Noel Ulises Carbajal Torres
Expediente 680/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Noel Ulises Carbajal Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia pronunciada en este juicio de amparo el veintinueve de octubre de dos mil veinte; en consecuencia: con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que sobreseyó en el juicio, promovido por Noé Ulises Carbajal Torres, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al sobreseerse en el juicio de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo General citado. Devolución de documentos En caso de que existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración,destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. NOTIFÍQUESE...MESA 0
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio signado por Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en atención al requerimiento de veinte de octubre del presente año, remite la constancia de notificación del acuerdo de dieciséis del mismo mes y año; en atención a su contenido, dado que en sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se determinó sobreseer en el juicio, se estima que únicamente es procedente agregar la documentación en comento, sin emitir mayor proveído de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. NOTIFÍQUESE.
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R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Noé Ulises Carbajal Torres, contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en términos del considerando cuarto de este fallo constitucional. Notifíquese.
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Por recibida la razón del actuario adscrito a este juzgado, mediante la cual informa que se constituyó en el domicilio ubicado en Bosques de Tabasco, número 52, planta alta, **** , en busca del quejoso *** , a efecto de notificarle el auto de seis de octubre de dos mil veinte, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la diligencia encomendada por las razones que expone en la misma; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, hágase la notificación del mencionado auto y de las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado.Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veinte. Recepción de escrito inicial. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Noé Ulises Carbajal Torres, contra actos que reclama de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 680/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, toda vez que el mismo no fue solicitado y no se encuentra en los supuestos del artículo 127 de la Ley de Amparo. Vista al Ministerio Público Federal. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con el artículo 5, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo, haciéndole entrega de una copia simple de la demanda. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Tomando en cuenta que de conformidad con el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS- CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo último, se deben adoptar medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; por consiguiente, con la finalidad de evitar la propagación del mismo, inclusive en pro del derecho a la salud del personal actuante en este juzgado, se determina respecto a las notificaciones que deban realizarse hasta en tanto se regularicen las actividades de este órgano jurisdiccional o en tanto el suscrito no emita diversa instrucción en el presente asunto, para llevar a cabo las comunicaciones procesales de mérito, lo siguiente: Toda vez que en la causa penal 55/2006 del índice de este órgano jurisdiccional, por auto de veinticinco de mayo del año en curso, se tuvo autorizado el correo electrónico ashleyzu2004@yahoo.com.mx y el diverso maria.perezrp@pgr.gob.mx a efecto de notificar a la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, y como número telefónico para confirmar su recepción con el que los actuarios adscritos cuentan y deberán guardar en total confidencialidad, por consiguiente: En aplicación analógica del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público derivado de las medidas de contingencia sanitaria para evitar la propagación del virus SARS CoV2 (COVID-19), en observancia al acuerdo del Secretario de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo del año en curso, notifíquese por dicho medio electrónico a la parte procesal referida, debiendo el actuario respectivo levantar la razón correspondiente en la que haga constar su envío, así como la confirmación de su recepción. Hágase del conocimiento de las partes que por las razones ya expuestas en torno a la contingencia sanitaria, las notificaciones que deban realizarse por lista se publicarán únicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Tratándose de instituciones públicas que figuren como partes en los juicios de amparo con cualquier carácter (quejosas, terceras interesadas, autoridades responsables): Las que cuenten con convenio de interconexión celebrado con el Poder Judicial de la Federación y declaratoria de interconexión tecnológica, en términos de los artículos 3 de la Ley de Amparo, 68, 102 y 103 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como numerales 1, 2 y el capítulo tercero "De la interconexión tecnológica en el juicio de amparo indirecto", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, deberán ser notificados mediante el uso de dicha herramienta tecnológica. Al respecto, se hace notar a los actuarios de la adscripción que: (i) conforme al artículo 2 del acuerdo últimamente mencionado, las declaratorias de interconexión tecnológica se publican en el Diario Oficial de la Federación, y se difunden a través del Portal de Servicios en Línea y del Sistema de Seguimiento de expedientes; por lo que deberán consultar sendos medios de difusión, (ii) asimismo observar las reglas previstas en el preindicado acuerdo para la obtención de las constancias de notificación. Las que no cuenten con el referido convenio de interconexión celebrado con el Poder Judicial de la Federación y declaratoria de interconexión tecnológica, deberán ser notificadas a través de los medios de comunicación ordinarios, en el entendido de que previo a la remisión física de oficios, se instruye a los actuarios a efectos de que realicen la consulta de la probable existencia de un correo electrónico donde las autoridades responsables puedan ser notificadas por este medio y se confirme su recepción. Requerimiento de informe justificado. