Noel Jaquez Rivera

Expediente 302/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
302/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Noel Jaquez Rivera
  • Congreso del Estado de Chihuahua

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, y en atención a su contenido se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica, de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, en representación de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en su oportunidad remítanse al TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo y del escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, con copia de este último para el Agente del Ministerio Público de la Federación, asimismo, se ordena recabar copias de dicho escrito y distribuirlas entre las demás partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Noel Jaquez Rivera, de conformidad con el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Noel Jaquez Rivera, contra los actos y autoridades señaladas en el resultando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en el penúltimo considerando y para los efectos señalados en el considerando último de la presente determinación. Notifíquese por lista a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vistos el oficio de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan. Así, atento a su contenido se tiene a la autoridad, Congreso del Estado de Chihuahua, rindiendo informe justificado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional, por lo que se ordena dar vista con ello a las partes para que se impongan de su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los profesionistas que se indican; y, como domicilio procesal el señalado para tal efecto. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo y anexos que acompaña, promovida por NOEL JAQUEZ RIVERA, contra actos del CONGRESO Y GOBERNADORA CONSTITUCIONAL, AMBOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, residentes en la ciudad del mismo nombre; es que, al tenor de los arábigos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Fórmense expediente físico y electrónico respectivamente; regístrese en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo; y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el orden 302/2023-I-B. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Por otra parte, a las autoridades señaladas como responsables se les requiere su INFORME CON JUSTIFICACIÓN, que deberán rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, apercibidas que de no rendir el informe se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley, según lo dispuesto en el numeral 117 de la ley de la materia; asimismo, se le apercibe que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional, de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, así como acorde a lo estipulado en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso arábigo 260, fracción II, de la ley federal que rige en la materia. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, el informe requerido podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, se hace saber a las autoridades responsables, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuente con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18, de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, entregándole copia simple de la demanda. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio, el ubicado en Avenida Tomás Fernández, número 7760, local F, colonia Partido Doblado en esta ciudad; asimismo, se le tiene designando en términos amplios del arábigo 12, de la Ley de Amparo; al licenciado Juan Tapia Alfaro, y para oír y recibir notificaciones a los C. Vanely Guadalupe Jacquez Talamantes y/o Mayra Guadalupe Chávez Jiménez y/o Karla Angélica Gutiérrez Muñiz. En atención a su solicitud se autoriza acceso al expediente electrónico del presente juicio; por ende, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, de la ley de la materia, atendiendo al nombre de usuario que proporciona el promovente "JTAPIA", para la consulta del presente expediente vía electrónica y la práctica de las notificaciones correspondientes e incluso las de carácter personal, por esa vía; lo anterior, de conformidad con la fracción IV del artículo 26, fracción VI, de la Ley de Amparo y artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se le tiene a la parte quejosa, ofreciendo como pruebas, la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO y la DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la factura electrónica con número de operación 1144919, las cuales serán tomadas en consideración y valoradas en la etapa procesal correspondiente al momento de celebrar la audiencia constitucional, cabe señalar, que en el escrito de demanda ofrece la DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la impresión del acuse electrónico de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0801424230000039 , sin que haya lugar a tener por anunciada la diversa prueba documental que señala, toda vez que no la anexó al escrito recibido en líneas que anteceden; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, párrafo segundo y 124, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado ante que Notario Público realizó el trámite de escrituración, derivada de los derechos registrales reclamados en el presente asunto, a fin de estar en posibilidad de requerir la copia certificada del estado de cuenta, los comprobantes y la escritura pública expedidos a NOEL JAQUEZ RIVERA. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyenda que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En ese orden, se reitera las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Por último, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en sesión extraordinaria celebrada el quince de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 y regularizó las actividades en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas a través de un nuevo esquema que incorpora los medios electrónicos y soluciones digitales desarrollados por el propio Consejo a través del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo" publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que se puede consultar en el siguiente vinculo: https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2022 /pdf/AcuerdoGeneral221014.pdf . En ese tenor, a partir del siete de noviembre del presente año, el público en general puede acudir de manera presencial a los órganos jurisdiccionales, previa cita que deberá tramitar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a consultar el expediente electrónico, que al efecto se genere en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dentro del horario de atención al público que será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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