Noel Ramírez Francisco

Expediente 1299/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1299/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Noel Ramírez Francisco

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de sobreseimiento de treinta de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 17 a 25), en el presente juicio de amparo 1299/2021-VII; por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Noel Ramírez Francisco, contra los actos que reclamó a las autoridades señaladas como responsables, en los términos establecidos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia constitucional, firmando el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase al Jefe de la Unidad de Política Electoral de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en representación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado, rindiendo su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dése vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés estimen conveniente, sin perjuicio de darse nueva cuenta en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 394/2021-II, promovido por Rogelio Erwin Reynua Hernández, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la célula II-2, de la Fiscalía General de la República, en Reynosa, Tamaulipas; y, RE S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintisiete de abril del año en curso, recibido en este órgano de control constitucional el veintiocho de abril siguiente Rogelio Erwin Reynua Hernández, promovió juicio de amparo indirecto, en el que como autoridades responsables y actos reclamados señaló lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: Fiscalía General de la República, Sede Reynosa Tamaulipas, ubicada en Carretera Reynosa-Monterrey Km 211+500, Col. Real de Jarachina Norte Reynosa, Tamaulipas". ACTO RECLAMADO: "Se reclama como actos autoritarios y como violación a los derechos humanos la omisión por parte de la Fiscalía General de la República sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, para pronunciarse sobre la procedencia de la celebración del acuerdo reparatorio que establecen los artículos 187, 188, 189 y 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales y decretar la extinción de la acción penal en relación a la carpeta de investigación FED/TAMP/REY/0000717/2020 toda vez que el suscrito desde el 10 de julio de 2020, efectué el pago del crédito fiscal por infracción al artículo 176 fracción I y X de la Ley Aduanera, a través de la línea de captura número 0320 00M0 9HM1 2808 3283, la cual fue emitida por la aduana de Matamoros, y en virtud que la omisión de contribuciones excedió del monto a que hace referencia el artículo 102 último párrafo del Código Fiscal de la Federación, la autoridad aduanera configuró dicha infracción como contrabando y lo turnó a la Fiscalía General de la República generándose la carpeta de investigación FED/TAMP/REY/0000717/2020, derivado de lo anterior y toda vez que el crédito fiscal ya se encuentra debidamente cubierto, la autoridad aduanera emitió la resolución correspondiente que pone fin al procedimiento administrativo y que señala que por parte de esa autoridad aduanera ya no existe crédito alguno pendiente, dando por concluido el procedimiento... Sin embargo la Fiscalía General de la República ha sido omisa en dar respuesta a la solicitud realizada por el suscrito, violentando con dicha omisión mis derechos fundamentales." (Sic). SEGUNDO. El pasado veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de garantías, se registró en el libro de gobierno con el número 394/2021-II, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable y se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; aunado a ello, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado este asunto, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se tiene que el acto que el quejoso combate, consiste en: La omisión de acordar el escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno y notificar la contestación o resolución que haya emitido sobre la petición que le fue formulada a través de dicho escrito. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la célula II-2, de la Fiscalía General de la República, en Reynosa, Tamaulipas, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, enseguida refirió que el ocho de abril de dos mil veinte inicio la carpeta de investigación FED/TAMP/REY/0000717/2020, por los delitos de contrabando y posesión ilícita de hidrocarburo; esto es, la autoridad responsable en comento hizo manifestaciones que entrañan la certeza del acto reclamado (fojas 84 a 265, 267 a 277, 306 a 326, 330 y 331). Por tanto, se tienen como ciertos los actos atribuidos por la parte quejosa a la responsable aludida en el párrafo que antecede. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Página: 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. QUINTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no haberse invocado causales de improcedencia, ni advertirse la actualización de alguna por verificar, procederá a avocarse al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, ni algún otro dispositivo impone al juzgador la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para proceder a su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de fondo. Es fundado el concepto de violación aducido por la parte quejosa, suficiente para otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto del acto reprochado al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-2, de la Fiscalía General de la República, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Lo anterior es así, porque el acto que se reclama a la autoridad responsable, se hace consistir en omisión de acordar el escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno y notificar la contestación o resolución que haya emitido sobre la petición que le fue formulada a través de dicho escrito. En la inteligencia de que, para apoyar su dicho, el impetrante exhibió como prueba de su intención, acuse de recibo del referido escrito de los que se advierte sello de recibido por parte de la autoridad responsable (fojas 50 a 60). Al medio de convicción aludido en el párrafo que antecede, se le otorga el valor de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, al no haber sido materia de objeción; siendo suficiente para acreditar sin lugar a dudas la circunstancia que se demuestra; entre las que se destaca, que en fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable recibió la petición que le formuló la parte agraviada y de la cual se duele de la falta de contestación a la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la Tesis Aislada visible en la página 342 del Tomo XII, del mes de Noviembre de 1993, Materia Laboral, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dice: "DOCUMENTOS NO OBJETADOS, SU VALOR PROBATORIO. Si el documento privado ofrecido como prueba por una de las partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, tiene valor probatorio pleno para acreditar el hecho respectivo". En este apartado se precisa, que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: "ARTÍCULO 8°. Los funcionarios y empleados públicos representarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." (Lo resaltado es de este Juzgado de Distrito). De la transcripción anterior, debe decirse que el ejercicio del derecho de petición por el particular, y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que a continuación se citan: 1. La petición: a) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; b) Ser dirigida a una autoridad; c) Recabar la constancia de que fue entregada; además de que se deberá proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. 