Noel Eduardo Arredondo Garcia

Expediente 27/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
27/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Noel Eduardo Arredondo Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil diecinueve, se decretó que el presente asunto se encuentra concluido en su totalidad; sin embargo, la autoridad responsable Juez provisional del Juzgado Único de Primera Instancia Penal, con residencia en Mexicali, remitió un tomo en copia certificada en apoyo a su informe justificado, relativas a la causa penal ******, según se advierte del proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve. Consecuentemente, toda vez que resulta innecesario que obren en este órgano jurisdiccional las constancias de referencia, devuélvanse las mismas a la citada autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido el proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que sobreseyó fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, por encontrarse en la hipótesis de las fracciones II y III, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Asimismo, se hace constar que el presente expediente no se considera de relevancia documental, conforme al arbitrio de este Juzgado y, además, por no encontrarse en alguna de las hipótesis contempladas en el último párrafo, del punto Vigésimo Primero, del Acuerdo General antes mencionado. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el presente cuadernillo, para que el Centro archivístico que le corresponda su resguardo proceda a la destrucción del mismo atendiendo a la calificación y acervo documental que contiene. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo Cuarto del acuerdo normativo. Por tanto, los cuadernos incidentales no deberán glosarse al expediente del juicio principal, en atención a que el duplicado es destruible mientras que el original es depurable, lo anterior acorde a los lineamientos contenidos en la página 25 del "Manual de Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación" de diciembre de dos mil doce. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese. Así lo acuerda y firma, José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Herzel Godínez Salas, quien autoriza y da fe. NERU El suscrito Secretario, Herzel Godínez Salas, hago constar, que en esta fecha, se realizó el registro ordenado en el auto que antecede en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo. Conste. ___________________________________ Sello y firma del Analista Jurídico del SISE. El suscrito Secretario, Herzel Godínez Salas, hago constar, que en esta fecha, se realizó la captura ordenada en el auto que antecede, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conste. ________________________________ Sello y firma Analista Jurídico del SISE. El suscrito Secretario, Herzel Godínez Salas, HAGO CONSTAR, que en esta fecha, la determinación judicial que antecede, se incorporó al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la vigente Ley de Amparo. Doy fe. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA Siendo las nueve horas del _________________ el (la) suscrito (a) Actuario (a), notifico por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, así como en el Portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el auto y/o resolución que antecede, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El (la) Actuario (a).

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEIDO DE SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad señalada como responsable de cuenta, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; sin embargo, resulta necesario dar vista a las partes, en atención a las consideraciones que se exponen enseguida. Por otro lado, se tiene al Juez provisional del Juzgado Único de Primera Instancia Penal, con residencia en Mexicali, informando que por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, dictado en sesión de quince de septiembre de dos mil quince se decretó la extinción de los Juzgados Segundo, Cuarto y Quinto de lo Penal del Partido Judicial de Mexicali, y en diversa sesión de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se decretó la extinción de los Juzgados Primero, Tercero y Sexto de lo Penal de dicho Partido Judicial, por lo que a partir del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete el Juzgado Único de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, se avocó al conocimiento de todos los expedientes que correspondían a los extintos Juzgados; por tanto, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. MEDIO DE CONVICCIÓN Por otra parte, téngase a la autoridad de cuenta remitiendo la prueba documental en apoyo a su informe, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, con las cuales se ordena la apertura de tomo de pruebas, para mejor manejo y cuidado de los autos, el cual se identificará como Tomo I de pruebas. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora, a las documentales que remite la autoridad responsable de cuenta, se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, por disposición expresa de su artículo 2, y de las mismas se advierte la existencia de una causal de sobreseimiento, prevista en los artículos 61, fracción XVII, párrafo primero y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: En el texto del primer numeral transcrito, se establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando éste se reclama contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que, por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento de origen, por no poder decidirse en dicho procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica en que se ubica la parte quejosa. Ahora, en relación al segundo precepto transcrito, se establece que procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando se advierta o durante la tramitación se actualice alguna causa de improcedencia establecida en la propia ley de la materia. En la especie, de las constancias que fueron allegadas por el Juez responsable, se advierte que cambió la situación jurídica de NOEL EDUARDO ARREDONDO GARCÍA, en virtud que dentro de los autos de la causa penal 402/2001-5, que se sigue en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto en el numeral 123, en relación con el 126, 147, 148 fracción II y III, 149 y 150 del Código Penal vigente en la época de los hechos; toda vez que, mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se declaró extinta la acción penal que fue ejercitada por el Agente del Ministerio Público en contra del aquí quejoso, por el delito referido, con efectos de sobreseimiento, al haber prescrito la pretensión punitiva que nace de dicho delito [foja 113 del Tomo I de pruebas]. Por tanto, operó un cambio de situación jurídica en el procedimiento judicial instruido en contra del peticionario de amparo en comento, toda vez que la orden de aprehensión combatida fue cancelada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Penal, con número de registro 232737, que a la letra dice: De tal modo que las violaciones que pudieron haberse cometido, deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que se procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, respecto al acto que se precisa y su ejecución, con fundamento en la fracción V, del dispositivo 63, de la propia Ley. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que a la letra dice: Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página tres mil treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Materia Penal, con número de registro 347390, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. De conformidad con la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando, por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente, las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica. Esta causal de improcedencia debe estimarse aplicable cuando en el mismo procedimiento generador del acto reclamado, (producido durante la tramitación del juicio), se ha pronunciado ya sentencia definitiva y con ello ha venido a cambiar la situación jurídica, de suerte que las violaciones procesales reclamadas en el amparo, debe tenerse por consumadas irreparablemente, porque no podría decidirse respecto de ellas, sin afectar la nueva situación creada por la sentencia de fondo. Cabe señalar que el sobreseimiento decretado se hace extensivo respecto de los actos de ejecución combatidos a las autoridades encargadas de su cumplimiento, ello tomando en consideración que si no existe orden de aprehensión vigente en el proceso penal indicado, los cierto es que por consecuencia, tampoco mandato que se tenga que acatar derivado de dicho proceso penal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia el entonces Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, identificada por el siguiente rubro y texto: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por la anterior determinación, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del catorce de febrero de dos mil diecinueve. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de Egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acuerda y firma, Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.

