Noel Betanzos Torres
Expediente 319/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 319/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Noel Betanzos Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, téngase por recibido el oficio con anexo signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa 319/2020, y ocho anexos de pruebas, asimismo, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del toca correspondiente al amparo de revisión 168/2021, en el cual en sus puntos resolutivos determinó: ".PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Noel Betanzos Torres. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. SIN INCIDENTE. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. En consecuencia, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, por lo anterior, se ordena devolver los anexos a la autoridad responsable respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, téngase por recibido el oficio con anexo signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa 319/2020, y ocho anexos de pruebas, asimismo, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del toca correspondiente al amparo de revisión 168/2021, en el cual en sus puntos resolutivos determinó: ".PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Noel Betanzos Torres. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. SIN INCIDENTE. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. En consecuencia, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, por lo anterior, se ordena devolver los anexos a la autoridad responsable respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón Secretarial con que se da cuenta; se tiene por recibido el oficio signado por Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, por el que transcribe el proveído de cinco de agosto de la presente anualidad, mediante el cual comunica que admite el recurso de revisión, en contra de la resolución dictada en el presente juicio, el cual quedó radicado bajo el número 168/2021; bajo ese orden de ideas, téngase por hecha la comunicación aludida y en términos de los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio para que obre como legalmente corresponda. Asimismo la superioridad solicita se autorice la consulta de este expediente por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al respecto, dígase a la autoridad oficiante que se encuentra a su disposición para ser consultado este juicio a través del sistema antes mencionado; en consecuencia, se instruye al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (sise), para que conceda los permisos necesarios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito a efecto de que se imponga de los autos del expediente electrónico que nos ocupa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y para estar en condiciones de remitir el presente juicio al tribunal colegiado competente para la substanciación del recurso de revisión hecho valer; instrúyase al Actuario adscrito para que notifique personalmente a la parte tercera interesada la sentencia dictada. Asimismo, se ordena reimprimir los oficios respectivos para notificar a las responsables de la sentencia y del auto por el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión. Por otra parte, de una revisión al expediente electrónico del presente juicio se advierte que se encuentran vinculadas las notificaciones realizadas a la parte quejosa de la sentencia dictada y del auto por el cual se dio trámite al recurso de revisión; sin embargo, a la fecha no se han entregado a mesa para su debida integración; por tal motivo, instrúyase al actuario que realizó dichas formalidades para que de inmediato las entregue a la mesa de trámite. Asimismo, se advierte del expediente electrónico que en las casillas correspondientes a las notificaciones de las partes en especial de la sentencia dictada el siete de enero de dos mil veintiuno, se encuentra la misma constancia de notificación por lista, a todas las partes, no obstante de que se ordenó la notificación personal; por tal motivo, se instruye al actuario que las vinculó que verifique y en su caso las vincule correctamente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA ROSA ISELA NABOR PINEDA LA SENTENCIA DICTADA EN LOS PRESENTES AUTOS MISMA QUE EN LO CONDSUCENTE DICE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Noel Betanzos Torres solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Magistrados Integrantes de la Sala Auxiliar del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y actuario de la adscripción. Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y actuario de la adscripción. Acto reclamado. "La sentencia de fecha trece de febrero de dos mil veinte, que desechó el recurso de queja interpuesto por el quejoso en contra del acuerdo de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve." SEGUNDO. El diez de marzo de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 319/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La sentencia de trece de febrero de dos mil veinte, que desechó el recurso de queja interpuesto en contra del acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el toca civil 1231/2019-14. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de los informes justificados, lo que se corrobora con diversas constancias relativas al toca civil 1231/2019-14, así como al juicio natural 172/2018 y su acumulado 6/2017, que acompañó el Magistrado Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el artículo 62 del citado ordenamiento legal. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los conceptos de violación, se procede a exponer los antecedentes que dieron origen al acto reclamado: El siete de marzo de dos mil diecinueve, se dictó convenio para concluir el juicio 172/18-2, de controversia del orden familiar sobre pérdida de la patria potestad, promovido por Noel Betanzos Torres -aquí quejoso- por su propio derecho, en contra de Rosa Isela Nabor Pineda, el cual se elevó a categoría de cosa juzgada. Mediante escrito de veinte de noviembre de dos mil veinte, el quejoso manifestó la imposibilidad para llevar a cabo las convivencias abiertas con sus menores hijas, mismas que habían sido fijadas para el dieciséis y diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve, al aducir que esto se debió a la falta de colaboración de la aquí tercero interesada Rosa Isela Nabor Pineda, para lo cual solicitó se habilitara al actuario adscrito para que certificara la entrega de las menores. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, la Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, determinó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado, por lo que debía estarse a lo dispuesto en el acuerdo de once de noviembre del mismo año. Inconforme con el acuerdo descrito en el párrafo anterior, el aquí impetrante interpuso recurso de queja, mismo que quedó radicado con el número 1231/19-14, del registro de la Sala Auxiliar del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el cual, tramitado en todas sus etapas determinó desechar el aludido medio de impugnación. SEXTO. Estudio del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La parte quejosa expresa como concepto de violación lo siguiente: Aduce que le causa agravio que la autoridad responsable desechara la queja interpuesta contra el auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, bajo el argumento de que el auto que impugnaba no encuadraba en ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 590 de la Ley Procesal Familiar en vigor, toda vez que contra dicho acuerdo no se encuentra previsto otro recurso. Refiere además que, se surten los requisitos de procedencia a que se refiere el ordenamiento adjetivo en sus numerales 590 fracción VI, en correlación con el diverso 616, en razón de que esa determinación se emitió en el periodo de ejecución, respecto del convenio dictado y aprobado que a la fecha ya constituye cosa juzgada, además de que contra esa resolución no se encuentra previsto otro recurso, y tampoco se encuentra comprendido en los supuestos de procedencia establecidos en el arábigo 572, del aludido cuerpo normativo. Sostiene que el procedimiento previsto en el artículo 606, fracción I, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, se encuentra previsto dentro de la ejecución de las sentencias, lo cual no implica que las partes se vean impedidas para agotar los recursos ordinarios. Argumenta que debe desaplicarse la porción normativa del artículo 616 de la Ley Adjetiva Familiar, que establece que "la resolución no será recurrible", y aplicar la fracción VI del artículo 590 del mismo ordenamiento que regula la procedencia de la queja "En los demás casos fijados por la ley". Insiste que el recurso de queja contra el auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, encuadra en el artículo 590 fracción VI del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, puesto que es un auto emitido en ejecución directa del convenio celebrado en audiencia de siete de marzo de dos mil diecinueve. Considera que conforme al artículo 118 fracción II del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, los autos son clasificados como resolución judicial y por pueden ser recurrible vía recurso de queja. Aduce que la determinación tomada por la responsable viola lo dispuesto en los artículos 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tales argumentos resultan infundados para conceder el amparo y protección de la justicia federal que solicita, tal y como se expondrá a continuación. De la resolución reclamada es posible advertir que la Sala responsable determinó desechar el recurso de queja interpuesto por la aquí parte quejosa, en contra del auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, por considerar que el medio de impugnación que hace valer el actor -ahora quejoso-, no se encuentra previsto en el artículo 590 de la legislación procesal familiar vigente. Concluye con el argumento de que la determinación no violenta los derechos humanos del quejoso en atención a la jurisprudencia con registro 2005717, del rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". A criterio de este órgano jurisdiccional resultan atinadas las consideraciones expuestas por la Sala responsable, toda vez que el artículo 590 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos no establece la procedencia de dicho medio de impugnación en contra del acuerdo que pretende controvertir, para lo cual, se estima pertinente transcribir el contenido literal del numeral en comento: "ARTÍCULO 590.- PROCEDENCIA DE LA QUEJA CONTRA JUEZ. El recurso de queja contra el juez es procedente: I. Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda, o se desconozca de oficio la personalidad de un litigante; II. Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias; III. Contra la denegación de la apelación; IV. Por exceso, o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia; V. derogada VI. En los demás casos fijados por la ley. La queja en contra de los jueces procede aun cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación." Como puede apreciarse, el recurso de queja contra el juez es procedente en contra de: La resolución en que se niegue la admisión de una demanda, o se desconozca de oficio la personalidad de un litigante; Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias; Contra la denegación de la apelación; Por exceso, o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia; En los demás casos fijados por la ley Ahora bien, en el presente caso, la parte quejosa pretende impugnar mediante el citado recurso, el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte de dos mil diecinueve, dictado en la etapa de ejecución del procedimiento de origen, sin embargo, ese acuerdo no es una resolución que se encuentre prevista en el artículo 590 antes transcrito, pues a través de él no se está negando la admisión de una demanda o desconozca la personalidad de un litigante (fracción I), tampoco es una interlocutoria dictada en ejecución de sentencia (fracción II), no es una denegada apelación (fracción III), tampoco se trata de exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia (fracción IV) y su impugnación no se encuentra prevista en alguna otra