Noel Betanzos Torres

Expediente 1652/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1652/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Noel Betanzos Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por la Secretaria de la Sección de Amparos Mixta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado; atento a su solicitud, se ordena remitir las copias certificadas de diversas constancias remitidas por la aludida autoridad responsable en su informe justificado rendido en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, sin que sea necesario acuse de recibo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión. Cabe señalar que no se formó cuaderno del incidente de suspensión en el juicio en que se actúa. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de anexo autoridad responsable Finalmente, tomando en consideración que de autos de advierte que se encuentra en este juzgado federal copias certificadas de diversas constancias remitidas por la autoridad responsable y habiéndose declarado este juicio de garantías con el carácter de cosa juzgada, no existe motivo alguno por el cual deban de permanecer dicho testimonio, motivo por el cual se ordena remitir el mismo a la autoridad responsable remitente, sin que sea necesario acuse de recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón oficial y diez de diciembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Noel Betanzos Torres, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales M.G.B.N. y A.C.B.N., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. ° Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".LA SENTENCIA DE FECHA DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DESECHO EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR EL QUEJOSO EN CONTRA DEL ACUERDO DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.". SEGUNDO. El trece de diciembre de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1652/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se desechó el acuerdo de once de noviembre del dos mil diecinueve, dentro del expediente 172/2018 y su acumulado 06/2017-2, índice de la señalada como responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado el Magistrado Presidente de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Previo al estudio de las causales de improcedencia, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado, de los cuales se advierte lo siguiente. Los antecedentes que dieron lugar a la emisión del acto reclamado son los siguientes: En el acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve, se desprende que el Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que recayó al escrito de folio 11837 determinó en lo que interesa: ". Visto su contenido, atendiendo a las manifestaciones que hace en relación al régimen de convivencias y tomando en consideración que de autos no se observa que exista incumplimiento de ROSA ISELA NABOR PINEDA para que se lleven a cabo el régimen de convivencias de manera libre y abierta, sino que las menores son las que han manifestado su oposición de convivir de manera libre y abierta con su papá. Por su parte y si bien el promovente refiere que no se realizan las convivencias, ante el sometimiento total bajo el cual tiene a sus hijas por parte de su progenitora, además anteriormente la alegado diversas causas que refieren son a causa de ROSA ISELA NABOR PINEDA que no se ha llevado a cabo las convivencias, sin que lo hubiere acreditado en autos, siendo que la ley de la materia establece los medios de defensa en caso de incumplimiento y la forma de acreditarlo, por lo tanto se le dejan a salvo los derechos a NOEL BETANZOS TORRES, para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. Asimismo, dígasele al promovente que no ha lugar a autorizar al Actuario adscrito, para que se certifique la entrega de los menores hijas, en virtud de que la cláusula Octava inciso 18 del convenio a que llegaron las partes en diligencia de siete de marzo del dos mil diecinueve, establecieron que las mismas serían "de manera libre y sin supervisión alguna". Por escrito de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso Noel Betanzos Torres, interpuso recurso de queja contra el acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve. Mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, la Tercera Sala responsable dio curso al recurso, lo turnó al Magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa. El cinco de febrero de dos mil veinte, la Sala responsable en el toca civil 1189/2019-18, resolvió declarar procedente la queja para impugnar el acuerdo de marras en ejecución de convenio, y por tanto revocar la determinación de primera instancia y autorizar que un actuario dé fe de la entrega de las menores hijas de la quejosa al padre no custodio a efecto de llevar a cabo las convivencias de manera libre y abiertas, que en lo que interesa es del tenor siguiente: ". Asimismo, es de precisarse que en el caso, sí se encuentran demostradas las condiciones de procedencia del recurso de queja que el recurrente hizo valer en contra del auto de once de noviembre de dos mil diecinueve -emitido en vía de ejecución forzosa directa respecto de la cláusula octava del convenio aprobado el siete de marzo de dos mil diecinueve, elevado a categoría de cosa juzgada en la misma data en que se celebro el mismo, en razón de que el medio de impugnación referido es correcto en términos de lo que dispone la ley adjetiva de la materia en sus ordinales 590, fracción VI en correlación con el diverso numeral 616, en virtud de que dicha determinación se vertió dentro del periodo de ejecución y con respecto