Noel Sanchez Taboada

Expediente 1424/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1424/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • Noel Sanchez Taboada

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por este Juzgado y quedó registrado con el número 10/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.YARIGH*

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos del expediente en que se actúa el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual hace del conocimiento que no acepta la competencia planteada por este Juzgado de Distrito, por los razonamientos ahí expuestos y remite los autos del expediente en que se actúa. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Conflicto competencial. El suscrito juzgador no comparte el criterio, plasmado en el proveído de veintiuno de octubre del año en curso, en el que arguye que no acepta la competencia propuesta, por lo que se plantea el conflicto competencial respectivo. Esto es así, en virtud de que el Juzgado Noveno de Distrito en esta entidad federativa, estima que se debió plantear un impedimento por haber sido señalado como autoridad responsable este Juzgado, ello sin expresar las razones por las cuales estima carece de competencia legal para el conocimiento del asunto. Cabe precisar que la actualización de las causas de impedimento previstas en el artículo 51 de la Ley de Amparo, surgen por una excusa -oficiosa-, o bien, una recusación -a petición de parte- y a través de ello se pretende evitar que pueda considerarse que al momento de resolver se beneficie a alguna de las partes, garantizando el apego de los funcionarios judiciales de amparo a los principios de imparcialidad y objetividad en la impartición de justicia, establecidos en los numerales 17, segundo párrafo y 100, séptimo párrafo de nuestra Carta Magna. Es así, que los impedimentos pueden conceptuarse como "un hecho o circunstancia personal que ocurre en un funcionario judicial y que son de tal naturaleza que pueden afectar su imparcialidad en perjuicio de las partes y que, por tanto, lo obligan a inhibirse del conocimiento y decisión de un juicio determinado". Además, parten de una cuestión subjetiva que corresponde plantear al juzgador, o bien a las partes, en aquellos casos en los que considere que la imparcialidad del juez se encuentra mermada. Ahora bien, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en la contradicción de tesis 73/2003-PS, de veintidós de octubre de dos mil tres, para diferenciar una causa objetiva, de una subjetiva, interpretó la causa de impedimento establecida en el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (artículo 51, fracción IV, de la normatividad vigente), estableció lo siguiente: "El precepto transcrito se refiere a las causas de impedimento para conocer de los juicios en que intervengan los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Jueces de Distrito y las autoridades que conozcan de los juicios de amparo conforme al artículo 37, cuya finalidad es apartar del conocimiento de un asunto a un juzgador cuya imparcialidad se encuentra menoscabada; por tanto, la naturaleza del impedimento estriba en la parcialidad que en él presume la ley. Es pertinente señalar que el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada, por un lado, por la competencia propia del órgano; por otro lado, por lo que a la persona del juzgador se refiere, ésta se encuentra limitada objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado Juez, y, subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto y animadversión, e incluso un interés directo en el negocio, relaciones a las que se les denomina genéricamente impedimentos. (.) Así, se tiene que el referido numeral atiende a la persona o personas físicas concretas individuales, que encarnan al órgano y que dictaron las resoluciones reclamadas en el juicio de amparo, con la finalidad de que no tengan injerencia en el juicio de garantías, ante la posibilidad de que mengüe la imparcialidad que constitucionalmente debe imperar." De lo anterior, se puede advertir que a diferencia de los impedimentos que están dirigidos al juzgador en lo personal para evitar mermar su imparcialidad, la competencia se refiere al órgano jurisdiccional como tal. Dicha distinción quedó precisada de forma más patente al resolver la contradicción de tesis 25/2006- PS, sobre conflictos competenciales, en la que determinó que en el caso en que señalaran como autoridades responsables a todos los jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial como responsables, se surtía a favor del más inmediato, conforme a la excepción establecida en el artículo 42, primer párrafo, de la normatividad en la materia abrogada -38 de la ley en vigor-. Además, precisó que en el caso no era aplicable la jurisprudencia 1a./J. 59/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "IMPEDIMENTO. PARA QUE OPERE LA CAUSA PREVISTA EN LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE EL JUEZ FEDERAL QUE MANIFIESTE ESTAR EN TAL SUPUESTO ACREDITE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE.", con base en el siguiente argumento: "En efecto, el criterio en cuestión se refiere a un problema de impedimento, que atañe a la persona del juzgador, en tanto que la presente contradicción de tesis, versa sobre una cuestión de competencia, que se refiere al órgano jurisdiccional; de ahí la inaplicabilidad de la jurisprudencia en cita." Aún más, al resolver en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil doce, la Solicitud de Modificación de Jurisprudencia 19/2010 - en la que se intentó modificar el criterio que derivó de la contradicción precitada, y se declaró infundada dicha pretensión- al analizar la ejecutoria antes señalada se expuso lo siguiente: "Lo anterior, pone de manifiesto que no se inadvirtió que las causas de impedimento son ajenas a las cuestiones de competencia, pues no es a través de un criterio de competencia subjetiva que alude a los funcionarios, que se determina la competencia objetiva propia de los órganos jurisdiccionales, cuando se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, sino en atención a la regla de excepción que prevé el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que conduce a señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato. Esto, derivado de que con independencia de que los jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial hayan emitido o no la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado, lo cierto es que tendrán el carácter de autoridad responsable, durante toda la secuela procesal del juicio de amparo, acorde al artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia, pues durante todo el juicio detendrán la categoría procesal de contraparte del quejoso, con todas las cargas que ello implica, como lo es rendir el informe justificado a que se refiere el artículo 149 de la Ley Amparo, de ahí que no puedan decidir respecto del acto a ellas atribuido." En tales términos, es claro que los juzgadores de amparo de acuerdo a la circunstancia en la que se encuentren, pueden plantear un impedimento si consideran que su imparcialidad personal esta mermada al encontrarse en algunos de los supuestos del artículo 51 de la mencionada normatividad, o bien, declarar que el juzgado federal que representa carece de competencia por territorio, materia, grado o, en su caso, si se ubica en la regla especial establecida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, como ocurrió en el caso que nos ocupa. Acorde a lo anterior, tenemos que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, al estar señalado como autoridad responsable, consideró carecer de competencia legal, pues resulta evidente que no debe conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, en términos de la regla especial establecida en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Además, cabe hacer mención que el suscrito actuó en esos términos en aras de salvaguardar los principios de celeridad del juicio de amparo y en atención a la practicidad que contribuye a lograr una justicia pronta, expedita e imparcial, conforme al artículo 17 constitucional. Esto es así, en virtud de que ya sea que se planteé como impedimento o como competencia, de cualquier forma el resultado fáctico será el mismo, es decir, que deba ser un órgano distinto a los que fueron señalados como responsables el que conozca del presente juicio de amparo. Cabe precisar que similar conclusión llegó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el conflicto competencial 14/2017, suscitado entre el Juzgado Primero y Cuarto de Distrito en el Estado Morelos; así como el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el conflicto competencial 2/2019 suscitado entre el Juzgado Quinto y Noveno de Distrito en el Estado Morelos. En las relatadas condiciones, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, 37, fracción VI, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el original del juicio de amparo 1424/2019-III, del índice de este Juzgado de Distrito que contiene las constancias del diverso 1719/2019, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Decimoctavo Circuito en turno, a efecto de que resuelva el presente conflicto competencial. Notifíquese Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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