2. La respuesta: a) La autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; b) Tendrá que ser congruente con la petición; c) Debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; sin que exista obligación de resolver en determinado sentido. Así, debe decirse que el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Carta Magna, cuyo titular es el gobernado, se traduce en la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado en uso del poder que le confiere nuestra forma de gobierno a través de sus representante denominadas "autoridades"; es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual, debe serle dado a conocer en breve término; por lo que, si no se da contestación congruente por escrito y en breve término (debiéndose entender como tal, aquél en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición), a una solicitud presentada por el gobernado, ante cualquier servidor público, es inconcuso que se transgrede en su contra el artículo 8° Constitucional; pues tal omisión, se traduce en una afectación a su esfera jurídica. Por ello, lo que pretende la garantía constitucional invocada, es obligar a la autoridad, independientemente de su cargo, a fin de que conteste al gobernado y no dejarlo sin acuerdo alguno, respecto a las promociones que les haya realizado. En el caso concreto, la parte quejosa se ve agraviada en sus garantías individuales, ya que la autoridad responsable no le ha hecho del conocimiento dicha determinación de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. Lo anterior es así dado que la autoridad en comento indicó que el pasado uno de abril del año en curso comisionó a un auxiliar ministerial a efecto de realizar la notificación en términos del numeral 82, fracción I, inciso d), punto 2, en los domicilios situados en: Oaxaca 410, Col. Rodríguez, C. P. 88630, Reynosa, Tamps; en calle Primera Avenida 242, Col. Los Almendros, C.P. 88799, Reynosa, Tamps., y Calle Bravo, número 50-A, entre calle 2ª y calle 4ª, C.P. 87300, zona Centro, H. Matamoros, Tamaulipas; sin embargo, no adjuntó constancia donde se haya realizado dicha notificación, sino únicamente remitió acta circunstanciada de uno de abril del año en curso, en el cual no localizó al quejoso en los domicilios en Reynosa, Tamaulipas aludidos líneas supra (foja 265). No obstante lo anterior, del escrito que presentó el aludido quejoso el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se advierte que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Calle Bravo, número 50-A, entre calle 2ª y calle 4ª, C.P. 87300, zona Centro, H. Matamoros, Tamaulipas; asimismo, en dicho acuerdo ministerial también se ordenó se realizara en dicha ubicación, sin que así lo hubiere hecho la autoridad responsable según se observa de las constancias remitidas. Luego entonces, este juzgador estima que le asiste la razón al peticionario del amparo, pues hasta la fecha, no se advierte que la autoridad responsable mencionada en párrafos que anteceden, le hubiere hecho del conocimiento de ésta el acuerdo respectivo en breve plazo; por lo que, como lo señala la parte agraviada, en el caso a estudio, se actualiza una falta de contestación a su petición, violentándose con ello la garantía constitucional que es tutelada a favor de los gobernados por el precepto 8° de la Carta Magna. Por lo señalado anteriormente, es claro que hay una omisión por parte de la responsable, al no haber constancia alguna en autos que acredite fehacientemente que haya hecho del conocimiento de la parte quejosa, la contestación o resolución que haya emitido sobre la petición que le fue formulada a través de dicho escrito y de manera pacífica y respetuosa, en el cual se le solicitó la celebración de acuerdo reparatorio. En consecuencia, ante la falta de cumplimiento a la garantía establecida en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de restituir al quejoso Rogelio Erwin Reynua Hernández, en el goce de la garantía violada, procede concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable, notifique de manera personal la determinación emitida por la autoridad responsable el pasado treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga la posibilidad de conocer los motivos y fundamentos de dicha determinación y pueda imponerse del mismo. Sustenta tal determinación, el contenido de la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 426 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE QUE LA RESPONSABLE NOTIFICÓ EL ACUERDO AL QUEJOSO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. El artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) dictar el acuerdo correspondiente y b) que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto; por tanto, aun cuando llegare a estimarse que la autoridad recurrente cumplió con el primero de los requisitos formales, al turnar el escrito de petición suscrito por el agraviado a la autoridad correspondiente, por tratarse de un asunto de su exclusiva competencia, si no acredita en forma fehaciente que se dio a conocer en breve término el contenido del proveído en cuestión al quejoso, por medio de notificación personal o a través del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano que contenga la firma autógrafa del peticionario de garantías, es evidente que no se dio cabal cumplimiento al segundo requisito formal contenido en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta Magna." (Lo resaltado es de este Juzgado de Distrito). Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 73, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rogelio Erwin Reynua Hernández, en contra del acto del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-2, de la Fiscalía General de la República, con sede en Reynosa, Tamaulipas, por las razones y para los efectos precisados en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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