Noel Ortiz Escamilla

Expediente 706/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
706/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Noel Ortiz Escamilla

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó de plano la demanda de amparo. archívese y remítase al lugar de su guarda. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 29/09/2021, EL CUAL DICE:Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó de plano la demanda de amparo. archívese y remítase al lugar de su guarda. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 08/09/2021, EL CUAL DICE: "Quejoso. Noel Ortiz Escamilla. II. Autoridades responsables. Juez Menor Mixto de San Felipe, Guanajuato, y otra autoridad. III. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 706/2021-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Desechamiento. Del contenido de la demanda de amparo se obtiene que el quejoso señala como acto reclamado, la resolución dictada el diez de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente 198/2010, del índice del Juzgado Menor Mixto de San Felipe, Guanajuato, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el demandado, aquí quejoso, dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Lo anterior, evidencia la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Puntualizado lo anterior, se advierte que la demanda en cuestión resulta notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza de manera clara e indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación al numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De las porciones normativas transcritas con antelación, se advierte que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo debe intentarse contra la última resolución dictada en dicha etapa, lo cual implica que las decisiones intermedias ahí pronunciadas no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase, que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado, pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la última resolución que se dicte en ella, entendiéndose por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, así como las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Al respecto, es menester indicar que la redacción de la ley de la materia limita de manera precisa lo que se debe entender como última resolución, utilizando la palabra "solo" para referirse a un catálogo limitativo, no enunciativo, de tres supuestos que deben considerarse como la "última resolución", en los procedimientos de ejecución. La razón de lo anterior, es limitar la viabilidad del juicio biinstancial, evitando que los gobernados abusen del ejercicio de esta acción constitucional y, por ende, que se entorpezca la ejecución de las sentencias, en virtud de que se considera una cuestión de orden público que las mismas produzcan materialmente sus efectos jurídicos, por lo que dicho proceso ni siquiera puede ser interrumpido por la parte que haya resultado vencedora en la controversia natural. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la resolución dictada el diez de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente 198/2010, del índice del Juzgado Menor Mixto de San Felipe, Guanajuato, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el demandado, aquí quejoso, dentro de la etapa de ejecución de sentencia, no es de aquellas que cierren la referida etapa, ya que únicamente se declaró improcedente el incidente planteado por el demandado, aquí quejoso, contra las actuaciones verificadas durante dicha etapa de ejecución de sentencia; por tanto, no constituye la última resolución dictada dentro de la misma, en razón de que lo resuelto en el referido incidente promovido en dicha etapa (ejecución), implícitamente tiene como finalidad directa e inmediata, la continuación de la etapa de ejecución del juicio de origen, por lo que con la promoción del juicio de amparo no es dable pretender cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas en dicha etapa de ejecución. Por tanto, deviene innegable que la resolución reclamada por el amparista, se suscitó en el periodo de ejecución de sentencia del juicio natural y dicha etapa forma parte del sistema establecido para que el demandado, aquí quejoso, cumpla con la obligación de pagar la cantidad por concepto de suerte principal, más el pago de los intereses moratorios a los que fue condenado y, si bien, dicho acto pudiera ser susceptible de ser contrario a los intereses del demandado en el juicio de origen, lo cierto es que se trata de actos que tienen relación directa con la etapa de ejecución del juicio de origen, de ahí que solo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, donde podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución que lo hubieren dejado sin defensa. Tan es así, que la resolución de la que se duele el impetrante, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen, y menos aún ordena su archivo definitivo, resultando inconcuso que solo podrá ser impugnada al controvertir en amparo, la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución que lo hubieren dejado sin defensa, y que además hubiesen trascendido al resultado de la referida resolución. Lo anterior es así, toda vez que las actuaciones que se realicen en la etapa de ejecución de sentencia están encaminadas a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por lo que solo procede el juicio de amparo contra la última resolución dictada en dicha etapa, entendiéndose por ésta, las expresamente indicadas en la Ley de Amparo y no otras diferentes, como la que se combate en el presente juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el número P./J. 32/2001, visible en