Noel Betanzos Torres
Expediente 589/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Noel Betanzos Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón circunstanciada asentada por el actuario adscrito, mediante la cual hace constar la imposibilidad que existió para notificar personalmente a la tercera interesada Rosa Isela Nabor Pineda, la sentencia dictada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, ello por los motivos que expone; al respecto, con fundamento en lo previsto por el artículo 27, de la Ley de Amparo, la notificación de dicha resolución, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la citada tercera interesada, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA TERCERO INTERESADA ROSA ISELA NABOR PINEDA POR MEDIO DE LISTA, LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: VISTO, para resolver el juicio de amparo 589/2022, promovido por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales ********************contra actos de la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos "EL AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE OMITE HABILITAR AL ACTUARIO PARA EFECTO DE QUE CERTIFIQUE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE MIS MENORES HIJAS PARA REALIZAR LA CONVIVENCIA LIBRE.". Actuario adscrito al Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos SEGUNDO. El doce de mayo de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 589/2022 y desechó la demanda por improcedente, debido a que se consideró que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. TERCERO. Inconforme con lo anterior, el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, el promovente interpuso recurso de queja. El treinta siguiente, se ordenó dar el trámite correspondiente a dicho medio de impugnación y en su oportunidad se ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, para su substanciación y resolución. CUARTO. El quince de junio de dos mil veintidós, este juzgado fue notificado sobre la admisión del recurso de queja, el cual fue radicado con el número 193/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito. Posteriormente, mediante ejecutoria de veintiuno de julio del mismo año, dicho tribunal declaró fundado el medio de impugnación. QUINTO. El veintinueve julio de dos mil veintidós, este juzgado recibió la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, en la cual se declaró fundado el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo. En estricto acatamiento a lo anterior, este juzgado admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, ordenó emplazar a los terceros interesados, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: El auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, mediante el cual la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, negó la solicitud de la parte quejosa en el sentido de habilitar al actuario para efecto de que certifique la entrega recepción de las menores ********************para realizar las convivencias libres ordenadas. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado al actuario adscrito al Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos. En efecto, aun cuando esa autoridad se adhirió al informe justificado rendido por su titular y esa última autoridad aceptó la existencia de la resolución que se reclama, lo cierto es que dicho acto no puede ser atribuido al actuario adscrito a ese órgano, ya que no cuenta con facultades para emitir la resolución que aquí se reclama, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos, pues en esencia, sólo tienen a su cargo la publicidad y difusión de las resoluciones judiciales emitidas en los expedientes de los órganos jurisdiccionales de su adscripción. En consecuencia, al ser inexistente el acto reclamado por cuanto al actuario adscrito al Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, debe sobreseerse en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, en su informe justificado, aceptó el acto reclamado; circunstancia que se corrobora con base en las copias certificadas remitidas como complemento al informe justificado rendido, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, la suscrita advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, del mismo ordenamiento, que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" De lo anterior, se desprende que el juicio biinstancial es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Respecto a esta causal de improcedencia, conviene invocar lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos en revisión ******************** y ********************, en los cuales se sostuvo que la causal que aquí se invoca tendrá lugar en los casos en los que si bien subsista el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, pues aunque se declarara inconstitucional el acto, jurídicamente sería imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia de concesión, lo que generalmente sucede cuando el acto reclamado ya no tiene impacto en la esfera de derechos del gobernado que pueda ser reparado a través del amparo. Para fijar el alcance de dicha causal de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada una serie de efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica de la persona gobernada y que la legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del acto relativo por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución general. Entonces, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de la persona que acuda a él, con el fin de restituirla en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, se establecieron diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En el caso concreto, la pretensión del quejoso al promover el juicio de amparo es que se declare la inconstitucionalidad del auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, mediante el cual la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, negó la solicitud de la parte quejosa en el sentido de habilitar al actuario para efecto de que certifique la entrega recepción de las menores ********************para realizar las convivencias libres ordenadas. Entonces, a la luz de ese acto reclamado, una eventual concesión del amparo sería para el efecto de que se ordene a la autoridad que deje insubsistente ese acto y emita uno nuevo en el cual comisione al actuario de su adscripción, a fin de que ese funcionario de fe de la entrega recepción de las menores ********************con el propósito de que se lleven a cabo las convivencias ordenadas en ese expediente con el quejoso. Ahora, conforme al informe justificado, la jueza responsable aceptó la emisión del acto reclamado, debido a la existencia de diversas actas levantadas por el actuario de su adscripción, en las cuales consta la accesibilidad de la aquí tercero interesada -y madre de las menores-, de permitir la convivencia de las niñas con el quejoso -padre de las menores-, por lo que rechazó la solicitud de comisionar al actuario para que certificara la