Noel Rubi Aviles

Expediente 799/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 23 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
799/2015
Año
2015
Actuaciones
23
Última actuación
06/07/2016

Partes del expediente

  • Noel Rubi Aviles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de inconformidad, dentro del término legal, contra la resolución que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.

  2. Incidental

    Visto lo de cuenta y tomando el suscrito juez en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por ejecutoria pronunciada en sesión de diez de marzo de dos mil dieciséis, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Noel Rubí Avilés, contra el acto que reclamó del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, consistente en el auto de formal prisión de veintiocho de mayo de dos mil quince, dictado en la causa penal 33/2015, y la orden de identificación administrativa del inculpado, para los efectos precisados en la presente ejecutoria". En la ejecutoria citada, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, revocó la dictada por este juzgado y concedió el amparo solicitado por Noel Rubí Aviles, contra el auto de formal prisión de veintiocho de mayo de dos mil quince, dictado en la causa penal 33/2015, y la orden de identificación administrativa, reclamados al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, para efecto de que el juez responsable dejara insubsistente el acto reclamado y dictara otra resolución en la que: Reparara la incongruencia en la que incurrió respecto a la actualización del delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 215, fracción II, del Código Penal Federal. Se pronunciara de nueva cuenta sobre la demostración de los elementos del cuerpo del delito de encubrimiento en relación con el ilícito de abuso de autoridad en su vertiente de dilación de puesta a disposición, analizando si en el caso se actualiza una figura jurídica de exclusión de delito. Analizara nuevamente la demostración de los elementos del cuerpo del delito de encubrimiento en relación con los ilícitos de lesiones y abuso de autoridad por violencia, vejación e insultos, y de manera fundada y motivada, considerando los aspectos destacados en la ejecutoria, resolviera lo que estimara procedente. Dicha concesión, se hizo extensiva a los actos de ejecución consistentes en la identificación administrativa por los delitos de abuso de autoridad (violencia, vejación e insultos) y encubrimiento. El siete de abril de dos mil dieciséis se tuvo por recibida la ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio número 649-1, recibido el dieciocho de abril del año en curso, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado y remitió copia certificada de la resolución constitucional de quince de abril de dos mil dieciséis, en la que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se acreditan los elementos del cuerpo del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 215, fracción XV, con la agravante establecida en el diverso 213 bis, del Código Penal Federal. SEGUNDO. En términos de los artículos 7, 8, 9 párrafo primero y 13, fracción III, del Código Penal Federal (como autores), en relación con el 168, párrafo penúltimo, del Código Federal de Procedimientos Penales, se acredita la probable responsabilidad penal de 1) Noel Rubí Avilés y 2) Carlos Alberto García Covarrubias en su comisión. TERCERO. Se dicta auto de formal prisión a 1) Noel Rubí Avilés y 2) Carlos Alberto García Covarrubias, por su probable responsabilidad en la comisión de hechos constitutivos del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado en el numeral 215, fracción XV, con la agravante establecida en el dispositivo 213 bis, del Código Penal Federal, por estar satisfechos para su dictado los requisitos de fondo y de forma previstos en los arábigos 19 constitucional; 161 y 163 del Código Federal de Procedimientos Penales. CUARTO. Se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de 1) Noel Rubí Avilés y 2) Carlos Alberto García Covarrubias, respecto de su probable responsabilidad en la comisión de hechos constitutivos de los delitos: Abuso de autoridad, previsto y sancionado en el precepto 215, fracción II, con la agravante establecida en el similar 213 bis, del Código Penal Federal y, Encubrimiento, previsto y sancionado en el artículo 400, fracción V, del Código Penal Federal. (.) Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efecto jurídico la resolución reclamada dictada en el proceso penal número 33/2015, en cumplimiento a la ejecutoria y emitió diversa resolución en la que se ciñó a los lineamientos ordenados. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al nulificar el auto de formal prisión reclamado, emitió uno nuevo en el que atendió los lineamientos de la ejecutoria, pues la responsable reparó la incongruencia en la que incurrió y dictó auto de libertad respecto de los delitos de: Abuso de autoridad, previsto y sancionado en el precepto 215, fracción II, con la agravante establecida en el similar 213 bis, del Código Penal Federal y, Encubrimiento, previsto y sancionado en el artículo 400, fracción V, del Código Penal Federal; por lo que se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. No representa obstáculo a la anterior determinación las manifestaciones realizadas por la parte quejosa a través del escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, dado que en ellas refiere aspectos de fondo relacionados con la determinación emitida en cumplimiento al fallo protector, sin embargo, la sentencia que concedió la protección constitucional solicitada no constriñó a la autoridad responsable a resolver en determinado sentido, sino únicamente a que dejara sin efecto jurídico la resolución reclamada y emitiera una nueva resolución siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria, de ahí que deban considerarse inatendibles esos argumentos. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez Primero de lo Penal de Manzanillo, Colima, con el que devuelve el despacho 85/2016, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en Colima. Por tanto, agréguese el oficio suscrito por el Juez Primero de lo Penal del Tercer Partido Judicial en Manzanillo, Colima, con el que devuelve sin diligenciar el despacho 85/2016, remitido para notificar a los terceros interesados Juan Manuel Silva Robles, Miguel Ángel Sanabria Gutiérrez y José Rafael Apechea Pérez, en virtud de que con fecha trece de abril de dos mil dieciséis, obtuvieron su libertad mediante remisión parcial de la pena otorgada por el Juez Primero de lo de Tecomán, Colima. En consecuencia, tomando en consideración que de actuaciones no se desprende algún otro domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Colima; por tanto, con apoyo en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificar a los terceros perjudicados Juan Manuel Silva Robles, Miguel Ángel Sanabria Gutiérrez y José Rafael Apechea Pérez, el auto de siete de abril de dos mil dieciséis, por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes notificaciones que les resulten de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio procesal en esta ciudad. 04/07/2016.- Por recibido el oficio número 658/16-A Mesa-1 del Secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad de Colima, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 799/2015-III-SISE y el testimonio de la resolución pronunciada en la revisión principal 401/2015, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida.- - - SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Noel Rubí Avilés, contra el acto que reclamo al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, consistente en el auto de formal prisión de veintiocho de mayo de dos mil quince, dictado en la causa penal 33/2015, y la orden de identificación administrativa del inculpado, para los efectos precisados en la presente ejecutoria.", Sentado lo anterior, debe decirse que el acto que debe realizar con base en la protección constitucional, por su naturaleza, se estima que Si es susceptible de cumplimiento en el término de tres días, debido a que las responsables deben acatar lo ordenado en la sentencia dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las referidas autoridades vinculadas con el deber que impuso la sentencia que concedió el amparo y la protección de la tutela federal, para que dentro del término de tres días realice los actos encaminados a acatar dicho fallo e informe a este juzgado federal tal cumplimiento, apercibidos de que, de no hacerlo así, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo.

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