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que rinda su respectivo informe con justificación, bajo los términos y condiciones siguientes: a) Dentro del plazo de tres días improrrogables siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo; b) Oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, derivadas del juicio de origen, en la inteligencia que de no contar con tales documentales, será suficiente la remisión de dicho informe. De conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización 1: i) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y ii) Se abstengan o sean omisas en rendir los informes con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, comuníquese a las autoridades responsables que si del contenido de su respectivo informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad o, en su caso remitiere constancias equivocadas, 1 En la inteligencia que el valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente a $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte; y todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en la leyes federales, estatales, de la Ciudad de México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado precepto. Cabe precisar que el requerimiento del informe justificado, dentro del plazo precisado en el artículo 118 de la Ley de Amparo, obedece al hecho de que la finalidad perseguida por el citado precepto es dar celeridad al trámite del juicio de amparo, en asuntos que por su naturaleza sea posible otorgar, sin mayor problema, la protección constitucional, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se proclamó jurisprudencialmente sobre el alcance del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 constitucional, a fin de observar la tutela que debe prevalecer por parte de los órganos jurisdiccionales, específicamente en el acceso efectivo a la administración de justicia con el objetivo de lograr que las instancias constituyan mecanismos expeditos, eficaces y confiables para los justiciables, criterio de cuyo cumplimiento derivará su eficacia y que resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, mismo que es del tenor literal siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." 2. 2 "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la Lo que además, encuentra justificación en el artículo 25.1 y 25.23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del que el Estado Mexicano es parte y cuya jurisprudencia es obligatoria para todos los juzgadores, por ser más favorable, acorde a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 21/20144. Bajo ese marco legal, atendiendo a la situación en la que se encuentra inmersa la parte quejosa en la instancia de origen5, este órgano jurisdiccional requiere el informe justificado en el plazo antes señalado, a fin de buscar privilegiar la impartición de justicia y relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". Novena Época, Registro: 188804, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 113/2001, Página: 5. 3 Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 4 "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.". Época: Décima Época. Registro: 2006225. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 21/2014 (10a.). Página: 204. 5 Respecto del plazo razonable para fallar un recurso de amparo, y que lo convierta en eficaz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado en los siguientes casos: a. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, asentó que el concepto de "plazo razonable" no era un concepto de sencilla definición y fue acudiendo a la jurisprudencia de la Corte Europea que estableció inicialmente que se debían tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: "a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales.". b. A partir del Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, el Tribunal consideró "pertinente precisar [.] que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo.". c. En el caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, dentro del examen de la violación del artículo 25 y en consideración a la razonabilidad del plazo, reafirmó que "los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, si durante la tramitación de éstos se incurre en un retardo injustificado de la decisión.". d. En el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua que el procedimiento que se siguió ante las diversas instancias que conocieron de los amparos desconoció el principio de plazo razonable- reiteró que "los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, si en la adopción de la decisión sobre éstos incurre en un retardo injustificado.". respeto a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional, tal y como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dispuso en la tesis jurisprudencial en comento. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de que queden notificadas de este auto, informen si dentro del juicio laboral SAT 672/2019, las partes han promovido diversos juicios de amparo indirecto anteriores al presente sumario y de ser el caso, remitan copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para acreditar su dicho. En esa tesitura, dígasele a la autoridad señalada como responsable que deberá rendir dicha información, en el correo oficial de este órgano jurisdiccional 8jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, ello en atención a la naturaleza del presente asunto y de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Asimismo, requiérase a la autoridad responsable Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje, informe si las constancias que integran el expediente de origen, se encuentran digitalizadas y de ser así lo remita de forma en electrónica a este juzgado federal, a través de los medios indicados. Y de no ser posible remita dichas constancias físicamente, mismas que de no ser posible integrarlas al expediente electrónico por exceder de la capacidad que permite el sistema (20 mega bytes), las cuales se pondrán a la vista del quejoso, las cuales podrá consultar previa cita gestione, siguiendo los lineamientos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional, para que el público en general pueda generar una cita para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Requerimiento a la responsable para que señale correo electrónico para recibir notificaciones: Sin perjuicio de lo anterior, dadas la circunstancias expuestas, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, requiérase a la autoridad responsable, para que informe en el mismo plazo de tres días antes indicado, si cuentan con usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual para su uso requiere únicamente de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. En el entendido de que, de no contar con usuario en dicho portal, podrá generar una mediante el uso de alguna de las firmas antes mencionadas, para lo cual, se le informa el manual actualizado de uso en la liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, proporcione algún correo institucional al que se le pueda hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio, ello en términos de los dispositivos antes mencionados, en relación con los artículos 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público ante la situación de emergencia en la que se encuentra el país con motivo de la pandemia del virus SARS- CoV2 y, precisamente, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en las instalaciones de las autoridades y evitar su propagación del como una medida de prevención sanitaria. