Noel Ibáñez Bello
Expediente 1130/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/04/2023
Partes del expediente
- Noel Ibáñez Bello
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA III..."Ciudad del Carmen, Campeche, tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso ***, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del quince de febrero al dos de marzo de dos mil veintitrés, con exclusión de los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero de dos mil veintitrés, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, así como de los días veinte y veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en términos de oficio ***, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual, comunica que en sesión ordinaria celebrado el quince de febrero de dos mil veintitrés, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por unanimidad de cinco votos autorizó la suspensión de labores los días veinte y veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el Estado de Campeche; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Patricia Guadalupe Avendaño López, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio S.A./0444/2023, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, remite copia certificada de los proveídos de cinco de diciembre de dos mil veintidós y veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, relativos al expediente laboral 490/2014. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad responsable las copias certificadas que remite con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo indirecto 1130/2022-III 3 En el caso que nos ocupa, Noel Ibáñez Bello, mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, promovió demanda de amparo contra la negativa de darle entrada a sus escritos de catorce de enero de dos mil veinte y veintisiete de octubre de dos mil veinte, en autos del expediente laboral 490/2014 (fojas 1 a 14). Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, en su informe justificado manifestó que eran ciertos los actos reclamados por el quejoso (foja 33). Y, como justificación de su informe la Presidenta de la Junta responsable remitió copia certificada del auto de cinco y catorce de diciembre de dos mil veintidós, en los cuales (i) acordó el escrito de catorce de enero de dos mil veinte; (ii) declaró cerrada la instrucción y (iii) turnó los autos al Auxiliar Jurídico de la Junta para que formulara el proyecto de resolución (fojas 34 y 35). Posteriormente, mediante oficio S.A./0444/2023, presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal, el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, remitió el copia certificada de los autos de cinco de diciembre de dos mil veintidós y veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, relativos al expediente laboral 490/2014, de los que se advierte que el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se acordó el escrito de veintisiete de octubre de dos mil veinte (fojas 45 a 48). Documentales a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documentos públicos en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones. 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 4 Bajo ese contexto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio S.A./0105/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Carmen, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado, en el sentido de que son ciertos los actos reclamados por el quejoso, y como justificación a su informe, remite copia certificada de los proveídos de cinco y catorce de diciembre de dos mil veintidós, del expediente laboral 490/2014. Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la que adjuntó a su informe justificado, la cual, se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y en ese acto se tenga por recibida, aunque no exista gestión expresa del interesado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido y anexo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora bien, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que no obra la respuesta al escrito de veintisiete de octubre de dos mil veinte, ni la respuesta que recayó a las peticiones de catorce de enero y veintisiete de octubre de dos mil veinte, respecto a la solicitud realizada por el quejoso, en relación a la expedición de copias certificadas de todo lo actuado en el expediente laboral 490/2014, por tanto, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 2 la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo que recayó a al escrito de veintisiete de octubre de dos mil veinte, y a las peticiones de catorce de enero y veintisiete de octubre de dos mil veinte respecto a la expedición de copias certificadas de todo lo actuado en el expediente laboral 490/2014 Se apercibe a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar por cincuenta el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, once de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón de nueve de enero de dos mil veintitrés, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para emplazar a juicio a los terceros interesados: 1. Grupo Impulsor del Sur S.A. de C.V.; 2. Directrices Generales Aplicadas de México S.A. de C.V.; 3. Soluciones Dinámicas para la Competitividad S.A. de C.V.; 4. Limited Generales Services S.A. de C.V.; 5. Germán Octavio Gómez Cuevas; 6. Fabián Narváez Tovar; 7. Servicios y Soluciones Empresariales Costa de Oro S.A. de C.V.; y, 8. Sinergias Evolutivas S.A. de C.V. Y, notificarles personalmente el auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario insistir en el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 2 al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 1130/2022-III 3 legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. Por las razones expuestas, tomando en consideración que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes pueden tener el carácter de tercero interesado, no ha lugar a seguir considerando con tal carácter a: 1. Grupo Impulsor del Sur S.A. de C.V.; 2. Directrices Generales Aplicadas de México S.A. de C.V.; 3. Soluciones Dinámicas para la Competitividad S.A. de C.V.; 4. Limited Generales Services S.A. de C.V.; 5. Germán Octavio Gómez Cuevas; 6. Fabián Narváez Tovar; 7. Servicios y Soluciones Empresariales Costa de Oro S.A. de C.V.; y, 8. Sinergias Evolutivas S.A. de C.V. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VI.2o.T.7 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1464, Novena Época, intitulada: 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 4 "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." Notifíquese por lista a las partes.
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