Noel Martínez Posada

Expediente 397/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
397/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Noel Martínez Posada

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 10281/2019, suscrito por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con el cual remite testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 12/2019 del índice del citado Tribunal Colegiado, en el que se resolvió declarar legalmente competente al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para conocer de la demanda de amparo promovida por Noel Martínez Posada. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de los autos y como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se aceptó la competencia declinada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos seis meses a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, procédase a la destrucción del presente expediente. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Agréguese el oficio 8443/2019, signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, recibido vía electrónica a través del módulo de Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el cual se le tiene transcribiendo el contenido del proveído de treinta de septiembre del año en curso, donde se advierte que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y este órgano jurisdiccional, registrándolo bajo el número 12/2019, de su índice, lo anterior, para que surta sus efectos legales correspondientes. De igual manera, incorpórese el verso oficio 25431, firmado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y téngasele informando que insiste en declinar competencia respecto del juicio de amparo 795/2019 de su índice, por lo que en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, remitió los autos del citado juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, con el objeto de que sea dicho Tribunal Colegiado quien determine a quien le corresponde conocer el asunto.

  3. Principal

    Visto el oficio número 24091/2019, signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y anexos que acompaña, consistentes en el juicio de amparo 795/2019, promovido por NOEL MARTÍNEZ POSADA, contra actos del Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía y otra autoridad. Lo anterior, en cumplimiento al proveído de once de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 795/2019, en el que se declaró que ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, y declinó competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número que le corresponda. Por otra parte, atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y cumpliendo con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, específicamente a lo previsto en sus artículos 90 y 92, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. En el entendido que se instruye al Secretario (a) de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Cabe destacar que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del acuerdo mencionado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. Analizadas las razones que sustenta el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para declinar la competencia respectiva, debe decirse que no se comparte su criterio, por lo que este juzgado no acepta la competencia declinada por las consideraciones que enseguida se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo, señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El precepto transcrito, fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si requiere de ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo u omisivo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. El análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. De acuerdo con el precepto invocado será competente para conocer de la demanda de amparo: a). El juez de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b). El juez de distrito ante el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro (párrafo segundo). c). El juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material (párrafo tercero). Así las cosas, en proveído de once de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 795/2019, el juzgado declinante señaló lo siguiente: "En ese tenor, como se precisó, el acto impugnado es de naturaleza positiva, cuyos efectos tienen y seguirán teniendo ejecución material en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, pues en este se está desarrollando la elaboración y análisis que impugna el quejoso, ya que es en esta localidad en que las autoridades responsables necesariamente ejecutaran actos tendentes a substanciar el referido procedimiento de consulta". Empero, la que resuelve no comparte el criterio sostenido por el juzgado declinante, en virtud de que del análisis de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala de manera destacada como acto reclamado: "La omisión de garantizar los derechos a la información y a la participación de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca en la elaboración de la Evaluación de Impacto Social correspondiente al proyecto denominado Central Eólica Gunaa Sicarú (.)" Mientras que de los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en el punto tercero señaló: "Tercero.- Ni la Evaluación de Impacto Social ni la Resolución correspondiente fueron hechas del conocimiento ni notificados ni a la comunidad indígena de Unión Hidalgo Oaxaca ni a la persona quejosa en mi carácter de miembro de dicha comunidad, por lo que no tuvimos información, no participamos ni intervenimos durante el procedimiento de elaboración y análisis de dicha Evaluación de Impacto Social correspondiente al proyecto (.)" Del contenido de las transcripciones anteriores, se advierte que contrario a lo que afirma la autoridad declinante, en el caso, se está ante una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras las autoridades persistan con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es su omisión, es decir, un no actuar, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables; pues en el caso lo que se resuelva en el juicio de amparo, sería lo que daría lugar a actos con ejecución material. Ahora, conforme a las prescripciones que señala el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el juez de distrito competente para conocer de una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, en el caso, ésta fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y turnada al juez Decimoprimero de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en aquella localidad. De ahí que, al no tener ejecución el acto reclamado la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por el quejoso, corresponda al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la misma. Por lo tanto, es claro que conforme a la regla establecida en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, a él le compete conocer de la demanda de amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 17/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, visible a página 500, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Criterio que se instituye como una garantía de mayor efectividad en la protección de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia constitucional pronta y expedita, por lo que al actualizarse el supuesto de que el acto reclamado en el amparo carezca de ejecución material, no requiere mayor interpretación por el juzgador federal. Acorde con lo trazado, es de concluirse que el juez Federal declinante residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, es competente para conocer de la demanda de amparo, como un acto de omisión que en sí mismo carece de ejecución material. En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 37, párrafo tercero, y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado no acepta la competencia declinada; en consecuencia, devuélvase al juez declinante el juicio de amparo 795/2019, formado con la demanda de amparo promovida por NOEL MARTÍNEZ POSADA, contra actos del Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía y otra autoridad. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo respectiva y de las demás constancias pertinentes. Como lo solicita la parte quejosa se tiene autorizando a ANDREA MARIANA FRÍAS ÁVILA, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y únicamente para oír y recibir notificaciones así como para imponerse de autos a RAÚL CRUZ FISCAL, toda vez que no se encuentra debidamente registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, ni proporcionó el número de cedula profesional respectivo.

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