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, o de no informar o indicar el impedimento que tengan para ello, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. En ese tenor, mientras solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien lleva a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas, una vez proporcionada la información últimamente indicada y en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera diversa, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se le requiere para que reciba toda clase de notificaciones que sean remitidas por este juzgado, a través de cualquiera de los medios electrónicos de mérito. En el entendido de que, independientemente de ello, toda comunicación dirigida a este órgano jurisdiccional deberá ser presentada en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, esto es, por escrito con firma autógrafa o mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ya sea mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), debiendo en todo momento dar preferencia a la presentación a través de medios digitales. Obligaciones de las partes. De igual forma, se les hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de cualquier causa de sobreseimiento en este asunto, se encuentran obligadas a comunicarlo de inmediato ante este juzgado federal, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, y se apercibe a los quejosos y a las autoridades responsables que de no hacerlo, se les podrá imponer una multa de trescientas Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 251 de la Ley de Amparo. Apercibimiento a la quejosa en relación a la denominación de la autoridad responsable. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; por lo que se le apercibe para una vez enterada que dichas denominación de la autoridad señalada como responsable, sean incorrectas o bien, aquellas sean inexistentes, deberá corregir o aclarar los nombres que designó, con el apercibimiento que de ser omisa a esa eventualidad, se le sancionará declarándola inexistente, lo anterior, de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.153/2019 (10a), de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2021029, cuyo rubro es el siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió. De la audiencia constitucional. Ahora, por lo que respecta a la audiencia constitucional, se señalan las catorce horas con dieciséis minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte, para que tenga verificativo, en el entendido que se llevará en términos de la Segunda Sección del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, en el que con motivo de la actual situación de emergencia que impera en el país, se ha implementado el uso de videoconferencia en los asuntos competencia de este órgano jurisdiccional, siempre y cuando se privilegié la igualdad entre las partes. Para tal efecto, en términos del artículo 28 del Acuerdo General citado en el párrafo precedente, se previene a las partes para que dentro del plazo de dos días o bien veinticuatro horas previas a la celebración de la audiencia, señalen a través de promoción electrónica o física, la o las personas que acudirán a la audiencia que tendría verificativo por videoconferencia en su representación; asimismo, señalar un correo electrónico para el envió del citatorio respectivo, en el entendido de que el citatorio que contenga el vínculo para ingresar a la videoconferencia se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se entenderá que no es su deseo intervenir a la videoconferencia, llevándose a cabo entonces la audiencia correspondiente de manera tradicional (escrita), sin que ello implique que no puedan presentar escritos el día de la fecha señalada para dicha diligencia judicial. Asimismo, se hace saber a las partes, que para efecto de tener por acreditada su legitimación para asistir a la audiencia y por certeza de las partes, deberán contar con su identificación debidamente escaneada en el equipo en el que se conecten a la videoconferencia para que la exhiban a través de la herramienta "compartir pantalla", lo mismo acontecerá con cualquier documento que se vaya a incorporar a la audiencia, esto para conservar constancia de los mismos. En consecuencia, se instruye a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este órgano jurisdiccional, realice las gestiones tendentes a su preparación. Por otra parte, se comunica a los participantes que para poder accesar a dicha plataforma deberán contar con un equipo de comunicación (pc, celular o tableta) con cámara y micrófono, conexión a red wifi; asimismo, deberán realizar el enlace por lo menos con quince minutos de anticipación a su celebración, lo anterior a efecto de poder llevar a cabo la logística operacional, asimismo podrá ingresar a https://help.webex.com/esco/n62wi3c/Get-Started-with-Cisco-Webex-Meetings-for-Attendees, y https://help.webex.com/es-co/, en donde se encuentran los tutoriales y requerimientos técnicos de la plataforma. De las notificaciones a las partes. Se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional se practiquen a las partes por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 fracción I, y 28 de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo, sin embargo el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesado, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones los actos encaminadas a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realizó en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2a ./J.176/2012 (10a), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. De la parte tercero interesada. Sin que se le reconozca el carácter de tercero interesado a los que señala en su escrito de demanda, toda vez que, si bien se encuentran en la hipótesis que contempla el artículo 5, fracción III, fracción b) de la Ley de Amparo, al mismo no le causa perjuicio alguno el acto que la parte quejosa reclama al tratarse de cuestiones omisivas. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señalen un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en Calle Bosques de Tabasco, número 52, planta alta, Colonia Bosques de México, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, código postal 54050 y notifique el contenido del presente proveído al quejoso, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogas las pruebas consistentes en la presuncional legal y humana, y la instrumental de actuaciones dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otro lado, no ha lugar a admitir la documental pública consistente en la copia certificada del expediente SAT 672/2019, toda vez que la parte quejosa no la anexó a su demanda de amparo, ni acreditó haberla solicitado oportunamente a la autoridad responsable, tal como lo establece el artículo 121 de la Ley de Amparo. Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.
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