Noel Salas Coria
Expediente 168/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Noel Salas Coria
Actuaciones
- Principal
Visto; del estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, en que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO. EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: del estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, en que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente expediente como definitivamente concluido... NOTIFIQUESE
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinte de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Noel Salas Coria, por propio derecho, contra actos del Colegio de Bachilleres en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo; se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 168/2019, y fórmese expediente. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En el caso concreto se considera que en atención a que la autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1º, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos legales disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Conforme a los preceptos transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo anterior se pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sentado lo anterior, conviene precisar que en el caso en estudio el quejoso hace consistir el acto reclamado en: El oficio DAJ/002/2019, de nueve de enero de dos mil diecinueve, suscrito por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, mediante el cual se le niega la hoja única de servicios, en virtud de que su situación laboral se encuentra suspendida hasta en tanto se resuelva el conflicto laboral planteado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, quien contestó la petición que el gobernado dirigió a ese colegio, no puede ser considerado como de autoridad o alguno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo. Ello es así, en razón que la petición respectiva fue al tenor de una relación laboral trabajador-patrón, es decir, entre particulares y no en una relación de supraordinación; motivo por el cual, el Director como representante legal del Colegio de Bachilleres carece de facultades y atribuciones por las normas legales para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, pues, se insiste, únicamente actúa en calidad de patrón del quejoso, esto es, en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones entre institución académica y su personal, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado. Las consideraciones expuestas fueron sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la ejecutoria que dio origen al criterio siguiente: En efecto, el artículo 2 del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero establece que es un organismo público descentralizado del Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado con orientación a una actividad o servicio específico prioritario del Estado, para el despacho de la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de Guerrero, y el Decreto Número 490 por el que se crea. Por otro lado, el Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero tiene reconocido un carácter de patrón ya que las relaciones de trabajo entre aquél y sus trabajadores se regirán por el apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; caso en el cual actúa en un plano de igualdad. De ahí, que el acto reclamado al Colegio de Bachilleres del Estado no puede ser considerado como acto de autoridad, si se toma en cuenta que la petición respectiva fue al tenor de una relación laboral entre el trabajador, aquí quejoso y su patrón (Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero), es decir, entre particulares y no en una relación de supra a subordinación, motivo por el cual dicho director no actúa como autoridad para efectos del amparo, sino como patrón. En tales condiciones, resulta que el acto atribuido al Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, no se ubica en la hipótesis que prevé el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, porque el despliegue del acto que se le reclama no se lleva a cabo en ejecución de atribuciones legales que le resulten de ejercicio irrenunciable y no se coloca en un plano equivalente al de la autoridad, porque las relaciones que entabla con las partes que intervienen en el acto reclamado no denotan características de supra a subordinación. Sino que se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por las anteriores consideraciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la legislación citada, se desecha de plano la demanda promovida por Noel Salas Coria, por propio derecho. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; asimismo, como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Soraya Krystal Orozco Zúñiga, Abad Gerardo Orozco Rojas, Vladimir Rendón Sánchez y Grissel Orozco Zúñiga, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Se autoriza la expedición de copias. Hágase saber a las partes que, en caso de requerirlo, sin previa promoción, desde este momento se autorizan copias simples y certificadas de las actuaciones, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa firma de recibido que se agregue a los autos para constancia legal. Uso de medios electrónicos. En el entendido de que tal y como lo determinó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la circular 12/2009, no existe inconveniente en que al momento de consultar el expediente en que se actúa las partes hagan uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este juzgado, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Edgar Herrera Borja, secretario quien da fe.
- Principal
AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: Vista la demanda de amparo promovida por Noel Salas Coria, por propio derecho, contra actos del Colegio de Bachilleres en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo; se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 168/2019, y fórmese expediente. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En el caso concreto se considera que en atención a que la autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1º, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos legales disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Conforme a los preceptos transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo anterior se pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sentado lo anterior, conviene precisar que en el caso en estudio el quejoso hace consistir el acto reclamado en: El oficio DAJ/002/2019, de nueve de enero de dos mil diecinueve, suscrito por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, mediante el cual se le niega la hoja única de servicios, en virtud de que su situación laboral se encuentra suspendida hasta en tanto se resuelva el conflicto laboral planteado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, quien contestó la petición que el gobernado dirigió a ese colegio, no puede ser considerado como de autoridad o alguno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo. Ello es así, en razón que la petición respectiva fue al tenor de una relación laboral trabajador-patrón, es decir, entre particulares y no en una relación de supraordinación; motivo por el cual, el Director como representante legal del Colegio de Bachilleres carece de facultades y atribuciones por las normas legales para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, pues, se insiste, únicamente actúa en calidad de patrón del quejoso, esto es, en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones entre institución académica y su personal, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado. Las consideraciones expuestas fueron sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la ejecutoria que dio origen al criterio siguiente: En efecto, el artículo 2 del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero establece que es un organismo público descentralizado del Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado con orientación a una actividad o servicio específico prioritario del Estado, para el despacho de la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de Guerrero, y el Decreto Número 490 por el que se crea. Por otro lado, el Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero tiene reconocido un carácter de patrón ya que las relaciones de trabajo entre aquél y sus trabajadores se regirán por el apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; caso en el cual actúa en un plano de igualdad. De ahí, que el acto reclamado al Colegio de Bachilleres del Estado no puede ser considerado como acto de autoridad, si se toma en cuenta que la petición respectiva fue al tenor de una relación laboral entre el trabajador, aquí quejoso y su patrón (Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero), es decir, entre particulares y no en una relación de supra a subordinación, motivo por el cual dicho director no actúa como autoridad para efectos del amparo, sino como patrón. En tales condiciones, resulta que el acto atribuido al Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, no se ubica en la hipótesis que prevé el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, porque el despliegue del acto que se le reclama no se lleva a cabo en ejecución de atribuciones legales que le resulten de ejercicio irrenunciable y no se coloca en un plano equivalente al de la autoridad, porque las relaciones que entabla con las partes que intervienen en el acto reclamado no denotan características de supra a subordinación. Sino que se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por las anteriores consideraciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la legislación citada, se desecha de plano la demanda promovida por Noel Salas Coria, por propio derecho. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; asimismo, como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Soraya Krystal Orozco Zúñiga, Abad Gerardo Orozco Rojas, Vladimir Rendón Sánchez y Grissel Orozco Zúñiga, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Se autoriza la expedición de copias. Hágase saber a las partes que, en caso de requerirlo, sin previa promoción, desde este momento se autorizan copias simples y certificadas de las actuaciones, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa firma de recibido que se agregue a los autos para constancia legal. Uso de medios electrónicos. En el entendido de que tal y como lo determinó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la circular 12/2009, no existe inconveniente en que al momento de consultar el expediente en que se actúa las partes hagan uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este juzgado, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite... NOTIFIQUESE.
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