de la misma no se encuentra previsto otro recurso; ello porque además de encontrarse taxativamente regulado por el ordenamiento procesal aplicable; la procedencia del recurso de mérito encuentra justificación en el interés social protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su arábigo 17, el cual reconoce los derechos de prontitud y expedites en la impartición de justicia. Lo anterior es así, porque para la procedencia del recurso de queja, en términos de la norma transcrita -590, fracción VI en correlación con el diverso numeral 616- deben satisfacerse los siguientes requisitos: -Que sea interpuesto en contra de las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencia; es decir, después de fallado el juicio en lo principal o como acontece en el caso, después de elevado a categoría de cosa juzgada el convenio de siete de marzo de dos mil diecinueve. -Que no admitan expresamente el recurso de apelación. -Que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes. Por tanto, en la especie, la determinación atinente al auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en la vía de ejecución forzosa directa respecto de la cláusula octava del convenio aprobado el siete de marzo de esa anualidad, elevado a categoría de cosa juzgada en la misma data en que se celebro el mismo, cumple con los requisitos de procedencia a que se refiere el ordenamiento procesal aplicable en sus arábigos 590, fracción VI en correlación con el diverso numeral 616, ya que fue emitida después de aprobado el convenio de siete de marzo de dos mil diecinueve, elevado.; por lo que, al no estar comprendidas en los supuestos de procedencia que limitativamente establece el numeral 572, es susceptible de ser impugnada a través de la queja. Ello es así, porque al determinarse aprobado el convenio de siete de marzo de dos mil diecinueve.; el cual en su cláusula OCTAVA se pactó el régimen de convivencias de las menores. con Noel Betanzos Torres; asimismo, de las cláusulas QUINTA y SEXTA, se advierte que las partes pactaron el pago de pensión alimenticia definitiva en favor de las menores. a cargo del deudor alimentario NOEL BETANZOS TORRES.; constituye per se la base para que el juez natural requiera el debido cumplimiento del convenio aprobado. cumplimiento que puede verse seriamente afectado si lo resuelto en el auto de once de noviembre dos mil diecinueve, emitido en la vía de ejecución forzosa directa, respecto de la cláusula octava y/o del resto de las cláusulas del convenio aprobado., resulta incorrecto o no se ajusta a derecho; de ahí que las violaciones alegadas en el recurso de queja, en relación con lo determinado en el auto de queja no son reparables, sino a través de ese medio de impugnación -queja-. (.) Por todas las argumentaciones que esgrimen, el recurso de queja es el IDÓNEO. CUARTO. Enseguida este cuerpo colegiado procede a analizar los motivos de queja que esgrime NOEL BETANZOS TORRES, estimando que los mismos resultan esencialmente fundados, en razón al siguiente orden de consideraciones. (.) RESUELVE. PRIMERO. .por consiguiente, se MODIFICA el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve. para quedar como sigue: "Cuernavaca, Morelos, a once de noviembre del dos mil diecinueve. (.) Visto su contenido, atendiendo a las manifestaciones que hace en relación al régimen de convivencias y tomando en consideración que de autos aún cuando no se observa que exista incumplimiento de ROSA ISELA NABOR PINEDA, para que se lleven a cabo el régimen de convivencias de manera libre y abierta, sino que las menores, son las que han manifestado su oposición de convivir de manera libre y abierta con su papá, con la finalidad de cumplir con el principio superior de las infantes, preservar su derecho de convivir con su progenitor varón no custodio y e observar el principio de congruencia que debe existir en toda decisión judicial, dado que en el sumario aparecen las resoluciones de data diecinueve y veintiséis de agosto; doce de septiembre; uno, nueve y veinticinco de octubre, todos de dos mil diecinueve, en los que la juez natural autorizó la diligencia de certificación de entrega de las menores referidas; así como lo resuelto incluso en el toca civil número 490/2019-16 y su acumulado 522/2019-16 de la Sala auxiliar del, en el que confirmó la autorización de la diligencia certificadora de la entrega de las infantes mencionadas, y sin que, posterior a tales determinaciones, exista instrumento probatorio alguno conforme al cual pudiera colegirse o por lo menos presumirse, el cambio de alguna situación jurídica procesal conforme a la cual diera sustento jurídico a la negativa de que el actuario adscrito al juzgado de origen, levante el acta correspondiente; por lo que en acato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo del artículo 17, se autoriza que el actuario adscrito al juzgado de origen certifique y de fe de la entrega de las menores hijas del quejoso, en el domicilio, en cumplimiento de la ejecución forzosa directa respecto de la cláusula octava del convenio aprobado." Luego, contra dicha determinación se promovió amparo indirecto que le correspondió el número 723/2020, índice de este propio Juzgado Federal, en el que con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que por un lado se sobreseyó, pero además se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para que se dejara insubsistente el auto de cinco de febrero de dos mil veinte, emitido en los autos de la queja 1189/2019-18, y se emitiera otro en el que se estimara improcedente el recurso de queja interpuesto por el hoy quejoso Noel Betanzos Torres, en contra del auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del expediente 172/2018-2 y su acumulado, índice del Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado; resolución que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, dentro de los autos del amparo en revisión 153/2021. En cumplimiento a la ejecutoria citada en el párrafo que antecede, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dentro de los autos del toca civil 1189/2019-18, de su índice remitió testimonio de la resolución emitida el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la que en lo que interesa dice lo siguiente: ".PRIMERO. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo de quince de octubre de dos mil veintiuno, pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca, Morelos, dentro de los autos del juicio de amparo en revisión número 153/2021, promovido por ROSA ISELA NABOR PINEDA, por su propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales M.G.B.N. y A.C.B.N., se deja INSUSBSISTENTE la resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, emitida por mayoría por esta Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dentro del toca civil 1189/2019-18, derivado del recurso de queja interpuesto por la parte actora NOEL BETANZOS TORRES en contra del auto de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve -emitido en vía de ejecución forzosa directa respecto de la cláusula octava del convenio aprobado el siete de marzo de dos mil diecinueve, elevado a categoría de cosa juzgada en la misma data en que se celebró el mismo, dictado por la Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, en los autos del expediente civil 172/2018-2 acumulado al 06/2017-2, relativo al juicio de controversia del orden familiar sobre pérdida de la patria potestad, promovido por NOEL BETANZOS TORRES en contra de ROSA ISELA NABOR PINEDA. .SEGUNDO. Por los argumentos que se esgrimen en el considerando TERCERO de la presente resolución, se DESECHA el recurso de queja interpuesto por NOEL BETANZOS TORRES; por consiguiente, se CONFIRMA el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve -emitido en vía de ejecución forzosa directa respecto de la cláusula octava del convenio aprobado el siete de marzo de esa anualidad, elevado a categoría de cosa juzgada en la misma data en que se celebró el mismo, dictado por la Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, en los autos del expediente civil 172/2018 acumulado al 06/2017-2, relativo al JUICIO DE CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR SOBRE PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, promovido por NOEL BETANZOS TORRES en contra de ROSA ISELA NABOR PINEDA.". Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" La causa a que se refiere la fracción antes trascrita, doctrinaria y jurisprudencialmente corresponde a la improcedencia por cosa juzgada, en su variante denominada "refleja" o "efecto reflejo de la cosa juzgada", la que impide al órgano de control constitucional realizar un pronunciamiento de fondo en torno a la constitucionalidad del acto de autoridad reclamado por la parte quejosa. Así, tenemos que para demostrar el efecto reflejo de cosa juzgada, debemos remontarnos a su génesis, es decir a la "cosa juzgada" la cual surge con el dictado de una sentencia ejecutoria derivada de la tramitación de un proceso, en el que fueron respetadas las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal. La finalidad de dicha figura es dotar a las partes en litigio de un principio de seguridad y certeza jurídica respecto a la firmeza de las determinaciones adoptadas por la autoridad jurisdiccional. La institución de la cosa juzgada se encuentra consagrada en el numeral 17 de la Carta Magna, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Así, la decisión o veredicto no es susceptible de discutirse o analizarse nuevamente, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de acceso a la justicia, y tutela judicial efectiva, previstas en el invocado dispositivo 17 constitucional. Ahora, a fin de que sea procedente la actualización de dicha figura, es necesario que entre el caso resuelto por una sentencia previa y aquél en el que ésta se invoque o analice, concurran los requisitos siguientes: a) Identidad en la cosa demandada. b) Identidad en la causa. c) Identidad en las personas y la calidad con que intervinieron. La autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica en nuestro país, porque constituye el respeto y acatamiento a las consecuencias jurídicas derivadas de una relación procesal, siempre que en el juicio correspondiente se haya respetado el derecho fundamental del debido proceso con sus formalidades esenciales. A lo anterior, se aplica la tesis XXIV.1o.2 C (11a.), de Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Civil, Undécima Época, que dice: "COSA JUZGADA. OPERA EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL CUANDO SE DICTA LA INTERLOCUTORIA EN LA QUE SE RESUELVE LO RELATIVO A LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA NECESARIA OPUESTA POR EL DEMANDADO Y DICHA RESOLUCIÓN NO FUE IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 261 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NAYARIT. Hechos: En un juicio ordinario civil la demandada opuso la excepción de falta de legitimación pasiva necesaria. Al resolverse dicha cuestión en sentencia interlocutoria, el Juez primario la declaró improcedente y continuó con la secuela procesal en la cual dictó la sentencia correspondiente. En contra de esta determinación, la demandada interpuso el recurso de apelación, en el cual se abordó el estudio de la excepción y, al declararla fundada, revocó la resolución dictada en primera instancia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si en el juicio ordinario civil ya se resolvió lo relativo a la excepción de falta de legitimación pasiva necesaria opuesta por el demandado, y la interlocutoria correspondiente no fue impugnada a través del recurso de apelación, conforme al artículo 261 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, se actualiza la figura jurídica de la cosa juzgada. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 261 citado, al prever que: "La cosa juzgada excluye la posibilidad de volver a tratar la cuestión ya resuelta por sentencia firme, y puede invocarse a petición de parte o de oficio en cualquier estado del juicio.", con base en la interpretación hermenéutica se advierte que dicha figura jurídica opera cuando en el juicio ordinario civil, el Juez primario resuelve -en sentencia interlocutoria- sobre la excepción de legitimación pasiva necesaria opuesta por el demandado, y respecto de la cual no se interpuso el recurso de apelación correspondiente. Por ello, el tribunal de apelación, al resolver la litis en la alzada en contra de la sentencia definitiva de primer grado, se encuentra jurídicamente imposibilitado para abordar el tema de la legitimación pasiva aun cuando la hayan hecho valer en agravios, dado que ello implica la inobservancia, precisamente, al principio de la cosa juzgada." En ese orden, los efectos de dicha institución jurídica en materia de amparo se encuentran encaminados a vedar la posibilidad de discusión, examen o análisis posterior en torno a un acto de autoridad que ya fue materia de reclamo en un examen previo realizado por un órgano de control en el que se dilucidó la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo; lo anterior, con la finalidad de evitar la emisión de resoluciones judiciales eventualmente contradictorias entre sí, para salvaguardar el principio de seguridad y certeza jurídica para las partes. Resulta necesario precisar que la figura de la "cosa juzgada" en materia constitucional, además del objeto primordial de proporcionar certeza respecto a las resoluciones en que se han suscitado litigios constitucionales mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia de amparo, también tiene efectos respecto del procedimiento ordinario del cual derivó la resolución reclamada; esto es, una vez que el tribunal de amparo se ha pronunciado sobre el punto controvertido, dicha opinión, en la mayoría de los casos vincula necesariamente a la autoridad responsable a asumir cierta posición frente a posteriores cuestionamientos análogos a fin de no vulnerar la eficacia de dichas determinaciones. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis con número de registro 214661, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Octubre de 1993, página 411, que se comparte, y que señala: "COSA JUZGADA MATERIAL Y FORMAL, EN SEDE DE AMPARO. En sede de amparo, la cosa juzgada material no es la sentencia misma, sino el juzgamiento y la decisión sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Su ratio es imponer la seguridad jurídica, la paz social, el estado de certidumbre, creando o estableciendo situaciones jurídicas, definitivas y concretas; es clausurar, en forma definitiva, toda discusión, o la posibilidad de reabrirla o reiniciarla, mediante acto irrevocable (cosa juzgada formal o irrecurribilidad del acto) de autoridad judicial federal que haga indiscutible (cosa juzgada material, indiscutibilidad o non bis in idem) la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos específicamente reclamados, a través de los límites de: a) identidad subjetiva, de sujetos o partes: mismo agraviado, misma autoridad responsable y, en su caso, mismo tercero perjudicado, y b) identidad objetiva: mismo acto reclamado.". También se cita, por identidad jurídica la tesis I.4o.C.35K, con número de registro 167947, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 1843, que se comparte, con el epígrafe y texto: "COSA JUZGADA EN LOS JUICIOS DE AMPARO. INFLUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVA EL ACTO RECLAMADO. En las sentencias emitidas en los juicios de amparo, la cosa juzgada se rige, en principio, con las mismas bases que la generalidad de los procesos, porque igualmente tiene el objeto primordial de proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, pero a su vez, tiene ciertas particularidades en los elementos establecidos uniformemente por la doctrina, cuya identidad se requiere para que opere la cosa juzgada: sujetos, objeto y causa. En cuanto a los sujetos, en el juicio de amparo la relación directa se establece entre el quejoso y la autoridad responsable, y el tercero perjudicado sólo participa como coadyuvante de ésta, en tanto el Ministerio Público ejerce funciones de representación social, por las características de este juicio, por ser de orden constitucional. Respecto al objeto, en el juicio de amparo se pueden distinguir dos: el directo o material, que es el acto o resolución reclamado, y el jurídico o indirecto, que consiste en verificar si el acto reclamado, o también el procedimiento del cual deriva, en el caso de amparo directo, son o no violatorios de garantías individuales de las consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La causa se constituye por los argumentos jurídicos expresados por el quejoso en los conceptos de violación, encaminados a demostrar la violación de ciertas garantías individuales por determinadas partes o la totalidad del acto o resolución reclamada. De esa manera, la cosa juzgada recaerá en el juzgamiento del tribunal de amparo, sobre la violación de determinadas garantías individuales, respecto a ciertas partes del acto reclamado o de su totalidad, o con la decisión de que los argumentos expuestos por el peticionario de garantías no demostraron su violación. Considerando lo anterior, la cosa juzgada derivada de una sentencia dictada en juicio de amparo tendría efectos respecto del procedimiento ordinario del cual derivó la resolución reclamada cuando el tribunal de amparo se pronuncie sobre algún punto de la controversia al analizar su constitucionalidad o legalidad y asuma un criterio claro, que conduzca como consecuencia necesaria a vincular a la responsable a asumir cierta posición.". Una vez analizada la institución jurídica de la cosa juzgada propiamente dicha, es menester mencionar la variante conocida como "cosa juzgada refleja o efecto reflejo de la cosa juzgada", la que opera en un determinado juicio o litigio, a pesar de no existir la identidad o límites objetivos y subjetivos de la tradicional cosa juzgada -identidad de cosa, causa y personas-, porque existe una circunstancia o efecto extraordinario de un litigio o proceso anterior ya resuelto, que incide en el segundo y resulta determinante para su resolución. Así es, la figura de la cosa juzgada tiene por objeto evitar la duplicidad en la tramitación de procesos o emisión de sentencias cuando en uno previo ya fue resuelta la misma cuestión jurídica. Institución procesal que requiere identidad en el punto litigioso resuelto por la sentencia ejecutoria previa, y aquel en que ésta sea invocada, por lo que se refiere a las cosas, causas y personas, así como la calidad con que éstas contendieron; sin embargo, en algunos casos la doctrina y la jurisprudencia, reconocen la existencia de un efecto reflejo de la cosa juzgada, cuando en un caso concreto, a pesar de que no existe identidad en las cosas o acciones ejercidas, no puede negarse o desvincularse la influencia que ejerce la cosa juzgada de un litigio anterior sobre el que va a fallarse, por ello es que se denomina "refleja". Bajo esa tesitura, la institución de cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos de dos maneras: La primera es la denominada "eficacia directa", que se actualiza cuando los elementos estructurales en ambas contiendas son idénticos -sujetos, objeto y causa petendi. La segunda es la "eficacia refleja", en la cual, si bien no existe una identidad objetiva y subjetiva entre dos litigios o procesos, de manera extraordinaria se actualiza una circunstancia jurídica, porque en la sentencia anterior ya fue resuelto algún aspecto fundamental que sirve de base para la instauración de la segunda contienda. Es decir, cuando los objetos o pretensiones torales de ambos litigios sean conexos por estar vinculados estrechamente o tener una relación sustancial de interdependencia lógica y jurídica, a grado tal que se produzca la posibilidad de emitir un eventual fallo contradictorio. En tal virtud, a fin de impedir que un juzgador incurra en el dictado de una segunda sentencia incongruente o que controvierta las determinaciones adoptadas en un primer asunto en el que clara y objetivamente fue resuelto un conflicto de intereses que guarda una dependencia o interrelación con el planteado en segundo término, se autoriza que de manera "refleja" la institución de la cosa juzgada surta efectos, aun cuando entre ambos litigios no exista esa identidad estructural. Así, con la figura o efecto reflejo, se robustece el principio de seguridad jurídica, ya que proporciona mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales emitidas, al evitar que criterios diferentes o hasta contradictorios entre sí, puedan ser emitidos en torno a un mismo hecho o punto litigioso tratado en asuntos unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa. Con base en lo anterior, se hace patente la tendencia procesal hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de dos contiendas, son determinantes para resolver los sentidos de éstas. Por ende, en esta modalidad de la "cosa juzgada refleja", se insiste, no es indispensable la concurrencia de la identidad clásica estructural entre ambos litigios, pues sólo requiere que en el segundo proceso se pretenda reiterar el análisis respecto de un punto de derecho o cuestión litigiosa en torno de la cual, en un fallo previo e íntimamente vinculado con éste, se haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del segundo objeto del conflicto planteado. Al efecto se invoca, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 30/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 651, Materia Civil, Décima Época, de rubro y contenido: "COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 52/2011,(*) de rubro: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES.", consideró que el deber del juzgador de analizar de oficio la cosa juzgada se justifica de manera central, a partir de la inmutabilidad y autoridad de las sentencias ejecutoriadas, ya que debe privilegiarse la certeza jurídica, frente al derecho de oposición de las partes; y porque la necesidad de la certeza es imperiosa en todo sistema jurídico, de tal suerte que lo decidido en la sentencia ejecutoriada es el derecho frente al caso resuelto, que no podrá volver a ser controvertido, evitándose con ello, la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Ahora bien, este criterio es aplicable, en lo conducente y de manera analógica, respecto de la institución de cosa juzgada refleja, en cuanto a que el análisis de oficio de ésta, debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia. Pues al margen de las diferencias de una y otra, lo relevante es que ambas obligan al