página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Por otro lado, se advierte que el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre los que se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes, la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso o el incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado. Encuentra aplicación al respecto, la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Asimismo, tampoco se encuentra ubicada en los casos de excepción, establecidos para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que el quejoso reclama la resolución dictada el diez de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente 198/2010, del índice del Juzgado Menor Mixto de San Felipe, Guanajuato, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovió como demandado perdidoso, dentro de la etapa de ejecución de sentencia; de lo que se colige que lo que pretende es impedir la ejecución de la condena decretada en su contra y por tanto, el amparo es improcedente, puesto que el quejoso pretende impedir el cumplimiento de una sentencia que adquirió la calidad de cosa juzgada, en la que fue condenado a satisfacer las prestaciones demandadas por la parte actora del juicio de origen. Encuentra aplicación, la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." En ese sentido, si el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio natural, es incuestionable que el recurrente debe combatir el acto que ahora reclama en el juicio de amparo que promueva en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la aludida sentencia; ello es así, en virtud de que la determinación que resuelve un incidente nulidad de actuaciones promovido después de concluido el juicio de origen, no se encuentra entre los autos que guarden una autonomía propia de los dictados en la etapa de ejecución de sentencia, pues la finalidad de ese medio de impugnación es declarar nulas las actuaciones combatidas y reponer el procedimiento de la referida etapa de ejecución de sentencia, lo que en todo caso debe reclamarse a través del juicio de amparo que se promueva contra la última resolución emitida en la propia fase procesal. En respaldo de lo anterior, por analogía, se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA." En razón de lo anterior, se colige que el acto reclamado se emitió dentro de la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen; de ahí que resulte improcedente la promoción del juicio de amparo indirecto, puesto que aún y cuando el cumplimiento de la sentencia elevada a la categoría de cosa juzgada, sea de tracto sucesivo o cumplimiento periódico, será hasta que se emita la última resolución en la que se dé por terminada dicha etapa, que se podrá promover el juicio de amparo. Por tanto, como en la especie la determinación reclamada solo es un acto en el trámite del periodo de ejecución del juicio de origen, esto es, no constituye un acto emitido en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la cual en todo caso podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como la que se reclama en el caso. Sirve de sustento a la anterior determinación, la tesis VII.2o.C. 23 K, con número de registro 175683, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en la página 1947 del Tomo XXIII, Marzo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia." Así como la tesis XVI.3o.2 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 917, Tomo XVII, correspondiente al mes de Junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 184223, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES CUANDO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES SE DECLARA INFUNDADO Y SE TRAMITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIN QUE LA INTERLOCUTORIA QUE LE PONE FIN SEA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. El juicio de amparo es improcedente contra la interlocutoria que declara infundado el incidente de nulidad de notificaciones que se ventiló en el periodo de ejecución de sentencia; ello, en virtud de que el resultado del incidente trae como consecuencia que siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que el quejoso fue oído y vencido con las formalidades que prevé el artículo 14 constitucional. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo ejecutivo, y en los conceptos de violación se podrán alegar las violaciones que considere se cometieron en el trámite del citado incidente de nulidad de notificaciones, o bien, en la resolución que recayó al mismo." Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo; por lo que atento a lo que señala el numeral 63, fracción V y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." V. Domicilio y autorizados. En virtud de que el peticionario del amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado de Distrito; empero, ningún precepto de la Ley de Amparo, ni de la que es supletoria contemplan como domicilio esa hipótesis, se tiene que incumplió con lo ordenado por el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la legislación en cita, esta y las subsecuentes notificaciones hágansele por medio de lista hasta en tanto subsane dicha omisión. Por otro lado, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo de Jesús Ibarra Ortiz, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del referido numeral y el correlativo 24 segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en dicho supuesto y así haberlo solicitado. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VIII. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. IX. Instrucción para practicar notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el seis de septiembre de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano