Noel Martinez Quiroz

Expediente 1394/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1394/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Noel Martinez Quiroz

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, quedando registrado bajo el expediente 1512/2023-V de su estadística; de lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de escrito Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por Javier Alejandro Cázares Gutiérrez y Felipe Cepeda Pérez, autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, atento a su contenido se provee: Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis del cumplimento Mediante sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ? ".El juez responsable deje sin efecto la resolución reclamada y dicte otra, en la que, de manera fundada y motivada, valore correctamente los datos de prueba; hecho lo anterior, establezca cuál es el hecho con características de delito que se acreditó; y en su caso, con las mismas exigencias determine si se comprobó la probable participación de los imputados ahora quejosos en su comisión. ? Asimismo, toda vez que el plazo para el cierre de investigación feneció, resulta innecesario abrir debate sobre esa cuestión. ? Por otra parte, deberán declararse nulos los datos de prueba que hubiere ofrecido la fiscalía durante el plazo de un mes otorgado por el Juez responsable mediante audiencia de diecisiete de agosto de dos mil veintidós. En la inteligencia que, el juez de control que conoció de la formulación de imputación a los aquí quejosos, deberá ser el mismo que resuelva su situación jurídica, en atención al principio de inmediación." Lo anterior, al considerarse que el Juez responsable no valoró de forma adecuada y puntual los datos de prueba; tanto en lo individual, asignando a cada uno el alcance probatorio y exponiendo con precisión las razones por las que se procedía en esos términos; además, de que tampoco los analizó en su conjunto, justificando su determinación, precisando qué se obtenía de cada uno de ellos y por qué servían para acreditar el hecho imputado, así como la probabilidad de participación de los quejosos. Asimismo, toda vez que la responsable, mediante audiencia de seis de mayo de dos mil veintiuno otorgó al fiscal investigador un primer plazo de cuatro meses para complementar la investigación; sin embargo, en la sentencia de mérito, se estimó que no resultaba procedente el diverso concedido mediante la audiencia de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en virtud de que el plazo para el cierre de la investigación ya había fenecido con exceso para la autoridad ministerial. Por lo que se concluyó lo que a continuación se transcribe: ".En este sentido, si el auto de vinculación a proceso, no reúne los requisitos de fundamentación y motivación, aunado a que el Juez responsable otorgó al agente del Ministerio Público un plazo superior al señalado por el Código Nacional de Procedimientos Penales para el cierre de la investigación, ello conlleva una afectación al derecho fundamental de seguridad jurídica de los quejosos, prevista por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone conceder la protección constitucional a Mariela Cristina García Palacios y Esaú Eguía Vázquez para que el juez de la causa las subsane. En esa tesitura, procede otorgar el amparo y protección de la justicia federal a Mariela Cristina García Palacios y Esaú Eguía Vázquez, concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución." Así, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia, por lo que se requirió a las autoridades responsables por su cumplimiento. Marco jurídico Es oportuno reflexionar que las autoridades responsables se encuentran obligadas a dar cumplimiento al fallo protector, de modo tal, que deben realizar todos y cada uno de los actos determinados en él y en los cuales se traduce el núcleo esencial de las obligaciones exigidas. Si tal sentencia es cumplida en los términos en que se ordenó, el asunto quedará concluido y se ordenará su archivo. Sin embargo, puede suceder que, al tratar de realizar ese cumplimiento, la autoridad responsable no se ciña estrictamente a lo determinado en el fallo, sino que lo haga de manera parcial o incompleta, en cuyo caso habrá "defecto", o bien, que vaya más allá de lo que se ha ordenado, hipótesis en la cual existirá "exceso" en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En términos generales existe defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando ésta se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin analizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, habrá defecto en la ejecución, cuando la autoridad responsable realice menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Existe exceso en la ejecución de la sentencia, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, es decir, extralimita su ejecución. En otras palabras, habrá exceso, cuando la autoridad responsable ejecute más actos que los deberes ordenados o impuestos en la ejecutoria. Encuentra apoyo lo referido con anterioridad en la tesis cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo defecto, no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo exceso sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo defecto, realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo"1 . También es aplicable en lo conducente la tesis que dice: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE 1 Tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 217, Octava Época. OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada"2 . Acciones de cumplimiento Sentado lo anterior, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo 1166/2022-VIII, se desprende que en acatamiento a la ejecutoria de amparo, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado Salad Sede, San Luis Potosí, San Luis Potosí, remitió un disco compacto que contiene la audiencia de catorce de julio del presente año y transcribió los puntos resolutivos de la misma, derivada de la causa penal RI/MTH/CP-18/2021, de la que se advierte lo siguiente: 1) Dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado en contra de los aquí quejosos Esaú Eguía Vázquez y Mariela Cristina García Palacios, el diecisiete de agosto de dos mil veintidós. 2) Precisó, que resultaba subsistente la investigación en relación a la tortura que refirieron los activos. 3) Señaló, que resultaba innecesario abrir el debate sobre el plazo para el cierre de investigación, dado que ya había fenecido. 2 Tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 241, Octava Época. 4) Declaró nulos los datos de prueba ofrecidos por la fiscalía durante el plazo de un mes otorgado mediante audiencia de diecisiete de agosto de dos mil veintidós. 5) Dictó auto de vinculación a proceso en contra de los aquí agraviados, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto por el numeral 9, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 10, fracción I, incisos a), b) y c) y 10, fracción II, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros, reglamentaria del artículo 73, fracción I, de la Constitución General de la República. Por otra parte, en acatamiento a la ejecutoria, el Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, informó que recibió el oficio CJPR/MTH-815/2023, por el que el Juez de Control de Tribunal de Juicio Oral le comunicó la determinación de catorce de julio del año actual, por lo que realizó las anotaciones en el libro de Gobierno y tarjeta de control de los quejosos. Manifestaciones de la parte quejosa Por su parte, en el escrito de desahogo de la vista otorgada con lo anterior, los agraviados refieren que el Juez responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, en virtud de que en el oficio CJPR/MTH815/2023, no señala correctamente los artículos que tipifican el delito y su sanción; que en la resolución reclama fue omiso en especificar los datos de prueba con los que sustenten la probable participación de los quejosos en los hechos que se les imputan. Al efecto, refieren que el artículo 9°, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Capítulo II De los Delitos en Materia de Secuestro Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera; c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten." En efecto, la parte quejosa señaló que el Juez responsable no precisó los datos de prueba de los que se advierta lo siguiente: 1) Que privaron de la libertad a las víctimas; 2) Que pidieron un rescate para sí o para un tercero y con ello lograr un beneficio económico; 3) Que obligaron a los familiares de las víctimas a realizar un acto o pagar algún rescate 4) Que detuvieron a las víctimas en calidad de rehenes, las amenazas con privarlas de la vida o causarle algún daño, para obligar a sus familiares; 5) Que causaron un daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros. Por lo anterior, precisaron que la responsable realizó un análisis sin fundar ni motivar su determinación en la que resolvió el auto de vinculación a proceso en contra de Esaú Eguía Vázquez y Mariela Cristina García Palacios, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado. Asimismo, en relación al cumplimiento de la diversa responsable Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, señaló que no acató la ejecutoria, en virtud de que el Juez de Control no ha dado debido acatamiento a la misma. Decisión Ahora, una vez analizado lo anterior, este órgano jurisdiccional conviene con lo manifestado por la parte quejosa, al estimar que la ejecutoria dictada en el presente asunto, no se encuentra debidamente acatada y como consecuencia, existe un defecto en su cumplimiento, ya que se ejecutó de manera parcial. En efecto, como se advierte de párrafos que anteceden, en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al considerar que el Juez responsable no señaló los datos de prueba con los que sustentó la participación de los quejosos en el hecho señalado como delito, pues sólo describió los hechos como los relató la víctima. Así, de la revisión efectuada al disco compacto que remitió el Juez responsable como cumplimiento a la ejecutoria, el cual contiene la audiencia celebrada el catorce de julio del año en curso, en la causa penal RI/MTH/CP18/2021, al que se le concede pleno valor probatorio, según lo dispuesto por los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que si bien dejó insubsistente la determinación reclamada de diecisiete de agosto de dos mil veintidós y precisó que resultaba innecesario abrir debate sobre el plazo para el cierre de investigación, dado que ya había fenecido; igualmente, se desprende que fue omiso en establecer qué se obtenía de cada uno de los datos de prueba y por qué servían para acreditar el hecho imputado, así como la probabilidad de participación de los quejosos. Ello, toda vez que únicamente señaló que obra la entrevista de la diversa víctima; el acta de inspección de veintisiete abril de dos mil veintiuno; el acta de inspección en el predio rústico que describe; el acta de inspección del inmueble ubicado en calle Matamoros 272, Cedral, San Luis Potosí, lo cual valoró en términos de los artículos 231, 261 y 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiriendo que le generaron convicción. Sin embargo, no se desprende de manera particular que hubiese relacionado dichos datos de prueba con las hipótesis que para tal efecto prevé el transcrito artículo 9°, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a los hechos que se les imputan a los quejosos. Requerimiento En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Juez de Control del Centro Integral de Justicia Penal de Matehuala, San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por los motivos antes expuestos. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del numeral 258 de la citada ley y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintitrés. Recepción oficio Téngase recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez. Solicita estado procesal Atento a su contenido, como se solicita, infórmese al citado órgano judicial, que mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil veintidós, causó estado la determinación por la cual se tuvo por no presentada la demanda constitucional de que se trata y, en consecuencia, se ordenó el archivo correspondiente del presente asunto. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Hecho lo anterior, devuélvase el juicio de mérito al archivo en donde se encontraba. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintitrés. Se acuerda oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio por el que se le notificó la comunicación 28154/2023 de veintinueve de agosto del año en curso; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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