tribunal que conoce del juicio posterior a no resolver lo que ya fue definido en un juicio previo, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias sobre una misma cuestión, sobre la base de que debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes.". En este orden, es dable considerar que los elementos que deben concurrir para que se actualice la eficacia refleja de la cosa juzgada, son: a) La existencia de un proceso previo, el cual se vincula con un fallo que causara ejecutoria. b) La existencia de un proceso posterior en trámite. c) Que los objetos de ambos procesos sean conexos, por estar vinculados estrechamente o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios. d) La existencia de un hecho o situación que sea elemento o presupuesto lógico necesario entre ambos procesos, el cual, haya sido dilucidado de manera precisa, clara e indubitable en la sentencia ejecutoria; y, e) Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre ese elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado. Lo así razonado encuentra apoyo, por identidad jurídica sustancial, la tesis I.4o.C.36 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 1842, que se invoca por identidad jurídica, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras: la más conocida, es la eficacia directa, y opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate; la segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y, que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Por tanto, los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; g) Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.". Expuesto lo anterior, de los autos del juicio de amparo 723/2020, radicado en este órgano jurisdiccional, el cual se trae a la vista como hecho notorio, sin necesidad de agregar copia certificada del mismo, atento a la jurisprudencia que por contradicción de tesis aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, del Tomo XXV, correspondiente al mes de Junio de 2007, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con número de registro 172215, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.". Del referido juicio de amparo, se advierte que fue promovido por la aquí tercero interesada Rosa Isela Nabor Pineda, por su propio derecho y en representación de sus menores hijas M.G.B.N. y A.C.B.N., contra actos de la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que hizo consistir en: ".La sentencia interlocutoria de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, emitida por los Magistrados. dentro del Toca Civil 1189/2019-18, a través de la cual se declaró fundado el recurso de queja interpuesto por el actor del juicio de origen, ., en contra del acuerdo de fecha once de noviembre del año dos mil veinte (SIC), emitido dentro del juicio de origen familiar número 172/2018-2 acumulado al expediente 06/2017-2.". El cinco de febrero de dos mil veinte, la Sala responsable en el toca civil 1189/2019-18, resolvió declarar procedente la queja para impugnar el acuerdo de marras en ejecución de convenio, y por tanto revocar la determinación de primera instancia y autorizar que un actuario dé fe de la entrega de las menores hijas de la quejosa al padre no custodio a efecto de llevar a cabo las convivencias de manera libre y abiertas. Sumario constitucional en el cual, mediante sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, toda vez que, se concluyó, que en relación al acto reclamado, respecto del medio de impugnación -queja- no es el idóneo o procedente para combatir el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del natural, ello considerado los ordinales 590 y 616 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos. Lo anterior, al no existir disposición legal expresa en la que se contemple la procedencia de dicho recurso de queja en contra del auto que once de noviembre de dos mil diecinueve, pues los supuestos que refiere el artículo 590 del Código Procesal Familiar en vigor del Estado de Morelos, en sus diversas fracciones señala que la queja es procedente contra resoluciones que nieguen la admisión de una demanda, o la personalidad de un litigante; contra interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia; contra la denegada apelación; por exceso o defecto en el cumplimiento; y en los demás caso fijados por la ley; Abundó que el acuerdo impugnado no se ubicaba en alguno de los supuestos previstos para que pueda ser analizado en queja, ya que se trata de un auto que negó la petición para que un fedatario judicial se constituyera en el domicilio donde se encuentran depositadas las menores y certificara la entrega de ellas para darse las convivencias libres, cuestión que no encuadraba en los supuestos de procedencia del recurso de queja como lo señaló el hoy quejoso, ya que no se trata de una resolución. Resolución que fue confirmada dentro de los autos del amparo en revisión civil 153/2021, índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito. Ahora, del análisis a la demanda de amparo en estudio, se desprende que el presente juicio de amparo es promovido por Noel Betanzos Torres, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales M.G.B.N. y A.C.B.N., contra actos de los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del toca civil 1189/2019-18, por medio del cual en cumplimiento a la ejecutoria del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, dentro del toca descrito en párrafos precedentes, resolvió que no se encontraban demostradas las condiciones de procedencia del recurso de queja que el recurrente hoy quejoso, hizo valer en contra del auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en