parte del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos (fracción VI). Por esa circunstancia es dable concluir que el acuerdo impugnado no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el precepto normativo aludido. Máxime que a través de esa determinación, la autoridad responsable le indicó al quejoso que se estuviera a lo acordado en el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, en el cual se ordenó requerir a las partes para que dieran cumplimiento al régimen de convivencias en los términos pactados en la cláusula octava del convenio celebrado en el sumario de origen; cuestión que se insiste, no encuadra en los supuestos de procedencia del recurso de queja como lo señala la responsable. No pasa desapercibido el contenido del artículo 118 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual si bien clasifica a los autos como un tipo de resolución judicial, lo cierto es que el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, no encuadra dentro de alguno de los supuestos del arábigo 590 del mismo cuerpo normativo, y por tanto, no puede considerarse que la queja resulte procedente para impugnarlo, aún y cuando hubiese sido dictado en la etapa de ejecución. En ese tenor, resulta infundado el argumento vertido en el sentido de que el procedimiento previsto en el artículo 606 fracción I del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, se encuentra previsto dentro de la ejecución de las sentencias, lo cual no implica que las partes se vean impedidas para agotar los recursos ordinarios. Se afirma lo anterior, toda vez que dicho numeral -que establece las reglas para proceder a la liquidez-, es taxativo al señalar que la resolución ahí tomada no será recurrible. Para mejor referencia a continuación se transcribe el artículo en comento que a la letra dice: "ARTÍCULO 606.- REGLAS PARA PROCEDER A LA LIQUIDEZ. Si la resolución cuya ejecución se pide no contiene cantidad líquida, para llevar adelante la ejecución debe previamente liquidarse conforme a las siguientes prevenciones: I. Si la resolución no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta no la objetare dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe, pero moderada prudentemente por el juez; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, por tres días, y de lo que replique, por otros tres días, al deudor. El juez fallará dentro de igual término lo que estime justo, y la resolución no será recurrible;." Circunstancia que se corrobora con la lectura del numeral 616 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual contempla que por regla general las resoluciones no serán recurribles, salvo las dictadas en ejecución, a través de los recursos de queja o apelación, cuando la ley lo determine expresamente, sin que el acuerdo impugnado reúna tales características, por tanto, es evidente que dicho numeral no se ajusta al caso concreto, de ahí lo infundado del concepto de violación. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional no puede decidir dejar de aplicar el contenido de un precepto en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los los artículos 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el principio pro persona, previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, si bien, la reforma al artículo 1o. de la constitución federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional-principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que las desempeñaban antes de esa reforma, sino que el cambio sólo conllevó a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique. Tal circunstancia no significa que, al ejercer la función jurisdiccional, se dejen de observar los principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Máxime que el recurso de queja previsto en el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, no es en sí mismo incompatible con el derecho de acceso a la justicia del que goza el quejoso, pues la efectividad del recurso interno implica que, potencialmente, cuando se cumplan sus requisitos de procedencia y de admisibilidad, el órgano competente se encontrará en aptitud de evaluar sus méritos de manera fundada y motivada. Así, aunque para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva se requiere de un recurso o procedimiento interno que verdaderamente sirva para proteger los derechos humanos y remediar su violación, ello no significa que los órganos o tribunales competentes deban admitirlo siempre, es decir, sin considerar los presupuestos de admisibilidad y procedencia correspondientes y emitir en todos los casos un pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado. Lo anterior, porque tal juzgamiento de fondo no es imprescindible para determinar la efectividad del medio de impugnación, sino que esta la determina su idoneidad y disponibilidad para las partes interesadas. Por tanto, aunque por razones de procedimiento las partes no obtengan un pronunciamiento que resuelva el fondo del asunto, dicha circunstancia no importa violación a aquel derecho, siempre y cuando la decisión recaída sea fundada y motivada, lo cual se estima que acontece en el presente asunto. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis XVI.1o.A.T.5 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo registro: 2001299, que dice: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos". Así como la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), registro 2005717, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, del rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que haya motivo de agravio que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Noel Betanzos Torres, contra el acto reclamado de las autoridades responsables. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Noel Betanzos Torres, y por lo tanto, deberá seguir rigiendo el acto precisado en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y fundamentos plasmados en el último considerativo de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy siete de enero de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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