  4. Incidental

    VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 27/2019-3A; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, se promovió demanda de amparo por la parte quejosa en la cual solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que mediante proveído de quince de enero de dos mil diecinueve, se concedió y negó la suspensión provisional en los términos ahí precisados. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. La parte quejosa señala como acto reclamado, el que precisa en su escrito inicial de demanda, el cual no se transcribirá en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción en la presente determinación, pues no constituye elemento de validez ni requisito formal o material de éste, y con tal omisión no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad; por el contrario, se observa el principio de expedites en la administración de justicia. SEGUNDO. Las autoridades señaladas como responsables: ? Juzgado Único de Primera Instancia Penal en Mexicali, Baja California [foja 32]. ? Comandante de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona con sede en Mexicali, Baja California, de la Procuraduría General de Justicia del Estado [foja 31]. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 140 de la Ley de Amparo, rindieron sus informes previos en los cuales aceptaron el acto que se les reclama. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA TERCERO. Ahora, con fundamento en los artículos 164, 165, 166 y 168 de la Ley de Amparo, se estima procedente negar la suspensión definitiva respecto del acto reclamado consistente en consistente en la omisión por parte del Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito, de acordar las promociones del quejoso. En ese orden de ideas, la parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que cese dicha omisión, y se dé respuesta completa, integral y congruente a sus peticiones; sin embargo, dada la naturaleza de los actos reclamados (actos omisivos), resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada, pues se trata de un acto carente de ejecución, pues implica una abstención de la autoridad responsable en dar contestación a diversa petición formulada por la parte quejosa. Sobre el particular, cobra aplicación la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 312, tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, registro número 216,236, de rubro: "SUSPENSION, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA." Ante este contexto, se considera es improcedente conceder la suspensión, pues de hacerlo implicaría ordenar a la responsable Agente del Ministerio Público Investigador a que acceda a la petición del quejoso, lo que en todo caso sería materia de la sentencia que se dicte en el expediente principal del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que la suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar de naturaleza provisional, tendente a hacer posible la tutela definitiva de un derecho mediante la conservación de la materia del juicio de amparo. Partiendo de esta premisa, la institución de la suspensión provisional se encuentra enfocada a mantener las cosas en el estado en que se encuentren, así como preservar la materia del juicio de derechos fundamentales y evitar a la parte quejosa la ejecución de actos de imposible o difícil reparación. Además, la suspensión en el juicio de amparo carece de efectos restitutorios, toda vez que éstos son propios de la sentencia que en el fondo del juicio de amparo dicte el Juez de Distrito, y normalmente se da la restitución una vez reconocido un derecho sustantivo a favor del gobernado. Cabe precisar que si bien el artículo 147, segundo párrafo, de la ley de la materia, permite que de ser jurídica y materialmente posible, se restablezca provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, el propio numeral establece que ello acontecerá atendiendo a la naturaleza del acto reclamado. No obstante, en el caso de los actos omisivos, como acontece en el presente asunto no resulta procedente la suspensión provisional porque sería darle efectos restitutorios que corresponden a la sentencia que se dicte en el principal, tal y como se sustenta en la tesis I. 6o. T.3 K , cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio". Así, la suspensión sólo procede contra actos positivos o actos negativos pero con efectos positivos, que implican una acción, pues únicamente éstos son susceptibles de paralización, no así los omisivos que constituyen abstenciones de actuar, o aquellos en los que las autoridades se rehúsan a hacer algo u omiten efectuar lo solicitado por los gobernados. CUARTO. Por su parte, las autoridades señaladas como responsables Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito con residencia en Mexicali, Baja California, con domicilio conocido en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, no existen, según se advierte de autos, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna en el incidente en que se actúa, para demostrar lo contrario, en consecuencia, lo procedente es negar la suspensión definitiva por lo que respecta a dichas autoridades, ya que si no existen las mismas, menos el acto que se les atribuye. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA QUINTO. Por otra parte, toda vez que las autoridades responsables: ? Juzgado Único de Primera Instancia Penal en Mexicali, Baja California [foja 32]. ? Comandante de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona con sede en Mexicali, Baja California, de la Procuraduría General de Justicia del Estado [foja 31]. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 140 de la Ley de Amparo, rindieron sus informes previos en los cuales aceptaron la existencia del acto reclamado; en tal virtud, con fundamento en los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo en vigor, se estima procedente conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados solicitados, únicamente para el efecto de que una vez que el quejoso NOEL EDUARDO ARREDONDO GARCÍA sea aprehendido e internado en el Centro de Readaptación Social que corresponda, quede a disposición de este órgano de control constitucional en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición de la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal en Mexicali, Baja California, por cuanto hace al proceso penal instruido en su contra, por el delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 123, en relación con el 126, 147, 148 fracción II y III, 149 y 150 del Código Penal vigente en la época de los hechos, por lo que hace a la continuación del procedimiento, por el cual se ordena la privación de la libertad del quejoso, ya que se trata de delito considerado como grave; lo anterior, hasta en tanto, cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente de suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis XIX.1o.8 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito , con el rubro y texto: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA, CUANDO LA ORDEN DE APREHENSIÓN SE LIBRÓ POR UN DELITO CALIFICADO COMO GRAVE." SEXTO. Ahora bien, toda vez que del informe rendido por la autoridad responsable Juzgado Único de Primera Instancia Penal en Mexicali, Baja California, se advierte que de conformidad con la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al referido Juzgado. En consecuencia, a fin de evitar una transgresión a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, gírese oficio al representante social citado en líneas que preceden, para hacerle del conocimiento la presente determinación. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además, en los artículos 125, 128, 138 y 140, de la Ley de Amparo en vigor se, R E S U EL V E: PRIMERO. Se niega a NOEL EDUARDO ARREDONDO GARCÍA, la suspensión definitiva solicitada, en términos de los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a NOEL EDUARDO ARREDONDO GARCÍA, la suspensión definitiva solicitada, en términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resuelve y firma, Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario, Víctor Marcelo Zatarain Díaz, quien autoriza y da fe.

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