vía de ejecución forzosa directa respecto de la cláusula octava del convenio aprobado el siete de marzo de dos mil diecinueve, elevado a categoría de cosa juzgada en la misma data en que celebró el mismo, en razón de que contra dicha determinación no se encuentra contemplado el recurso de queja como lo dispone la Ley adjetiva de la materia en sus ordinales 590, fracción VI en correlación con el diverso numeral 616, en virtud de que dicha determinación se vertió dentro del periodo de ejecución y con respecto de la misma no se encuentra previsto otro recurso. Atento a lo anterior, la Sala señalada como responsable desechó el recurso de queja interpuesto por el hoy quejoso Noel Betanzos Torres, y por tanto confirmó el auto de once de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en los autos del expediente 172/2018-2 acumulado al 06/2017-2, relativo al juicio de controversia familiar sobre pérdida de patria potestad, promovido por el hoy quejoso Noel Betanzos Torres, contra Rosa Isela Nabor Pineda. De lo expuesto, se llega a la convicción de que, sobre el particular se actualiza la figura de cosa juzgada refleja, en la medida en que: a) Existe un proceso previo, el cual se vincula con un fallo que causara ejecutoria. Ello en virtud de que, como se dijo, ante este órgano jurisdiccional se tramitó el diverso juicio de amparo 723/2020, promovido por la aquí tercero interesada Rosa Isela Nabor Pineda, por su propio derecho y en representación de sus menores hijas M.G.B.N. y A.C.B.N., contra actos de la Tercera Sala del Primer Circuito de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad, en el cual mediante sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, toda vez que, se concluyó, que en relación al acto reclamado, respecto del medio de impugnación -queja- no es el idóneo o procedente para combatir el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del natural, ello considerado los ordinales 590 y 616 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos. Resolución anteriormente descrita que fue confirmada por ejecutoria del Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, dentro de los autos del amparo en revisión civil 153/2021, adquiriendo la calidad y fuerza de cosa juzgada. b) La existencia de un proceso posterior en trámite. Toda vez que, el presente sumario constitucional fue promovido por Noel Betanzos Torres, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales M.G.B.N. y A.C.B.N., contra actos de la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad. c) Que los objetos de ambos procesos sean conexos, por estar vinculados estrechamente o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios. Lo cual se estima de esa manera, pues, al margen de que en el juicio de amparo 723/2020, se haya reclamado la interlocutoria de cinco de febrero de dos mil veinte, dentro de los autos del toca civil 1189/2019-18, a través de la cual se declaró fundado el recurso de queja interpuesto por el actor del juicio de origen, contra el acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve, emitido dentro del juicio natural 172/2018-2 acumulado al expediente 06/2017-2, y en el presente se combata el diverso de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del toca civil 1189/2019-18, por medio del cual en cumplimiento a la ejecutoria del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, dentro del toca descrito en párrafos precedentes, resolvió desechar el recurso de queja interpuesto por el hoy quejoso Noel Betanzos Torres, en razón de que no se encontraban demostradas las condiciones de procedencia del recurso de queja que el recurrente hoy quejoso, hizo valer en contra del auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en vía de ejecución forzosa directa respecto de la cláusula octava del convenio aprobado el siete de marzo de dos mil diecinueve, elevado a categoría de cosa juzgada en la misma data en que celebró el mismo, en razón de que contra dicha determinación no se encuentra contemplado el recurso de queja como lo dispone la Ley adjetiva de la materia en sus ordinales 590, fracción VI en correlación con el diverso numeral 616, en virtud de que dicha determinación se vertió dentro del periodo de ejecución y con respecto de la misma no se encuentra previsto otro recurso. Atento a lo anterior, se afirma pues que el hecho jurídico generador del derecho que se hizo valer en ambos juicios de amparo, es común, pues deriva del acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve, en el que el juez responsable determinó en relación al régimen de convivencias que no existía incumplimiento de la hoy tercero interesada Rosa Isela Nabor Pineda, para llevar a cabo las convivencias de manera libre y abierta, sino que las menores son las que han manifestado su oposición para convivir con su papá, dejando a salvo los derechos del hoy quejoso para que los hiciera valer en la vía y forma que correspondiera y también acordó en ese auto reclamado que no había lugar autorizar al Actuario para que certificara la entrega de los menores, en virtud que conforme a la cláusula octava inciso dieciocho del convenio a que llegaron las partes en el juicio natural en diligencia de siete de marzo de dos mil diecinueve, establecieron que serían de manera libre y sin supervisión alguna. Por tanto, si bien las resoluciones combatidas en ambos expedientes son diversos, se precisa que los actos reclamados son conexos puesto que están vinculados estrechamente entre sí, ya que en ambos la parte quejosa se duele, esencialmente de lo expuesto en el párrafo que antecede, lo cual, como ya se dijo, fue materia de análisis en el juicio de ampro 