entrega recepción de las infantes en los términos que planteó el aquí quejoso. Con base en las copias certificadas del procedimiento de origen, las cuales ya han sido valoradas, se tiene que por auto de nueve de junio de dos mil veintidós, la jueza responsable autorizó una diligencia para verificar que se lleven a cabo la convivencia del quejoso con sus hijas. Así, según la razón de dieciocho de junio de dos mil veintidós, la jueza responsable, asistida de su secretario de acuerdos, se presentaron en el domicilio en el cual se encuentran depositadas las menores; diligencia en la cual se comprobó la convivencia con su progenitor, así como la accesibilidad de la tercero interesada en que sus hijas convivan con el quejoso. Asimismo, la jueza advirtió que si bien las menores deseaban convivir con sus padres, querían hacerlo pero sin salir de casa, por lo que ante esa situación, mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, ordenó la realización de cinco sesiones de convivencias supervisadas en el Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, a cargo de una especialista en materia de psicología, todos los viernes de cada quince días, a partir del veintidós de julio de dos mil veintidós. Lo anterior, con el propósito de que esa especialista emita su opinión en relación a la conducta desplegada por las menores de no querer convivir con su padre en lugares públicos. Hasta la fecha de presentación del informe justificado, la jueza responsable informó que se habían llevado a cabo tres sesiones, las cuales tuvieron lugar el veintidós de julio, cinco y diecinueve de agosto de dos mil veintidós, mismas que se han desahogado en los términos ordenados y a las cuales las partes han asistido de manera puntual. Bajo ese contexto, no es posible considerar procedente el amparo indirecto en contra del acuerdo que aquí se reclama, pues la jueza responsable no se encuentra en posibilidad de emitir un acuerdo conforme a lo solicitado por la parte quejosa con motivo de las sesiones que se ordenó llevar a cabo en el Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos. Lo anterior es así, ya que el auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós y su ejecución, estableció una nueva situación jurídica provisional con respecto a las convivencias que se venían llevando a cabo que, como se sostuvo, imposibilita la materialización de una eventual concesión del amparo. Es decir, debido al cambio en el entorno o situación en la que se emitió el acto reclamado, un posible fallo protector carecería de eficacia, lo que provocó que los efectos del acto reclamado dejaran de afectar la esfera jurídica del quejoso, pues en todo caso, ha quedado acreditado que se estaban llevando a cabo sesiones de convivencia ante una especialista, con el propósito de consolidar el vínculo afectivo de las infantes con su padre. Así, a pesar de que el acto reclamado subsiste, debido a la modificación o al establecimiento de una situación jurídica distinta a la que se encontraba en el procedimiento, los efectos del acto reclamado no dejaron huella en la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí que lo procedente sea decretar el sobreseimiento en el presente juicio, pues a ningún fin práctico llevaría conceder el amparo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales ******************** En virtud del sobreseimiento decretado, se impide el análisis de los argumentos vertidos por la parte quejosa, por ser de estudio preferente. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales ********************respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción; con la asistencia de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que a la fecha no obra la constancia de notificación personal al quejoso del proveído de R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales ********************respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 589/2022, promovido por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales ********************contra actos de la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos "EL AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE OMITE HABILITAR AL ACTUARIO PARA EFECTO DE QUE CERTIFIQUE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE MIS MENORES HIJAS PARA REALIZAR LA CONVIVENCIA LIBRE.". Actuario adscrito al Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos SEGUNDO. El doce de mayo de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 589/2022 y desechó la demanda por improcedente, debido a que se consideró que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. TERCERO. Inconforme con lo anterior, el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, el promovente interpuso recurso de queja. El treinta siguiente, se ordenó dar el trámite correspondiente a dicho medio de impugnación y en su oportunidad se ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, para su substanciación y resolución. CUARTO. El quince de junio de dos mil veintidós, este juzgado fue notificado sobre la admisión del recurso de queja, el cual fue radicado con el número 193/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito. Posteriormente, mediante ejecutoria de veintiuno de julio del mismo año, dicho tribunal declaró fundado el medio de impugnación. QUINTO. El veintinueve julio de dos mil veintidós, este juzgado recibió la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, en la cual se declaró fundado el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo. En estricto acatamiento a lo anterior, este juzgado admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, ordenó emplazar a los terceros interesados, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: El auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, mediante el cual la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, negó la solicitud de la parte quejosa en el sentido de habilitar al actuario para efecto de que certifique la entrega recepción de las menores ********************para realizar las convivencias libres ordenadas. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado al actuario adscrito al Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos. En efecto, aun cuando esa autoridad se adhirió al informe justificado rendido por su titular y esa última autoridad aceptó la existencia de la resolución que se reclama, lo cierto es que dicho acto no puede ser atribuido al actuario adscrito a ese órgano, ya que no cuenta con facultades para emitir la resolución que aquí se reclama, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos, pues en esencia, sólo tienen a su cargo la publicidad y difusión de las resoluciones judiciales emitidas en los expedientes de los órganos jurisdiccionales de su adscripción. En consecuencia, al ser inexistente el acto reclamado por cuanto al actuario adscrito al Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, debe sobreseerse en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, en su informe justificado, aceptó el acto reclamado; circunstancia que se corrobora con base en las copias certificadas remitidas como complemento al informe justificado rendido, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, la suscrita advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, del mismo ordenamiento, que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" De lo anterior, se desprende que el juicio biinstancial es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Respecto a esta causal de improcedencia, conviene invocar lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los amparos en revisión ******************** y ********************, en los cuales se sostuvo que la causal que aquí se invoca tendrá lugar en los casos en los que si bien subsista el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, pues aunque se declarara inconstitucional el acto, jurídicamente sería imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia de concesión, lo que generalmente sucede cuando el acto reclamado ya no tiene impacto en la esfera de derechos del gobernado que pueda ser reparado a través del amparo. Para fijar el alcance de dicha causal de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada una serie de efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica de la persona gobernada y que la legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del acto relativo por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución general. Entonces, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de la persona que acuda a él, con el fin de restituirla en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, se establecieron diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En el caso concreto, la pretensión del quejoso al promover el juicio de amparo es que se declare la inconstitucionalidad del auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, mediante el cual la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, negó la solicitud de la parte quejosa en el sentido de habilitar al actuario para efecto de que certifique la entrega recepción de las menores ********************para realizar las convivencias libres ordenadas. Entonces, a la luz de ese acto reclamado, una eventual concesión del amparo sería para el efecto de que se ordene a la autoridad que deje insubsistente ese acto y emita uno nuevo en el cual comisione al actuario de su adscripción, a fin de que ese funcionario de fe de la entrega recepción de las menores ********************con el propósito de que se lleven a cabo las convivencias ordenadas en ese expediente con el quejoso. Ahora, conforme al informe justificado, la jueza responsable aceptó la emisión del acto reclamado, debido a la existencia de diversas actas levantadas por el actuario de su adscripción, en las cuales consta la accesibilidad de la aquí tercero interesada -y madre de las menores-, de permitir la convivencia de las niñas con el quejoso -padre de las menores-, por lo que rechazó la solicitud de comisionar al actuario para que certificara la entrega recepción de las infantes en los términos que planteó el aquí quejoso. Con base en las copias certificadas del procedimiento de origen, las cuales ya han sido valoradas, se tiene que por auto de nueve de junio de dos mil veintidós, la jueza responsable autorizó una diligencia para verificar que se lleven a cabo la convivencia del quejoso con sus hijas. Así, según la razón de dieciocho de junio de dos mil veintidós, la jueza responsable, asistida de su secretario de acuerdos, se presentaron en el domicilio en el cual se encuentran depositadas las menores; diligencia en la cual se comprobó la convivencia con su progenitor, así como la accesibilidad de la tercero interesada en que sus hijas convivan con el quejoso. Asimismo, la jueza advirtió que si bien las menores deseaban convivir con sus padres, querían hacerlo pero sin salir de casa, por lo que ante esa situación, mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, ordenó la realización de cinco sesiones de convivencias supervisadas en el Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, a cargo de una especialista en materia de psicología, todos los viernes de cada quince días, a partir del veintidós de julio de dos mil veintidós. Lo anterior, con el propósito de que esa especialista emita su opinión en relación a la conducta desplegada por las menores de no querer convivir con su padre en lugares públicos. Hasta la fecha de presentación del informe justificado, la jueza responsable informó que se habían llevado a cabo tres sesiones, las cuales tuvieron lugar el veintidós de julio, cinco y diecinueve de agosto de dos mil veintidós, mismas que se han desahogado en los términos ordenados y a las cuales las partes han asistido de manera puntual. Bajo ese contexto, no es posible considerar procedente el amparo indirecto en contra del acuerdo que aquí se reclama, pues la jueza responsable no se encuentra en posibilidad de emitir un acuerdo conforme a lo solicitado por la parte quejosa con motivo de las sesiones que se ordenó llevar a cabo en el Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos. Lo anterior es así, ya que el auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós y su ejecución, estableció una nueva situación jurídica provisional con respecto a las convivencias que se venían llevando a cabo que, como se sostuvo, imposibilita la materialización de una eventual concesión del amparo. Es decir, debido al cambio en el entorno o situación en la que se emitió el acto reclamado, un posible fallo protector carecería de eficacia, lo que provocó que los efectos del acto reclamado dejaran de afectar la esfera jurídica del quejoso, pues en todo caso, ha quedado acreditado que se estaban llevando a cabo sesiones de convivencia ante una especialista, con el propósito de consolidar el vínculo afectivo de las infantes con su padre. Así, a pesar de que el acto reclamado subsiste, debido a la modificación o al establecimiento de una situación jurídica distinta a la que se encontraba en el procedimiento, los efectos del acto reclamado no dejaron huella en la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí que lo procedente sea decretar el sobreseimiento en el presente juicio, pues a ningún fin práctico llevaría conceder el amparo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales ******************** En virtud del sobreseimiento decretado, se impide el análisis de los argumentos vertidos por la parte quejosa, por ser de estudio preferente. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales ********************respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción; con la asistencia de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha le está transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, de la Ley de Amparo, al tercero interesado para que se imponga de los autos; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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