Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit El citado inciso a) Niega 32 TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable antes citada, ya que de las constancias que acompañó a su informe de ley se advierte su inexistencia, ya que previo a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable ya había despachado auto para llevar a cabo la práctica de la diligencia de ejecución del laudo. Asimismo, la inexistencia del acto reclamado se corrobora con las documentales que la autoridad responsable allegó al presente juicio de amparo, consistentes en copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente laboral 326/2019, donde se advierte que la autoridad responsable despachó auto para llevar a cabo la práctica de la diligencia de ejecución del laudo; esto es, previo a la presentación de la demanda de amparo que aquí se analiza, como enseguida se precisa: 1. El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se recibió ante la autoridad responsable la demanda por parte de Noemí Adriana Verdín Montez, por conducto de su apoderado legal Carla Dalila Macías Barqueño, contra "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores" y Afore XXI Banorte Sociedad Anónima de Capital Variable" en la que se reclamaba diversas prestaciones (fojas 33 a 35). 2. Dicha demanda, fue radicada el tres de junio de dos mil diecinueve y se ordenó el emplazamiento de las partes (foja 37). "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También apoya lo expuesto la jurisprudencia P./J. 49/96 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Materia Común, Página 58, con número de registro 200066, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." 07/08/21 11:13:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.44 MARTIN NARVAEZ SOSA Juicio de Amparo Indirecto 201/2021-VII [16] 3. Seguido el juicio, el cuatro de julio de dos mil diecinueve, se desahogó la diligencia de conciliación, demanda y excepciones de prueba y resolución, en el que se condenó a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas y se le dio un término de quince días para que cumpliera con la condena impuesta (fojas 38 a 45). 4. El veinte de noviembre de dos mil diecinueve, se certificó que había transcurrido el término para que la parte demandada cumpliera con el laudo sin que lo hubiera hecho; por tanto, se despachó auto de ejecución con efecto de mandamiento y la Junta responsable, ordenó a la actuaria de su adscripción a constituirse en compañía de la parte actora, en el domicilio de la parte demandada, a fin de requerir a esta última, por la cantidad que fue condenada (foja 47). Documentales que, al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2o., se les otorga valor probatorio. 11 En ese sentido, de las citadas documentales, se advierte que desde el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, la junta responsable, ordenó la práctica la diligencia de ejecución del laudo. Efectivamente, de las constancias anexadas por la autoridad responsable, se permite determinar que previo a la presentación de la demanda de amparo, ya se había ordenado la práctica de la diligencia de ejecución del laudo; sin que el quejoso haya aportado elemento de convicción eficaz con el cual desvirtuara lo manifestado por la autoridad responsable y, con el cual demostrara la existencia de las omisiones reclamadas, de ahí que, se tiene por inexistente el acto que se reclama. 12 Máxime que mediante proveído de seis y doce de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que acompañó a su informe la autoridad responsable, para que manifestara lo que su interés conviniera, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. En efecto, se itera que la demanda de amparo fue presentada el treinta de marzo de dos mil veintiuno y la autoridad ordenó la práctica de la diligencia de ejecución, el veinte de noviembre de dos mil veintiuno; por lo que resulta inconcuso que la omisión reclamada no existía cuando se promovió el juicio de amparo Sin que obste el hecho de que la autoridad responsable señalara que la parte actora no solicitó vía electrónica mediante el "buzón de información y citas", hora y fecha para el desahogo de la multicitada diligencia, y que por tal motivo no se haya desahogado. Lo anterior es así, puesto que, dada la naturaleza del acto reclamado, consistente en la omisión de practicar la diligencia de ejecución en el citado expediente laboral 326/2019 y en atención a la Jurisprudencia 2a./J. 16/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra localizable con el número de registro digital 2000025, bajo el rubro "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA 11 Resulta aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." 12 Sobre el particular, es dable establecer que el acto reclamado fue inexistente y no hubo una cesación de efectos, dado que, previo a la presentación de la demanda de amparo, no existía el acto reclamado, lo anterior de conformidad con la tesis con datos de localización: Registro digital: 210237, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: II. 1o. C. T. 217 K, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Octubre de 1994, página 313, de rubro y texto: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." 07/08/21 11:13:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.44 MARTIN NARVAEZ SOSA Juicio de Amparo Indirecto 201/2021-VII [17] Amparo indirecto 201/2021-VII DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA.", resulta necesario, que para que proceda la ejecución del laudo materia del juicio, debe existir la solicitud e impulso del ejecutante actor, ya que no podría tenerse por actualizada la omisión genérica de actos futuros e inciertos, que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Se dice lo anterior, toda vez que de conformidad a lo previsto en el artículo 950 de la ley del Trabajo, dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo; siendo que en cuanto a los diversos dispositivos 954, 958 y 965 de dicha ley, prevén la intervención del propio ejecutante en diversas diligencias para la continuación de las etapas de señalamiento de bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación de depositario y su eventual cambio o remoción; de ahí que dicha ejecución forzosa no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, sino que necesariamente supone el impulso de la parte ejecutante (como carga procesal); por lo tanto, al no advertirse de constancias allegadas al sumario, que la parte quejosa haya gestionado al respecto ante la autoridad responsable, para que ésta estuviera vinculada a actuar; en consecuencia, es palpable que en el particular, se está ante la inexistencia de la omisión atribuida a la autoridad laboral responsable.13 Por tanto, al no existir la omisión que reclama la parte quejosa a la autoridad responsable, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de 13 Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro digital 2000011, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de 07/08/21 11:13:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.44 MARTIN NARVAEZ SOSA Juicio de Amparo Indirecto 201/2021-VII [18] amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63,14 fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: Primero. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Noemí Adriana Verdín Montes, por conducto de su apoderado legal Carla Dalila Macías Barqueño, contra la autoridad responsable y por el acto reclamado precisado en el considerando segundo, ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.". De igual forma resulta ilustrativo a lo anterior, la diversa jurisprudencia con registro digital 2000025, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo.". Así también, la tesis con registro digital 197269, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a. CXLI/97, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 366, que señala: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última.". 14 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" 07/08/21 11:13:24 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9e.44 MARTIN NARVAEZ SOSA Juicio de Amparo Indirecto 201/2021-VII [19] Amparo indirecto 201/2021-VII por las razones expuestas en el diverso tercero de la presente resolución. Segundo. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 548/2021, suscrito por el Presidente en Comisión a la Junta Especial Sesenta y Uno, con sede en Tepic, Nayarit, mediante el cual en contestación a lo solicitado por este juzgado mediante oficio 6450/2021-VII, en el que se solicitó a esa autoridad remitiera las constancias relativas al recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, emitido dentro del expediente laboral 326/2019 de su índice. Sin embargo, manifiesta que en los autos de dicho expediente laboral, no se ha interpuesto recurso de revisión alguno, por lo que no le es posible remitir las constancias relativas a ese medio de impugnación; sino que aclara que en el informe justificado se refería a que previo al amparo, procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución del laudo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 514/2021 firmado por la autoridad responsable Presidente en Comisión de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tepic, Nayarit, mediante el cual en atención a lo solicitado por este juzgado en el diverso 6063/2021, remite las constancias relativas a su informe justificado. Atento a lo anterior, póngase a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Luego, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental las constancias que anexó al comunicado de cuenta; sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrar la audiencia constitucional en términos del numeral 124 de la citada legislación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma
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