723/2020, confirmado en amparo en revisión civil 153/2021, índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito. d) La existencia de un hecho o situación que sea elemento o presupuesto lógico necesario entre ambos procesos, el cual, haya sido dilucidado de manera precisa, clara e indubitable en la sentencia ejecutoria. Tal requisito se satisface en razón de que, como se estableció en párrafos precedentes, al desechar el recurso de queja por falta de idoneidad como ya fue claramente descrito en la presente resolución, lo que ya fue dilucidado en el juicio de ampro 723/2020. e) Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre ese elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado. Sobre ese tópico, se precisa que este Juzgador no puede perder de vista el hecho de que en el diverso juicio de amparo 723/2020, ya se haya resuelto lo conducente en torno al auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, en el sentido de que resultó improcedente el recurso de queja hecho valer, lo que como ya se expuso en la presente resolución fue confirmado por la Superioridad en el amparo en revisión 153/2021, y por el cual en cumplimiento a la ejecutoria, la autoridad señalada como responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, desechó el recurso de queja hecho valer por el hoy quejoso y por tanto confirmó el referido auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del natural 172/2018-2 acumulado al expediente 06/2017-2, ello no trae consigo el desconocimiento de un expediente en el cual ya se analizó, esencialmente, el acto del cual se duele la parte hoy quejosa. Bajo esas circunstancias, tenemos que lo resuelto en el juicio de amparo 723/2020, tiene una eficacia indirecta o refleja dentro de la litis a resolver en el presente juicio control constitucional, pues el acto reclamado por la inconforme implica necesariamente que nuevamente se examine un aspecto que ya fue analizado y resuelto por este órgano jurisdiccional, consistente en la procedencia del recurso de queja interpuesto contra el auto de once de noviembre en el juicio de origen. En tales términos, si en la especie la parte hoy quejosa, pretende que a través del presente asunto, se analice nuevamente un aspecto jurídico que ya fue materia de análisis en un procedimiento en el que se analizó lo relativo a si es correcta o no la determinación asumida por la Sala señalada como responsable; es inconcuso que se actualiza la figura de "cosa juzgada refleja", llamada también efecto reflejo de la cosa juzgada. Bajo ese contexto, deviene improcedente el análisis del acto de autoridad reclamado y, por tanto, conlleva a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, materia de este estudio; pues sostener lo contrario, es decir, que a través del juicio de amparo indirecto se cuestione o reexamine una circunstancia que fue materia de un procedimiento previo, investida con autoridad de cosa juzgada, se traduciría en vulneración a los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica rectoras de nuestro sistema jurídico. Luego entonces, si el acto reclamado ya fue materia del diverso juicio de amparo 723/2020, como quedó evidenciado con anterioridad, es evidente que sobre el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 15/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo I, página 485, Materia Común, Administrativa, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO SE PROMUEVE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. Conforme a la interpretación jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de revisión fiscal sólo se sujetará a los trámites que establece la Ley de Amparo para la revisión en amparo indirecto, pero sin que ello implique que dicho recurso deba resolverse con las mismas reglas, sino que únicamente se ajuste a ellas, pues es un medio de control de legalidad, mientras que el juicio de amparo es un instrumento de control constitucional. Así, en el recurso de revisión fiscal son improcedentes los recursos que establece la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las resoluciones que en ellos dictan los Tribunales Colegiados de Circuito. Por tal motivo, para verificar dicho cumplimiento debe interponerse nuevamente el recurso de revisión fiscal. En ese contexto, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, cuando se promueve juicio de amparo directo contra la sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en cumplimiento a una ejecutoria emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un recurso de revisión fiscal, porque dicha causal sólo es aplicable al juicio de amparo y no a la revisión fiscal, ya que atendiendo a su naturaleza es factible que en la sentencia reclamada dictada en cumplimiento de una ejecutoria emitida en revisión fiscal, se impugne una norma general, por lo que no puede impedirse válidamente que se lleve a cabo su examen.". También la jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 829, Materia Constitucional, Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración.". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, de la propia legislación, se sobresee en el presente juicio, promovido por Noel Betanzos Torres, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales M.G.B.N. y A.C.B.N.. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy dieciséis de junio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, y la certificación de cuenta, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional, dado que se encuentra transcurriendo el plazo de la vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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